Por Zahiris Priscila Francisco Martínez
El desperdicio es caro. En República Dominicana, según un documento del organismo coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado al que tuvieron acceso Climate Tracker y Global Voices, las empresas de energía renovable perdieron cerca de 5.17 millones de dólares entre enero y junio de 2025 porque el país prefirió desperdiciar parte de la energía solar generada.
Según el mismo documento, las empresas estatales de distribución eléctrica Edenorte, Edesur y Edeeste (las EDES) registraron excesos de costos operativos de 6.5 millones de dólares por comprar energía fósil más cara cuando pudieron haber comprado energía renovable.
La raíz de estos costos está en el incumplimiento de la norma de potencia mínima técnica de las plantas termoeléctricas —regla hecha para que la supervise el organismo coordinador— que busca limitar la inyección de energía fósil al mínimo necesario, para permitir mayor entrada de energía renovable más barata.
Este incumplimiento ha llevado a República Dominicana a adoptar una práctica conocida como “restricción”, que incluye limitar e interrumpir la producción de energía renovable en una planta generadora, aunque puede tener la capacidad técnica para producir más en ese momento. Esto se hace para evitar un exceso de suministro en la red, lo que puede ocurrir por congestión, falta de almacenamiento, o una disparidad entre horas punta de producción (como energía solar a mediodía) y demanda punta (como en la tarde). Estas prácticas combinadas retardan la transición energéticas y también representan mayores costos para el país.
Pérdidas renovables, energía cara y un Estado que paga la cuenta
Desde octubre de 2024, está vigente el procedimiento para la aplicación de limitación de generación por razones de seguridad en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Los costos resultantes no solo afectan directamente a los generadores remedables, cuya inyección de energía en el sistema es limitada, pero también impacta en el precio del mercado al contado y las empresas de distribución eléctrica.
En un informe oficial del organismo coordinador sobre la situación de la restricción entre enero y junio de 2025, la restricción de la energía renovable en mayo de 2025 llegó a 16,171 megavatios-hora, que representa un promedio de 18% de la energía total, mientras en enero de 2026 se registró un desperdicio promedio de 21%.
Con el argumento de seguridad y restricciones operativas, el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado mantiene un número mínimo de plantas de energía térmica operativas, cuyos datos muestran que esa restricción se ha aplicado durante horas de máxima producción de energía renovable.
Según el informe de desempeño de las empresas eléctricas estatales, el precio promedio de compra de energía disminuyó en 2025, y afectó los ingresos de empresas renovables cuyos contratos de adquisición de energía están vinculados a esos valores de referencia. Las fuentes renovables, que operan con acuerdos de precio fijo o precios ajustados según índices oficiales, vieron reducirse sus márgenes de ganancia por la caída de los precios promedio.
En contraste, muchas plantas termales sin contratos de adquisición de energía venden su energía en el mercado al contado, con un costo marginal aumentado de 0.975 a 0.1265 dólares por kWh entre enero y julio de 2025. Este aumento les permitió mejorar sus ingresos y aprovechar un entorno de fijación de precios más favorable, lo que refuerza su ventaja competitiva sobre el sector renovable. Se incumple la ley y las plantas termales funcionan por encima de los niveles permitidos, y al final las EDES pagan más.
En República Dominicana, el Estado subsidia a las EDES. Solo en 2024, se presupuestaron 86,393 millones de pesos (cerca de 1,388 millones de dólares) en subsidios, lo que significa que las pérdidas financieras de estas empresas también son una pérdida de fondos públicos. Alfonso Rodríguez, presidente de Asociación para la Promoción de Energías Renovables (ASOFER), dijo que “como consecuencia, las empresas distribuidoras terminan adquiriendo energía más cara y más contaminante, mientras los inversionistas en fuentes renovables ven que su ganancia se reduce”.
El Estado sigue pagando por la falta de modernización de la red. La ley 80-24, que fija el presupuesto general del Estado para el año fiscal 2025, asignó 75 millones de dólares al Programa de Apoyo a la Mejora de las redes de distribución de electricidad, que ejecutan las empresas estatales de distribución eléctrica, y 225 millones de dólares al programa para la mejorar de redes de voltaje medio y bajo, y regularización de clientes para los distribuidores. La falta de redes modernas y almacenamiento insuficiente son factores cruciales que causan restricciones. La comparación entre pérdidas que surgen entre las pérdidas que surgen de la restricción y los recursos asignados en el presupuesto muestra el doble impacto negativo de esta práctica.
La inflexibilidad limita a los renovables y beneficia el régimen fósil
Otra situación que termina privilegiando la inyección de combustibles fósiles sobre las energías renovables en la red es un despacho obligado, práctica que permite a las plantas térmicas generar energía y recibir compensación, aunque el sistema no lo requiere. Sin embargo, este mecanismo no se aplica a plantas de energías renovables, lo que crea un desbalance en el trato de diferentes fuentes de generación.
José Luis Moreno, ingeniero y catedrático del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (IEUASD), dijo que “el pago por despacha obligado constituye una remuneración económica por energía entregada que no se debió entregar, porque la planta no compite con otras en precios, pero —por su inflexibilidad— no se puede cerrar rápidamente, así que debe seguir en línea, y por lo tanto se paga despacha obligado por razones técnicas”.
Como no es fácil cerrar algunas plantas, sobre todo grandes plantas termoeléctricas, se despachan a la fuerza aunque sus costos son altos y no son competitivos. Como resultado, plantas más baratas, como las renovables, son limitadas y no pueden llegar su máximo potencial de generación.
«Las plantas se despachan en función de su competitividad en cuanto a costos: primero las que tienen costos de combustible más baratos. Luego, los costos aumentan hasta satisfacer la demanda; cuando se deja de ser competitivo, se deja de despachar energía, a menos que se sea inflexible, y en ese caso se despacha por la fuerza», explicó Moreno. Esto significa, en esencia, que no se compite, pero tampoco se puede cerrar. «Por lo tanto, otra planta que debería haber suministrado porque era más competitiva no lo hace», continuó. «En este caso también se restringen las energías renovables».
Según el organismo coordinador, la compensación por despacho obligado llegó a 7.44 millones de dólares entre enero y junio de 2024, y 11.33 millones de dólares entre enero y junio de 2025, lo que establece un margen de 3.89 millones de dólares para las empresas de distribución estatales.
Esto exacerba el déficit económico de las empresas de distribución eléctrica, que llegó a un acumulado de 936.7 millones de dólares a julio de 2025, según el informe de desempeño de las empresas eléctricas estatales para julio de 2025. En el resultado financiero general, este monto lo cubrió mayormente el Estado, que contribuyó con un total de 737.3 millones de dólares.
La hoja de ruta (REmap) destaca el potencial de República Dominicana para aumentar la cuota de generación de energías renovables hasta un 44% en 2030, basándose esencialmente en energía solar fotovoltaica, energía eólica y bioenergía.
La hoja de ruta de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), publicada en noviembre de 2017, destaca el potencial de República Dominicana para aumentar la participación de la generación de energía renovable a 44% para 2030, basada sobre todo en energía solar fotovoltaica, eólica y bioenergía.
El informe dice que «para aprovechar este potencial, República Dominicana debe superar retos institucionales, económicos y técnicos. En el caso del sector eléctrico, el estudio REmap sugiere soluciones para abordar cuestiones relacionadas con la adecuación y flexibilidad de la generación, y garantizar el desarrollo de las redes eléctricas, que a su vez ayuda a gestionar la limitada previsibilidad de la energía solar y eólica, así como los efectos de la rápida penetración de estas fuentes de energía renovable variables».
Desde la perspectiva de Moreno, la solución es obvia y eficiente: “Almacenar energía principalmente para regular frecuencia y permitir que las plantas fotovoltaicas entren al sistema con seguridad”.







