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Este artículo es parte del proyecto «Abundancia de información en el sudeste de Asia» de la Universidad Nacional Australiana. Irma Garnesia es asistente de investigación que trabaja en la parte indonesia. 

En Indonesia, las mujeres periodistas y activistas enfrentan incesantes ataques digitales. Muchas mujeres denuncian acoso de parte de campañas políticas (propagandistas en línea pagados) y de «wibu» (fans obsesionados con el anime) hacia los fanáticos de K-pop y personas con visiones políticas opuestas. Periodistas, editores, activistas, abogados y defensores de los derechos humanos explican que esta violencia se ha desatado en los últimos cinco años y por qué la violencia sigue siendo un problema generalizado.

Bunga (pseudónimo) jamás pensó que su presentación en un festival cultural japonés la convertiría en blanco de ataques. Su charla exploraba cómo los cómics japoneses a menudo muestran a las mujeres de manera degradante y cómo esta representación refleja las normas patriarcales de Japón. Pero luego, su presentación se volvió viral en redes sociales, y los seguidores del anime inundaron sus redes, la acusaron de ser «una feminista radical» que malinterpretó a la cultura japonesa.

Pronto, su información personal se esparció en línea. Su identidad como periodista de revista femenina se hizo pública, sus fotos circulaban y se editaban en grupos de Discord. «Los ataques no solo criticaban mi trabajo», recuerda, «vinieron tras de mí como persona».

El acoso la dejó traumatizada y con miedo a ser reconocida en público. «¿Qué pasa si me apuñalan en el transporte público?», bromea a medias, aunque la ansiedad detrás de sus palabras es real.

La experiencia de Bunga está lejos de ser aislada. Kania, periodista y activista autónoma, enfrenta frecuentemente acoso en línea de campañas políticas o del expresidente de Indonesia Joko Widodo. A Pipit la atacaron en línea tras criticar a la Agencia Nacional de Seguros de Gastos Médicos de Indonesia. Mientras tanto, la verificadora de hechos Nala fue atacada por grupos antivacuna de Indonesia.

Estos casos revelan un patrón de violencia de género digital, en la que la crítica profesional quedó borrada por ataques personales con raíz en la misoginia.

La escala oculta del abuso

Mucha de esta violencia permanece invisible. Una encuesta de 2021 del grupo PR2Media, que involucró a 1256 mujeres periodistas, encontró que el 85,7% había sufrido algún tipo de violencia, y el 70,1% dijo que ocurrió en línea y fuera de línea.

La Red por la Libertad de Expresión del Sudeste Asiático (SAFEnet) ha documentado los tipos de violencia digital que mayormente atacan a mujeres periodistas y activistas. Incluye divulgar información privada, exclusión sexual o de género, vigilancia en línea, manipulación de fotos, ataque cibernético de cuentas, ataques DDoS, en las que los usuarios intencionalmente abruman a un servidor para sacar un sitio web del ciberespacio, y acoso constante en línea.

Estas víctimas describen ataques, y también que sus colegas o editores a menudo las culpaban por ser «demasiado reactivas» o «muy emocionales» en redes sociales. Como dicen, la protección institucional fue mínima.

«Solo me dijeron que me alejara de las redes sociales por un tiempo», dijo Bunga. Sin embargo, el acoso ya se había esparcido a través de cada plataforma que usaba.

Instituciones a la defensiva

A pesar de esto, no es que las instituciones no quieren proteger a sus trabajadores. Ni las organizaciones de medios que premian la igualdad de género son inmunes. Magdalene, publicación en línea dedicada a derechos de la mujer y la diversidad en Indonesia, enfrenta reacciones violentas diarias y, en mayo de 202o, sufrió un ataque DDoS masivo que cerró el sitio web.

De acuerdo con el editor en jefe, Purnama Ayu Rizky, la sala de redacción todavía está preparando protocolos de seguridad para el reportaje en el campo, aunque ya tienen protocolos para la seguridad digital. «Coordinamos con grupos como la Alianza Independiente de Periodistas y el Instituto de Asistencia Jurídica de Prensa si enfrentamos represalias relacionadas con nuestros informes».

Grupos de derechos humanos, como KONTRAS, que se encargan de casos de impunidad y violencia estatal, enfrentan intimidación similar, desde vigilancia digital hasta acoso anónimo. Vebrina Monicha, que trabaja en la División Legal de KONTRAS, explicó que la exposición a tanta presión ha llevado a que parte del personal lo normalice.

Muchas instituciones en Indonesia priorizaron las respuestas reactivas por sobre medidas protectoras a largo plazo, incluso luego de cinco años de ataques digitales constantes. Además, la violencia digital se está normalizando, y la seguridad digital entre los periodistas y activistas a menudo dependen de organizaciones externas como Alianza Independiente de Periodistas, Instituto de Asistencia Jurídica de Prensa o Red por la Libertad de Expresión del Sudeste Asiático.

Estructuras legales fragmentadas

De acuerdo con Siti Aminah Tardi, director ejecutivo del Centro de Recurso Legal de Indonesia y excomisionado de la Comisión Nacional de la Violencia contra la Mujer (Komnas Perempuan), la violencia contra la mujer mezcla cada vez más elementos dentro y fuera de línea. «La pandemia (COVID-19) modificó cómo funciona el abuso», explica. Y continúa: «Tal vez, perpetradores y víctimas jamás se conozcan en persona, sin embargo el daño es profundamente real».

El informe CATAHU de Komnas Perempuan de 2024 registró 330,097 casos de violencia de género contra las mujeres, 14% más que el año anterior. Sin embargo, esta información es probablemente menor a la representación fáctica. «Esta es la punta del iceberg», dijo Bahrul Fuad, el actual comisionado.

Indonesia ha aprobado varias leyes sobre violencia digital y de género, pero se aplican débilmente. El país aprobó la ley contra la violencia sexual en 2022. La ley formalmente reconoce la violencia sexual basada con medios electrónicos, que incluye difundir contenido sexual sin consentimiento y acoso digital. La ley también garantiza los derechos de las víctimas de borrar rastros en línea,  aunque su implementación se ha retrasado.

Mientras tanto la ley de protección de datos personales, cuyo propósito es el de salvaguardar la privacidad, aún no logra tratar a los cuerpos e imágenes de mujeres como información personal. Siti Tardi mencionó que cuando se redactaba la ley, no se conocía ampliamente la violencia digital, como deepfakes, fotos o videos artificiales en los que se superpone a alguien parecido a una persona sobre contenido falso. Aunque la misma Komnas continuó luchando para que los cuerpos de las mujeres sean considerados información personal, no se ha respetado.

La antigua ley de información y transacciones electrónicas sigue siendo problemática porque se dedica a la transmisión de información en vez de proteger a la víctima y la violencia misma. «A menudo, las fuerzas policiales se niegan a usar la ley contra la violencia sexual», explica Siti, y continúa: «¿qué pasa si la distribución fuera consensuada? ¿Pero cómo podemos saber eso una vez que la foto ya está en línea?».

Siti también notó que todavía no existe un mecanismo para eliminar contenido dañino, prometido por el Gobierno hace mucho tiempo. «La característica clave de la violencia en línea es la velocidad», comenta. «Sin una respuesta rápida, las víctimas quedan expuestas».

Plataformas que continúan sin asumir responsabilidades

Como la violencia digital se extiende en línea, las plataformas tecnológicas tienen un rol central, aunque su responsabilidad se mantiene esquiva. De acuerdo con el director ejecutivo de SAFEnet, Nenden S. Arum, las compañías globales de tecnología a menudo «se lavan las manos» con la responsabilidad, y atribuyen la seguridad laboral a grupos de la sociedad civil. Y dice: «los mecanismos de aviso son lentos e ineficientes». Esto es peligroso, ya que el contenido todavía se esparce mientras que moderarlo puede llevar tiempo.

La regulación de la plataforma también se refleja en las políticas globales. Tras la toma de poder de Donald Trump, empresas como Meta y Twitter (ahora X) flexibilizaron las reglas de moderación en nombre de la «libertad de expresión». Nenden debate que este cambio ha intensificado el acoso en línea a nivel mundial.

Para el Sudeste Asiático, el problema es incluso mayor. La plataforma podría no entender totalmente la cultura de la región. Varios grupos de moderadores no logran comprender cómo las mujeres del Sudeste Asiático entienden de manera diferente la vergüenza, el  pudor y la exposición. «Mira, yo uso un pañuelo para la cabeza», dijo Siti Tardi, y agrega: «cuando alguien editó mi imagen sin estar usando el hiyab, lo sentí como estar desnuda».

Yuri Muktia, de la Coalición de Sociedad Civil Contra la Violencia Sexual, describió meses de intentar eliminar información personal difundida en Instagram. Recuerda que «Meta dijo que no había suficiente evidencia». Y continúa: «incluso después de múltiples informes, las publicaciones seguían en línea». KOMPAKS y SAFEnet continúan reuniéndose con plataformas representantes, las persuaden de adoptar rápidamente sistemas de moderación culturalmente conscientes, pero avanza lentamente. Yuri dijo: «las reglas de la plataforma a menudo reflejan con qué seriedad los reguladores nacionales tratan estas situaciones». Y continúa: «si nuestro Gobierno no prioriza la seguridad digital, tampoco lo harán ellos».

La paradoja global de la seguridad

La violencia digital contra mujeres periodistas y activistas no sucede solamente en Indonesia, pero la experiencia del país expone una mayor paradoja global. Mientras que las leyes, organismos de vigilancia y redes de incidencia política se han multiplicado, la arquitectura de los espacios en línea todavía reproduce la misoginia y la impunidad.

A pesar de los nuevos marcos legales como la ley contra la violencia sexual y la ley de protección de datos personales, la implementación no progresa. Los noticieros y ONG, por no tener recursos o la alfabetización digital, confían en el apoyo externo, mientras que las plataformas, donde justamente ocurre la violencia, siguen sin hacerse responsables.

Todavía no hay una regulación en Indonesia que culpabilice explícita y enteramente a las plataformas tecnológicas por la violencia digital (como acosar, divulgar información privada, maltrato en línea por género) de una manera que refleje su responsabilidad de regular el contenido. La ley de información y transacciones electrónicas a menudo se utiliza para castigar a la personas o eliminar contenido dañino. Por ejemplo, un estudio mencionó que «la ausencia de normas legales nacionales que explícitamente regular la responsabilidad de las plataformas también debilitada la protección legal de las víctimas».

En palabras de Siti Tardi: «sin respuesta rápida, las víctimas quedan expuestas». La lucha de Indonesia se asemeja a la de muchos países en vías de desarrollo, en donde se entrecruzan normas patriarcales, instituciones débiles y compañías tecnológicas insensibles.

Luego de cinco años de defensa, informes, e investigaciones, sobrevivientes como Bunga están cansados de esperar por la seguridad en línea. En el espacio digital de Indonesia, el silencio y la falta de acción continúan hablando más fuerte.