
Mientras el mundo se ve envuelto en acalorados debates, en línea y fuera de línea, sobre la legalidad de los ataques aéreos militares de Donald Trump del 3 de enero en Venezuela, familiares y amigos luchan por la liberación total de sus seres queridos, injustamente encarcelados en el país.
- El 8 de enero, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, anunció la liberación de un «número significativo de personas encarceladas» como un «gesto unilateral» en el atribulado país. Sin embargo, el asambleísta no dio una lista oficial de liberados.
Los detenidos son considerados «víctimas de persecución por motivos políticos» por parte del gobierno antes liderado por Nicolás Maduro. Esto forma parte de un «historial de derechos humanos atroz y prolongado» de los dirigentes, según la Misión de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela, encargada por Naciones Unidas, activa desde 2019.
Al menos 863 personas cumplían los criterios mencionados, según un recuento continuo y verificado a largo plazo realizado por el Foro Penal, ONG venezolana de derechos humanos. Se trata de mujeres y hombres de todos los orígenes, incluidos adultos mayores, periodistas y extranjeros.
Sin embargo, a las 07:00 horas del 16 de enero (hora local venezolana), las cifras divergían en cuanto al número de presos liberados. Solo 84 —de los más de 800 que estimaba inicialmente el recuento— habían sido liberados, según Alfredo Romero, del Foro Penal. Media hora más tarde, la presidenta interina Delcy Rodríguez fijó el número de liberados en 406 durante una conferencia de prensa en el Palacio de Miraflores en Caracas, sede oficial de la presidencia venezolana.
La presidenta interina, hermana del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, no dio ningún nombre.
Todo comienza con la familia
Varios grupos de defensa independientes son los protagonistas de la campaña local para la liberación de los presos políticos venezolanos: el Comité por la Liberación de los Presos Políticos en Venezuela (CLIPPVE) y el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, entre otros.
En estas actividades participan familiares (especialmente mujeres), simpatizantes del público en general e incluso antiguos presos políticos. Desde hace años, también han llevado comida y medicinas a sus seres queridos, siempre que se permitían las visitas dentro de las instalaciones penitenciarias.
Sus acciones no se limitan a una afiliación política concreta. En 2025, el entonces activo Comité por la Defensa de los Migrantes Venezolanos presionó para que se devolviera a los 252 migrantes venezolanos injustamente encarcelados por las administraciones de Donald Trump y Nayib Bukele en la infame megaprisión CECOT de El Salvador. Entre las personas consideradas actualmente presos políticos en Venezuela también se encuentran, presuntamente, seguidores de Nicolás Maduro.
El poder de la organización
«La organización es clave para la defensa de los derechos humanos», afirmó Marino Alvarado, abogado y activista, durante una reunión abierta celebrada el 1 de agosto de 2024 entre familias, organizaciones sin fines de lucro de derechos humanos y miembros de la prensa en la Universidad Central de Venezuela en Caracas, en medio de la represión postelectoral de 2024.
«Encontrémonos, organicémonos y así podrán apoyar mejor a sus seres queridos», recomendó Alvarado. Hablaba desde la experiencia, como coordinador general del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), otra reconocida ONG venezolana de derechos humanos fundada en 1988.
Al final de la reunión, esas palabras parecían cobrar vida. Cuando la prensa abandonaba la reunión ese día, se observó a un grupo de familiares alrededor de la mesa, que hablaba cuidadosamente con Alvarado y anotaba ideas en un papel. Algunas de esas caras se pudieron ver después en actividades propias, como las del CLIPPVE, siempre con una tela negra con un llamado constante en letras blancas: «Liberen a los presos políticos».
La no violencia y el inmenso coraje dan forma a las acciones actuales de los grupos de defensa venezolanos: vigilias con velas, oraciones, páginas con los nombres de sus seres queridos y camaradería. Incluso han sido objeto de ataques no provocados de grupos no identificados, como el Comité de Madres cerca de la Suprema Corte de Justicia de Venezuela el 5 de agosto de 2025.

El 13 de enero, amigos y familiares de detenidos colombianos y venezolanos realizan una vigilia en un punto no identificado de la frontera entre Venezuela y Colombia. Foto de CLIPPVE, utilizada con autorización.
Las familias que esperan cerca de los centros de detención venezolanos —hasta ahora, las liberaciones confirmadas se han producido sin previo aviso— enfrentan ahora épocas de clima más frío, falta de transporte público y escaso apoyo (abierto) de personas ajenas. El temor a las prácticas represivas del actual gobierno de Delcy Rodríguez no ha disminuido.
Siguen luchando juntos, centrándose en las redes sociales como principal medio de comunicación, con etiquetas como #QueSeanTodos.
¿Futuros líderes para la reconciliación?
Cuidar de los seres queridos perseguidos por motivos políticos no es una tarea nueva en Venezuela y otros países latinoamericanos.
No se debe exagerar el impacto a largo plazo, tanto local como internacional, de un grupo de activistas de derechos humanos. Las Abuelas de Plaza de Mayo, fundadas en 1977 durante la última dictadura militar argentina, se organizaron en torno a la necesidad de encontrar a los bebés y niños desaparecidos de activistas desaparecidos en Argentina.

Las madres y abuelas de la Plaza de Mayo entran en el antiguo centro de detención de la Escuela de Mecánicos de la Armada en Buenos Aires, Argentina, 2007. Imagen vía Wikimedia Commons de Mónica Hasenberg (CC BY-SA 3.0).
No solo se convirtieron en una ONG plenamente consolidada dentro de Argentina, sino que traspasaron las fronteras argentinas. Durante más de 30 años, las Abuelas han colaborado con equipos científicos sin ánimo de lucro, como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), con el fin de identificar con pruebas genéticas a niños que habían sido secuestrados. Hasta la fecha, 140 adultos han recuperado su identidad original gracias a las Abuelas.
El EAAF ha ayudado a resolver otros casos internacionales, como las masacres de Ayotzinapa/Iguala (México) y El Mozote (El Salvador).
En Venezuela, aún están por verse los objetivos futuros de movimientos como CLIPPVE y el Comité de Madres en Defensa de la Verdad. Sin embargo, su testimonio será un paso crucial para una Venezuela que necesita urgentemente seguir trabajando en materia de derechos humanos, especialmente en Memoria, Justicia y Democracia, como afirmó el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, el 11 de enero:
Hemos tenido una semana avasallante en todos los sentidos…
La historia aconseja dejar enfriar un poco las cosas para hilvanar análisis más exactos pero, sin duda, el #3Enero2026 marca el comienzo de una etapa no menos inestable y de muchas tensiones, la cual exige lo mejor de…
— Oscar Murillo (@oscarfmurillo) January 12, 2026







