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El veredicto emitido en octubre en el caso de Mattia Ahmet Minguzzi, de 15 años — apuñalado mortalmente el 24 de enero de 2005 en Estambul—,  sacudió a todo el país. Dos adolescentes, identificados como B.B. y U.B., fueron condenados a 24 años de prisión cada uno, la pena máxima para menores según la legislación turca, por “matar deliberadamente a un niño”. Otros dos acusados fueron absueltos y liberados.

El juicio, que tuvo intensa presión mediática y social, reavivó el debate sobre la independencia, transparencia y justicia del sistema judicial turco.

Un poder judicial bajo presión: estructura, críticas y política

Los críticos del sistema legal turco destacan los persistentes patrones de politización y la falta de independencia institucional frente al Poder Ejecutivo. La reconocida abogada de derechos humanos Eren Keskin sostiene que “la república nunca ha sido un Estado regido por el imperio de la ley”. Ubica este problema no solo a los primeros años de la república, sino también a la aplicación desigual de leyes históricas—como en las regiones de mayoría kurdas—donde los decretos de emergencia, las leyes antiterroristas y los amplios poderes ejecutivos reemplazaron la clásica separación de poderes.

Estudios académicos respaldan esta visión: una investigación empírica que utilizó métodos de control sintético hallo una “grave ruptura y erosión de la independencia judicial” en Turquía tras las reformas constitucionales y los cambios legales populistas. El panorama resultante muestra instituciones con independencia formal sobre el papel, pero sin autonomía funcional real.

En este contexto, ¿puede considerarse el fallo en el caso Minguzzi como un hecho aislado o como un síntoma de un sistema judicial que opera bajo presión? De cualquier modo, la indignación pública, la exposición mediática y las señales políticas inciden en el terreno donde actúan jueces y fiscales.

Procesamientos políticos y el destino de la justicia opositora

Si el caso Minguzzi ilumina la fragilidad institucional general, los juicios contra destacadas figuras del Partido Republicano del Pueblo (CHP) muestran cómo se utilizan las herramientas legales con fines políticos.

En marzo, el alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu —figura central de la oposición y potencial candidato presidencial—, fue arrestado por cargos de corrupción y soborno, lo que desató protestas masivas que continuaban a inicios de noviembre. El tribunal rechazó los recursos de apelación, lo que genera preocupación sobre el debido proceso.  Mientras tanto, la Fiscalía General de Estambul inició olas de detenciones e investigaciones contra municipios gobernados por la oposición y a la dirigencia de CHP.

Recientemente, la Fiscalía General acusó a İmamoğlu de espionaje. Los nuevos cargos surgieron “luego de que un consultor en ciberseguridad detenido por espionaje aceptara cooperar con los fiscales”. La Policía también arrestó al editor en jefe del canal de televisión TELE1, Merdan Yanardağ, como parte de la misma investigación. Además de İmamoğlu y Yanardağ, el jefe de campaña de İmamoğlu, Necati Özkan, también figura como sospechoso. Desde marzo de 2025, İmamoğlu y Özkan permanecen en prisión preventiva por los cargos de corrupción.

La Fiscalía General afirmó que Yanardağ  intercambió múltiples mensajes con Hüseyin Gün, consultor en ciberseguridad que, tras meses detenido, accedió a colaborar con los fiscales con el argumento de que ambos participaban en “actividades de espionaje” vinculadas con İmamoğlu. El medio progubernamental Daily Sabah publicó que, según la fiscalía, había pruebas que relacionaban a Yanardağ con la red, y que “organizó la parte mediática del proceso electoral a cambio de beneficios que dfo Gün», y que cooperó con inteligencia extranjera para influir en las elecciones municipales de 2019. En su declaración el 26 de octubre, los tres hombres negaron los cargos. El líder del CHP, Özgür Özel, mencionó a Gün durante un discurso frente al tribunal y calificó las acusaciones de espionaje como “fabricadas”.

Los periodistas señalaron que, si las investigaciones contra los municipios controlados por la oposición fueran genuinas, deberían aplicarse igualmente a los exlíderes de municipios que estuvieron bajo el control del partido gobernante.

Derechos en riesgo

Más allá de la política y la justicia penal, el estado de derecho en Turquía tiene dificultades en otros ámbitos: libertad de prensa, derechos de las minorías y cambios legislativos que restringen las protecciones legales. Un ejemplo significativo es el proyecto del undécimo paquete judicial (11. Yargı Paketi), que incluye cláusulas para criminalizar lo que denomina “conducta contraria al sexo biológico y la moral pública” e imponer sanciones por “promover” dicha conducta.

Las organizaciones de derechos humanos advierten que esta medida amenaza a los derechos de las personas LGBTQ+, y también pone en la mira a periodistas que informan sobre estos temas: “Los periodistas que informan sobre cuestiones LGBTQ+, como violaciones de derechos humanos, salud sexual o marchas del Orgullo, corren riesgo de ser procesados por ‘promoción’”.

La diputada Kezban Konukçu, del Partido de la Igualdad y la Democracia de los pueblos (DEM), presentó una solicitud parlamentaria sobre las clausulas anti-LGBTQ+ incluidas en el borrador, y calificó la propuesta como “no una regulación legal, sino el reflejo de un clima político homofóbico, transfóbico y discriminatorio”. Konukçu cuestionó la evaluación del Ministerio de justicia en relación con la incompatibilidad del proyecto con tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Convenio Europeo de Derechos humanos (CEDH), y advirtió que, de aprobarse, esta ley podría fomentar más violencia y exclusión social contra mujeres y personas LGBTQ+, lo que debilitaría el Estado de derecho y los valores democráticos.

Por su parte, la diputada Sevda Karaca, del Partido del Trabajo (EMEP), condenó las reformas propuestas en una conferencia de prensa en Ankara, y las describió como “una ley fascista de dominación que convierte la vida personal en un campo de castigo estatal”. Afirmó que el proyecto refleja la propuesta del partido islamista HÜDA PAR, que apunta abiertamente contra la existencia LGBTQ+: “Esto no se trata solo de personas LGBTQ+. Es un ensayo de violencia contra toda la sociedad. Si esta ley se aprueba, cualquiera que el Gobierno considere ‘inaceptable’ podría ser criminalizado. Un hombre con el cabello largo o una mujer con el cabello corto podría ir a prisión por violar las ‘normas de sexo biológico’. El Estado básicamente está declarando: ‘Cometeremos delitos de odio’″.

Un estado de derecho en el limbo

El artículo de la Constitución establece que “la República de Turquía es un Estado democrático, laico y social regido por el estado de derecho”. Sin embargo, la brecha entre la forma y la práctica se profundiza.

El fallo en el caso Minguzzi muestra a un Poder Judicial sometido a presión visible. Los juicios contra la oposición reflejan que la justicia se politiza. Las reformas legales que afectan a periodistas y minorías evidencian cómo el derecho se transforma en un instrumento para controlar identidades y disidencias, más que para combatir la delincuencia.

Si los acontecimientos de los últimos ocho meses reflejan el estado del derecho en Turquía, su poder judicial parece haberse convertido en un campo de batalla de intereses más que en un pilar de derechos. Si ese campo de batalla derivara en una reforma institucional, un auténtico estado de derecho o una justicia aún más politizada, es la pregunta del momento.