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Este artículo de Natalia Viana y editado por Bruno Fonseca se publicó originalmente el 10 de julio de 2025 en el sitio web de Agência Pública. Global Voices lo reproduce editado por su extensión y contexto en virtud de un acuerdo de asociación editorial.

Un grupo de presión grande financiado por grandes compañías tecnológicas de Estados Unidos, como Google, Meta, Microsoft, Amazon, Uber, Apple, Pinterest y eBay, está vinculado a la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de investigar las prácticas comerciales de Brasil. Esta investigación se anunció en julio junto con la decisión de aumentar los aranceles de importación sobre los productos brasileños.

Este grupo es la Asociación de la Industria de Computación y las Comunicaciones (CCIA). Apenas minutos después de que Trump anunció el incremento de las tarifas en la plataforma Truth Social, este grupo publicó una nota en la que mostraban su aprobación a la medida.

«La CCIA agradece la atención prestada por la administración a las barreras de Brasil a las exportaciones digitales estadounidenses mediante una investigación deliberativa en virtud del artículo 301 sobre los daños causados por el trato discriminatorio. […] Esperamos que estas medidas alivien las operaciones de la industria en Brasil y restablezcan el comercio abierto y justo entre estos dos importantes socios», dijo Matt Schruers, presidente y director ejecutivo de la CCIA, en una nota publicada en su sitio web.

La sección 301, que cita la CCIA, es un mecanismo de la ley de comercio de Estados Unidos de 1974 que permite investigar prácticas comerciales desleales e imponer sanciones. Trump usó esta ley para ordenar una investigación sobre Brasil.

A fines de 2024, la CCIA elaboró un informe con todas las medidas aprobadas por el Gobierno y el Congreso de Brasil que, a su juicio, son contrarios a los intereses de las grandes empresas tecnológicas. El documento se presentó en octubre de ese año al Departamento de Comercio de Estados Unidos. La investigación, impulsada bajo la sección 301 por orden de Donald Trump, estará a cargo de Jamieson Greer, representante del Departamento de Comercio.

En es informe, el grupo de presión insta al Gobierno estadounidense a vigilar, cuestionar y actuar frente a diversas políticas tomadas en Brasil. Por ejemplo, destacan la suspensión de X (antes Twitter), gestionada por Elon Musk; la ley general de protección de datos personales y hasta el denominado “impuesto a las blusas”, que grava las compras internacionales de menos de 50 dólares.

A continuación, un resumen de los principales puntos del informe del grupo de presión.

Grupo sale en defensa de la plataforma de Musk

El informe destacó la suspensión de X, la red social de Elon Musk, dispuesta por el Supremo Tribunal Federal en agosto de 2024 por la negativa de la empresa a designar un representante legal en Brasil. La compañía también debió pagar una multa de cinco millones de dólares.

Según el documento, “esta drástica medida tiene consecuencias para el panorama de inversiones en general y podrían replicarla regímenes autoritarios que busquen utilizar el control del contenido en línea para restringir la libertad de expresión o la disidencia política”.

El grupo de presión además argumentó que casos como este “socavan el libre flujo de servicios y datos” y atentan contra “una internet abierta y globalmente conectada”.

Críticas a la ley general de protección de datos y otros proyectos

El grupo se opone a las propuestas legislativas brasileñas sobre protección de datos y dice que la ley general de protección de datos, vigente desde 2018, sigue el modelo legislativo de la Unión Europea, pero con reglas más estrictas para las transferencias de datos.

El informe pide que el Gobierno estadounidense supervise la implementación de la ley y recomienda que el representante del Departamento de Comercio de Estados Unidos “inste a Brasil a considerar adecuadas las protecciones de privacidad disponibles en Estados Unidos bajo la legislación brasileña”.

Además, la CCIA pide que Washington “exhorte a Brasil a rechazar” el proyecto de ley 4.097/2023, que busca modificar la ley de 2014 para introducir medidas de “soberanía digital” en el marco de la ley general de protección de datos. De acuerdo con esta ley, las tecnológicas que operan en Brasil tendrían obligaciones de propiedad y control local, como que el 25% del capital accionario con derecho a voto debe estar en manos de ciudadanos brasileños.

En contra del “impuesto a las blusas”

El grupo de presión también cuestionó la norma conocida como el “impuesto a las blusas” implementada en agosto de 2024 y que lleva ese nombre porque afecta a compras internacionales de bajo costo, como prendas de vestir económicas adquiridas en sitios web internacionales.

La CCIA sostiene que los impuestos aumentan el tiempo y el costo del proceso de liberación aduanera, y actúan como una barrera para el comercio electrónico. El grupo aboga por un precio mínimo de compra de cien dólares estadounidenses para comenzar a aplicar los impuestos. También pide al Gobierno de Estados Unidos que presione a Brasil, y sugiere que el impuesto «podría ser incompatible con las obligaciones de Brasil en virtud del Tratado General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)».

Críticas al proyecto de regulación de la inteligencia artificial

La asociación también se mostró en contra del proyecto de ley 2338/2023, aprobado en el Senado brasileño a fines de 2024 y actualmente en análisis en la Cámara de Diputados. Según la CCIA, la propuesta resulta preocupante porque impone “excesivas obligaciones de informar sobre productos de IA de riesgo alto y bajo, sin que los definan claramente”.

Uno de los puntos más cuestionados es la compensación obligatoria por derechos de autor, que —según el informe— “va mucho más allá de lo planteado en otras partes del mundo, ya que exigiría a los programadores pagar por todo contenido brasileño que utilicen para entrenar modelos de IA”.

El grupo dijo que esta exigencia hará que no se desarrollen aplicaciones de IA en Brasil, y recomendó al Gobierno estadounidense “supervisar este régimen para garantizar que el marco se alinee con los acuerdos internacionales y evitar un trato discriminatorio hacia los servicios y proveedores de Estados Unidos”.

Rechazo a la regulación de Anatel

La CCIA también cuestionó el proyecto de ley 2768/2022, presentado por el diputado João Maia (Partido Liberal, el partido del expresidente Jair Bolsonaro), que otorgaría a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones la facultad de regular plataformas digitales. Para las grandes empresas tecnológicas, esto daría a Anatel “una amplia autoridad discrecional para definir conceptos y redactar normas”.

Críticas a los impuestos sobre productos y servicios digitales

El informe también cuestiona la medida provisional 1262/24, impulsada por el Ministerio de Hacienda de Brasil, que fija un impuesto mínimo del 15% para las multinacionales que operan en el país. Para la CCIA, “el Gobierno parece decidido a buscar nuevas fuentes de ingresos para sus arcas a través de una carga desproporcionada sobre las corporaciones extranjeras”. Las grandes empresas tecnológicas pidieron a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos que supervisar las novedades de esta medida.

Contra los impuestos a los servicios de internet

El grupo recordó que en 2023 la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) abrió una consulta pública sobre la regulación de los “servicios de valor agregado”, que incluía la posibilidad de aplicar tarifas por usar internet en Brasil.

La CCIA también criticó el proyecto de ley 2804/2024, presentado por el senador Ângelo Coronel (PSD), que propone que las plataformas digitales aporten el 5 % de sus ingresos al Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones, administrado por Anatel. Según el grupo, “esta ley podría violar el principio de neutralidad competitiva bajo las normas de la Organización Mundial de Comercio sobre servicio universal, ya que los proveedores brasileños recibirían un trato preferencial en detrimento de los proveedores extranjeros, que no podrían acceder al Fondo (ni siquiera a través de filiales)”.

El texto pide al representante comercial de Estados Unidos  que se “mantenga atento mientras Brasil continúa avanzando con tarifas por el uso de la red».

Nuevas reglas para el régimen de arancel reducido

El informe también se refirió a cambios en el régimen de «ex-aranceles«, mecanismo que permite reducir impuestos en negociaciones con empresas extranjeras del sector de informática y telecomunicaciones.

Según establece una resolución del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, aprobada en agosto de 2023, para acceder a las exoneraciones tributarias sobre importaciones, las multinacionales deberán presentar un plan de inversiones y detallar sus necesidades de equipamiento, ganancias de productividad y tecnologías incorporadas a sus productos.