Protesta de activistas indígenas. Derechos de imagen: AMAN. Utilizada con autorización.

Los pueblos indígenas cumplen un rol importante en la agenda global sobre el cambio climático. En la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025 (COP30) en Belém, Brasil, se reconoció su trabajo como guardianes de los bosques y protectores de la biodiversidad. Sin embargo, la situación en Indonesia es más complicada: las comunidades indígenas y sus tierras enfrentan amenazas de proyectos ambientales respaldados por el Gobierno, como la planta geotérmica de Poco Leok (East Nusa Tenggara); el proyecto de bioenergía en Merauke (Papúa); y la construcción de la represa de Lambo en el norte de Kalimantan (Nagekeo), que ponen en riesgo a las tierras ancestrales.

Se estima que en Indonesia viven aproximadamente entre 50 y 70 millones de pueblos indígenas. Hay más de 2000 grupos, con 2161 comunidades indígenas reconocidas. La mayoría vive en la isla de Borneo, seguida por Sulawesi y Sumatra.

En la COP30, el Gobierno de Indonesia fijó la meta de reconocer 1.4 millones de hectáreas de bosques consuetudinarios como parte del plan para reducir la deforestación. La Alianza de los Pueblos Indígenas del Archipiélago (AMAN), que representa a las comunidades indígenas de toda Indonesia, recibió con agrado este anuncio, pero dijeron que esto es solo el primer paso. El Gobierno recibió mapas de 33,6 millones de hectáreas de territorio consuetudinario y más de la mitad están en superficie forestal. Sin una participación activa de las comunidades indígenas ni resoluciones ante la disputa de tierras, el reconocimiento de los bosques consuetudinarios se limita a una simple promesa y un discurso político.

Rukka Sombolinggi, secretario general de AMAN, dijo que el número de superficie forestal debería expandirse:

The 1.4 million hectares targeted for 2029 should be seen as a flexible number, given the large potential of customary forests and the ongoing growth of regional policy initiatives. This means the area of customary forests that could be designated is much greater than 1.4 million hectares.

Los 1,4 millones de hectáreas previstas para 2029 deben considerarse un número flexible, dado el gran potencial de los bosques consuetudinarios y el avance de las iniciativas políticas regionales. Esto significa que la superficie de bosques consuetudinarios a designar abarca mucho más que 1.4 millones de hectáreas.

A medida que las inversiones y los proyectos nacionales aumentan, y  que las políticas ambientales ignoran los derechos humanos, las comunidades indígenas enfrentan expropiación de tierras, penalizaciones y un aumento de la violencia. El Gobierno no ha hecho avances en reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas, y en 2025 la situación se deterioró más.

AMAN reportó 135 casos de expropiación de tierras ancestrales, lo que ocasionó la pérdida de 3.8 millones de hectáreas en 109 comunidades indígenas. Además de perder sus tierras, 162 comunidades experimentaron penalizaciones y violencia. Estos problemas están vinculados a explotación forestal, minería, industria energética, grandes plantaciones, proyectos de infraestructura y la creación de zonas de conservación y parques nacionales.

Sombolinggi añadió:

In 2025, 38 million hectares of Indigenous land were taken. Over the previous decade, 11.7 million hectares were seized, averaging 1.1 million hectares per year. This year’s number is three times higher than the average. What we see is moral violence against Indigenous communities. Policies make it easier to take Indigenous land, and violence is becoming more common. Sadly, the government keeps denying this reality, and Indigenous people are being criminalized.

En 2025, se expropiaron 38 millones de hectáreas de territorio indígena. En la última década, se expropiaron 11.7 millones de hectáreas, lo que genera un promedio de 1.1 millones de hectáreas por año. En 2025, ese número se triplicó. Estamos presenciando una violencia moral contra las comunidades indígenas, donde las políticas facilitan la expropiación de tierras ancestrales y la violencia se vuelve cada vez más habitual. Tristemente, el Gobierno sigue negando esta realidad y a los pueblos indígenas los están tratando como criminales.

AMAN señala que las políticas actuales del Gobierno podrían empeorar y propagar estos conflictos. Por ejemplo, el reglamento presidencial sobre superficie forestal permite la intervención de las fuerzas de seguridad, incrementando la militarización en tierras ancestrales. Esta política amenaza a las comunidades indígenas y las posiciona como sujetos que deben ser controlados, lo que genera más represión bajo la excusa de mantener el orden, el desarrollo o los proyectos estratégicos.

AMAN lamenta que el proyecto de ley para ayudar a los pueblos indígenas se haya estancado en el Parlamento por más de diez años.

This law could help end structural discrimination, recognize ancestral rights, and stop the repeated seizure of Indigenous lands. This will demonstrate that state officials are complying with the constitution and address accusations of persistent neglect of Indigenous peoples and their traditional rights, particularly rights to land, customary territories, and natural resources.

Esta ley podría ponerle fin a la discriminación estructural, reconocería los derechos ancestrales y detendría la expropiación reiterada de tierras indígenas. Esto demostraría que las entidades estatales cumplen la Constitución y daría respuesta a las acusaciones de persistente abandono hacia los pueblos indígenas y sus derechos ancestrales, principalmente el derecho sobre la tierra, los territorios consuetudinarios y los recursos naturales.

El autor de este artículo habló con Eustobio Rero Renggi, secretario general adjunto de AMAN para asuntos organizativos, que asistió a la COP30 en Brasil y nos dio la siguiente reflexión:

At COP30, countries rarely discussed the rights of Indigenous peoples. Most progress for these groups took place outside the main talks. One major step was when 11 countries agreed to recognize global tenure rights, signing an agreement that covers land-use rights for 160 million hectares.

Philanthropic groups and some developed countries also pledged $1.8 billion in global funding to support Indigenous peoples. The Indonesian government has promised to restore 1.4 million hectares of customary forests, but this commitment needs more attention since there has been no official progress in recognizing these forests after COP30.

En la COP30, los países debatieron muy poco sobre los derechos de los pueblos indígenas; la mayoría de los avances de estas comunidades sedan fuera de las negociaciones principales. Un paso importante fue cuando 11 países acordaron reconocer los derechos de tenencia global, cuando firmaron un acuerdo que cubre el derecho de uso de la tierra en 160 millones de hectáreas.

Grupos de filántropos y algunos países desarrollados también se comprometieron a donar 1.8 millones de dólares en fundaciones globales para apoyar a los pueblos indígenas. El Gobierno de Indonesia prometió restituir 1.4 millones de hectáreas de bosques consuetudinarios, pero este compromiso requiere más atención, ya que no ha habido avances oficiales respecto al reconocimiento de estos bosques después de la COP30.