Manifestante keniano. Imagen de Emily Onyango en Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

En la actualidad, la democracia se construye en línea y fuera de línea. Las manifestaciones comienzan en chats cifrados; los debates se desarrollan en secciones de comentarios, y el discurso se filtra a través de algoritmos. La promesa de internet era clara: un espacio en el que todas las personas pudiesen hablar, organizarse y hacerse escuchar. Pero esta promesa está desapareciendo. En los distintos continentes, las voces que más precisan el espacio digital (movimientos juveniles, redes feministas, comunidades nativas, periodistas y organizadores de movimientos de base) quedan silenciados, no por la fuerza, sino a través de cortes de internet, vigilancia, censura y algoritmos sesgados. Lo que era un medio para la liberación se está convirtiendo cada vez más en un sitio de represión.

Esta situación no constituye solo un dilema digital: es una crisis democrática. Del Sur Global al Norte Global, la erosión del espacio cívico digital haciendo que la participación disminuya, lo que silencia la disidencia y aísla comunidades. La sociedad cívica se ve presionada entre el control estatal, cada vez más restrictivo, y la indiferencia de las plataformas.

El informe de Síntesis sobre el ecosistema de la democracia digital del 2025, publicado por CIVICUS dentro de la Iniciativa para la Democracia Digital, rastrea estos patrones en seis regiones, de Asia oriental a África subsahariana. Lo que está en juego no es solo el acceso a internet, sino el acceso al poder, a los derechos, a la visibilidad. Cuando desaparece la democracia digital, también desaparece la capacidad de las personas de moldear sus futuros.

La lenta erosión del espacio cívico en la era digital

En seis regiones globales, la democracia digital hoy constituye una línea de vida y un campo de batalla disputado. El informe de Síntesis revela que su desaparición le quita poder a la sociedad sistemáticamente, especialmente en el Sur Global, lo que amenaza la participación, y la supervivencia en sí.

En Asia oriental, Taiwán destaca como un modelo poco común de innovación cívico-tecnológica, con herramientas como la plataforma Taiwan and Join, que incorporan las voces ciudadanas a la toma de decisiones pública. Sin embargo, esta apertura es cada vez más aislada. En China, la censura no se trata simplemente de filtrar la disidencia; es un plano para evitar completamente la resistencia. El Gran Cortafuegos rediseña la imaginación cívica de forma deliberada. En Myanmar, el régimen militar utiliza los apagones digitales para silenciar protestas, fragmentar movimientos e infundir miedo. Incluso en democracias relativamente más libres como Corea del Sur y Japón, las tensiones geopolíticas y los monopolios de las plataformas producen inquietudes acerca del control de los datos y la libre expresión.

De forma análoga, se observan estas tensiones en Asia del Sur. En India, la mayor democracia del mundo, los cortes de internet, particularmente en Cachemira, se han vuelto herramientas habituales de gobernanza, a menudo invocadas de manera imprecisa en nombre de la seguridad. A lo largo de Bangladesh y Sri Lanka, los actores de la sociedad civil enfrentan acoso algorítmico y legal, en especial contra mujeres y minorías. No obstante, la resistencia persiste. En Nepal, medios populares como las radios comunitarias incorporan voces excluidas al discurso público, y en Sri Lanka, los intentos por lograr una alfabetización digital continúan ganando resistencia a pesar de la crónica falta de inversión.

En Latinoamérica y el Caribe, el activismo digital es enérgico, pero enfrenta las implacables reacciones en su contra. Movimientos como la iniciativa feminista #NiUnaMenos en Argentina han transformado el panorama político en beneficio de los derechos de la mujer, y los manifestantes de #SOSColombia contra la violencia policial han convertido WhatsApp, TikTok y Twitter en herramientas de justicia y visibilidad que amplifican las voces ignoradas en los medios dominantes, pero estos intentos se encontraron con la censura. En Brasil, los deepfakes y las campañas difamatorias en línea potencian la desconfianza pública durante las elecciones. En Nicaragua y Venezuela, la represión digital incluye doxeo, suspensión de algunas cuentas y amenazas de prisión. Las comunidades rurales y nativas permanecen marginadas del espacio digital, obstruidas por las barreras lingüísticas, la infraestructura deficiente y la negligencia de las plataformas.

Más que en cualquier otra región, la situación es especialmente crítica en África subsahariana, donde internet es el medio principal de conexión cívica. Los movimientos liderados por la juventud, como #EndSARS en Nigeria, #MyDressMyChoice en Kenia y #ZimProtests2024 en Zimbabue revelan que las plataformas digitales pueden transformar las tensiones locales en demandas de alcance mundial. Pero estas mismas plataformas reciben ataques continuamente. De Etiopía a Zambia, los Gobiernos usan los cortes para silenciar la disidencia y borrar la historia en tiempo real. En República Democrática del Congo, Chad y República Centroafricana, la infraestructura deficiente excluye a muchos antes de que puedan siquiera conectarse. Algunas herramientas tecnológicas prometedoras, como Ushahidi o los portales de datos abiertos en Ghana y Nigeria, ofrecen esperanzas, pero se ven limitadas por electricidad inestable, censura estatal y falta de apoyo en las plataformas.

En Asia occidental y África del Norte, las herramientas digitales que antes impulsaron levantamientos, hoy se utilizan como armas contra los mismos movimientos que potenciaban. En Egipto, Túnez y Líbano, la sociedad cívica transita una amenaza doble: vigilancia del Gobierno y deserción de las plataformas. Los activistas enfrentan acoso, pero el algoritmo los penaliza por denunciarlo. En Palestina, el borrado digital es una realidad sistemática. Algunas publicaciones se marcan, se restringen algunas cuentas y se controla la visibilidad, no accidentalmente, sino a través de políticas de las plataformas que reflejan la injusticia política. En Siria y Yemen, la guerra ha hecho colapsar tanto la infraestructura física como la digital, lo que profundiza la exclusión cívica aun más.

Europa oriental y Asia central navegan un espacio intermedio entre la represión autoritaria y las aspiraciones democráticas. En Ucrania, desde la invasión de Rusia en 2022, las plataformas digitales se han vuelto una línea de vida: se utilizan para documentar crímenes de guerra, coordinar acciones de ayuda y preservar la memoria colectiva. Pero justo al otro lado de la frontera, Rusia es un ejemplo de autoritarismo digital. Los medios de noticias independientes están prohibidos por ley, se acusa a la sociedad cívica de ser agentes extranjeros, y a los disidentes se les empuja hacia el silencio. En Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán, los actores cívicos enfrentan fuerte vigilancia, narrativas controladas por el Gobierno y manipulación del algoritmo, mientras intentan ejercer resistencia en espacios digitales limitados.

A lo largo de zonas geográficas diversas, los patrones convergen. La represión digital crece más rápido que la resistencia digital. La arquitectura global del espacio digital favorece cada vez más a los poderosos (Gobiernos, plataformas y actores privados), y deja a los movimientos cívicos de base expuestos, fragmentados y con pocos recursos. Los sistemas de apoyo resultan a menudo inaccesibles o mal alineados, y las voces más fuertes continúan moldeando las reglas

Aun así, la sociedad cívica resiste. No porque el espacio digital sea seguro, sino porque abandonarlo significaría abandonar a las comunidades que dependen de ese espacio. En todo el mundo, los activistas continúan presentes, no solo para que los vean, sino para insistir en su derecho de existir, resistir y reimaginar la democracia misma.

La democracia digital no puede sobrevivir sin la sociedad cívica

La erosión de la democracia digital no se trata solo de la censura; también se trata del poder y la falta de apoyo sostenido. El informe de Síntesis revela que los actores de la sociedad cívica de base y marginados que excluidos de forma sistemática de los espacios digitales por medio de los sistemas de donantes y las dinámicas de las plataformas. El financiamiento muestra un sesgo hacia las ONG urbanas, que tienen buenos contactos, mientras que los colectivos liderados por jóvenes, los grupos nativos y los organizadores rurales quedan marginados por las complejas solicitudes y la actitud reacia al riesgo de los donantes. Aquellos más inmersos en una lucha cotidiana suelen ser quienes menos apoyo reciben. Mientras tanto, plataformas dominantes como Meta, Google y X (antes Twitter) involucran a la sociedad cívica solo de forma simbólica, y mantienen relaciones extractivas que repiten los patrones de control colonialistas.

En las palabras de Chibuzor Nwabueze, coordinador de Programas y Redes de CIVICUS de la Iniciativa para la Democracia Digital (DDI):

Civil society has repeatedly proven to be the backbone of democracy especially to the extent to which it is able to mobilise mass citizen action. Within the context of its renowned capacity lies also its interconnected dependence. Civil Society’s ability to amplify democracy through digital means will rely heavily on its ability to substantially control and lead the technology that defines the digitalisation of its efforts. Anything outside of this will result in imposed limitations by external actors seeking both control of democracies and citizen action.

La sociedad cívica ha demostrado repetidamente ser el eje central de la democracia, en especial, en cuanto a la magnitud de su habilidad para movilizar la acción cívica masiva. En el contexto de su capacidad renovada también yace su dependencia interconectada. La habilidad de la sociedad cívica de incrementar la democracia a través de los medios digitales dependerá fuertemente de su habilidad de controlar y liderar de forma sustancial la tecnología que define la digitalización de sus esfuerzos. Cualquier intento fuera de esto dará como resultado de limitaciones impuestas por actores externos que buscan controlar las democracias y la acción ciudadana.

Y, aun así, la sociedad cívica perdura, no porque el sistema sea justo, sino porque las comunidades no tienen otra opción. En distintas regiones, la gente crea líneas de vida digitales a través de chats cifrados, tutoriales de capacitación para la seguridad y proyectos tecnológicos de base. Estas no son innovaciones que agraden a los donantes, pero son el eje central de la democracia digital.

El informe de Síntesis identifica lo que se ha roto; y también ofrece un camino para seguir adelante. Insta a los financistas a pasar de la obsesión por la novedad a una inversión sostenida y equitativa en las personas: traductores, encargados de la seguridad digital, tecnólogos comunitarios, defensores de políticas y creadores de movimientos. Porque la democracia digital no se está produciendo en los laboratorios de Silicon Valley, sino en colectivos radiofónicos nativos en Nepal, en hackatones regionales y en narraciones cifradas desde Sudán hasta Sri Lanka. Estos esfuerzos pueden ser invisibles, pero son de vital importancia. El informe también exige una verdadera responsabilidad de las plataformas, que se extienda más allá de las relaciones públicas, hacia el poder compartido y la gobernanza de la comunidad.

Decir que la democracia digital está desapareciendo no constituye una postura derrotista; es un llamado a la acción. Cuando se expulsa a la sociedad cívica del espacio digital, lo que se pierde no son solo voces, sino historia, memoria, resistencia y posibilidad.

Internet no va a salvarnos. Tampoco nos salvarán las plataformas. Pero la sociedad cívica quizás sí pueda, si decidimos apoyarla, financiarla y tenerle confianza. Porque cuando las personas desaparecen, la democracia no solo de debilita: se desvanece.