Protesta durante la festividad de Vidovdan, 28 de junio de 2025, Belgrado. Foto de Mašina, vía Wikimedia Commons (CC-BY-SA 3.0).

Este análisis de Nataša Stanojević lo publicó originalmente el Centro de Asuntos Internacionales y Seguridad (ISAC) como parte de la iniciativa regional Centro contra la Desinformación de los Balcanes Occidentales. Global Voices reproduce una versión editada como parte de un acuerdo de colaboración.

La protesta se llevó a cabo el 28 de junio de 2025 en Belgrado, día de Vidovdan, importante festividad nacional y religiosa serbia, y representó la culminación de meses de descontento público con políticas gubernamentales y problemas sociales sistémicos.

El Vidovdan está profundamente ligado a la historia nacional y la memoria colectiva, y frecuentemente se ha utilizado como símbolo de lucha moral y política. En este caso, estudiantes y ciudadanos en general escogieron esta fecha para destacar la seriedad de sus demandas de gobernanza responsable, convocatoria a elecciones anticipadas y reclamo de reformas institucionales esenciales.

Según estimaciones, la protesta reunió alrededor de 140,000 personas, por lo que fue una de las mayores convocatorias políticas de los últimos diez años. La gran afluencia de participantes refleja la profunda frustración social y una sensación de que los mecanismos institucionales para expresar descontento han fracasado completamente. Sin embargo, aunque las demandas de los organizadores estaban claramente definidas –lucha contra la corrupción, responsabilidad institucional y democratización del sistema-– los medios progubernamentales construyeron una imagen totalmente diferente.

En lugar de informar sobre hechos, la esfera pública se vio inundada de titulares sensacionalistas y afirmaciones destinadas a deslegitimar las protestas y criminalizar a los participantes. Al movimiento estudiantil y los ciudadanos no se les describió como defensores de los valores democráticos, sino como una amenaza a la estabilidad del Estado. Esta estrategia de criminalización, típica de regímenes autoritarios, permitió a las autoridades justificar el uso de fuerza y de represión intensificada.

Medios progubernamentales en Serbia sistemáticamente emplean narrativas falsas y manipuladoras para desacreditar las protestas cívicas legitimas, y normalizar las respuestas represivas del Estado. Los análisis muestran que las tácticas de propaganda más importantes incluyen etiquetar a participantes, manipular acontecimientos, construir una imagen de enemigo externo y glorificar a la fuerza policial. Estas prácticas han tenido consecuencias a largo plazo para los procesos democráticos y la libertad de expresión.

Instrumentos de la narrativa de propaganda

Una de las estrategias más utilizadas fueron las peyorativas. A organizadores y participantes no se les mencionó como estudiantes o ciudadanos, sino como “bloqueadores”, “vándalos” y “terroristas”.

Un titular del periódico sensacionalista Informer, “Operación contra los vándalos en el centro de la ciudad: Mira cómo detuvieron a los bloqueadores”, muestra que la intervención policial se presentó como necesaria y legítima, mientras que a los ciudadanos se les criminalizaba. El término “terrorista” tiene particularmente connotaciones fuertes pues sugiere extremismo, aunque las protestas fueron de naturaleza pacífica.

Captura de pantalla del artículo de Novosti.rs con el titular «Puentes y toda la ciudad sitiados: ¡El nuevo plan infernal de los terroristas bloqueadores, quieren sangre y cadáveres en las calles!». Uso legítimo.

Los medios difundieron ampliamente narrativas sobre como un supuesto “plan infernal” de los manifestantes. Titulares como “Puentes y la ciudad entera bajo asedio: ¡El nuevo plan infernal de los terroristas bloqueadores, quieren sangre y cadáveres en las calles!”, crean una atmósfera de miedo y sugieren una inevitable escalada de la violencia. Estas afirmaciones infundadas sirven para movilizar a la base electoral leal de los gobernadores y legitimar las medidas represivas. La retórica sobre “sangre en las calles” y “peligro para los ciudadanos” criminalizan a los participantes en las manifestaciones, y también los presenta como una amenaza para la seguridad nacional.

Los discursos a favor del Gobierno atribuyen objetivos a los manifestantes, como “destruir el Estado” y “derrocar al presidente”. Estas afirmaciones no se basan en ningún documento ni declaración pública de los organizadores, cuyas demandas se basan en mejorar la seguridad, batallar la corrupción política y asegurar la responsabilidad política. Introducir acusaciones de “traición” y “colaborar con enemigos” es parte de un amplio modelo de propaganda política en el que la resistencia social se cataloga como una conspiración contra los intereses nacionales.

Mientras que los medios a favor del Gobierno insistían en una imagen de manifestaciones violentas, los hechos reales cuentan una historia diferente. Según informes de medios independientes y de organizaciones de derechos humanos, la mayor parte de la protesta fue pacífica. Esto también lo confirmó el Consejo de Europa.

Los pocos incidentes ocurridos se produjeron luego de la intervención policial, que usó excesiva fuerza. Los arrestos o detenciones de cientos de personas, junto a los casos documentados de abuso físico, claramente mostraron que la represión estatal fue la dinámica dominante. Esta brecha entre la narrativa de los medios y los hechos en la práctica es un clásico ejemplo de técnicas de acusación, una presentación selectiva de la realidad para moldear la opinión publica.

Contexto político más amplio y narrativa del enemigo extranjero

Particularmente preocupante es la estrategia de vincular las protestas con supuestos enemigos extranjeros, que en este caso es Croacia. Algunos tabloides y políticos sugirieron que los organizadores de las protestas fueron instrumentos en manos de la estructura de la inteligencia croata, y que su meta era desestabilizar Serbia. Estas afirmaciones no tienen base en los hechos, tienen un claro propósito de propaganda: evocar tensiones históricas y utilizar estereotipos nacionales para crear una sensación de amenaza entre los ciudadanos (las hostilidades entre Serbia y Croacia tienen profundas raíces en sus narrativas nacionales. Estas tensiones empezaron durante el Imperio otomano cuando las autoridades austriacas establecieron a muchos refugiados serbios en Croacia. La animosidad se intensificó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Croacia se unió a las fuerzas del Eje, y se consolidó durante las guerras ocurridas con la desintegración de Yugoslavia. Este período culminó en la Operación Tormenta, cuyo resultado fue que la mayoría de serbios huyeron de Croacia).

Usar a Croacia en esta narrativa tiene una doble función: primero, movilizar el sentir patriótico; lo que sugiere que las protestas están conectadas a un “Estado hostil”, el Gobierno refuerza esta imagen como defensor de los intereses nacionales. Segundo, desacreditar a la oposición y las iniciativas cívicas, al atribuir una “influencia extranjera” a las protestas, el Gobierno deslegitima sus objetivos y desvía la atención de problemas internos, como corrupción y colapso institucional. Esta retórica recae en el conocido modelo de “construcción de un enemigo extranjero”, que de acuerdo a la teoría de la comunicación política, sirve para homogeneizar al electorado y justificar las prácticas autoritarias.

Un segmento particularmente alarmante de una campaña de propaganda habla sobre la vinculación de las protestas con el problema de Srebrenica (la masacre de 1995 de la población musulmana en Srebrenica y sus alrededores perpetrada por el Ejercito de la República de Srpska suelen explotarlo facciones nacionalistas y antioccidentales en Serbia. Como las narrativas que niegan el Holocausto, los debates sobre Srebrenica van desde completa negación hasta debates inquietantes sobre cantidad de víctimas, su nacionalidad y el uso de los términos como “acción militar necesaria” y “daño colateral”. En los últimos 15 años, a quien no apoyara estas narrativas se les ha etiquetado como “traidores” o “agentes occidentales” en el discurso oficial político).

En un artículo de Informer titulado “¡Se han expuesto solos! Estas son las políticas de bloqueo: Acusar a Serbia de un genocidio inexistente en Srebrenica”, se acusó a los estudiantes de “estar de acuerdo con acusaciones que etiquetan a los serbios de nación genocida”. Esta narrativa intenta cambiar el centro de las demandas de democratización a una cuestión nacional, lo que crea la impresión de que las protestas tienen una “agenda antiserbia”. De esta manera, se criminaliza la resistencia cívica a través de manipulaciones de uno de los temas con mayor carga emotiva en la esfera pública.

Una retórica similar es la que usa el portal Vaseljenska en el artículo “Los bloqueadores intentan declarar a Serbia como una nación genocida: Elecciones y luego un gobierno que reconozca el genocidio en Srebrenica”. Estas acusaciones no figuran en ninguna de los pedidos oficiales de los organizadores, pero su función es clara: desacreditar las protestas al vincularlas con supuestos planes de “traicionar los intereses nacionales”. Así, el Gobierno construye una narrativa en el que los estudiantes no son solo vándalos, son también agentes de peligrosos proyectos ideológicos y políticos.

Narrativa vs hechos objetivos

A largo plazo, estas prácticas han llevado a que se consoliden patrones autoritarios de gobernanza. Cuando toda crítica a los representantes del régimen es tildada como “traición” o “terrorismo”, el espacio para diálogo democrático desaparece. Esto no solo deslegitima las protestas, perjudica los valores fundamentales en los que se basan las sociedades democráticas modernas.

Este análisis de la narrativa de los medios en torno a las protestas de Vidovdan demuestra que los medios a favor del Gobierno actúan como un aparato propagandístico cuya función principal es preservar el poder político, y no informar al publico. Al difundir una percepción distorsionada de resistencia cívica, construir escenarios violentos e inventar enemigos extranjeros, las autoridades logran deslegitimar las demandas sociales válidas y justifican las medidas represivas. Tales estrategias pueden estabilizar un régimen a corto plazo, pero a largo plazo, corroe las bases de la democracia y lleva a nuevas crisis políticas y sociales.