Operadores de Línea Verde en plena labor, reciben llamadas sobre delitos ambientales en República Dominicana. Foto cortesía del Ministerio de Medio Ambiente de República Dominicana, enviada a Raíz Climática, usada con autorización.

Este artículo de Carolina Pichardo y Jesús Gómez apareció originalmente en Raíz Climática el 30 de octubre de 2025. Global Voices reproduce una versión editada con autorización.

Cuando pensamos en la justicia, solemos imaginar tribunales con casos de corrupción, hurto y homicidio, pero poco se toma en cuenta que también se judicializa a quienes talan árboles, contaminan acueductos o comercializan especies en peligro. Según Jhonnatan Manuel Cabrera, responsable de la Oficina de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial de República Dominicana, desde septiembre de 2025, se han llevado a la justicia 118 casos de violación a la ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Aquí es donde entra en acción una red constituida por tres instituciones, estatales y judiciales. Sus funciones, a pesar de ser diferentes, están conectadas por el denominador común de la protección ambiental y se complementan para dar caza a los delitos ambientales. Estos delitos, aunque cada vez más frecuentes, también se están denunciando con mayor frecuencia gracias al aumento de la conciencia ambiental.

¿Qué es un delito ambiental?

Según el artículo 175 de la Ley 64-00 del Ministerio del Medio Ambiente de República Dominicana, quien “quien dañe el sistema nacional de áreas protegidas, corte o destruya árboles en áreas forestales de protección y en zonas frágiles; quien cace, capture o provoque la muerte de especies declaradas en peligro de extinción o protegidas legalmente; quien use explosivos, venenos, trampas u otros instrumentos o artes en contra de las especies; quien vierte sustancias tóxicas y peligrosas en cuerpos de agua, las libere en el aire o las deposite en sitios no autorizados para ello, o en lugares autorizados sin permiso o clandestinamente” comete un delito ambiental.

El Ministerio del Medio Ambiente del país no está luchando solo; este está a cargo de la aplicación Línea Verde, canal principal para que los ciudadanos comuniquen y denuncien actividades ilegales que perjudiquen el ambiente. De igual manera, el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), ente especializado del Ministerio de Defensa, coordina operativos conjuntos con el Ministerio del Medio Ambiente y la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente. Esta alianza permite actuar con legitimidad, rigor jurídico y respaldo institucional.

El magistrado Francisco Contreras Núñez, titular de la Procuraduría de Medio Ambiente; el Servicio Nacional de Protección Ambiental y la Línea Verde coincidieron en que los delitos ambientales más comunes son tala de árboles, contaminación acústica, caza, pesca y tráfico/comercialización de especies en veda y en peligro; la extracción de elementos sin los debidos permisos, principalmente junto a la orilla de un rio, la contaminación de ríos, la combustión de zonas protegidas que suelen provocar incendios forestales, la producción de carbón y la construcción ilegal de infraestructura y el transporte de materiales sin los permisos ambientales correspondientes.

En estos cinco años y medio, entre 2020 hasta septiembre de 2025, como se detalla en la petición firmada por el director de Operaciones de SENPA, Erwin Rommel Vargas González, se registraron 9350 delitos por tala de árboles y 2620 por vertederos improvisados y contaminación de agua. Entre 2023 y a mediados de 2025, el Ministerio del Medio Ambiente confiscó 63,613 unidades de arena no identificada, 16,449 sacos de carbón y 416,087 trozos de madera. Igualmente, en el primer trimestre de 2025, se confiscaron 293 kilos de pez loro, cuya venta está prohibida, además de 18 kilos de otros peces. Fuentes oficiales han confirmado que desde el 22 de septiembre, SENPA ha dirigido por lo menos 165,514 operativos ambientales entre 2020 y a mediados de 2025. . El año más complejo fue 2024, se registró el 22% del total.

En los primeros seis meses de 2025, se realizaron aproximadamente 10,940 patrullajes de seguridad y control, y se confiscaron 1161 vehículos. Los materiales que contenían —madera, carbón, herramientas y los mismo vehículos— fueron entregados a las autoridades correspondientes para evaluación, eliminación legal o reutilización en programas institucionales. A su vez, todo se documentó con transparencia y de acuerdo a la ley. La contaminación acústica también se considera un delito ambiental.

Mientras tanto, Línea Verde indicó que la mayoría de las denuncias ambientales provienen de Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Dajabón, y La Altagracia.

La Participación Ciudadana del Ministerio del Medio Ambiente dijo que en 2023, la principal causa de denuncia ambiental fue la contaminación atmosférica, que sumó 664 casos. En 2024, esto se repitió, con 576 denuncias. Sin embargo, desde el 15 de octubre de 2025, el delito con más denuncias a nivel nacional fue la contaminación por residuos sólidos provenientes de granjas —porcinas, avícolas—, que alcanzaron 308 casos. Línea Verde asocia estos números al crecimiento de actividades agrícolas sin regulación, en especial en zonas rurales donde el ganado existe sin los sistemas de gestión de residuos adecuados.

La expansión de asentamientos agrícolas y urbanos también ejerce presión en los bosques, los lugareños talan para usar las tierras o para obtener leña, y la falta de control sobre las emisiones de fábricas, hornos y pequeñas industrias aumenta el número de denuncias por contaminación atmosférica. De acuerdo a Línea Verde, también existe “una prolongada tendencia en las denuncias por tala ilegal y contaminación atmosférica, esta última asociada principalmente a la acción de centrales eléctricas, chimeneas industriales y fábricas informales, lo que refleja mayor conocimiento público sobre la deforestación y los problemas con la calidad del aire».

¿Qué sucede cuando se entrega una denuncia ambiental?

Línea Verde permite a los ciudadanos denunciar cualquier delito ambiental de forma directa y accesible, e impulsa su participación en la conservación, protección y mejora del ambiente y los recursos naturales. Al conectar a los ciudadanos con el sistema estatal que se encarga de estas actividades ilegales, se refuerza la colaboración para la defensa del patrimonio natural de República Dominicana. Los operadores de la base central de esta aplicación tienen intermediarios en oficinas provinciales en el país, que se encargan de recibir las denuncias en persona, por teléfono, a través de WhatsApp, y desde la página web de Línea Verde y sus redes sociales.

Estos intermediarios coordinan con los técnicos de las provincias, que después deben hacer estudios y dar seguimiento de las denuncias dentro de sus rubros respectivos. Cada denuncia tarda entre 10 a 15 días administrativos en ser procesada, que también es el período para la primera inspección en el lugar. Sin embargo, los períodos varían según el tipo de denuncia y si es que requiere una mayor investigación.

Muchas veces los ciudadanos entregan sus nombres e información de contacto, pero también existe la opción de mantener su denuncia confidencial. La aplicación permite a los usuarios denunciar anónimamente y revisar el proceso con un código único. En situaciones que implican conflictos que afectan al denunciante de manera directa, el Ministerio busca establecer contacto de modo controlado y respetuoso. Una vez confirmada una infracción, se envía un informe con los descubrimientos a la Dirección de Fiscalización como un caso complejo, al que se le aplican las sanciones correspondientes de acuerdo a los reglamentos actuales.

En algunos casos, como la emisión de humo de centrales eléctricas u otras actividades ilegales especificas, se concede un período de reajuste. Una vez terminado el plazo, se hace una nueva inspección para verificar que las medidas indicadas se implementaron dentro del período acordado. Si se cumple, el caso se cierra; si no es así, se aplican las sanciones correspondientes y el proceso termina.

Historias de éxito

El 7 de julio de 2025, organizaciones comunitarias y ciudadanos preocupados denunciaron la presunta destrucción sistemática de nidos de tortugas marinas y especies en peligro, lo que se atribuyó a los operativos del Hotel Sirenis y el Grupo de Empresas Matutes, en la zona turística de ​​Uvero Alto en La Altagracia.

Se dice que el hotel usó maquinaria pesada para recolectar sargazos a orillas de la playa sin la autorización correspondiente de las autoridades ambientales, lo que provocó destrucción de nidos de tortugas marinas, incluida la especie carey, aplastaron los huevos que estaban enterrados. Sus acciones también causaron daños irreversibles al ecosistema costero, afectaron la fauna y dinámicas naturales de la playa, además de que constituyeron un riesgo para el equilibrio ambiental de la costa por la extracción y desplazamiento de arena, lo que agrava la erosión.

Tanto el derecho ambiental como las provisiones técnicas emitidas por el viceministro de Recursos Costeros y Marinos, prohibieron el uso de maquinaria pesada dentro de la zona de pleamar. Además, estipulan que la recolección de sargazos debe hacerse solo con equipos especializados, y con control estricto de horarios, métodos y lugares de intervención en zonas frágiles. Las acciones del hotel se complicaron por la ausencia de un gerente de ambiente acreditado, lo que representó una amenaza directa a la integridad de los ecosistemas costeros y marinos.

Línea Verde sugirió iniciar un proceso de sanción administrativa según la gravedad de los hechos corroborados; terminar con las actividades hasta que se presente un plan de corrección ambiental costero, y —debido al impacto en zonas de gran vulnerabilidad ecológica— que se agoten los debidos procesos para restaura las zonas afectadas, y se entregue el caso al Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos y a la Dirección de Biodiversidad.

En otra ocasión, en el restaurante Pescadería L&R se denunció comercio y posesión de pez loro y caracolas en un período de veda. Una comisión técnica del Departamento de Medio Ambiente asistió al lugar el 3 de septiembre, donde verificaron que estaban vendiendo ambas especies, lo que violaba los decretos 281-23 y 266-25. Se requisaron 12 kilos de pez loro y seis kilos de caracolas, se detuvieron las actividades comerciales y el establecimiento cerró temporalmente. El caso fue derivado a la Procuraduría Especializada para su debido proceso judicial y el informe fue enviado a la dirección legal del ministerio.

Otro incidente ocurrido en febrero de 2025 implicó la contaminación del Río Verde luego de que alguien vertió agua contaminada dentro de este. De acuerdo al informe comunitario, el hombre huyó de la escena tras ser confrontado por lugareños. Durante la inspección, el equipo de técnicos descubrió una granja porcina con un total de 1154 cerdos en engorde sin la presencia de sus madres o verracos, porque su modelo de producción se estableció exclusivamente para el engorde. La empresa estaba en un edificio construido con bloques, cercas de alambre y madera, incluido un techo de zinc. Existía mala higiene a causa de charcos internos y acumulación de desechos.

A pesar de que se encontró un sistema de biodigestión en un área aproximada de ​​290 m², designada a las aguas residuales y el manejo del excremento, se identificaron múltiples señales de inoperancia, como tuberías rotas, perforación en el domo plástico del biodigestor, el mechero de metano apagado y la acumulación de materia sólida en la tubería de salida. El biodigestor estaba recibiendo aguas residuales provenientes solamente del edificio frontal; mientras que el trasero depositaba sus aguas a través de un canal directo con el terreno adyacente, el cual bordea el cause del río.

Esta combinación del mal manejo de las aguas residuales y la manipulación inadecuada de los desechos de los cerdos condujo a condiciones insalubres y arrojo de contaminantes en el río. Lo ocurrido es una violación del artículo 82 de la ley de medio ambiente de República Dominicana, el cual “prohíbe el vertimiento de sustancias o desechos contaminantes en suelos, ríos, lagos, lagunas, arroyos, embalses, el mar y cualquier otro cuerpo o curso de agua”. Para empeorar la situación, la granja no tenía autorización ambiental válida, lo que infringe el artículo 40 del mismo reglamento, que exige una aprobación ambiental previa para actividades con un potencial impacto ecológico.

Las recomendaciones de Línea Verde incluyeron interrupción inmediata del desecho de las aguas residuales de la granja en el Río Verde o cualquier otro cuerpo de agua; aplicación de una sanción administrativa proporcional al daño causado hacia el río, el suelo, y el subsuelo; entrega de un período de 30 días laborales para la completa corrección del sistema de manejo de excremento y tratamiento apropiado de las aguas residuales, y construcción de un sistema de encauce de aguas pluviales para evitar que se mezcle con aguas contaminadas o sin tratar.

Mecanismos utilizados para luchar contra los crímenes ambientales

SENPA, que tiene 305 agentes activos distribuidos a lo largo de 12 regiones operativas, tiene capacitación en leyes ambientales, derechos humanos, técnicas de patrullaje, primeros auxilios, manejo de flora y fauna, uso de tecnologías de vigilancia, escritura de informes y aplicación adecuada de la fuerza.

La misión del SENPA es proteger el ambiente y los recursos naturales de República Dominicana, mediante la vigilancia, prevención y persecución de delitos ambientales, desarrollar operaciones focalizadas, garantizando el cumplimiento de la ley y el bienestar ecológico de la nación. Las investigaciones de delitos ambientales se realizan con patrullaje, denuncias ciudadanas, vigilancia satelital, inteligencia ambiental y operativos conjuntos con otras agencias, que se basan en evidencias técnicas, georreferenciación, y seguimiento legal.

SENPA además dirige operativos para evitar el tráfico de vida silvestre, rescata animales en peligro de extinción, colabora con centros de conservación, supervisa hábitats críticos y apoya campañas de protección de especies emblemáticas como el solenodon y la tortuga carey. Algunos de sus operativos más destacados han desmantelado redes ilegales de tala, tráfico de especies y tomas irregulares de zonas protegidas.

Al aplicar nuevas tecnologías como drones, radios de comunicación y aplicaciones para el supervisión ambiental, los patrullajes se pueden hacer más rápido, con más precisión y eficiencia, pero así como la tecnología puede usarse para el bien, también existen nuevos mecanismos diseñados para ayudar a infringir las leyes ambientales. Por ejemplo, se han utilizado drones para la pesca ilegal y el comercio digital de especies silvestres.

Cuando se captura a un infractor, queda detenido, se le respetan sus derechos fundamentales. Luego queda a disposición del Ministerio Público, que documenta el caso e inicia el proceso judicial. Como cuerpo técnico, SENPA colabora con entrega de evidencia y supervisión del expediente del caso. También opera la Escuela Nacional de Protección Ambiental (ENPA), principalmente para sus miembros, pero que también ofrece capacitaciones especializadas a los integrantes de otras agencias ambientales. Su plan de estudio incluye legislación ambiental, técnicas de patrullaje, manejo de conflictos, educación ecológica y capacitación ambiental.

SENPA también apoya jornadas de reforestación, limpiezas de ríos y playas, educación ambiental en escuelas y campañas de concientización comunitarias, colaborando con el Ministerio del Medio Ambiente en la restauración de ecosistemas deteriorados. En el primer semestre de este año, realizaron 40 jornadas de reforestación en las que se plantaron 54,440 árboles, y participaron 1399 personas. Sus programas de voluntariado y brigadas comunitarias, además de su asociación con organizaciones locales, permiten a los ciudadanos participar en educación ambiental, la reforestación y los supervisión participativas.

Casos judiciales y consecuencias

De acuerdo a la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, entre 2020 y septiembre de 2025 —excepto en 2023, del que no existe información registrada— la jurisdicción dominicana procesó 575 casos por violación a la Ley 64-00 sobre Recursos Ambientales y Naturales. Durante el mismo período, 219 personas fueron condenadas por delitos relacionados a violación de leyes ambientales.

El sitio web de la Procuraduría General describió algunos de estos casos. Por ejemplo, en febrero de 2022, se le cobró dos millones de pesos (31,000 dólares) a Agroforestal Macapi por presuntamente retirar material y causar daños forestales en un sector de San José de Ocoa. Luego de cuatro meses, el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional sentenció a dos personas a un año de prisión suspendida y una fianza de 50,000 pesos (790 dólares) por extraer y transportar arena ilegalmente. Para compensar el daño, los acusados debieron reforestar la cuenca del tío Nizao con cien árboles de distintas especies dentro de 25 días.

Las autoridades también ordenaron el cierre de una granja porcina tras contaminar las aguas del río Cacique en Moca. El gerente recibió un año de suspensión de la pena a cambio de plantar mil árboles y realizar charlas a la comunidad sobre la contaminación ambiental.

Otras medidas incluyen pena suspendida por seis meses para tres hombres por extraer caliche sin permiso ambiental. Los procesados debieron plantar 200 árboles en el valle del río Yaguasa y pagar una fianza de tres salarios mínimos, que sumando un total de 30,000 pesos (475 dólares). Otro hombre tuvo que asistir a 50 charlas en el Ministerio del Medio Ambiente y cumplir 50 horas de servicio comunitario por extraer árido sin autorización.

No todos los casos involucran la extracción o destrucción de árboles. También se han denunciado delitos contra la vida silvestre, como el caso de dos personas en Pedernales que traficaban ocho polluelos de loro, que se considera una especie protegida.

Uno de los casos ambientales más conocidos del país sucedió en octubre de 2024, cuando la Procuraduría Ambiental de la provincia de Espaillat obtuvo una sentencia de un año de pena suspendida y el pago de 25 millones de pesos (396,000 dólares) como compensación al Estado del empresario Andrés Avelino Sarante Castillo y su compañía Endy Agroindustria, a causa de verter desechos sólidos y agua contaminada dentro del río Licey.

Rol de la Agencia de Protección Ambiental

El artículo 165 de la Ley 64-00 sobre Ambiente hace referencia a la creación de la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, derivado de la Procuraduría General, con la autoridad de «ejercer las acciones y representación del interés público, con carácter procesal, en todos aquellos juicios por violación a esta ley y otras disposiciones legales complementarias».

El artículo 165 de la Ley 64-00 sobre Ambiente hace referencia a la creación de la Procuraduría para la Defensa del Ambiente y los Recursos Naturales. Se deriva de la Procuraduría General, y tiene la facultad “de ejercer las acciones y representación del interés público, con carácter procesal, en todos aquellos juicios por violación a esta ley y otras disposiciones legales complementarias”. En una entrevista, el magistrado Contreras Núñez confirmó que la institución está conformada por 35 miembros del Ministerio Público y tiene 20 oficinas a nivel nacional.

La Procuraduría General colabora con múltiples partes interesadas, como la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Academia de Ciencias, a la que se le solicitan informes técnicos. Como explica Contreras Núñez, “En muchos casos, agotamos las soluciones alternas que establece el Código Procesal Dominicano […] En otros casos se concilia; quedando sujetos los imputados a obligaciones técnicas y económicas”. En muchas ocasiones estas incluyen pago y restauración de las zonas afectadas.

En ocasiones, los casos llegan a su fin judicialmente, como el caso contra SAENA Investments por tala irresponsable de mangles en el área costera de ​​Uvero Alto, y el caso contra el proyecto turístico Villa Palmeras, que hizo una construcción dentro de los 60 metros de la línea de pleamar.

Los triunfos de la procuraduría incluyen el procesamiento de las Cuevas del Pomier por extracción ilegal de áridos, y la recuperación del parque nacional Los Haitises y Loma Quita Espuela, que estaban afectados desfavorablemente por operaciones comerciales.

Las sanciones establecidas suelen ser desde seis días hasta tres años de encarcelamiento, mientras que las fianzas pueden abarcar desde el 25% del salario mínimo hasta 10,000 veces el salario mínimo. Otras sanciones pueden incluir incautar materiales, anular permisos y más. Al igual que SENPA y Línea Verde, la Procuraduría General también recibe demandas de comunidades y ciudadanos, en su mayoría a través de redes sociales, por teléfono o canales personales. Contreras Núñez comentó, ““En los casos de denuncias personales los ciudadanos acuden a las diferentes dependencias de esta especializadas y en los casos remotos, igual existe un personal para atenderlas y son remitidas a los miembros del Ministerio Público para iniciar los procesos de investigación”, añadió el magistrado”. Destacó que todas las demandas tiene apoyo de la Procuraduría Pública y del cuerpo militar del país.

Limitaciones del sistema

A pesar de que se ha visto un progreso importante, aún queda espacio para mejorar. Por ejemplo, el encargado de la Agencia de Protección Ambiental destacó la necesidad urgente de recursos financieros y humanos, y sugirió la creación de una fuerza policial ambiental que pueda aplicar medidas preventivas además de trabajar junto a la Procuraduría Pública en los crímenes ambientales.

Tras afirmar que el procesamiento de los delitos ambientales debe continuar fortaleciéndose, presionó a Fiscalía General para crear una unidad técnica conformada por profesionales ambientales expertos — biólogos, agrimensores, químicos, geógrafos, etc. — para preparar informes técnicos sobre casos de delitos ambientales, lo que permite a la Procuraduría Pública llevar los casos a juicio de manera más eficiente.

A su vez, Línea Verde planea fortalecer su servicio multicanal para asegurar la operación sólida, coordinada y resistente de todos sus canales de demanda, además de garantizar máxima accesibilidad y fiabilidad, y establecer tiempos de respuesta ágiles y consistentes.

Naturalmente, la capacitación continua del personal responsable de administrar las demandas mejorará la calidad del servicio, se basará en la ética, la transparencia y el trato respetuoso hacia los usuarios. También hay sugerencias dirigidas a hacer que el sistema de registro y documentación sea más vigoroso para lograr supervisar el avance de cada demanda ambiental y asegurar una respuesta dentro de un máximo de 15 días, mientras se mantiene al demandante informado sobre el estado.

El aumento del conocimiento del público gracias a un incremento de la comunicación y campañas de educación que impulsen la participación ciudadana y el compromiso por la protección ambiental también traería buenos resultados, y es muy probable que resulte en la expansión del uso de Línea Verde como “una herramienta ágil, transparente y eficiente para las demandas ambientales, lo que promueve la participación ciudadana activa y contribuye a la conservación y la restauración del ambiente del país”.