Una ventana rota y la bandera brasileña en el Palacio de Planalto, sede presidencial en Brasilia, el día después de los atentados del 8 de enero de 2023. Imagen de Marcelo Camargo/Agência Brasil. Uso legítimo.

El 11 de septiembre de 2025 es una fecha histórica en Brasil. Un expresidente, cinco militares y otros dos funcionarios del Gobierno fueron condenados por conspirar e intentar un golpe de Estado para abolir el estado de derecho, tras perder las elecciones nacionales de 2022. Esta decisión del Tribunal Supremo es la primera en un país con un largo historial de amnistías para golpes e intentos de golpe, incluidos quienes violaron los derechos humanos durante la dictadura militar.

La jueza Cármen Lúcia Antunes Rocha, la única mujer de la Corte Suprema, afirmó que en este caso «palpita un Brasil que le duele y es casi un encuentro con su pasado, presente y futuro». El regreso del país a la democracia cumplió 40 años en 2025.

Los ocho acusados fueron condenados por la mayoría de los votos —cuatro de los cinco jueces—, que los declararon culpables. Sus condenas van desde 27 años para el expresidente Jair Bolsonaro, identificado como el líder, hasta dos años de prisión para su asesor Mauro Cid, militar que hizo un trato y denunció a otros. Aún pueden apelar.

Solo el juez Luiz Fux votó por absolver a Bolsonaro, en contradicción con sus fallos anteriores que condenan a civiles por los atentados del 8 de enero. Los demás jueces siguieron el entendimiento del juez Alexandre de Moraes, relator y magistrado que pasó ser adversario de Bolsonaro desde que empezó a investigar las redes de noticias falsas y el “gabinete del odio” que estaban detrás, en 2019.

Moraes argumentó que Bolsonaro ha estado planeando un golpe desde mediados de 2021, cuando intensificó el tono de sus discursos contra el sistema electoral y las decisiones judiciales. Finalmente, esto llevó a que una multitud asaltara los edificios de los Tres Poderes en la Capital Federal el 8 de enero de 2023, semana después de la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva. El plan era causar un caos social, que justificara una intervención militar, firmada por Lula. Eventualmente, esto llevaría al regreso de Bolsonaro a la presidencia. También idearon un plan para asesinar a Moraes, Lula y al vicepresidente, Geraldo Alckmin.

El voto y el informe final de Moraes se basaron en fotos, videos, mensajes de texto, documentos (impresos y manuscritos) y testimonios recopilados por la investigación, que incluyó una reunión de 2022 entre Bolsonaro y funcionarios de su gobierno. La grabación se encontró en la computadora de Cid. Los abogados defensores se quejaron de la cantidad de pruebas que tuvieron que revisar en pocos meses: 70 terabytes.

‘Arrestado, muerto o con la victoria’

Bolsonaro habla con la prensa el día en que el Tribunal Supremo aceptó los cargos en su contra, marzo de 2025. Foto de Lula Marques/Agência Brasil. Uso legítimo.

En 2021, en un evento con líderes evangélicos, Bolsonaro, declaró que solo veía tres alternativas para su futuro: «ser arrestado, morir o lograr la victoria». «Tengan la certeza de que la primera alternativa no existe», dijo. En ese momento, lo estaban investigando por cinco causas.

Bolsonaro se convirtió en político tras ser procesado por la justicia militar por revelar en una entrevista un plan para poner bombas en unidades militares como forma de presionar a las fuerzas armadas para obtener mejores salarios. La revista Veja publicó un boceto a mano del plan, aunque los peritos forenses no pudieron determinar su autoría. Abandonó el Ejército inmediatamente después, mantuvo su rango militar y fue elegido concejal de Río de Janeiro.

Dos años después, Bolsonaro asumió como diputado federal en el Congreso Nacional, donde permaneció durante 27 años, en los que participó en siete mandatos y ocho partidos políticos. En la Cámara Baja, se hizo conocido como un político que representaba los intereses de la clase militar y por declaraciones controvertidas, como su voto a favor de la acusación de la entonces presidenta Dilma Rousseff , que había sido torturada y encarcelada por el primer militar torturador de la justicia brasileña: Carlos Brilhante Ustra

En una entrevista televisiva en 1999, dijo que estaba a favor de la tortura y que si alguna vez era elegido presidente, cerraría el Congreso y mataría a más personas que la dictadura, empezando por el entonces presidente Fernando Henrique Cardoso, que se exilió después del golpe de 1964.

Através do voto você não vai mudar nada nesse país, nada, absolutamente nada! Só vai mudar, infelizmente, no dia em que partir para uma guerra civil aqui dentro, e fazendo o trabalho que o regime militar não fez. Matando uns 30 mil, começando pelo FHC, não deixar ele pra fora não, matando! Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem, tudo quanto é guerra morre inocente.

Nada cambiará en este país mediante el voto, ¡absolutamente nada! Lamentablemente, solo cambiará el día en que entremos en una guerra civil y hagamos el trabajo que el régimen militar no hizo. Matar a 30,000 personas, empezando por Fernando Henrique Cardoso, ¡no podemos prescindir de él! Si también mueren inocentes, no pasa nada; en toda guerra mueren inocentes.

Aunque intentó pulir este discurso después, en su primer año como presidente celebró la fecha del golpe de 1964.

La ley de delitos contra la democracia por la que Bolsonaro fue sentenciado, promulgada por el propio Bolsonaro en 2021, sustituye de la ley de seguridad nacional. Según la BBC, fue resultado de una derrota política sufrida por el entonces presidente durante la pandemia de COVID-19: se estima que Brasil tuvo 700,000 muertes por coronavirus.

Bolsonaro ya no podía postular a ningún cargo público durante ocho años, tras el fallo del Tribunal Electoral en su contra por abuso de poder político como presidente y la transmisión televisiva de una reunión con embajadores extranjeros, durante la que atacó el sistema electoral sin aportar pruebas. Esta última sentencia prolongará su impedimento para postular si se mantiene.

Estatua de la Justicia frente al Tribunal Supremo, uno de los edificios atacados. Un manifestante usó un lápiz labial para escribir «Perdiste, imbécil«, parafraseando la respuesta de un juez a los partidarios de Bolsonaro que protestaban en su contra. Foto de Jodeson Alves/Agência Brasil. Uso legítimo.

Respaldo de Estados Unidos

Cuando Lula fue electo en 2022, el gobierno de Joe Biden se apresuró en reconocer la transparencia del proceso electoral brasileño y a evitar problemas con el entonces presidente, que había intentado cuestionar las boletas electrónicas sin jamás presentar pruebas de irregularidades. Meses antes de las elecciones, según un artículo de The Economist, la información que recibían los funcionarios estadounidenses los tenía preocupados.

Sin embargo, con el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025, se produjo un cambio. Para muchos, el papel del presidente estadounidense refleja el de Bolsonaro en el ataque al Capitolio de 2021. A diferencia de su homólogo brasileño, Trump no fue juzgado por ese ataque.

Eduardo, diputado federal y uno de los cuatro hijos de Bolsonaro en la política, se mudó a Estados Unidos en febrero, donde comenzó a colaborar más estrechamente con las autoridades para gestionar sanciones y ejercer presión política sobre el Gobierno brasileño para que concediera la amnistía a su padre. Trabaja con Paulo Figueiredo, nieto del último presidente del régimen militar.

Eduardo Bolsonaro está vinculado con Steve Bannon, el gurú del MAGA, y logró que el juez Alexandre de Moraes fuera sancionado con la ley Magnitsky, ley de sanciones globales reservada a violadores de derechos humanos, suspendiera las visas a ocho jueces de la Corte Suprema e interviniera en reuniones entre los dos Gobiernos federales para discutir los aranceles de Trump a los productos brasileños.

“Trabajo para que no puedan dialogar [con la Casa Blanca]”, declaró al canal de televisión SBT News. Tras recibir dinero de su padre, a Eduardo se le investiga por sospechas de haber coaccionado a las autoridades que trabajan en el caso contra Bolsonaro mediante amenazas de sanciones estadounidenses. También declaró que quiere postular a la presidencia en 2026.

Tras la confirmación de la sentencia de Jair Bolsonaro, el secretario Marco Rubio publicó en X (antes Twitter):

The political persecutions by sanctioned human rights abuser Alexandre de Moraes continue, as he and others on Brazil’s supreme court have unjustly ruled to imprison former President Jair Bolsonaro.

The United States will respond accordingly to this witch hunt.

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 11, 2025

Las persecuciones políticas del sancionado abusador de derechos humanos Alexandre de Moraes continúan, ya que él y otros en la Corte Suprema de Brasil han dictado injustamente una sentencia de prisión contra el expresidente Jair Bolsonaro.

Estados Unidos responderán en consecuencia a esta caza de brujas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil respondió también en X:

Threats like the one made today by U.S. Secretary of State Marco Rubio, in a statement that attacks a Brazilian authority and ignores the facts and the compelling evidence on record, will not intimidate our democracy.

— Itamaraty Brazil 🇧🇷 (@Itamaraty_EN) September 11, 2025

Continuaremos defendiendo la soberanía del país contra agresiones e intentos de interferencia, sin importar de dónde provengan.
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Las amenazas como la que hizo hoy el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una declaración que ataca a una autoridad brasileña e ignora los hechos y las pruebas contundentes registradas, no intimidarán nuestra democracia.

Mientras tanto, la agitación continúa. En noviembre de 2024, un hombre se suicidó con explosivos caseros frente al Tribunal Supremo de Brasil. Durante la semana del juicio, un hombre de 50 años intentó entrar por la fuerza durante la noche en el Palacio de Planalto, sede de la presidencia. Tras la noticia de la condena de Bolsonaro, los bolsonaristas iniciaron una vigilia frente a la urbanización privada donde vive en Brasilia.

Bolsonaro está en prisión domiciliaria desde el 4 de agosto por no cumplir decisiones judiciales sobre medidas cautelares, por difundir videos y mensajes en las redes sociales de su hijo, instigar ataques a la Corte Suprema y apoyar la intervención extranjera en el país, según el tribunal.