Imagen de Arzu Geybullayeva, creada con Canva Pro. La foto del alcalde Ekrem İmamoğlu fue obtenida de una captura de pantalla de un video de campaña publicado en su canal oficial de YouTube.

El 25 de noviembre, un juzgado de Estambul aceptó la acusación formal contra el alcalde de la ciudad, Ekrem İmamoğlu, que lleva en prisión preventiva ocho meses. Con esta decisión, el caso pasa oficialmente a la fase judicial. Su acusación representa el caso de mayor alcance jamás iniciado contra un alcalde en la historia de Estambul.

İmamoğlu fue detenido en marzo de 2025, en un operativo que provocó protestas en todo el país e incluyó el arresto de decenas de personas, incluidos funcionarios municipales y empresarios. Días después de su detención, el principal partido opositor, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), lo proclamó candidato presidencial para las elecciones de 2028.

Desde 2019, cuando se convirtió en alcalde de Estambul, İmamoğlu se consolidó como una de las figuras políticas más relevantes y es ampliamente considerado rival del presidente Recep Tayyip Erdoğan.

La acusación

El 11 de noviembre, la fiscalía solicitó una pena de hasta 2430 años de prisión para el alcalde, acusado de 142 delitos penales. El escrito de acusación, de casi 4000 páginas, lo señala como el “fundador y líder” de una supuesta organización criminal incrustada en la estructura municipal.

Según la fiscalía, los cargos incluyen haber creado y dirigido una organización criminal, múltiples acusaciones de soborno, lavado de dinero, fraude, malversación de fondos, extorsión y manipulación de licitaciones públicas. En su condición de presunto líder de la red, la fiscalía le atribuye responsabilidad por los delitos cometidos por otros miembros de la organización, de modo que numerosas actuaciones imputadas a terceros también lo implican. Además de İmamoğlu, la causa incluye a 402 sospechosos, entre ellos decenas de altos funcionarios municipales y empresarios: 105 permanecen en prisión preventiva, 170 están bajo control judicial, siete tienen órdenes de detención y cinco figuran como denunciantes. El escrito de acusación describe también un indebido presunto uso sistemático de la autoridad municipal y de fondos públicos durante años, que abarca desde adjudicaciones irregulares de contratos hasta flujos financieros ilícitos vinculados a la red.

Rechazo a los cargos

El alcalde rechaza enérgicamente las acusaciones y califica la imputación formal como una recopilación de mentiras, supuestamente construidas bajo coacción. Asimismo, ha instado a las autoridades a transmitir el juicio en directo, y dijo en redes sociales: “Que el público sea testigo de sus mentiras y calumnias. Confíen, por una vez, en la conciencia de la sociedad y en el sentido de justicia del pueblo. Que el pueblo decida: ¿somos nosotros los criminales o lo son quienes llevan a cabo esta investigación ilegal?”.

El opositor CHP, al que pertenece İmamoğlu, rechazó el caso por considerarlo políticamente motivado, y dijo que tanto el momento como el alcance de la acusación buscan marginar a un rival político clave. “Este caso no es legal, es totalmente político. Su objetivo es frenar al CHP, que ganó las últimas elecciones locales, y bloquear a su candidato presidencial”, declaró el líder del partido, Özgür Özel, en X tras el anuncio de la acusación.

Fallo procesal

Según Ömer Faruk Eminağaoğlu, expresidente de la Asociación de Jueces y Fiscales (YARSAV) y juez retirado del Tribunal de Casación, esa acusación, difundida antes de ser enviada y aceptada por la corte, constituyó una violación de las leyes vigentes: “Desde el punto de vista procesal, la confidencialidad se mantiene hasta que la acusación es aceptada o vence el plazo de 15 días para su admisión, momento a partir del cual se considera iniciada la acción penal pública”, explicó.

“No hay ninguna explicación legal para esto”, añadió Eminağaoğlu. “Al anunciar la acusación con la prensa, pese a estar al tanto de los hechos, el fiscal intenta influir en la opinión pública por adelantado. Esto demuestra una violación legal desde el primer momento”. También señaló diversas irregularidades cometidas por el fiscal a cargo Akın Gürlek por anunciar la acusación en una conferencia de prensa.

Implicaciones políticas

La acusación también tiene consecuencias para el opositor CHP. En una entrevista con TurkeyRecap, Seren Selvin Korkmaz, codirector del Instituto İstanPol y becario Mercator-IPC en el Centro de Políticas de Estambul, explicó que, como ocurre en los juicios políticos en Turquía, el “proceso largo y prolongado” hace que el partido y sus líderes se sientan “constantemente en riesgo e inseguros”. Además, señaló: «Esto confina al CHP a una postura defensiva y limita su capacidad para centrarse en formular políticas y definir su agenda política. Como resultado, en lugar de debatir sus propias políticas y propuestas, el partido es percibido como atrapado en un ‘modo de resistencia’, que es precisamente lo que el Gobierno pretende».

A medida que el proceso legal contra İmamoğlu avanza formalmente con la aceptación de la acusación de la corte, la magnitud de la investigación, así como las reacciones de İmamoğlu y del CHP, sientan ahora las bases para la siguiente fase del procedimiento. Mientras tanto, las preocupaciones sobre la exactitud de la acusación siguen sin resolverse y los preparativos para el juicio continúan.