En marzo de 2025, más de 25.000 barriles de crudo contaminaron los ríos de Esmeraldas, una provincia ecuatoriana que lleva décadas pagando el costo del petróleo. Durante los primeros días, ministros y brigadas prometieron remediación y reparación. El Estado llegó rápido, pero se fue aún más rápido, dejando promesas que, como el petróleo, se sedimentaron en el fondo. Hoy, mientras Petroecuador y el Ministerio del Ambiente acumulan informes sin respuestas claras, son las comunidades afrodescendientes, los defensores ambientales organizados en redes solidarias y las universidades locales las que siguen removiendo las aguas turbias de un desastre que el país prefiere dejar hundido en el olvido.

El olor apareció primero, como esos presagios que nadie quiere nombrar. Alejandro Bone, dirigente comunitario de El Roto en Esmeraldas, jugaba fútbol cuando Franklin Obando y un vecino del recinto Chucaple llegaron en moto. “¿No te huele a diésel?”, preguntaron. 

Cerca de las ocho y media de la noche bajaron al río Caple y lo vieron negro, completamente negro. Subieron a la moto, linterna en mano, y siguieron el cauce. Al pasar por el recinto El Achiote, se imaginaron el origen: un viejo hundimiento donde antes ya se habían dado avalanchas. Cuando llegaron, lo confirmaron. 

El dueño de una finca estaba parado, en silencio, con la mirada fija. Desde la rotura del oleoducto, salía disparado “un chicote de casi diecisiete metros de altura de petróleo”, recuerda Bone. Era marzo de 2025. 

El derrame pronto dejó sentir su presencia. A quince minutos del punto cero, en el cantón Quinindé, comenzaron a llegar las noticias. María José Pacho, activista y defensora ambiental, se enteró a través de medios digitales, pero también por la llegada inesperada de varias familias. 

Las personas venían desde El Roto, donde el agua bajaba negra. Ese mismo cauce, junto con los ríos Viche y Caple, terminaría volviéndose anóxico —sin oxígeno—, lo que significaba la muerte inmediata de peces y otras especies acuáticas. “Sentían algo caliente en el pecho —contaron— y eso los hizo levantarse de la cama.” 

Cerca de diez familias llegaron a Quinindé esa misma noche. Venían con mochilas, con miedo, con la incertidumbre de no saber si el agua que usaban para todo —para lavar, para cocinar, para beber— seguía siendo segura. 

La incertidumbre era proporcional a la magnitud del derrame: la mancha recorrió más de 80 kilómetros hasta alcanzar el océano Pacífico, dejando al menos nueve playas contaminadas, tres de ellas cerradas por la cantidad de crudo. “Nunca habían visto algo así de cerca”, dice María José. Y la incertidumbre, como el petróleo, se esparció rápido.

Durante más de cinco décadas, el oleoducto que atraviesa Ecuador ha dejado huellas profundas en Esmeraldas. En total, sin contar el derrame del 13 de marzo de 2025, se han vertido más de 138.000 barriles de crudo en esta provincia. 

No era la primera vez. En 1998, el Terminal Marítimo de Balao —el punto donde se exporta el petróleo ecuatoriano desde Esmeraldas— fue escenario de uno de los mayores desastres: 43.859 barriles llegaron al mar. 

Esta vez, las cifras también tardaron en emerger. La ministra de Energía dijo primero que eran 3.800 barriles; luego, Petroecuador corrigió: fueron 25.116. El dato oficial cambió, pero la desconfianza ya había quedado sembrada. La magnitud de lo sucedido, y la demora en reconocerlo, terminaron de situar a Esmeraldas como la tercera provincia más afectada por las roturas del oleoducto.

El mismo informe de Naciones Unidas reconocería después que al menos 312 hectáreas agrícolas quedaron afectadas, 61 de ellas perdidas por completo, y más de 4.500 pescadores vieron desaparecer su fuente de sustento inmediato.

Pero el desastre ambiental tomó por sorpresa a un gobierno inmerso en la campaña para la segunda vuelta presidencial, prevista para abril de 2025. La ministra de Energía, Inés Manzano, insinuó que el derrame podría haber sido un sabotaje por parte de actores correístas, la oposición, que buscaban perjudicar al candidato oficialista.

El dirigente comunitario Alejandro Bone desestimó esa versión en una reunión pública: “Descartemos esos daños, no metamos temas políticos”, dijo, insistiendo en que el deslizamiento de tierra era evidente —confirmado, posteriormente, por Petroecuador. 

El presidente Daniel Noboa se pronunció el 15 de marzo, dos días después del hecho, y lo hizo a través de su cuenta de X, ordenando que la empresa estatal petrolera asuma la remediación ambiental y repare a las familias afectadas.

SOS Esmeraldas, una red afrodescendiente

La red de defensoras y defensores ambientales que respondería al desastre no nació ese día, pero sí se activó con fuerza. SOS Esmeraldas había surgido pocos meses antes, en diciembre de 2024, después de uno de los crímenes más atroces del último año: cuatro adolescentes afrodescendientes fueron vistos por última vez en el barrio Las Malvinas, al sur de Guayaquil, tras ser detenidos por militares —bajo el contexto del conflicto armado decretado bajo el primer mandato de Daniel Noboa, reelecto este año.

23 días después, los cuerpos de los menores aparecieron incinerados y con signos de tortura. La indignación fue nacional, pero en Esmeraldas dolió más hondo: eran rostros que podían haber sido los de sus propios hijos, los de su gente. 

La impunidad encendió la urgencia. Así, cuatro colectivos —Esmeraldas Libre, Fundación Somos, Cofesme y Afrored— comenzaron a articular una coalición horizontal, sin jerarquías ni fondos, movida por el cansancio acumulado y el amor terco por una tierra constantemente golpeada.

Cuando ocurrió el derrame del 13 de marzo, la red no esperó confirmaciones oficiales: abrieron siete centros de acopio en ciudades como Riobamba, Cuenca, Esmeraldas, Quinindé y Quito. Riobamba fue el más contundente: un camión de 24 toneladas salió desde allí cargado de agua, víveres y filtros —según contó Geovanna Pozo, defensora ambiental y coordinadora de Esmeraldas Libre. 

Cada carga fue resultado de afectos tejidos con anterioridad: maestras, traductoras, gestores culturales y vecinas que pusieron su casa, su energía y su tiempo al servicio de quienes más lo necesitaban. Ese gesto no solo asistía a familias desplazadas, sino que también defendía un bien común amenazado: el agua. 

“Somos jóvenes que hacemos malabares con nada, pero avanzamos”, diría después Geovanna Pozo Lugo. 

Una de esas redes se activó también desde Quinindé, donde la defensora ambiental afroesmeraldeña María José Pacho convirtió su centro artístico en punto de resistencia y cuidado colectivo. 

Allí recibió donaciones y organizó la distribución junto con otras voluntarias. Dos camiones cargados de agua embotellada, papel higiénico, arroz, sal y kits de aseo partieron hacia las zonas afectadas, donde muchas comunidades seguían sin asistencia estatal. 

 

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 “El río ya no servía ni para lavar ni para cocinar. Estaba muerto”, recuerda Pacho. En esa afirmación late una categoría que las activistas ambientales asumen sin nombrarla: la defensa del territorio como defensa de la vida. 

La ayuda no fue solo víveres: también se entregaron dispensadores de agua en escuelas rurales, pensados como puntos de acceso común para niñas, niños y adultos mayores.

El trabajo se desplegó de manera silenciosa, pero masiva. En total, se organizaron cinco grandes envíos, con múltiples entregas en Esmeraldas y Quinindé —explican Pacho y Pozo. Todo fue sostenido por una ética del cuidado y del vínculo, coinciden las activistas. No era caridad: era acción política en clave comunitaria, una forma de resistencia ambiental desde lo cotidiano. 

La respuesta activa de la ciencia local 

El docente investigador y defensor ambiental Eduardo Rebolledo estaba en Quito, participando en un foro sobre la calidad de los ríos, cuando sonó su teléfono: “Eduardo, hubo un megaderrame, ¿qué hacemos?”

A la mañana siguiente, con sus estudiantes, Eduardo ya estaba tomando muestras a escondidas. Sabía que si esperaba los permisos, el petróleo habría corrido más rápido que la burocracia del Ministerio de Ambiente: “hay que pedir autorización hasta para peinarse antes de salir al campo”, ironiza.

Su experiencia previa le daba claridad sobre lo que debía buscar. No era la primera vez: en 2016 y 2023 ya había enfrentado derrames en Esmeraldas, asesorando a veedurías ciudadanas y levantando indicadores biológicos. Esta vez, el hallazgo preliminar fue más grave: hidrocarburos aromáticos policíclicos, como fenantreno y antraceno, compuestos tóxicos que quedaron atrapados en esteros aislados. 

El riesgo no se limitaba al agua dulce: en el Refugio de Vida Silvestre Manglares del Estuario del Río Esmeraldas, un área protegida de 242 hectáreas en la desembocadura del río, el crudo cubrió los canales, sofocó la vegetación, envenenó la vida acuática y contaminó los sedimentos. 

Allí conviven tres especies diferentes de árboles de manglar y más de cien especies de peces, aves y mamíferos, entre ellos el coatí sudamericano (Nasua nasua) y el cangrejo azul (Cardisoma crissum), de alto valor cultural y económico para la región.

Mientras la Universidad Católica tenía evidencia fresca, las autoridades llegaron tarde. Petroecuador contrató al laboratorio LABCESTTA, cuyos análisis —tomados más de diez días después— no encontraron contaminación alguna. 

Para Rebolledo, el problema es la baja sensibilidad de los métodos utilizados: resultados que arrojan falsos negativos y un país sin capacidad instalada para detectar estos compuestos en peces o sedimentos. Lo que más le preocupa es el silencio institucional: ni el Ministerio de Ambiente ni el de Salud emitieron alertas sanitarias, pese a los riesgos tóxicos que seguían flotando en el agua.

Ese silencio contrasta con las proyecciones científicas: en ríos pequeños, los efectos podrían prolongarse hasta tres años, incluso si las lluvias ayudan a diluir el crudo. 

Ese mismo silencio encontró el defensor ambiental Víctor Arroyo, ingeniero forestal y presidente del Colegio de Profesionales de Recursos Naturales de Esmeraldas (COPRENA). Desde la Universidad Técnica Luis Vargas Torres lideró la respuesta en territorio: recorrieron las zonas ribereñas cuando el petróleo aún flotaba en el agua. 

Allí documentaron lo que el Estado no decía: más de cien familias afectadas en Chucaple, junto con cultivos agrícolas y crianza de animales, pesca suspendida y comunidades forzadas a detener su vida cotidiana. 

Además, Arroyo resalta que estas no son tierras vacías: el sitio exacto de la rotura donde brotó el petróleo estaba sobre una plantación de cacao, un sistema productivo del que muchas familias dependen para sobrevivir.

Pero este no fue un caso aislado. Desde COPRENA, Arroyo ha escuchado relatos de colegas que trabajan en el terminal petrolero de Balao, quienes confirman que en los últimos años han ocurrido otros derrames, muchos de ellos ocultos a la opinión pública. Algunos lograron ser contenidos a tiempo, pero otros escaparon de las barreras de contención y llegaron hasta playas como Las Palmas, Camarones y Tonsupa, dejando peces muertos y costas manchadas de petróleo.

Cuando el Ministerio del Ambiente abrió una convocatoria pública para limpiar el Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario del Río Esmeraldas, la universidad a la que pertenece Arroyo respondió sin demora. Movilizaron a decenas de estudiantes y docentes que se inscribieron formalmente. Pero tras el entusiasmo inicial, llegó el silencio. Nadie explicó quién limpió ni bajo qué criterios. 

El tecnicismo que se sedimenta como el petróleo

Desde sus oficinas en Quito, Petroecuador confirmó lo que en el territorio ya sabían: el derrame fue causado por un deslizamiento de tierra. No presentaron un informe técnico público, pero descartaron la hipótesis de sabotaje. También reconocieron que eventos como el de El Vergel, por ser “de pequeñas dimensiones” y ocurrir fuera del derecho de vía, no son detectables por sus sistemas de monitoreo.

Se solicitó una entrevista con voceros institucionales, pero Petroecuador optó por responder por escrito. La respuesta tardó tres semanas. Para entonces, el desastre llevaba casi tres meses sin una explicación clara para las comunidades afectadas, a pesar de que desde el 26 de marzo el Comité de Operaciones de Emergencia Provincial de Esmeraldas declaró un estado de desastre por contaminación ambiental. 

En sus respuestas, la estatal señaló que utilizó tensoactivos biodegradables y absorbentes oleofílicos para la limpieza, que luego serían transportados como residuos peligrosos. No se especificó el destino final ni se socializó esta información con las comunidades. Los datos fueron entregados solo a los obreros contratados para las labores de campo.

Sobre la compensación, Petroecuador citó el Código Orgánico del Ambiente y habló de una inversión de más de cuatro millones de dólares, sin precisar cuántas personas o comunidades fueron reparadas ni cómo se distribuyó ese monto.

Según el Ministerio, es Petroecuador quien debe entregar informes mensuales y mantener el vínculo con las comunidades. La comunicación institucional del MAATE se ha limitado a redes sociales como Facebook, Instagram y X. Frente a un desastre ambiental de esta magnitud, responder por redes no parece suficiente. 

Es posiblemente la misma sensación que tuvo Víctor Arroyo cuando, con buen ánimo, acudieron a la convocatoria pública del MAATE para limpiar el Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario del Río Esmeraldas. El entusiasmo se apagó pronto: el Ministerio reconoció que la participación fue baja, aunque nunca explicó por qué quienes sí respondieron —como la Universidad Técnica de Esmeraldas— fueron excluidos del proceso.

Cuando se activó el fondo estatal para emergencias ambientales, apenas se asignaron cinco mil dólares. Luego, la responsabilidad económica fue trasladada a Petroecuador bajo el principio de que quien contamina, paga. Pero lo que sigue pendiente es el reconocimiento a esa participación social: hasta hoy, estudiantes y docentes no saben quién limpió el manglar ni qué dejaron bajo el silencio del petróleo. 

Esa ausencia de información y recursos no solo invisibiliza su aporte, sino que también les impide dar continuidad a un trabajo de monitoreo y protección ambiental sostenido, pues carecen de insumos técnicos y certezas sobre el estado real del ecosistema.

Lo que dice el territorio, más allá de las cifras

Sin embargo, no fueron los informes oficiales los que mostraron el estado real del río, sino el recorrido paciente de la defensora ambiental Alexandra Almeida y su equipo. Bioquímica, con más de 30 años de experiencia, desde la oenegé ambientalista Acción Ecológica, radicada en Quito, siguió los mismos tramos donde Petroecuador dividió los 80 kilómetros de afectación para la limpieza. 

En El Vergel, el punto cero del derrame, encontraron lo que los reportes no muestran: tubos abandonados, tierra removida y manchas de petróleo que las lluvias arrastran una y otra vez río abajo.

Las comunidades —relata y subraya Almeida— insisten en que hasta la fecha el agua aún no sirve para beber ni pescar, que los cultivos de plátano, yuca, cacao y café se perdieron y que los animales murieron tras beber agua contaminada. 

Las indemnizaciones prometidas —los más de cuatro millones de dólares que informa Petroecuador— no llegaron a todos: algunos denuncian favoritismo y cheques sin fondos. Persisten además dudas sobre los químicos usados, que podrían haber hundido el petróleo sin eliminarlo. Hasta hoy, esas preguntas no tienen respuesta oficial.

No sorprende, entonces, que desde mayo pasado pobladores y comunidades decidieran organizarse en la Unión de Afectados por los Derrames de Petróleo y Diésel en Esmeraldas, una organización que hoy representa a más de 2.000 personas de cantones como Quinindé y Esmeraldas. 

La Unión nació como respuesta a un patrón repetido de incumplimientos: derrames en 2008, 2018, 2023 y ahora 2025. Su director jurídico, Joselito Ceballos, sostiene que Petroecuador no ha cumplido con la remediación total del territorio ni con las compensaciones comunitarias o indemnizaciones individuales. Por eso exigen una reparación integral que no solo limpie el río, sino que contemple obras colectivas y medidas de largo plazo, porque los daños —advierte— no se borrarán en pocos meses.

La Unión ya anticipa que, si no hay respuesta, presentarán una denuncia penal contra Petroecuador por delitos ambientales y daño a la naturaleza. Para Ceballos, el abandono es cíclico: mientras hubo presión electoral y mediática, las autoridades estuvieron presentes; después, el territorio volvió a quedar solo.

Esa ausencia también la ha visto Alejandro Bone, dirigente de El Roto, quien recuerda cómo en los primeros días el territorio se llenó de ministros y autoridades convocados por la emergencia y la presión presidencial. 

Pero el tiempo electoral marcó el ritmo de la respuesta: después del 9 de abril —a vísperas de la segunda vuelta—, el Estado se retiró. No volvieron las brigadas médicas, ni el agua potable, ni la ayuda alimentaria. En Chirigüile, enfatiza Bone, una comunidad a dos kilómetros y medio del otro lado del río, unas 60 familias quedaron aisladas, sin tiendas cercanas y sin un bote para cruzar las aguas que, aún hoy, siguen contaminadas.

No es solo olvido, es estructura. Como señala Geovanna Pozo, en Esmeraldas no solo se derrama petróleo: se sedimenta el racismo ambiental. Porque si el desastre hubiera ocurrido en Quito o Guayaquil, la respuesta habría sido otra, más inmediata, más visible, más eficaz. Pero sucedió aquí, en un territorio históricamente empobrecido y racializado, donde la vida vale menos en las prioridades del Estado.

El derrame ya no es solo ecológico. Es social, económico y racial. Y sigue fluyendo, invisible, en cada decisión que posterga la vida en este territorio.