Pequeño embalse, como proyecto de generación eléctrica, instalado por Sibat en el norte de la cordillera de Luzón. imagen de Sibat. Publicación autorizada.

Este artículo de Raymund B. Villanueva se publicó originalmente en inglés en Kodao Productions y Dialogue Earth. Global Voices reproduce una versión editada como parte de un acuerdo para compartir contenido.

El Gobierno filipino apuesta a que la inversión privada contribuya a frenar las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Para impulsar el incentivo privado a las inversiones ecológicas, las autoridades han eliminado los topes a la cantidad de proyectos solares, eólicos y marinos en manos extranjeras.

Mientras que el Gobierno despliega la alfombra roja para las compañías de energía extranjeras, el trato que da a los defensores ambientales es completamente opuesto. Grupos operativos del Gobierno han acusado a personas y agrupaciones que participan de proyectos comunitarios, como ayuda ante desastres y reparto de bombas de agua fotovoltaicas, de tener lazos con el comunismo o grupos terroristas. Esta práctica se conoce como «etiquetado rojo»«,  el Gobierno aplica etiquetas falsas y provocativas para restringir derechos ciudadanos y silenciar el disenso.

En Filipinas, algunos activistas acusados han sido condenados, se les han congelado las cuentas bancarias personales y de las organizaciones a las que pertenecen. Incluso algunos han sido secuestrados. En un fallo en julio de 2023, la Corte Suprema filipina definió esta práctica como una amenaza «al derecho a la vida, la libertad, o la seguridad» de las víctimas.

La práctica de etiquetar como rojo se intensificó bajo la administración de Rodrigo Duterte (2016–2022) y continúa con el presidente actual, Ferdinand Marcos Jr. Según expertos, la práctica afecta a activistas climáticos y sus organizaciones civiles, y también a las comunidades a las que ayudan.

De heroína en la respuesta a desastres a «terrorista» 

Jazmin “Minet” Aguisanda-Jerusalem es directora ejecutiva del Centro de Desarrollo de Leyte (LCDe), ONG de preparación y mitigación de desastres. La organización tiene su sede en la ciudad de Tacloban, en las Visayas orientales, región que a menudo es azotada por tifones.

Uno de esos tifones, el devastador tifón Haiyan, destruyó la ciudad natal de Aguisanda-Jerusalem en noviembre de 2013, y causó la muerte de al menos 6300 personas. El LCDe ayudó a 23,000 familias que estaban en dificultades sin ayuda del Gobierno.

En 2018, Aguisanda-Jerusalem fue reconocida internacionalmente por CARE Climate Justice Centre de Alemania como una heroína climática por su rol en mejorar la preparación ante desastres en la región.

Sin embargo, unos años después, en julio de 2025, se declaró no culpable de tres cargos por financiar el terrorismo, específicamente por utilizar su organización para recaudar y dar fondos al Nuevo Ejército del Pueblo, grupo armado del Partido Comunista Filipino.

Antes, Aguisanda-Jerusalem había enfrentado acusaciones por infringir la ley de prevención y supresión de financiamiento del terrorismo. En abril de 2024, las cuentas bancarias del LCDe, que incluían donaciones de extranjeros, fueron congeladas por orden del Gobierno. La organización fue acusada de financiar el terrorismo, según testimonios de cuatro exrebeldes. Según dijeron, Aguisanda-Jerusalem había desviado fondos de la ONG  al Partido Comunista Filipino y al Nuevo Ejército del Pueblo, con instrucciones de adulterar documentos para esconder las pruebas. Aguisanda-Jerusalem negó conocer a estas personas.

Según cuenta, su organización «constantemente» recibe la etiqueta de roja de Fuerzas Armada Filipinas. Además, dijo que en los «los últimos 15 años, recibieron amenazas de muerte en llamadas telefónicas, en redes sociales y en afiches con sus rostros y nombres que los acusa de terroristas».

Aguisanda-Jerusalem muestra lo irónico del acoso ya que varias agencias del Gobierno, incluido el Departamento Nacional de Defensa, a cargo de supervisar a las Fuerzas Armada Filipinas, premiaron al LCDe por sus proyectos en la región.

«El etiquetado rojo nos impide [brindar] nuestros numerosos servicios a nuestra gente», afirma. «La crisis climática está empeorando y la pobreza de nuestra gente agrava sus efectos».

Actualmente, los proyectos y servicios de LCDe están suspendidos por su incapacidad para recibir y distribuir fondos, lo que impide que la comunidad reciba ayuda de emergencia crucial mientras la región sigue azotada por tifones.

Negar servicio al pueblo

Por más de cuatro décadas, Sibat, compañía sin fines de lucro que lleva tecnologías limpias a las comunidades, ha asistido a pueblos rurales con la instalación de herramientas agrícolas y otras tecnologías.

En junio de 2025 en la localidad de Ubay, en las Bisayas centrales, la ONG instaló un sistema fotovoltaico de bombeo para dar agua potable a las víctimas del tifón Rai. Este fenómeno, que golpeó a fines de 2021, fue el segundo desastre natural más letal a nivel mundial de ese año; destruyó y contaminó la mayoría de las fuentes naturales de agua de la provincia.

La directora ejecutiva de Sibat, Estrella “Tata” Catarata, dijo que a la organización la han etiquetado como roja. Y que la Fuerza Especial Nacional para Poner Fin al Conflicto Armado Local Comunista (NTF-ELCAC), establecida en 2018 durante la administración de Duterte y aún vigente con el presidente Marcos, ha acusado a la organización de ser una fachada del Nuevo Ejército del Pueblo.

En mayo de 2023, Catarata enfrentó cargos por financiamiento del terrorismo por sus vínculos con la Red de Recursos para el Empoderamiento Comunitario (Cernet). Fue directora ejecutiva de la ONG Centro para el Desarrollo de los Agricultores de las Bisayas Centrales (Fardec), organización integrante de Cernet. Fardec y Cernet han sido acusadas de financiar insurgencias comunistas.

Varios informes dicen que en abril de 2024, Joey Escanillas, brigadier general de las Fuerzas Armadas Filipinas, vinculó a Catarata con el Nuevo Ejército del Pueblo en una conferencia de prensa. Un año después, Catarata presentó una denuncia contra el brigadier.

Catarata dice que para organizar y mantener los proyectos a lo largo y ancho del país, muchas veces, los empleados de Sibat deben convencer exhaustivamente a los funcionarios del Gobierno local para que los dejen llevar a cabo los programas de ayuda. Para eso, asisten a las reuniones gubernamentales a las que son convocados, invitan en ocasiones a diplomáticos de la Unión Europea para demostrar legitimidad ante los funcionarios del Gobierno filipino y las comunidades. Un informe de 2025 del Centro Internacional del Derecho no Lucrativo dio cuenta de que el acoso continuo de la NTF-ELCAC llevó a la renuncia de dos ingenieros de Sibat.

Expertos de Naciones Unidas denuncian el etiquetado rojo 

En 2022, Jesus Crispin Remulla, entonces secretario de Justicia, dijo al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que no existía ninguna política estatal para atacar activistas o defensores de derechos humanos.

Sin embargo, un mes antes, Crispin Remulla había defendido la práctica de etiquetado rojo durante una reunión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Remulla, que ahora es defensor del pueblo, dijo: «Si puedes repartir [críticas], también deberías poder recibirlas».

Ian Fry, relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de cambio climático visitó Filipinas en 2023. Explicó que el Gobierno, a través de las Fuerzas Armada Filipinas y la NTF-ELCAC, ha etiquetado como rojo de forma sistemática a defensores de los derechos humanos, a indígenas, a miembros de la iglesia y a trabajadores humanitarios.

«Parece ser que la NTF-ELCAC utiliza su poder para proteger intereses económicos importantes en el país», afirmó Fry. «Esto nada tiene que ver con el antiterrorismo ni el anticomunismo. La reacción exagerada ante las personas que tratan de defender su derecho a un ambiente limpio, sano y sustentable es totalmente inaceptable».

Durante una visita a Filipinas en 2024, Irene Khan, relatora especial de la Naciones Unidas para la libertad de expresión y opinión, dijo que etiquetar como rojo es una amenaza grave a la sociedad civil. En junio de 2025, informó que la NTF-ELCAC «aparecía como sospechosa principal de dicha práctica», junto el Ejército, agentes de seguridad del Estado, altos funcionarios del Gobierno y algunos medios.

«Como se ha documentado en muchos casos, al etiquetado rojo veces le sigue vigilancia y persecución penal, que incluye presentar cargos inventados, amenazas e incluso muertes», dijo Khan.