Industria contaminante. Imagen original de dominio público de Wikimedia Commons (Creative Commons CC0 1.0).

Este artículo se presentó en el marco de la convocatoria Justicia Climática de Global Voices, que reúne a periodistas de países de habla china y de la mayoría global para investigar los efectos de los proyectos de desarrollo chinos en el extranjero. Más historias aquí.

En todo el sur de Asia, los Gobiernos que enfrentan impactos climáticos extremos, escasez crónica de energía y un endeudamiento público cada vez mayor recurren a la tecnología verde y a la financiación climática para reconstruir sus sistemas energéticos y asegurar un suministro más estable y accesible. La urgencia es evidente. Las inundaciones de Pakistán en 2022 desplazaron a más de 30 millones de personas y causaron daños equivalentes a casi un décimo de su PIB, según cifras oficiales.

En Nepal, los glaciares del Himalaya se derriten a la mayor velocidad registrada, lo que amenaza el suministro de agua de millones de personas, aumenta el riesgo de inundaciones repentinas por desbordes de lagos glaciares, altera los caudales río abajo indispensables para la agricultura y contribuye a deslizamientos más frecuentes en regiones montañosas ya frágiles. Los desbordes de lagos glaciares y las inundaciones repentinas en la zona han destruido varias centrales hidroeléctricas de tamaño mediano y grande que generan una parte considerable de la energía verde del sur de Asia.

Al mismo tiempo, se proyecta que las emisiones anuales de gases de efecto invernadero de Pakistán se triplicarán para 2030 si no se aplican nuevas medidas de mitigación. Sin embargo, aunque estos países busquen financiamiento para enfrentar el impacto climático, las reglas que determinan cómo circula el “dinero verde” se redactan en gran medida en las capitales más ricas, no en Islamabad ni Katmandú.

La financiación climática se ha convertido en un ámbito global de influencia. China, actualmente principal proveedor mundial de paneles solares, baterías e ingeniería hidroeléctrica, ocupa un lugar cada vez más central en esta dinámica. En el sur de Asia, la pregunta no es solo si llegará la financiación climática, sino quién define las condiciones.

Las inundaciones que azotaron Pakistán en agosto y septiembre de 2025 desplazaron a miles de personas. Captura de pantalla de YouTube.

Un mercado construido en el norte y aplicado en el sur

Los países desarrollados tienen una deuda climática con los países en desarrollo, originada en siglos de expansión industrial y emisiones desproporcionadas, en las que Estados Unidos y Europa, y más tarde China, aportaron la gran mayoría de los contaminantes. El marco climático de Naciones Unidas reconoce este desequilibrio y exige que los Estados más ricos brinden apoyo financiero a los países de bajos ingresos. Sin embargo, los mecanismos a través de los cuales circula la financiación climática han generado resultados desiguales.

Mecanismos públicos como el Fondo para el Ambiente Mundial y el Fondo de Adaptación se crearon para apoyar la adaptación y la resiliencia climática. Se introdujeron herramientas para el mercado, como el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto, el comercio de carbono del artículo 6 del Acuerdo de París y el Mercado Voluntario de Carbono (VCM), para atraer financiamiento del sector privado hacia proyectos de mitigación en países en desarrollo. Instrumentos más recientes, como los bonos verdes, el financiamiento mixto y las Alianzas para una Transición Energética Justa, agregan ahora un nivel adicional de complejidad al sistema.

A pesar de esta arquitectura, gran parte del valor financiero vuelve a circular hacia instituciones y empresas de países ricos. Los fondos regresan con frecuencia a los países desarrollados en la forma de intereses, honorarios de consultoría, importación de tecnología o pago de deudas. Mientras tanto, los países en desarrollo enfrentan el impacto climático y asumen los riesgos de ponerlo en práctica.

Laurie Parsons, autor de “Colonialismo del carbono: Cómo los países ricos exportan el colapso climático”, describe esta dinámica como una injusticia estructural integrada en la gobernanza climática global. En lugar de reducir sus propias emisiones o transformar sus sistemas de altas emisiones, los Estados ricos externalizan cada vez más la producción de carbono y el manejo del riesgo ambiental hacia países más pobres. En una entrevista, Parsons explicó que las sociedades que enfrentan peligros climáticos crecientes tienen dos caminos en la práctica: pueden tratar las causas de fondo del daño ambiental reduciendo emisiones, o pueden seguir con los mismos sistemas mientras acumulan los recursos necesarios para protegerse de las consecuencias. Dice que “es evidente que los países más ricos del mundo están eligiendo el segundo camino”.

El Mercado Voluntario de Carbono muestra con claridad este desequilibrio. La mayoría de los proyectos de compensación, como la restauración de manglares, la conservación de bosques y las plantas de conversión de residuos en energía, suelen ubicarse en los países en desarrollo. Sin embargo, los principales registros que certifican y comercializan créditos de carbono tienen su sede en Estados Unidos y Suiza. Redactan la metodología, aprueban los proyectos y cobran tarifas por cada tonelada de carbono verificada. Regulan y obtienen ganancias del mismo sistema.

Además, incluso dentro de estos países en desarrollo, las comunidades indígenas que habitan algunos de los sumideros de carbono más importantes del mundo no están en el centro del planteamiento de los proyectos, y eso puede impactar negativamente, escriben Rastraraj Bhandari y Johan Nylander, que trabajan para implementar instrumentos del mercado de carbono. Sostienen que la conversación debe ser más inclusiva, con aportes de mujeres, jóvenes y grupos marginados y vulnerables, pese a su supuesta falta de conocimiento técnico sobre el tema.

Delta Blue Carbon: ¿una historia de éxito o un espejismo verde?

Imágenes tomadas con dron del parque Delta Blue Carbon. Captura de pantalla de YouTube.

Lanzado en 2015, el Proyecto Delta Blue Carbon, en el delta del río Indo en Pakistán, se ha difundido ampliamente como la mayor iniciativa de restauración de manglares del mundo. Es una alianza entre el Departamento Forestal de Sindh y la empresa privada Indus Delta Capital, y busca restaurar aproximadamente 350,000 hectáreas de manglares durante 60 años. El proyecto genera créditos de carbono a través del mercado voluntario de carbono con el Estándar de Carbón Verificado y se ha promocionado como un modelo de “soluciones naturales”.

Las autoridades pakistaníes presentan el proyecto como un logro nacional, y señalan el aumento de la cobertura forestal y la creación de empleo. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil e investigadores han expresado preocupación sobre transparencia y equidad. Las comunidades locales afirman que tienen poca información sobre cómo se distribuyen los ingresos, y periodistas independientes señalan dificultades para acceder a los contratos del proyecto y a los registros financieros. Los ecólogos también han cuestionado si plantar manglares en monocultivo, con el objetivo principal de maximizar el almacenamiento de carbono, podría debilitar la resiliencia ecológica a largo plazo.

Habitantes dentro del parque Delta Blue Carbon en Pakistán. Captura de pantalla de YouTube.

Estas preocupaciones reflejan patrones más amplios. Un informe de 2024 de la ONG Corporate Accountability determinó que más de 47 millones de créditos de carbono vinculados a proyectos con problemas ambientales o sociales identificados se retiraron ese año en el mercado voluntario. Varias investigaciones independientes sobre proyectos importantes de compensación concluyeron que muchos no logran las reducciones de emisiones que afirman alcanzar. Esas inquietudes reflejan patrones mayores.

El Mercado Voluntario de Carbono ha enfrentado críticas desde hace años por convertir los ecosistemas en mercancía y aplicar una lógica de mercado a la responsabilidad climática. Sin embargo, sus defensores sostienen que, a pesar de sus fallos, sigue siendo uno de los pocos mecanismos que canaliza capital privado de los países desarrollados a países en desarrollo. Sin embargo, ese canal parece cada vez más inestable.

Como señala Chen Zhibin, de la International Carbon Action Partnership, la voluntad política en los países más ricos para financiar acciones climáticas en el extranjero se está debilitando. “Hubo un consenso amplio de que los países desarrollados debían apoyar a los países en desarrollo en la lucha contra el cambio climático”, dijo a Global Voices. “Pero a medida que los Gobiernos de derecha ganan poder, la disposición a invertir en mitigación climática o en asistencia para los países en desarrollo está disminuyendo”.

Pakistán: Dilema de la financiación verde

En 2021, la Autoridad de Desarrollo de Agua y Energía de Pakistán emitió un eurobono verde de 500 millones de dólares para financiar la represa Diamer-Bhasha y la represa Mohmand. Una agencia con sede en el Reino Unido certificó el bono como “Verde Medio”, lo que significa que los proyectos contribuyen a la energía renovable, pero implican riesgos ambientales y sociales. La etiqueta verde ayudó a atraer inversionistas, pero el instrumento raíz sigue siendo un préstamo en moneda extranjera que Pakistán debe reembolsar con intereses.

La construcción la hacen empresas conjuntas entre organismos pakistaníes y grandes compañías estatales chinas de ingeniería. China Power encabeza las obras de la represa Diamer-Bhasha junto con Frontier Works Organization, mientras que China Gezhouba Group construye la represa Mohmand en asociación con Descon Engineering. Estas empresas recibirán la mayor parte de los ingresos por construcción y equipamiento. El presupuesto público de Pakistán absorbe la deuda.

Construcción de la represa Diamer-Bhasha en Pakistán. Imagen de Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

Para las comunidades que viven en los valles donde se construyen las represas, los beneficios han sido limitados. Ambos proyectos requieren que se adquieran muchas tierras y que se reubiquen. Los lugareños señalan que se han perdido huertos, pastizales y accesos estacionales a los ríos que antes sostenían la agricultura y la pesca. Los procesos de compensación han sido irregulares, y las viviendas que se han reubicado describen que las han trasladado a zonas con suelos menos fértiles o menos acceso al agua. Las redes comunitarias se han fragmentado pues las aldeas quedan divididas entre varios lugares de reubicación.

Los cambios ecológicos agravan estas alteraciones. Las modificaciones en los caudales de los ríos y en los patrones de sedimentación pueden afectar la agricultura río abajo y los hábitats de peces. Estos impactos son de largo plazo y no están incluidos en los modelos financieros utilizados para justificar el bono.

La distribución de los resultados es evidente: los inversionistas internacionales reciben intereses, los contratistas chinos obtienen ingresos por la construcción y Pakistán asume la deuda, mientras que las comunidades más cercanas a las represas enfrentan los costos sociales y ambientales.

Una nueva frontera de regulación climática

Pakistán tiene ahora otro desafío: el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la Unión Europea, que exigirá informes de emisiones para exportaciones como el acero y el cemento. Para los productores, cumplir equivale a mantener el acceso a los mercados; no cumplir implica quedar fuera. Como señaló Chen, “no se trata tanto de cambiar a otros, sino de mantener estable el mercado europeo”. El mensaje para las empresas es simple: cumplan las reglas y podrán seguir vendiendo.

La pregunta que ahora enfrenta Pakistán y la región es si la financiación climática puede fortalecer la adaptación y la seguridad energética sin profundizar la dependencia ni reproducir jerarquías ya existentes.