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El 28 de julio de 2025, el diario Times de India tenía un titular inquietante: “Ciudad hostigada por animales callejeros, los niños pagan el precio”. Ese único informe que destacaba ataques de perros callejeros a niños que jugaban en la calle desencadenó una intervención judicial extraordinaria. Por propia iniciativa y sin que hubiera una petición formal, la Corte Suprema elevó rápidamente la noticia a asunto de importancia constitucional. En apenas semanas, surgieron dos órdenes notoriamente contradictorias: el 11 de agosto, la primera disponía confinar permanentemente a los perros callejeros en la región de Delhi en la Capital Nacional. Después, el 22 de agosto, una segunda orden corrigió el rumbo y restableció el modelo capturar, esterilizar, vacunar y liberar (CNVR), y llevó el asunto a escala nacional. Los 11 días que separan estas dos ordenes revelaron la tensión entre la seguridad pública y el bienestar animal, y también la fragilidad del marco legal de India sobre la gestión de los perros callejeros.

El marco legal: Acto de equilibrio

El marco legal de India en materia de derechos de los animales está contenido principalmente en la ley de prevención del maltrato animal de 1960. Esta ley representa un cambio radical respecto a las centenarias prácticas coloniales de sacrificar animales, y reconoce explícitamente por primera vez en la legislación india a los animales como seres capaces de experimentar dolor y sufrimiento, y que por lo tanto tienen el derecho a protección.

La resistencia pública a sacrificar animales no es nueva. En 1832, la ciudad de Bombay se vio sacudida por huelgas y protestas contra las leyes municipales de sacrificio de perros, uno de los primeros registros de resistencia a controles letales. A pesar de tal oposición, las autoridades coloniales formalizaron la política de sacrificio: los perros eran envenenados, la Policía les disparaba en las calles o los apaleaban hasta la muerte. Las ciudades de Madrás y Bangalore incluso establecieron «cámaras letales» en el siglo XIX y principios del siglo XX. Aunque generaron mucha controversia, estas disposiciones se convirtieron en un aspecto integral de la gobernanza urbana colonial.

En la década de 1920, se seguía considerando a los perros como una molesta pública y se reforzaron las perspectivas que justificaban su exterminio. Tras la independencia en 1947, la mayoría de los municipios de toda India continuaron con la práctica colonial de envenenar y disparar a los perros. Esto fue así durante décadas antes de que los defensores de los derechos de los animales comenzaran a promover opciones más humanas.

El cambio decisivo llegó en 2001, cuando la ley india prohibió la matanza como medio de control de perros, se reemplazó el término “perros callejeros” por “perros de la calle” y se introdujo el programa de control de natalidad animal que se centraba en esterilizar y vacunar. La ley de prevención de maltrato animal fortaleció aún más las protecciones: en su artículo 3, establece un deber general de cuidado para evitar el maltrato, mientras que el artículo 11 tipifica como delitos algunas formas de maltrato.

Al mismo tiempo, la ley reconoce que el Estado puede regular las poblaciones errantes de perros en interés de la salud y la seguridad públicas, pero no de una manera que se constituya como maltrato. Después, en 2001, el Gobierno elaboró ​​las normas de control de la natalidad de animales (perros), que se modificaron en 2023 y se convirtieron en reglas de natalidad para control animal. Estas reglas resumen perfectamente lo que plantea la perspectiva CNVR: los perros callejeros deben ser capturados, esterilizados, vacunados y liberados en la misma localidad. Es importante destacar que las reglas de 2023 reforzaron precedentes judiciales, como el de la Junta de Bienestar Animal de la India contra personas a favor de eliminar problemas causados por los animales callejeros, en el que la Corte Suprema prohibió la matanza arbitraria de perros callejeros.

En este contexto, el 11 de agosto, cuando el tribunal de dos jueces ordenó el confinamiento permanente de todos los perros, no se trató simplemente de un cambio de política, sino de un ataque directo al propio régimen legal.

Gestión de perros callejeros en India

Durante décadas, los municipios indios recurrieron a envenenar y disparar a los perros para controlar temporalmente su cantidad, mientras recibían críticas internacionales por su crueldad e ineficacia.

En las décadas de 1980 y 1990, el creciente activismo por el bienestar animal y los cambios globales en la ciencia veterinaria dejaron claro que el sacrificio selectivo no era sostenible ni humanitario. El cambio decisivo en la política llegó con las normas de control de natalidad animal (perros), de 2001 que establecieron el modelo de captura-esterilización-vacunación-liberación (CNVR) como única opción legal.

En teoría, la opción CNVR funciona según un principio ecológico autolimitante: los perros esterilizados y vacunados, una vez devueltos a sus territorios, estabilizan el crecimiento de la población e impiden la entrada de recién llegados no esterilizados. En la práctica, no ha podido aplicarse debidamente. La cobertura de esterilización rara vez supera el 30-40% en la mayoría de las ciudades, muy por debajo del 70% necesario para controlar eficazmente la población. La capacidad municipal en Delhi y Gurgaon ha sido débil por escasez de veterinarios, refugios inadecuados y campañas de vacunación irregulares.

A pesar de estas deficiencias, el Poder Judicial ha defendido sistemáticamente el marco de la CNVR y reprimido los intentos de sacrificio masivo de los municipios en respuesta a la presión pública. En un intento de corregir algunas de estas deficiencias, las normas de control de la natalidad animal actualizadas de 2023 fortalecieron la responsabilidad municipal, permitieron el confinamiento solo en casos estrictamente definidos y vincularon los programas de esterilización a las obligaciones de salud pública.

Un perro callejero en Udaipur usa desechos en la carretera como cama. Imagen de Jay.Jarosz via Wikipedia (CC BY-SA 4.0).

El fiasco de los 11 días

En este contexto legal e histórico, la orden del 11 de agosto impactó fuertemente. Al ordenar confinar permanentemente a todos los perros callejeros, la Corte Suprema eludió el marco legal y reavivó un modelo de contención largamente desacreditado.

Los jueces de la Corte Suprema, J.B. Pardiwala y R. Mahadevan, plantearon la cuestión como un claro conflicto constitucional: ¿acaso el derecho a la vida consagrado en el artículo 21 prevalece sobre el deber del Estado de proteger a los animales? En su afán por proteger a los ciudadanos, en particular a los niños, respondieron contundentemente: sí. La Corte Suprema ordenó que todos los perros callejeros en Delhi quedaran confinados permanentemente en refugios, prohibió que los liberaran e incluso después de esterilizarlos, y amenazaron con procesar por desacato a cualquiera que obstruyera las operaciones de captura de perros.

Las autoridades municipales se apresuraron en construir los refugios para 5000 perros apenas semanas, mientras las ONG que se resistieron se arriesgaron a ser acusadas de desacato. La orden no solo contradecía la norma 11 de las reglas de control de la natalidad animal, también ignoraba la lógica ecológica de la CNVR: según la cual los perros esterilizados en territorios familiares disuaden la entrada de nuevas manadas sin esterilizar. Durante esos once días, el régimen de gestión animal de Delhi cayó en la incertidumbre, en un embrollo humanitario, administrativo y jurídico creado por la propia Corte Suprema.

Se corrige el rumbo el 22 de agosto

El tribunal compuesto por tres jueces, Vikram Nath, Sandeep Mehta y N.V. Anjaria, intervino para calmar una crisis generada por el propio tribunal. En su orden del 22 de agosto, el tribunal suspendió las instrucciones del 11 de agosto y restableció el modelo CNVR, que establece excepciones humanitarias: los perros rabiosos, agresivos o gravemente enfermos podían ser confinados, pero los demás debían ser esterilizados, vacunados y liberados.

Al mismo tiempo, el tribunal introdujo tres innovaciones: en primer lugar reguló la alimentación pública, restringió zonas designadas para buscar un equilibrio entre la compasión y la higiene. En segundo lugar, creó un mecanismo de adopción que permite a personas y ONG retirar perros de las calles de forma responsable, y en tercer lugar transfirió parte de la responsabilidad financiera a los solicitantes y las ONG, les exigió depósitos para financiar la infraestructura. Al ampliar el caso a todos los estados y territorios de la Unión, el tribunal manifestó su intención de elaborar una política nacional sobre gestión de perros callejeros, algo que India no tiene desde hace tiempo.

Hacia una política nacional más humana

Las órdenes contradictorias del 11 y el 22 de agosto ilustran los peligros del populismo improvisado y la importancia de la moderación judicial. La gestión de los perros callejeros no se puede resolver por decreto; requiere apegarse a la ley, fundamentos científicos e inversión municipal sostenida. La última palabra de la Corte Suprema en este asunto probablemente marcará la trayectoria de la ley de bienestar animal de India durante décadas. Si se implementa correctamente, la perspectiva CNVR puede funcionar, pero solo si se amplía la cobertura de la esterilización, se logra que los refugios sean funcionales y no punitivos, y las prácticas de alimentación se regulan con compasión.

La orden del 11 de agosto será recordada como un paso en falso judicial nacido de la urgencia, la orden del 22 de agosto se verá como un momento correctivo que devolvió a India al camino de una gobernanza humana hecha con ciencia. El reto ahora es garantizar que la ambición judicial para crear un marco nacional que no quede estancado en órdenes escritas, sino que se traduzca en una reforma real que proteja a los niños en los parques infantiles, y que también honre la vida de los perros que comparten nuestras calles.