«Promesas de acción COP30″; foto de UN Climate Change – Kamran Guliyev en Flickr (CC BY-NC-SA 2.0).

La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP 30, se celebra en Belém, Brasil, entre el 10 al 21 de noviembre. Esta conferencia da continuidad a los debates mundiales sobre la crisis climática. El Caribe, formado por pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), se ha pronunciado abiertamente sobre la justicia climática, en particular en lo que respecta a la agenda de pérdidas y daños. A medida que se acercaba la conferencia, el Caribe iba adoptando una postura de espera ante los debates.

Las reuniones de la Conferencia de las Partes (COP) comenzaron a celebrarse anualmente en respuesta a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el tratado internacional de 1992 que precedió al Acuerdo de París de 2015 y su misión de «limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales» o, como se conoce en el Caribe, «1,5 para seguir con vida«.

Las naciones de la región se muestran cada vez más escépticas ante la alteración ambiental que provocan estas reuniones de la COP, cuyos resultados tangibles parecen escasos. Tras los continuos y desproporcionados efectos climáticos que están sufriendo los pequeños Estados insulares en desarrollo —que son los que menos contribuyen a las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI)—, e incluso con las promesas de la COP 28 sobre pérdidas y daños, la realidad sigue siendo que la debilidad de los marcos normativos deja importantes brechas entre las promesas de apoyo y las acciones reales.

Es una realidad que bien podría haber llevado al Gobierno de Jamaica a contratar un bono catastrófico de 150 millones de dólares como parte de lo que el Banco Mundial denomina la «estrategia bien desarrollada de financiación del riesgo de desastres» de la isla.

A raíz del huracán Melissa, AccuWeather estima que la región sufrirá daños por valor de entre 48,000 y 52,000 millones de dólares. Su fórmula tiene en cuenta mucho más que las pérdidas aseguradas, incluidas las pérdidas a largo plazo para el sector turístico, las interrupciones en la actividad empresarial y agrícola, así como los costosos daños en la infraestructura, la evacuación y los gastos de limpieza.

Para naciones insulares como Jamaica, Cuba, Haití, República Dominicana, Bahamas y Bermudas, afectadas por la tormenta, el trauma no se limita a los momentos de espera hasta que llega la tormenta, sin saber lo que traerá. Ni siquiera se trata de capearla en la incertidumbre. Los daños persistentes se producen después de que la tempestad pasó y se comprueba el alcance de las pérdidas: personas muertas, hogares destruidos, medios de vida reducidos a la nada.

Según Theresa Rodríguez-Moodie, directora ejecutiva del Jamaica Environment Trust (JET), Jamaica se vio «sacudida» por la intensidad del huracán, y declaró a Al Jazeera en una entrevista televisiva: «Desgraciadamente, estas tormentas se están convirtiendo en la norma, y la crisis climática las está alimentando».

Cuando se le preguntó qué opinaba sobre el hecho de que los organizadores de la COP30 dijeran que no tenían previsto presentar ninguna medida nueva en la conferencia de Belém, Rodríguez-Moodie respondió: «Lo que necesitamos ahora es un cambio radical. Necesitamos compromisos. Necesitamos financiación para la adaptación. Necesitamos dinero para pérdidas y daños […] ahora no es momento de hacer una pausa».

Continuó explicando que las estimaciones preliminares de los daños ascienden a entre 6000 y 7000 millones de dólares solo para Jamaica. «No podemos permitirnos seguir pagando facturas tan elevadas año tras año», prosiguió Rodríguez-Moodie, «y dejar que los grandes contaminadores salgan impunes».

Muchos de los grandes emisores de gases de efecto invernadero ni siquiera asisten a la conferencia COP30, con la notable ausencia de los líderes de Estados Unidos, China, India y Rusia, pero Rodríguez-Moodie no se mostró en absoluto preocupada: «Aún cuando estaban en la mesa, realmente no avanzamos mucho, pero lo cierto es que no podemos permitir que estos grandes emisores reclamen el liderazgo mientras abandonan sus responsabilidades, porque sus ganancias se construyeron sobre nuestro dolor».

Argumentó que la ausencia de los cuatro grandes en la COP30 «no es neutralidad, es realmente cobardía». Lo que piden los PEID, explicó, no es caridad: «Lo que exigimos es responsabilidad, y no estamos esperando permiso para sobrevivir […] estamos pidiendo que estos grandes contaminadores paguen lo que deben [y] desmantelen los sistemas que los han enriquecido y nos han dejado vulnerables».

La región «no puede seguir esperando sin hacer nada», añadió, «sino que debe encontrar formas creativas de desarrollar su resiliencia y financiar la recuperación de sus pérdidas y daños».