Imagen por Mariam Nikuradze/OC Media. Usada con autorización.

El 4 de octubre, Georgia celebró elecciones municipales en un clima de creciente tensión política. En las protestas organizadas por la oposición el día de la votación hubo una fuerte intervención policial, decenas de detenidos luego de una investigación iniciada por el Ministerio del Interior georgiano.

El partido gobernante Sueño Georgiano aseguró haber obtenido una victoria aplastante –tanto proporcionalmente como en las carreras por las alcaldías– en los 64 municipios. La participación electoral oficial rondó el 40.9%; en la capital Tiblisi fue solo del 31%, un mínimo histórico. Según el análisis del Centro para el Análisis de Políticas Europeas (CEPA), institución sin fines de lucro, no partidista, de política pública: “De cada casi un millón de votantes registrados, el candidato del partido oficial recibió alrededor de 250,000”. En elecciones locales anteriores de 2021, la participación electoral fue del 39%.

El contexto socio-político

La elección municipal tuvo lugar en un año de protestas que comenzaron en respuesta al anuncio del Gobierno de retrasar la integración con la Unión Europea. En 2024 hubo una reñida elección parlamentaria, que la oposición del país y observadores internacionales independientes describieron como viciada. A pesar de las protestas en curso, el partido gobernante no ha cedido y aumentó la presión sobre los ciudadanos y demás miembros de la sociedad civil independiente. Los arrestos y condenas a prisión han continuado, aunque el Gobierno enfrenta una creciente observación por el retroceso democrático de Georgia durante el último año.

Antes de las elecciones locales del 4 de octubre, grupos opositores y de derechos humanos habían expresado su preocupación de que los  cambios en las leyes electorales —que incluyen eliminar umbrales que requerían segundas vueltas, aumentar escaños mayoritarios y redefinir límites municipales y asignación de escaños— favorecían al oficialismo. Esto ha sido acompañado por un año de represión contra el desacuerdo y la sociedad civil, incluido el encarcelamiento de figuras opositoras, creciente presión contra las ONG y restricciones a medios locales independientes. En conjunto, todo ha inclinado el campo de juego a favor del Gobierno.

Como resultado, ocho grandes partidos opositores —Plaza de la Libertad, Georgia Europea, Movimiento Nacional Unido, Estrategia Agmashenebeli, Girchi–Más Libertad y otros— anunciaron que iban a boicotear las elecciones municipales, y dijeron que participar equivaldría a legitimar lo que califican de régimen ilegítimo. Solo dos actores de la oposición (la alianza Lelo-Strong Georgia y el partido
Por Georgia del ex primer ministro Giorgi Gakharia) se presentaron con un candidato conjunto.

La Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa y su Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (OSCE/ODIHR) se negaron a enviar una misión de observadores porque la invitación llegó con muy poca anticipación, lo que socavó aún más la confianza en la supervisión. Otras misiones internacionales de observación y destacados observadores electorales locales, como la Sociedad Internacional para Elecciones Justas y la Democracia, la Asociación Georgiana de Jóvenes Abogados y Transparencia Internacional tampoco enviaron misiones en razón de un ambiente represivo y la imposibilidad de que las elecciones fueran justas y libres.

Protestas, enfrentamientos y represión

El día de la votación, grandes manifestaciones en Tiflis se encontraron con fuerte intervención policial. Los organizadores de las protestas describieron las manifestaciones como una “revolución pacífica”, pero la municipalidad negó la autorización a la mayoría de los lugares solicitados y autorizó una de cada cuatro zonas con la condición de que los caminos debían permanecer abiertos para no obstruir el acceso a los centros de votación.

Los manifestantes finalmente irrumpieron por las puertas de la residencia presidencial; la Policía respondió con gas pimienta, cañones de agua y gas lacrimógeno. Según cifras oficiales, 21 agentes de seguridad y seis manifestantes resultaron heridos.

En un tuit, al menos un parlamentario describió a los manifestantes como una “turba violenta” y “oposición radical”. El Ministerio del Interior luego recomendó que se había iniciado una investigación por cuatro cargos: intento de derrocamiento del orden constitucional, violencia grupal, toma o bloqueo de una instalación estratégica y daño o destrucción de propiedad. Entre los 36 arrestados a inicios de octubre, hay figuras opositoras y decenas de manifestantes.

Reacción nacional e internacional

El 7 de octubre, el Parlamento Europeo emitió una declaración conjunta sobre los resultados electorales en Georgia, describió el ambiente electoral como “restrictivo”, expresó preocupación por la respuesta violenta de la Policía a las protestas y pidió al Gobierno “detener su ataque a la democracia y respetar los derechos fundamentales de libertad de reunión y de expresión”.

En una declaración el 7 de octubre, la directora de la OSCE/ODIHR, Maria Telalian, pidió a las autoridades que respetaran los derechos de los ciudadanos a la reunión pacífica. “Siguen deteniendo, condenando y multando a los manifestantes pacíficos de Georgia por ejercer sus derechos. Las autoridades tienen obligación de implementar sus compromisos con la OSCE sobre derechos humanos y obligaciones internacionales, incluido el respeto del derecho a la reunión pacífica”, dijo. “Me gustaría instar una vez más a las autoridades georgianas a garantizar que no se ataque a la sociedad civil ni los defensores de los derechos humanos, y que sus voces se escuchen, ya que su trabajo es crucial para fomentar una sociedad democrática vibrante”.

La alta representante de la Unión Europea. Kaja Kallas, y la comisaria de Ampliación, Marta Kos, emitieron una declaración conjunta que instaba a Georgia a mantener la libertad de reunión y de expresión. “Meses de ataques a los medios independientes, aprobación de leyes contra la sociedad civil, encarcelamiento de oponentes y activistas o reformas al código electoral que favorecen al partido gobernante redujeron drásticamente la posibilidad de tener elecciones competitivas”, explicaron y añadieron que “gran parte de la oposición boicoteó estas elecciones y la participación fue relativamente baja”.

Varias otras respuestas Internacionales fueron similares al sentir de los funcionarios de la Unión Europea, y responsabilizaron al actual gobierno de unas elecciones que dijeron que no cumplieron las normas electorales democráticas, que no tuvieron transparencia ni voto justo. Mientras tanto, el primer ministro, Irakli Kobakhidze, sostuvo que la protesta fue un intento de derrocar el orden democrático y acusó a la Unión Europea de injerencia extranjera.

¿Muy poco, muy tarde?

Para algunos observadores, la condena occidental no es suficiente. Según Laura Thornton, directora de los programas de democracia global en el Instituto McCain, los actores occidentales deben asumir la responsabilidad por no haber hecho lo suficiente antes de lo ocurrido el 4 de octubre. Sugirió que la Unión Europea y Estados Unidos no aprobaron normas legales que podrían haberse utilizado para sancionar financieramente y debilitar al partido gobernante, pero sostuvo que aún había una posibilidad de “aislar económicamente al régimen georgiano”.

A pesar de que Sueño Georgiano proclamó una victoria aplastante en estas elecciones, Hans Gutbrod, profesor de Políticas Públicas y observador de Georgia, sugirió en un análisis que el partido puede no ser tan fuerte como parece: “Al final, se trata de esto. El dominio de Sueño Georgiano en las instituciones oculta que no es tan fuerte. En todo el mundo, quienes hoy son descritos como populistas posliberales tienen agravios verdaderos, desde inmigración a humillación histórica (Trianon, Sèvres, “potencia regional”, etc.). ¿Sueño Georgiano? Tiene que inventar enemigos completamente imaginarios”, escribió Gutbrod.

Las elecciones municipales de 2025 subrayaron la creciente polarización política y tensión institucional en Georgia. A pesar de que el partido gobernante obtuvo victorias en todas las municipalidades, la combinación de una baja participación histórica, boicots de la oposición y la ausencia de misiones importantes de observadores ha planteado cuestionamiento sobre la credibilidad general de la votación. Las protestas y la respuesta policial resultante destacaron aún más el tenso ambiente de estas elecciones.

Mientras Georgia enfrenta el escrutinio sobre su trayectoria democrática y relaciones con sus socios occidentales, es probable que el resultado de las elecciones moldee el panorama político interno del país y el futuro de su vinculación con la Unión Europea y la comunidad internacional.