Novo Mesto, Eslovenia. Imagen de Andrej a través de Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

A principios de octubre, los eslovenos quedaron conmocionados por el brutal asesinato de Aleš Šutar, más conocido como Aco, de 48 años, propietario de un pub en la ciudad de Novo Mesto, al suroeste del país. El asesinato tuvo lugar a las puertas de la discoteca LokalPatriot después de que Šutar recibió un mensaje de su hijo en el que le decía que lo estaba amenazando un grupo de hombres. Tras llegar al lugar, varios hombres atacaron a Šutar, que sufrió un grave traumatismo craneal y finalmente sucumbió a sus heridas en el hospital.

Inicialmente, la Policía detuvo a Sabrijan Jurkovič, de 21 años, miembro de la comunidad romaní de Novo Mesto. La Policía ya lo conocía como autor de delitos cometidos cuando era menor de edad, incluidos delitos contra la propiedad y agresión sexual a alguien menor de 15 años. Sin embargo, quedó en libertad el 12 de diciembre por falta de pruebas. Desde entonces, la Policía ha detenido a su primo de 20 años, Samire Šiljić, basándose en el testimonio de seis testigos. Se sospecha que Šiljić asestó el golpe mortal a Šutar, mientras disfrutaba de un permiso de fin de semana del centro correccional de Radeče, institución para jóvenes delincuentes.

El caso se basa principalmente en el testimonio de testigos oculares, ya que no hay más imágenes de cámaras de seguridad que cubran el asesinato. Si al sospechoso lo declaran culpable del asesinato, la legislación eslovena vigente establece que podría cumplir una pena de cárcel de entre cinco y quince años.

Tras la prematura muerte de Šutar, la ministra de Justicia de Eslovenia, Andrea Katic, y el ministro del Interior, Bostjan Poklukar, dimitieron y declararon en cartas separadas que querían «contribuir a calmar la situación», y asumieron ambos la «responsabilidad objetiva». Sus renuncias estaban relacionadas con el asesinato, y también con fallos sistémicos generales en la integración de los romaníes en la sociedad eslovena. El primer ministro, Robert Golob, líder del Partido de la Libertad, de centroizquierda, se apresuró a sofocar la disidencia expresando su preocupación por que el asesinato pudiera utilizarse para avivar el odio étnico contra el pueblo romaní: «No debe haber lugar para explotar la tragedia con el objetivo de crear división o pedir cuentas».

Eslovenia no ha podido integrar a parte de la comunidad romaní, y a grupos minoritarios más pequeños. La tolerancia en todo el país se ha debilitado, y una encuesta de septiembre de 2024 reveló que hasta un 55% de los encuestados afirmaba que no le gustaría tener a personas romaníes como vecinos, aunque la mayoría consideraba que la actitud de los eslovenos hacia este grupo étnico no era ni tolerante ni intolerante.

Por su parte, en su informe de 2025, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia señaló que los incidentes de discurso de odio son frecuentes y no se denuncian en su totalidad por falta de confianza en las instituciones públicas. En Eslovenia, el discurso de odio solo se considera delito si «puede poner en peligro y alterar el orden público».

Tras las protestas por el asesinato, el Gobierno de Eslovenia presentó el proyecto de ley de medidas para garantizar la seguridad pública, también conocida como ley Šutar que, entre otras medidas, otorgaría a la Policía poderes adicionales para entrar sin orden judicial en barrios o viviendas que se consideran un riesgo para la seguridad, y congelaría las ayudas sociales a quienes cometieran delitos. Golob dijo que la ley tiene por objeto proteger a las víctimas y a los niños, y cambiar la clasificación de los delitos menores a faltas, con el fin de «eliminar la sensación de inviolabilidad e impunidad» que tienen los reincidentes en el sureste de Eslovenia.

A mediados de noviembre de 2025, el Parlamento aprobó la ley por unanimidad. La Comisión Europea, que se opone a todas las formas de discriminación, incluido el «antigitanismo», reaccionó e instó a Eslovenia a garantizar que la aplicación de la ley no «afecte de manera desproporcionada a ninguna comunidad».

Una historia de dos comunidades

Los pueblos romaníes que viven en Europa occidental han tenido grandes dificultades para integrarse, y muchos miembros de la comunidad se han visto involucrados en pequeños hurtos o delitos. Aunque se estima que gran número de romaníes tienen antecedentes penales, la pobreza y la discriminación laboral son algunos de los factores que contribuyen a estas cifras.

En Eslovenia, la comunidad está claramente dividida entre quienes viven en el sureste del país, como en Dolenjska, Bela Krajina y Posavje, y tienen bajos índices de integración, pocos han terminado los estudios, mal dominio del idioma y altas tasas de desempleo, y los llamados Prekmurje Roma, en el noroeste de Eslovenia. Allí, la integración de los romaníes ha dado pasos positivos. En la ciudad de Murska Sobota, por ejemplo, la gente paga regularmente sus impuestos, los ciudadanos se esfuerzan conscientemente por mejorar en consonancia con sus vecinos, e incluso hay una calle llamada «Delavska Ulica» (calle de los Trabajadores), porque todos los residentes romaníes tienen empleo.

En una entrevista con el diario Dnevnik, semanas después de la muerte de Šutar, el presidente del foro de concejales romaníes, Darko Rudaš, comentó el castigo colectivo que se produce cuando un romaní comete un delito y por qué existen diferencias entre las dos comunidades: «En Prekmurje, a los romaníes se les dieron las condiciones y oportunidades para desarrollarse… en el sureste, las comunidades han sido abandonadas a su suerte a las llamadas iniciativas civiles». Abogó por levantar las restricciones que impiden a los municipios invertir en asentamientos informales para reducir los niveles de pobreza y desempleo, aunque reconoció que las oportunidades de empleo que se ofrecen al grupo Prekmurje están al otro lado de la frontera, en Austria.

Jernej Zupančič, profesor de la Universidad de Liubliana, cree que el aislamiento de la comunidad genera problemas de delincuencia, incluidos los que se derivan de una «ruptura de la sociedad romaní tradicional». Junto con otros académicos, coincide en que el deficiente liderazgo en los asentamientos romaníes contribuye a empeorar la situación, y destaca que estos problemas no se limitan a los ciudadanos romaníes.

La mayoría de los eslovenos aprenden sobre el pueblo romaní a través de artículos en los medios, que suelen estar sesgados a cultivar una imagen negativa. La amplificación de las historias negativas y la falta de historias positivas, junto con un estilo de vida atípico, profundizan aún más la división entre 2nosotros y ellos».

En un informe del Instituto para la Paz que analiza los delitos de odio en el país, se concluyó que los romaníes eran uno de los grupos más vulnerables; dentro de la comunidad, las jóvenes enfrentaban índices más elevados de violencia y discriminación. El equipo responsable del informe entrevistó a diversos profesionales, incluido un sociólogo y un consejero que se ocupa del apoyo a las víctimas y la violencia de género, que confirmaron que los centros sociales y las escuelas locales se eximen de responsabilidad cuando enfrentan el matrimonio infantil.

Evolución legislativa

El 26 de noviembre, la presidenta Natasa Pirc Musar firmó el proyecto de ley, que entró en vigencia. La reacción fue feroz y plagada de acusaciones de que la ley amenaza la «fiabilidad democrática» y «trata la identidad como sospecha».

Amnistía Internacional condenó la medida por considerarla «draconiana», y afirmó que la ley podría provocar mayor marginación de la población romaní, ya que permite a las autoridades eludir las salvaguardias existentes.

Aunque destaca que los avances legislativos no reflejan problemas dentro de ningún grupo étnico o comunidad, el ritmo de las reformas refleja el deseo de promulgar cambios tras el asesinato cometido por un romaní.

La aplicación de la ley se produce en un momento delicado para el gobierno de Golob, tras la derrota sufrida en el referéndum sobre la muerte asistida de noviembre de 2025, y con las elecciones de la primera mitad de 2026 a la vuelta de la esquina. Las encuestas de opinión pública muestran sistemáticamente que el Partido Democrático Esloveno (SDS), de derecha, podría estar a punto de llegar al poder.

Impartir justicia y promover la integración

Captura de pantalla de una publicación de Facebook del Directorado de Policía en Novo Mesto fue objeto de comentarios sarcásticos. De más de 1900 reacciones, más de 930 eran «ja, ja», caras sonrientes, con 830 «me gusta». Uso justo.

Los comentarios en las redes sociales han satirizado lo que consideran una perspectiva de justicia de dos niveles para tratar a los romaníes que cometen delitos. Los comentarios en una publicación de Facebook de la Dirección de Policía de Novo Mesto se burlaban de las afirmaciones de la
Policía sobre garantizar la seguridad pública: «Hasta las próximas elecciones… entonces todo volverá a ser como antes» y «Supuestamente han reforzado los controles de radar, pero no veo la relación entre eso y la situación actual de seguridad en la zona».

Algunos de los comentarios también exigían la confiscación de armas [ilegales] a los residentes de los asentamientos romaníes. El 9 de noviembre, N1 TV informó que la Policía había incautado allí rifles automáticos, varias pistolas y munición.

Los ciudadanos también han denunciado que la retórica que fomenta la integración y el entendimiento es vacía por naturaleza, sugieren que permite a los políticos suprimir las preocupaciones reales dentro de las comunidades. Esto puede ser un reflejo del plan esbozado en la Estrategia Nacional de Integración de los Romaníes 2021-2030 de Eslovenia, que promueve la ayuda a las comunidades para que desarrollen grupos multidisciplinarios que traten los problemas y apliquen planes de acción para las comunidades romaníes.

Sin embargo, hasta fines de diciembre de 2025, las iniciativas no han generado mayor integración, y hasta los activistas romaníes afirman que la estrategia social se ha estancado. En 2025, se modificó la legislación para intentar reducir las tasas de ausentismo escolar entre los niños, sustituyó las prestaciones por hijo por dinero en efectivo, medida que, según se dijo, estaba dirigida a los romaníes, a pesar de que la ley se aplica a todos los niños eslovenos.

Para generar un cambio positivo dentro de los grupos romaníes, las iniciativas de defensa han fomentado el apoyo a quienes completan un determinado nivel de educación para que asuman funciones significativas y se les brinden oportunidades para triunfar. Aún no se ha investigado por qué la represión de los comportamientos delictivos derivados de la guetización no reduce la delincuencia. Invertir dinero en el problema sin tener en cuenta objetivos estratégicos deja cuestiones sin resolver y no logra salvar las brechas de confianza entre sociedades con facciones étnicas aisladas.