Imaan Mazari y Hadi Ali Chattha. Captura de pantalla de un video publicado en X por Faizan Qureshi (@FaizQureshiUK) el 11 de enero de 2026. Uso legítimo.

El 24 de enero de 2026, la pareja de abogados de derechos humanos Imaan Zainab Mazari-Hazir y Hadi Ali Chattha fue condenada a 17 años de prisión.

¿Cuál fue el delito? Entre 2021 y 2025 denunciaron en X presuntos abusos cometidos por el Ejército pakistaní en las provincias de Baluchistán y Jaiber Pastunjuá. En Baluchistán existe una insurgencia separatista desde hace casi 80 años, junto con reiteradas denuncias de familias y organizaciones de derechos humanos que acusan a las fuerzas militares de desapariciones forzadas y de los llamados casos de «matar y tirar» contra los habitantes de la región. Las autoridades rechazan estas acusaciones y sostienen que se trata de operaciones antiterroristas.

Para fundamentar la severa condena, el tribunal invocó la ley de prevención de delitos electrónicos, creada originalmente para combatir la ciberdelincuencia, pero que, según defensores de derechos humanos, se utiliza cada vez más para acallar voces críticas.

Mazari, de 32 años, se graduó en la Universidad de Edimburgo y ha trabajado ampliamente en casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y defensa de acusados de blasfemia. Ha asumido muchos de estos casos voluntariamente. Su madre, Shireen Mazari, fue ministra de Derechos Humanos de Pakistán entre agosto de 2018 y abril de 2022, antes de retirarse de la política, presuntamente por presiones del Ejército.

Chattha colaboró con la Célula de Asistencia Jurídica Asma Jahangir, principal organización de asistencia jurídica gratuita de Pakistán, donde defendió a sobrevivientes de violencia sexual y a acusados de violación o procesados en virtud de las leyes de blasfemia. Representó a más de una docena de personas que, según sostiene, fueron falsamente incriminadas. Las disposiciones sobre blasfemia se ampliaron considerablemente durante el régimen del general Zia-ul-Haq en la década de 1980 y se han usado abusivamente desde entonces.

La pareja contrajo matrimonio en diciembre de 2023 y colaboraba en casos que cuestionaban a poderosas instituciones del Estado. Representaron a activistas baluchíes, familiares de desaparecidos y periodistas sometidos a acoso judicial, una labor que los puso bajo un escrutinio cada vez mayor. Ambos niegan haber cometido delito alguno y sostienen que los persiguen por su activismo.

Los cargos y la (falta de) evidencia

La fiscalía los procesó bajo los artículos 9,10, 11 y 26A de la ley de prevención de delitos electrónicos, que regula los delitos vinculados a contenidos en línea. El artículo 10 tipifica el ciberterrorismo; el 9 sanciona la glorificación de delitos; y el 26A penaliza la difusión de información falsa que afecte la seguridad nacional. La denuncia fue presentada por la Agencia Nacional de Investigación de Delitos Cibernéticos el 12 de agosto de 2025, y el 30 de octubre de ese mismo año el tribunal formalizó la acusación por su actividad en redes sociales.

¿Qué dijeron exactamente? Según los registros judiciales, Mazari criticó a las fuerzas de seguridad por las desapariciones en Baluchistán y responsabilizó al Ejército de no poder contener eficazmente a grupos armados separatistas como el Ejército de Liberación de Baluchistán  y Movimiento de los Talibanes Pakistaníes. Chattha retuiteó y amplificó algunas de esas publicaciones, y difundió contenido de Mahrang Baloch, destacada activista por los derechos baluchíes, incluido material vinculado a una protesta organizada por el Comité de Unidad Baluchistán. Para la fiscalía, estos mensajes reproducían narrativas asociadas a organizaciones prohibidas y socavaban la confianza pública en las fuerzas armadas.

Según el informe, las pruebas presentadas consistieron en capturas de pantalla, retuiteos y declaraciones de testigos. Comparecieron cuatro testigos de la acusación, pero la defensa sostuvo que no tuvo oportunidad suficiente para contrainterrogarlos. El contenido íntegro de los mensajes no se hizo público, más allá de descripciones generales. La rapidez del proceso limitó la capacidad de la defensa para preparar su estrategia.

El juicio y sus irregularidades

El juicio pasó de la acusación a la sentencia en menos de tres meses, cuando la mayoría de los casos tramitados según la ley de prevención de delitos electrónicos suelen prolongarse durante años. Este proceso avanzó a un ritmo inusual.

El 23 de enero de 2026, la Policía detuvo a Mazari y Chattha cuando se dirigían al tribunal, pese a contar con libertad bajo fianza otorgada por la Corte Superior de Islamabad. Sus abogados denunciaron uso de la fuerza durante el arresto. En audiencias posteriores, el juez avanzó el proceso en ocasiones sin la presencia de los acusados. Mazari habría estado indispuesta durante parte de las diligencias. La pareja boicoteó la audiencia final de sentencia con el argumento de maltrato mientras estaban detenidos. El veredicto se dictó en menos de un minuto.

La defensa afirmó que se le negó acceso completo al expediente y que, en determinado momento, comparecieron abogados designados de oficio sin el consentimiento de los acusados. Mientras tanto, la Corte Superior de Islamabad tenía pendientes resoluciones sobre la posible transferencia del caso, pero la instancia inferior prosiguió con el juicio.

Los colegios de abogados de Pakistán anunciaron una huelga de tres días en señal de protesta. Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas calificaron el proceso como una grave injusticia. Observadores legales señalaron presuntas vulneraciones al debido proceso, en particular del derecho a contrainterrogar testigos y a estar presente en el propio juicio. En ese caso, según los críticos, ambos derechos se vieron restringidos.

La ley de prevención de delitos electrónicos como herramienta de represión

Cuando se promulgó en 2016, la ley de prevención de delitos electrónicos tenía como objetivo combatir el hackeo, el fraude en línea y otros delitos informáticos. Sin embargo, con el tiempo se ha convertido en una herramienta para silenciar la disidencia. La redacción ambigua de la norma permite a las autoridades procesar a cualquier persona que critique al Estado. El artículo 10 no exige probar la comisión de actos terroristas concretos, y el 26A sanciona difundir «información falsa» que afecte la seguridad nacional, sin definir con claridad qué se considera falsedad.

Miembros del partido opositor Movimiento por la Justicia de Pakistán, periodistas como Farhan Mallick, Sohrab Barkat y Ahmad Nooranian, y la activista Jalila Haider también han sido acusados bajo esta ley. Informes anteriores documentan el uso de disposiciones relacionadas con la sedición en casos digitales, lo que sugiere un patrón de persecución contra críticos de instituciones estatales.

La Sala Superior de Islamabad ya había expresado preocupaciones constitucionales sobre la aplicación de la ley de prevención de delitos electrónicos contra periodistas, al recordar que la libertad de expresión y el derecho a la información están protegidos por los artículos 19 y 19A de la Constitución de Pakistán. En uno de sus fallos, ordenó a la Agencia Federal de Investigación establecer directrices claras antes de citar a periodistas en virtud de esta normativa, pero esas pautas nunca llegaron a implementarse.

Varios periodistas, como Asad Ali Toor (2021), Bilal Ghauri (2022) y Absar Alam (2023), recibieron citaciones de la Agencia Federal de Investigación por videos de YouTube en los que criticaban al Ejército o trataban aspectos sensibles de la historia del país. Un informe de 2021 registró al menos 23 casos en los que periodistas fueron procesados bajo la ley de prevención de delitos electrónicos por informar sobre o criticar a instituciones estatales. El Comité para la Protección de los Periodistas describió esta tendencia como un patrón de intimidación disfrazado de cumplimiento legal.

Condena internacional

La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Unión Europea condenaron la sentencia, la consideraron una forma de persecución judicial y un aparente uso del sistema de justicia con fines políticos. La Unión Europea también criticó a Pakistán por aplicar la ley de delitos informáticos de manera que, a su juicio, parece castigar el activismo legítimo y la libertad de expresión. Por su parte, las autoridades pakistaníes rechazaron las críticas y sostuvieron que se trata de un asunto interno.

Los juristas sostienen que criminalizar la crítica a las instituciones contradice los estándares internacionales. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha reiterado que los Gobiernos no pueden ampararse en leyes de difamación o de ciberdelitos para evadir el escrutinio público. Estos organismos deben tolerar la crítica: esa es una de las bases que distinguen a una democracia de un régimen autoritario.

Mazari había representado previamente a Mahrang Baloch, que también está detenida. Sus seguidores consideran que la sucesión de los hechos no es casual. Era conocida por enfrentar sin rodeos a las autoridades militares en los tribunales y por cuestionarlas con firmeza. La dureza de la pena de 17 años demuestra, según ellos, que el proceso no se reduce a simples publicaciones en redes sociales y actúa como un mensaje intimidatorio para quienes se atreven a desafiar a las grandes instituciones.

Una amenaza que va más allá del caso

Amnistía Internacional calificó la condena como «un alarmante uso indebido del sistema judicial» y advirtió que podría desalentar a abogados y activistas a expresarse. El Observatorio de Derechos Humanos dijo que el caso «envía un mensaje intimidante a periodistas, abogados y organizaciones de la sociedad civil en todo Pakistán». Por su parte, el diario The Express Tribune informó que hubo protestas de abogados, y que abandonaron audiencias en rechazo al fallo, al considerar que pone en riesgo la capacidad de la profesión jurídica para asumir casos sensibles y defender a comunidades marginadas.

Durante años, Mazari y Chattha defendieron a personas que denunciaban abusos cometidos por instituciones poderosas. Hoy, son ellos quienes están tras las rejas. El Gobierno de Pakistán asegura que respeta los derechos humanos y la libertad de expresión. Sin embargo, este caso ha despertado fuertes críticas a nivel internacional.