Nigerianos reunidos con banderas durante el día. Foto por Salem Ochidi. Uso libre a través de unsplash.

Esta historia se escribió como parte de la clase maestra sobre Informes de Derechos Digitales de la Fundación Dataphyte con apoyo de Spaces for Change. Se publicó originalmente en Dataphyte.

Lo que comenzó como un video en directo en Facebook contra la violencia policial se convirtió en una pesadilla de vigilancia e intimidación para la enfermera y activista nigeriana Abiodun Olamide Thomas.

El 20 de octubre de 2024, durante la conmemoración de EndSARS en Lagos, Thomas denunció una agresión policial y lanzó críticas contra el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, el inspector general y portavoz de la Policía. Después, la arrestaron.

En una entrevista telefónica contó los acontecimientos que siguieron a su transmisión en vivo, e indicó que un policía no identificado la invitó a acudir al estado de Oyo para responder a una petición. Thomas informó al policía que no podía viajar durante cinco horas y que cualquier petición debía atenderse en Lagos, donde vive.

Poco después, Thomas comenzó a recibir mensajes sospechosos de alguien que se hacía pasar por un colega activista y la invitaba a tomar unas copas. Como el desconocido no pudo confirmar su identidad, Thomas rechazó la invitación. Poco después, la vigilancia pareció volverse física, pues notó que un hombre la seguía de camino al trabajo. Thomas contó:

By the time I got to Oshodi, I met some market women and started shouting that I suspect this person to be a kidnapper. That’s how the person ran back, and I know it was a security operative.

Cuando llegué a Oshodi, me encontré con unas mujeres del mercado y empecé a gritar que sospechaba que esa persona era un secuestrador. Así fue como la persona huyó, y sé que era un agente de seguridad.

Cuando los intentos directos fallaron, la Policía aparentemente comenzó a intimidar a personas relacionadas con ella.

In November 2024, my Facebook friend was arrested. When police could not locate him at the family-owned hotel he managed, they detained his aged mother for hours. Upon turning himself in, his mother was released while he was questioned about my whereabouts, but was released after police determined he did not know her beyond social media.

En noviembre de 2024, arrestaron a mi amigo de Facebook. Cuando la Policía no pudo localizarlo en el hotel familiar que administraba, detuvieron a su anciana madre por horas. Al entregarse, su madre quedó en libertad mientras lo interrogaban sobre mi paradero, pero quedó en libertad después de que la Policía confirmó que él no la conocía más allá de redes sociales.

A pesar de que las detenciones por delegado son ilegales según la legislación nigeriana, Thomas dijo que la Policía intimidó a sus familiares, engañaron a su tío con una falsa oferta de negocios. Al parecer, lo obligaron a llamarla y utilizaron esa información para localizar y detener a Thomas.

La justicia retrasada es una forma de intimidación

La detención de Thomas llevó a una dura experiencia bajo custodia. Inicialmente la detuvieron en Lagos antes de que la trasladaran a Abuya, la capital, donde la entregaron a la unidad de delitos cibernéticos del Departamento de Investigación Criminal de la Policía. Después la trasladaron al Centro de Delitos Cibernéticos de la Policía de Nigeria, donde permaneció varios días y se le exigió que se disculpara por lo que dijo en su video.

Solo tras fuertes críticas de los medios, la Policía la llevó ante el tribunal el 20 de diciembre, donde fue enviada a prisión preventiva en el Centro de Detención de Suleja.

Su solicitud de libertad bajo fianza se retrasó varias veces, lo que la obligó a pasar tres semanas en prisión, incluida la Navidad, su cumpleaños y Año Nuevo, antes de que finalmente se le concediera la libertad bajo fianza en enero.

La ley y su instrumentalización

El caso de Thomas gira en torno a la ley de delitos informáticos (prohibición, prevención, etc.). Desde su aprobación en 2015, grupos de la sociedad civil han expresado su preocupación por el uso indebido del artículo 24 para intimidar a los críticos y reprimir la disidencia en línea. La ley original tipificaba como delito el envío de mensajes considerados «gravemente ofensivos, indecentes, obscenos, amenazantes o falsos con la intención de molestar, insultar o causar ansiedad innecesaria.

En 2022, el Tribunal de Justicia de ECOWAS/CEDEAO dictaminó que el artículo 24 original de la ley de delitos cibernéticos era arbitrario y represivo, lo que llevó al Gobierno de Nigeria a modificar la ley en febrero de 2024. La versión revisada ahora solo penaliza el envío de contenido pornográfico o mensajes falsos a sabiendas con la intención de causar una ruptura del orden público o que supongan una amenaza para la vida.

Aunque la nueva ley es más clara, su implementación sigue siendo un problema.

Como explica Ibrahim Moshood, abogado en Ilorin, en entrevista con Global Voices:

To some reasonable extent, the amendment of the law has addressed the ambiguity and injustice challenged by the ECOWAS court regarding section 24 of the Cybercrime Act. The law has clarified that any pro message sent through an electronic means will not be considered a crime unless it is pornographic in nature. Secondly, unless it is false or it poses a threat to life or breaks the law and order. Those words are straight enough.

En cierta medida, la modificación de la ley ha resuelto la ambigüedad y la injusticia denunciadas por el tribunal de la ECOWAS/CEDEAO en relación con el artículo 24 de la ley sobre delitos cibernéticos. La ley ha aclarado que cualquier mensaje de Pro enviado por medio electrónico no se considerará un delito a menos que sea de naturaleza pornográfica. En segundo lugar, a menos que sea falso o suponga una amenaza para la vida o vulnere el estado de derecho. Estas palabras son lo suficientemente claras.

Moshood agregó:

As a lawyer, I know the issue is that there’s a difference between what’s written in the law and what’s applicable. Well, you may get to court and may be able to argue your case, but sometimes law enforcement agencies don’t follow the law. Even when you go to their station despite knowing your right and you tell them this is what is supposed to be done, and they refuse to do it even when they know what you’re saying is right… Despite the clarity of the law, the law enforcement agency, as the prosecuting authority, can still manage their way if they want to be mischievous.

Como abogado, sé que el problema es que hay una diferencia entre lo que está escrito en la ley y lo que se pone en práctica. Puedes ir al tribunal y defender tu caso, pero a veces las autoridades no cumplen la ley. Incluso cuando acudes a la comisaría a pesar de conocer tus derechos y les dices que esto es lo que se debe hacer, y ellos se niegan a hacerlo aunque saben que lo que dices es correcto… A pesar de la claridad de la ley, la institución del orden público, como autoridad fiscal, puede seguir actuando a su antojo, si quiere actuar con malicia.

Casos de ciudadanos detenidos, como Thomas, demuestran esto: la ley tiene una definición precisa, pero las autoridades siguen encontrando formas de utilizarla para reprimir la libertad de expresión.

Según Moshood, los procesos judiciales por publicaciones en línea suelen ser herramientas de intimidación, no de justicia. Dice que el objetivo es mantener a la persona en prisión durante días y retrasar la fianza, aunque el caso sea débil. Una vez que la persona ha sido suficientemente intimidada, los fiscales retiran los cargos porque su verdadera misión, que es dar ejemplo con esa persona, ya se ha cumplido.

Un patrón de abuso

La pesadilla de Thomas forma parte de un patrón más amplio y restrictivo. Con más de 107 millones de usuarios de internet, plataformas como X, Facebook y WhatsApp se han vuelto esenciales, lo que hace que las críticas a personas poderosas y a las políticas de gobierno sean más difíciles de ignorar. A su vez, las autoridades se apoyan en estas restrictivas leyes para frenar la libertad de expresión en línea.

Chioma Okoli, propietaria de una pequeña empresa, fue detenida y acusada de difamación en virtud de la ley de delitos cibernéticos después de que publicó en Facebook una reseña negativa sobre un producto, en la que afirmaba que un puré de tomate contenía una cantidad de azúcar perjudicial para la salud. Fue detenida cuando estaba con su familia en la iglesia, la encarcelaron y luego dejaron en libertad bajo estrictas condiciones  de fianza. Esto ilustra cómo la ley puede instrumentalizarse incluso contra quejas de los consumidores.

Esta tendencia supone una amenaza significativa para el espacio digital de Nigeria. El país obtuvo una puntuación de 59 sobre 100 en el informe Libertad en la Red 2024 de Freedom House, que lo clasifica como «parcialmente libre». Esto refleja un descenso con respecto a 2023, impulsado por los continuos procesos judiciales y las acciones extralegales contra periodistas en línea, que han llevado a eliminar o retirar artículos críticos.

El impacto sobre la libertad de prensa

De acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas, por lo menos 29 profesionales de los medios han sido perseguidos en virtud de la ley de delitos cibernéticos desde su promulgación. Tras la enmienda, al menos nueve periodistas han sido procesados en virtud de dicha ley, entre ellos Fejiro Oliver, que fue detenido en septiembre y acusado de acoso cibernético al Gobernador de estado de Delta y a un senador por una serie de publicaciones en Facebook.

Sodeeq Atanda, reportero de investigación de la Fundación para el Periodismo de Investigación, estuvo detenido durante 11 horas tras acudir a una cita policial en el estado de Ekiti el 9 de septiembre de 2025 por una denuncia por conspiración, difamación criminal, chantaje, tergiversación maliciosa y ciberacoso.

La Policía presionó a Atanda para que revelara las fuentes de un artículo que escribió en el que denunciaba la conducta sexual inapropiada de Abayomi Fasina, vicerrector de la Universidad Federal de Oye-Ekiti, que presentó la denuncia en su contra, y recordó:

While in custody, the police wanted access to my phone even though the documents I cited as evidence were available online in the report. I believe that it (my detention) is a form of suppression and a way of sending signals to the public, especially whistleblowers, not to speak to journalists. If I had gone there with my phone, I might have been coerced into revealing my sources.

Mientras estaba detenido, la Policía quiso acceder a mi teléfono, a pesar de que los documentos que cité como prueba estaban disponibles en línea en el informe. Creo que (mi detención) es una forma de represión y una manera de enviar señales al público, especialmente a los denunciantes, para que no hablen con los periodistas. Si hubiera ido allí con mi teléfono, podría haberme coaccionado para que revelara mis fuentes.

Desde su creación en 2021, la organización Fundación para el Periodismo de Investigación dice haber sufrido acoso policial constante. Al menos tres de sus reporteros, incluido al fundador, han sido arrestado o detenidos.