Protesta organizada por trabajadoras domésticas de Hong Kong en 2017. Imagen: Acción Socialista a través de HKFP.

La artículo se publicó originalmente escribió en chino y se publicó en inmediahk.net el 9 de octubre de 2025. Global Voices publica esta versión en inglés en el marco de la asociación con inmediahk.net.

A fines de septiembre, el Gobierno de Hong Kong emitió un comunicado para expresar su fuerte oposición a la clasificación del Departamento de Estado de Estados Unidos, en la que Hong Kong figura en el nivel 2 del informe de 2025 sobre trata de personas. La ciudad sostiene que esa clasificación es injusta, que no tiene sustento y que su único propósito es manchar la reputación de Hong Kong.

En las últimas décadas, siempre hubo controversias sobre la existencia de problemas con la trata de personas Hong Kong. En 2015, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señaló al Aeropuerto Internacional de Hong Kong como punto de tránsito para la trata de personas. Esto surge a raíz de que, en virtud de las políticas de cooperación económica y comercial de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, muchas veces, las empresas obreras chinas usan a Hong Kong para exportar mano de obra. Cuando los trabajadores descubren que las condiciones laborales no coinciden con lo acordado o que existe explotación, abuso o incluso que están obligados a trabajar sin remuneración económica, buscan ayuda en los países donde están y automáticamente son considerados víctimas de la trata de personas.

No integra el Protocolo Palermo

Desde 2017, Estados Unidos incluyó a Hong Kong en su lista de lugares con problemas de trata de personas. Una de las razones fue que la ciudad se negó a firmar el protocolo para prevenir, suprimir y castigar la trata de personas, especialmente en mujeres y niños (el Protocolo Palermo). Este es un documento que reemplazó la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobada en 2000.

El Protocolo define así la trata de personas:

The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.

La captación, transporte, traslado, recepción o alojamiento de personas por medio de amenazas, uso de fuerza u otra forma de extorción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de situación de vulnerabilidad; o bien a través del pago o recepción de dinero o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga el control sobre otra para su explotación. La explotación incluye, como mínimo, la prostitución de otras personas u otras formas de explotación sexual, fuerza de trabajo o servicio, esclavitud u otras prácticas similares, servidumbre o extracción de órganos.

Por otro lado, también obliga a los signatarios a evitar la trata de personas con educación, publicidad, transformación de la injusticia institucional y cultura social. Asimismo, se debe proteger a las víctimas de la persecución y cooperar con las organizaciones no gubernamentales (ONG) para dar servicios de apoyo a las víctimas, en forma de hospedaje, asesoramiento legal, educación o acompañamiento psicológico. De igual modo, es necesario reforzar las investigaciones, las persecuciones y sanciones a todas las formas de explotación, en especial las que incluyen niños y mujeres.

Para noviembre de 2022, ya eran 180 los países que habían firmado el Protocolo, incluso China que se unió en 2010. Como la economía de Macao depende básicamente de casinos, la trata de personas impulsada por deudas es muy común. Por lo tanto, en 2007, el Gobierno de Macao estableció el «Comité de medidas disuasivas para evitar la trata de personas» y en 2008, promulgó legislación contra la trata. Cuando el Gobierno chino firmó el Protocolo, inmediatamente entró en vigencia en Macao, pero no es Hong Kong, aunque ambas están designadas como regiones administrativas especiales de la República Popular China. Actualmente, Estados Unidos clasifica a China y Macao en nivel 3 por no cumplir con los requerimientos básicos del Protocolo.

En los últimos años, muchos habitantes de Hong Kong han sido atraídos al Sudeste Asiático programas de empleos falsos. Por este motivos, han surgido nuevos pedidos de legislación para combatir la trata de personas. Las autoridades respondieron que, si bien Hong Kong no ha firmado el Protocolo, varias leyes locales ya cubren los delitos de trata de personas de la misma manera como las define el Protocolo.

La página web de la Oficina de Seguridad enumera diversas leyes locales que evitan los delitos relacionadas a la trata de personas que incluye la ordenanza sobre delitos (capítulo 200) que abarca prohibir la trata de personas con fines de prostitución dentro o fuera de Hong Kong; la ordenanza sobre el trasplante de órganos humanos (capítulo 465) que prohíbe comercializar órganos humanos; la ordenanza de inmigración (capítulo 115) que prohíbe organizar el ingreso ilegal de personas y el emplear ilícitamente trabajadores; la ordenanza de prevención de la pornografía infantil (PCPO); la ordenanza de empleo y otras leyes penales que abarcan detención, fraude, secuestro y otros delitos.

Sin embargo, por muchos años, varios expertos legales y trabajadores de ONG declararon que las leyes para proteger a víctimas de la trata de personas de la ciudad son inadecuadas. Por ejemplo, desde 2012, en el contexto de dos procesos judiciales locales, se señaló la falta de herramientas legales de Hong Kong para combatir la fuerza de trabajo y la precaria estructura de asistencia a las víctimas.

Revisiones judiciales sobre trabajos forzosos

El primer caso de revisión judicial fue el de un trabajador doméstico pakistaní, ZN, que llegó a Hong Kong ilegalmente y permaneció entre 2007 y 2010. Su empleador lo obligó a trabajar 15 horas por día, siete días a la semana, sin recibir pago algunos y lo agredía con frecuencia. Se fue de la ciudad en diciembre de 2010, pero volvió en 2012. Denunció en el Departamento de Inmigraciones, la Policía y otras entidades. Finalmente, con la ayuda de una ONG de Hong Kong, presentó un recurso de revisión judicial, con el argumento de que el Gobierno de Hong Kong no había protegido su seguridad personal según las prohibiciones sobre esclavitud establecidas en la Ordenanza sobre la Carta de Derechos de Hong Kong (HKBRO).

En 2016, la Corte Suprema falló a favor de ZN en su demanda por falta de marco legal contra el delito de trata de personas que incluya el trabajo forzoso. En 2018, la Corte de Apelaciones reconoció que el Gobierno no logró investigar en tiempo y forma las condiciones de trabajo forzado que sufría ZN, pero declaró que, en la HKBFO, esclavitud no es lo mismo que trabajo forzado y, por ende, la ley no obliga al Gobierno de Hong Kong a legislar específicamente sobre los delitos de trata de persona. En 2020, la Corte Final de Apelaciones reafirmó lo establecido por la Corte de Apelaciones, pero señaló que el Gobierno sí tiene responsabilidad de dar protección efectiva a las víctimas de trabajo forzado.

Otro caso de revisión judicial fue el de CB, empleada doméstica de Filipinas, que en 2018 sufrió abuso sexual en repetidas ocasiones por parte de su empleador. El hombre fue declarado culpable en el primer juicio y lo sentenciaron a 30 meses de prisión, pero en la apelación fue absuelto. La empleada solicitó la revisión judicial; indicó que sufrió de explotación sexual y que la Policía no manejo el caso de manera apropiada. En 2022, la Corte Suprema falló a favor de la empleada y estableció que la negligencia en las acciones policiales fueron por falta de leyes relevantes en Hong Kong sobre trabajo forzado. En 2024, la Corte Suprema también coincidió en que la Policía no cumplió con sus obligaciones de manera correcta, pero estableció que el problema no estaba vinculado con el marco legal. La corte dictaminó que las leyes de la ciudad se corresponden con el Protocolo de Palermo y que la ciudad tiene medidas políticas pertinentes para evitar los delitos de explotación sexual y de trabajo forzado. En 2025, la Corte Final de Apelaciones mantuvo su postura en que no necesariamente hay una conexión entre la legislación y la prohibición de los delitos por trata de personas.

Ocho víctimas identificadas en 2024

Si bien el informe de trata de personas de Estados Unidos reconoce el esfuerzo que hace el Gobierno de Hong Kong para eliminar este delito, la ciudad sigue sin cubrir las normas internacionales mínimas. El documento establece que a pesar de que se implementaron indicadores para identificar y proteger a las víctimas, de los 11,300 posibles damnificados, solo se identificaron ocho, siete de los cuales vivían en Hong Kong y fueron atraídos a migrar al Sudeste Asiático para hacer trabajo forzado.

Además, Estados Unidos informó de 71 sospechosos que fueron arrestados por delitos relacionadas a la prostitución, pero que no fueron juzgados por causas que se vinculaban con la trata de personas por explotación sexual; lo que hubiera implicado una sentencia más larga de entre diez y catorce años. Sumado a esto, el informe resaltó que, aunque en 2024 la Policía de Hong Kong arrestó 41 empleadores de trabajadores extranjeros por haber agredido o abusado sexualmente de ellos, no hubo una investigación más profunda sobre si estos casos calificaban como trata de personas o no, tampoco se identificaron a estos trabajadores como víctimas ni se les dio la protección correspondiente.

El informe de Estados Unidos también destacó que no hay acompañamiento institucional para los trabajadores domésticos extranjeros que sufrieron explotación y que sufrieron explotación laboral de agencias y trabajadores. A esto se agrega la política de visas de Hong Kong para evitar el «salto de empleo», es decir, que evita que una persona pase de trabajo en trabajo en un corto período, también limita sus opciones y la hace más vulnerables a la explotación. Hay que agregar que, tras la promulgación de la ley de seguridad nacional, muchas ONG se disolvieron por la presión que reciben desde 2020, lo que causó falta de ,medios de asistencia disponibles para las posibles víctimas de trata de personas.

El informe sugiere que, cuando se ajusten las riendas de la prostitución, la Policía de Hong Kong debería conducir las investigaciones hacia el camino de los delitos de trata de personas, identificar como víctimas a quienes son controlados por los traficantes (en especial a los menores de 18 años), darles asistencia y eximirlos de responsabilidades penales para que puedan ayudar a desmantelar las redes de trata. También recomienda que el Gobierno de la ciudad refuerce la publicidad y la educación sobre derechos de los trabajadores extranjeros, que asista a los trabajadores migrantes explotados por agencias o empleadores, y que elimine la política de visado que penaliza el «salto de empleo» que permitiría que un trabajador extranjero elija a su empleador.

El 30 de septiembre, el Gobierno de Hong Kong repudió el informe de Estados Unidos e indicó que no tiene fundamento. Un vocero señaló que la trata de personas nunca fue un gran problema en Hong Kong y que no hay evidencia para decir que los sindicatos criminales usan la ciudad como destino o punto de transito para la trata de personas. También rechazó la sugerencia de Estados Unidos de que el bajo número de víctimas identificadas pone en duda sus criterios y mecanismos de detección.

El vocero también destacó que en 2024 la Policía dirigió 102 redadas relacionadas a la prostitución, con el resultado de 254 arrestos por administrar establecimientos dedicados al rubro o por estar relacionados con ofensas que la Ordenanza considera delitos relacionados con la prostitución. En cuanto a los trabajadores domésticos, estableció que la Ordenanza de empleo brinda protección integral y una asistencia apropiada a los trabajadores domésticos que hayan sufrido abuso o explotación.