El periodista húngaro László Mézes tras la agresión sufrida durante la manifestación frente a la oficina de campaña de Kakha Kaladze, candidato a la alcaldía de Tiflis. Foto de Mariam Nikuradze, OC Media. Usada con autorización.

En Georgia, la represión por motivos políticos contra los disidentes por parte del partido gobernante Sueño Georgiano continúa sin cesar. Desde arrestos y acciones represivas hacia los medios y la sociedad civil, hasta purgas en la administración pública y otras formas de presión e intimidación, la brecha entre el Gobierno y sus críticos se profundiza.

Según una carta enviada por la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior (DG HOME) de la Comisión Europea al ministro de Asuntos Exteriores de Georgia, si el Gobierno no muestra avances en las reformas principales ni en las exigencias sobre derechos humanos, las potencias occidentales evalúan distintas medidas, como expulsar del país al Consejo de Europa y suspender el libre visado para los ciudadanos georgianos.

Sociedad civil y medios en la mira

El 2 de septiembre, en una significativa intensificación, la Fiscalía General citó a los directores de varias destacadas organizaciones no gubernamentales (ONG) georgianas para una investigación sobre un supuesto caso de sabotaje. Esta acción siguió al bloqueo de las cuentas bancarias de siete organizaciones de la sociedad civil, a las que se acusó de presuntamente facilitar la violencia durante las protestas antigubernamentales. La investigación sostiene que el equipo de protección, como las mascarillas respiratorias halladas durante el registro policial en las oficinas de las organizaciones, se presentó como prueba de que los fondos se destinaban a apoyar a los manifestantes.

La presión no se limita a la sociedad civil. Recientemente, un periodista georgiano fue sentenciado a dos años de prisión, lo que provocó indignación dentro y fuera del país, y puso de manifiesto la creciente represión en el panorama mediático. El 8 de septiembre, durante una manifestación en Tiflis, el periodista húngaro László Mézes fue agredido y sufrió lesiones en el rostro y una fractura en un dedo. Dos periodistas del medio georgiano Publika también fueron agredidos.

Javid Ahmedov, periodista azerbaiyano que cursa una maestría en Tiflis, es el caso más reciente de prohibición de entrada al país, situación que han vivido tanto periodistas como otros extranjeros en los últimos meses, como un diplomático estadounidense, un comediante, un fotógrafo francés y varios más.

Sentencias y detenciones de manifestantes

El 2 de septiembre, un tribunal de la ciudad de Tiflis condenó a ocho manifestantes a penas de prisión de entre dos y dos años y medio, bajo cargos de organizar o participar en «violencia grupal». Los críticos del Gobierno y los familiares de los detenidos, que siguen protestando por su liberación, aseguran que los casos son inventados sin pruebas suficientes. A pesar de las condenas, las familias han mostrado su resistencia; una madre incluso proclamó: «¡Que el régimen tenga miedo a las madres!».

Desde noviembre de 2024, el país vivido protestas continuas, desencadenadas por la decisión del Gobierno de suspender las negociaciones para la adhesión de Georgia a la Unión Europea. Hay cientos de detenidos y se han iniciado procesos penales en más de 50 casos. Varios manifestantes  ya han sido condenados a cumplir penas de varios años de prisión.

El 3 de septiembre, el mismo tribunal condenó a Saba Skhvitaridze, miembro del partido opositor Ahali, a dos años de prisión. La acusación inicial en su contra señalaba que había causado daños a la salud de un policía mientras estaba de servicio, delito que conlleva penas de siete a once años de cárcel. Skhvitaridze explicó después que había enfrentado al policía en respuesta a un ataque contra una mujer y a los insultos dirigidos a los transeúntes durante una manifestación el 5 de diciembre de 2024.

El policía no estaba con uniforme, estaba vestido con lo que los georgianos llaman titushki, o como lo describe un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, “agresores no identificados, generalmente vestidos de negro con el rostro cubierto”. Después de que la fiscalía reclasificó la acusación como daño corporal intencional de menor gravedad, el juez decidió condenar a Skhvitaridze a prisión en lugar de imponerle arresto domiciliario o servicio comunitario.

Ese mismo día, el tribunal condenó a un grupo de once manifestantes a penas de dos años de prisión. «¡Estoy orgullosa, verdaderamente orgullosa, de haber criado a dos hijos heroicos!», dijo Marina Terishvili tras la sentencia. Uno de sus hijos, Mamuka, murió en una manifestación en 1992, y su otro hijo, Giorgi, fue uno de los once sentenciados.

Las detenciones y arrestos no han cesado. El 2 de septiembre, al menos 20 personas fueron detenidas en el centro de Tiflis durante una manifestación contra la comisión parlamentaria del Gobierno, establecida en febrero de 2025 para investigar supuestos delitos durante el gobierno del Movimiento Nacional Unido entre 2003 y 2012. Desde entonces, la comisión ha ampliado su alcance, lo que ha permitido a Sueño Georgiano implicar a cualquier figura de la oposición, lo que ha conducido al arresto de varios líderes políticos de alto perfil.

La Policía sostuvo que las detenciones se realizaron por «no obedecer la orden legal de despejar la vía», pero las imágenes y videos del lugar cuentan una historia distinta:

Look how they are almost strangling our @DroaParty member and veteran activist Shushana Matsaberidze! This time she was just standing for herself on the pavement and even reproached me for being in front. The police just recognizes her and wants to get rid of her.… https://t.co/qPTwOfqHgO pic.twitter.com/HT1GtnlQtX

— Marika Mikiashvili 🇬🇪🇺🇦🇪🇺 (@Mikiashvili_M) September 2, 2025

Fue una persecución brutal en Rustaveli. Éramos pocos, ya que la protesta fue espontánea y era un día laborable. Bajamos a cerrar la calle y zigzagueamos en una persecución con la Policía. Luego, se enfadaron muchísimo y empezaron a perseguirnos también en las aceras.

Dieciséis personas están detenidas, incluida lo que parece ser la mitad de mi grupo Droa.
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¡Miren cómo casi asfixian a Shushana Matsaberidze, veterana activista y miembro del partido Droa! Esta vez solo estaba defendiendo su espacio en la acera e incluso me llamó la atención por estar delante. La Policía simplemente la identifica y busca apartarla.

El 3 de septiembre, el partido gobernante publicó un informe de 471 páginas que resumía los resultados de la investigación de la comisión, detallando los supuestos delitos cometidos por el anterior partido gobernante, el Movimiento Nacional Unido, y su líder, el encarcelado expresidente Mikheil Saakashvili, así como por miembros detenidos de otros grupos de la oposición. El partido Sueño Georgiano ha reiterado que planea valerse de los hallazgos de la investigación como argumento para impedir la actividad de la oposición de Georgia.

Respuesta internacional

En mayo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la ley para movilizar y mejorar las opciones de Georgia para fomentar la rendición de cuentas, la resiliencia y la independencia (conocida como MEGOBARI), que establece sanciones contra funcionarios del Gobierno georgiano y otros responsables de «impulsar […] legislación al estilo ruso sobre agentes extranjeros o de socavar y reprimir la oposición legal de la sociedad civil o del pueblo».

En julio, los ministros de Relaciones Exteriores de Austria, Bélgica, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Polonia, España, Suecia, Reino Unido y la alta representante de la Unión Europea emitieron un comunicado conjunto para expresar su preocupación por el deterioro de la situación en Georgia.

Ese mismo mes, la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR), perteneciente a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) expresó su preocupación por «los arrestos de decenas de manifestantes en los últimos meses y las denuncias sobre la falta de respeto a las normas de un juicio justo, así como por la creciente presión sobre los defensores de los derechos humanos y los actores de la sociedad civil mientras realizan su legítimo trabajo». El Parlamento Europeo, en una sesión plenaria el 9 de julio, lamentó el retroceso democrático en Georgia. En agosto, el Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos señaló «importantes retrocesos en materia de derechos humanos en Georgia».

Como se evidenció el 8 de septiembre, protesta más reciente, y pese a las críticas internacionales, el Gobierno de Georgia sigue reprimiendo a la oposición política y silenciando voces críticas. Sin embargo, la resiliencia y determinación de los manifestantes y sus familias muestran que la lucha por un espacio democrático está lejos de haber concluido.