Los buques de combate litorales de la variante Independence USS Tulsa (LCS 16), a la derecha; USS Manchester (LCS 14), en el centro; y USS Independence (LCS 2), a la izquierda; navegan en formación en el océano Pacífico el 27 de febrero de 2019. Según se informa, los LCS son uno de los cuatro tipos de buques de combate enviados a la zona del Caribe. Foto de la Flota del Pacífico de Estados Unidos en Flickr (CC BY-NC 2.0).

En el extremo sur de Trinidad, la aldea de Icacos está a menos de 15 kilómetros (9.3 millas) de Venezuela. En un día claro, se pueden ver las no muy lejanas costas del país sudamericano. Durante décadas, las aguas entre estos países han llevado los ritmos comunes y corrientes de pesca y comercio a pequeña escala. Sin embargo, ahora bajan y fluyen a lo largo de una línea geopolítica fallida que amenaza el sustento local y la seguridad comunitaria.

En los últimos meses, el Gobierno de Estados Unidos ha aumentado los despliegues militares en el sur del Caribe, que incluye buques de guerra y aeronaves de operaciones especiales en aguas cercanas a Venezuela. Por su parte, el Gobierno de of Venezuela ha advertido que los Estados vecinos, como Trinidad y Tobago, se han convertido en blancos si se percibe que su soberanía se ha afectado. Para las comunidades fronterizas de Trinidad, este no es un problema abstracto de políticas extranjeras; tiene consecuencias muy reales para la seguridad ciudades, gobernanza local y desarrollo.

Aumenta la presión de seguridad en las comunidades costeras

Los pescadores en aldeas como Icacos y Cedros dicen ahora que evitan terrenos de pesca más grandes lejos de la costa. “Estados Unidos ha llegado y el Ejército venezolano dice que están más presentes, así que hay que tener cuidado. En cualquier momento, podrían sacarte de ahí”, dijo un pescador a Associated Press. Su decisión refleja un temor de ser capturado en el punto de mira. Cuando aumentan las patrullas, los buques y la vigilancia, los pequeños pescadores pierden el acceso a sus zonas tradicionales; su pesca se reduce, y sus ingresos se reducen. El resultado es una amenaza directa los medios de vida, que a su vez mina la resiliencia local y aumenta la vulnerabilidad a la delincuencia, tensión social e inestabilidad.

Trinidad y Tobago alberga las mayores concentraciones por cabeza de migrantes venezolanos en el Caribe, muchos de los cuales han llegado por mar en precarias condiciones. El aumento de la actividad militar en la costa plantea el riesgo de identificación errónea en el mar, sobre todo en zonas marítimas donde se entremezclan actividades civiles e ilícitas.

El contrabando de armas, drogas y combustible en las aguas del sur del Caribe ha sido un problema para las fuerzas de seguridad locales: el sur de Trinidad está muy involucrado en redes informales, en parte debido a su cercanía geográfica a Venezuela. Los pescadores locales, por ejemplo, pueden verse operando en zonas que también usan los contrabandistas, lo que los hace vulnerables a operaciones de fuerzas de seguridad extranjeras. Aunque estas operaciones apuntan a redes delincuenciales transnacionales, en un ambiente militarizado, la línea entre civiles y sospechosos puede difuminarse, lo que crea tensión, confusión y temor entre trabajadores costeros legítimos, pues la posibilidad de quedar atrapados en acciones de ejecución pasan a ser una preocupación diaria.

Vínculo entre desarrollo y seguridad ciudadana

La intersección entre el aumento de la tensión en materia de seguridad y el bienestar local es especialmente grave en las pequeñas comunidades costeras. Cuando las comunidades de la frontera enfrentan el cambio de sus medios de vida y el aumento de los riesgos, ya sea por reducción de las capturas pesqueras o por flujos migratorios precarios, el tejido social comienza a desgastarse. En toda la región, las zonas fronterizas y costeras han tenido dificultades por intensificación de las tensiones en materia de seguridad a nivel mundial y regional.

A lo largo de la frontera entre República Dominicana y Haití, por ejemplo, la construcción de una valla militarizada en 2022 y el despliegue de fuerzas de seguridad adicionales interrumpieron antiguas redes comerciales informales y debilitaron la cohesión social entre quienes viven en la frontera. Del mismo modo, en recientes cartas abiertas de la sociedad civil regional al actual presidente de la CARICOM, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, se veía que el aumento de la actividad militar extranjera en el mar Caribe corría el riesgo de socavar los medios de vida que dependían del libre acceso marítimo, en particular los de los pescadores artesanales.

Más allá de estas presiones geopolíticas, la titularización también ha afectado a las economías locales con medidas de aplicación internas. En la reserva marina de Soufriere/Scotts Head, en Dominica, por ejemplo, el aumento de la vigilancia y el endurecimiento de los requisitos para obtener licencias en la zona protegida, inicialmente destinados a la conservación del ambiente, alteraron el acceso tradicional a la pesca y generaron tensiones entre las comunidades costeras y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

También se han observado patrones similares a nivel internacional. En Sudáfrica, los pescadores artesanales de la ciudad portuaria de Durban quedaron excluidos del acceso al puerto por la seguridad de las zonas marítimas, lo que afectó sus medios de vida y la cohesión social. Del mismo modo, las comunidades situadas a lo largo de la frontera entre India y Pakistán y entre Pakistán y Afganistán han tenido do restricciones de movimiento, presiones de contrabando y un debilitamiento del capital social local como consecuencia de la militarización prolongada y la limitada inversión estatal.

El hecho es que las escuelas, los servicios de salud y las estructuras de Gobierno local no están diseñadas para enfrentar aumentos repentinos de tensión relacionados con dinámicas militarizadas. El término «seguridad ciudadana» se refiere aquí a la condición de estar libre de amenaza de violencia o despojo, vinculada a dimensiones objetivas y subjetivas de seguridad. Aplicado a este contexto y a la vida cotidiana, se centra en la capacidad de vivir, trabajar y moverse libremente, sin temor a verse involucrado en conflictos externos o a ser objeto de operaciones de seguridad injustas. Por lo tanto, cuanto más se prolongan las tensiones, más difícil resulta mantener la sensación de seguridad cotidiana, que es esencial para el desarrollo y la confianza ciudadana.

Para el Gobierno de Trinidad y Tobago, la dificultad es particularmente espinosa. Por un lado, el Estado apoya fortalecer medidas de control fronterizo y cooperación internacional. Por otro lado, reconoce que la república insular no busca involucrarse directamente en un enfrentamiento militar entre Estados Unidos y Venezuela, aunque el riesgo de verse arrastrada es real.

A nivel regional, la Comunidad del Caribe (CARICOM) ha hecho repetidos llamados para que el Caribe siga siendo una zona de paz. En la práctica, esto significa que Trinidad y Tobago debe enfrentar un doble imperativo: garantizar la seguridad de los ciudadanos locales y la resiliencia del desarrollo, y mantener su soberanía y evitar convertirse en un peón en la contienda entre las grandes potencias.

La presión sobre las comunidades locales suele dejarse de lado en la diplomacia de alto nivel. Mientras los líderes gubernamentales participan en conversaciones formales sobre seguridad regional, las realidades cotidianas que enfrentan quienes viven en lugares como Icacos y Cedros rara vez se mencionan en las conversaciones. Ya sean pescadores que pierden el acceso a las aguas de las que han dependido durante generaciones o de familias que no saben cómo les afectarán las repercusiones de las acciones, los costos sociales son tangibles y, sin la atención específica de los responsables políticos, estas poblaciones corren el riesgo de quedar invisibles en un discurso de seguridad del que no han elegido formar parte.

¿Qué puede fortalecer la resiliencia?

Con el aumento de las tensiones en las aguas de la costa sur de Trinidad, la resiliencia de las comunidades fronterizas no puede dejarse únicamente en manos de la planificación a largo plazo. Se necesitan medidas inmediatas y coordinadas para reducir los riesgos y reforzar la seguridad pública ante la incertidumbre.

Una medida práctica sería establecer medidas de respuesta rápida en las zonas costeras de alto riesgo, especialmente en donde la actividad civil se solapa con el aumento de las operaciones de seguridad. Los mecanismos de seguridad locales podrían colaborar para definir corredores de pesca seguros, distribuir directrices claras a los operadores de embarcaciones e implementar controles móviles para reducir la posibilidad de identificaciones erróneas en el mar. Fortalecer la comunicación en tiempo real entre las autoridades y los lugareños también puede ayudar a limitar el miedo, la desinformación y la percepción de que las comunidades se ven obligadas a gestionar la situación por su cuenta.

A nivel regional, aunque la alineación diplomática formal puede ser limitada, los Estados del Caribe pueden seguir colaborando de manera discreta y pragmática en torno a cuestiones de seguridad comunes. Esto podría incluir protocolos de seguridad marítima, intercambio de información de inteligencia y planes de contingencia para proteger la vida de la población civil en caso de que la situación de seguridad se deteriore aún más.

En esta etapa, la colaboración entre bastidores puede ser más factible que las declaraciones públicas, pero sigue siendo una señal de que la región reconoce lo que está en riesgo para las pequeñas comunidades expuestas cercanas a las líneas divisorias de los conflictos externos. Al dar prioridad a las intervenciones prácticas y centradas en los ciudadanos, en lugar de esperar a que se alcancen resoluciones diplomáticas, los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) pueden contribuir a garantizar que las poblaciones locales no queden en una situación de vulnerabilidad en medio de las crecientes tensiones geopolíticas.

Mantenerse firmes en casa

Para la población del sur de Trinidad, las tensiones militares entre dos poderosos vecinos no son un problema internacional lejano. A medida que la situación avanza en aguas que antes sustentaban los medios de vida y daban estabilidad, el reto ahora es garantizar que, al atender las preocupaciones generales en materia de seguridad, la región no pase por alto a las comunidades que corren mayor riesgo.

Como bien saben todos los territorios de los pequeños Estados insulares en desarrollo, el desarrollo y la seguridad son inseparables; salvaguardar uno depende de proteger el otro. A medida que cambian las condiciones, también debe cambiar la respuesta, prestar atención y urgencia a las realidades sobre el terreno. Solo así comunidades como Icacos, Cedros y sus vecinas podrán mantener su estabilidad frente a las tormentas que se avecinan en alta mar.