Ilustración de Noor, usada con autorización.

En noviembre de 2025, la diputada de derecha brasileña Chris Tonietto publicó un video en Instagram para celebrar una votación que frenó una resolución que según dijo “facilitaba el aborto hasta los nueve meses de embarazo para niñas menores de edad que son víctimas de violencia, sin conocimiento ni consentimiento de sus padres”.

La resolución en cuestión fue publicada por el Consejo Nacional por los Derechos de los Niños y Adolescentes (Conanda), parte del Ministerio de Derechos Humanos, después de una decisión judicial de enero de 2025. No modifica legislaciones existentes, solo establece protocolos que deben seguir los profesionales de la salud para garantizar el acceso de las menores al aborto legal, derecho ya garantizado según el artículo 128 del Código Penal brasileño.

Como autora de la propuesta de decreto legislativo contra la resolución, Tonietto publicó la leyenda de su video en el sentido de que bloquear la propuesta “protegería la vida” y “defendería la democracia brasileña”.

“Acabamos de evitar que el revés de civilización que se promovía»,  dijo a sus seguidores después de la aprobación del posible bloqueo.

Pese a la celebración de políticos de derecha, la propuesta debe pasar por el Senado para que la suspensión sea efectiva, y la mayoría del Senado es ahora de derecha y de centro derecha. Se creó un frente parlamentario combinado “contra el aborto y a favor de la vida”, que reunió a 172 diputados y diez senadores en 2023, del que Tonietto era coordinadora.

En respuesta a Global Voices por correo electrónico, Tonietto dijo que su propuesta era una “legítima crítica legal de un acto infralegal que excede su jurisdicción”.

Según el sitio web de la Cámara, entre otros puntos, la propuesta se refería a que la resolución no exige una denuncia policial para las menores de edad que buscar terminar con un embarazo que se considera es resultado de violencia sexual. En Brasil, 14 años es la edad legal del consentimiento, lo que significa que las niñas menores de 14 años tendrían el derecho legal de interrumpir un embarazo. Sin embargo, barreras como el estigma, falta de información, servicios limitados e inadecuada capacitación de los profesionales de la salud suelen poner trabas al acceso a un aborto seguro.

La resolución de Conanda respondía a las altas tasas de embarazo entre niñas menores de 14 años y a la baja cantidad de abortos legales, dijo Deila Martins, presidenta de Conanda. Casi 14,000 niñas de entre 10 y 14 años quedaron embarazadas en 2023, pero 154 tuvieron acceso a un aborto legal, es decir, el 1.1%, informa Agência Brasil.

Los políticos que se oponen al documento también criticaron al protocolo propuesto para situaciones en que la víctima y su tutor legal discrepan sobre terminar un embarazo. Tonietto dijo a Global Voices que la resolución establece “un mecanismo de decisión que no está respaldado por la ley brasileña”, y que la resolución “sustituye la regla general de autonomía familiar”.

Pero Martins defiende el protocolo que busca proteger la autonomía de menores embarazadas que son víctimas de ataque sexual. “La mayor parte del tiempo, más del 60% de los abusadores, y en algunos territorios, casi el 80%, son parte de la familia de la víctima», dijo Martins a Global Voices, y citó a padres, madres, tíos y padrastros como abusadores y facilitadores. “No se puede pedir consentimiento a los padres porque revictimiza a la víctima, y a menudo impide que la menor tenga acceso a su derecho a abortar”.

Tonietto no respondió a una pregunta sobre la predominancia de parientes abusadores y revictimización en un documento enviado a Global Voices.

Este es el ejemplo más reciente de cómo la extrema derecha brasileña usa el aborto para hacer valer su agenda. Con herramientas democráticas, como proyectos de ley y bloques legislativos, con los que plataformas y políticos de extrema derecha en los últimos diez años han defendido que el feto es sujeto de derecho, han difundido información equivocada sobre una condición médica no reconocida llamada “síndrome posaborto“, y amenazó con penalizar a niñas víctimas de violencia sexual que buscaban el derecho al aborto.

La información equivocada moviliza al electorado

Durante una protesta en Río de Janeiro, las mujeres mostraron fotos de los políticos que votaron en contra de la resolución del Conanda. Foto de Nicole Froio, usada con autorización.

Aunque la historia de los ataques al aborto legal en Brasil es extensa, la ola actual puede rastrearse al menos a 2007, cuando diputados federales propusieron una ley que reformaría el Código Penal brasileño para clasificar el aborto como un delito grave, y lo prohibía en todos los casos, y también prohibía congelar, desechar y comerciar con embriones humanos.

La ley no fue aprobada, pero se convirtió en un anteproyecto para legislación contra el derecho a elegir abortar y medidas políticas que buscan recortar derechos legales al aborto. Actualmente, la ley brasileña autoriza el aborto en tres casos: cuando el embarazo es consecuencia de violación, cuando supone un riesgo para la vida de la mujer y en casos de anencefalia.

Durante el gobierno de extrema derecha del expresidente Jair Bolsonaro, se sospechaba que los trabajadores públicos federales intentaron impedir que una niña de diez años accediera a servicios de aborto, mientras que los integrantes de Conanda disminuían y trataban de impedir sus reuniones. “Cortaron el financiamiento para reuniones presenciales [durante la pandemia]”, recuerda Martins.

Pese a la elección de un gobierno de izquierda en 2022, con Luiz Inácio Lula da Silva, han continuado los ataques contra derechos al aborto con protección constitucional.

La falsa narrativa de que Lula fue explotado por sus partidarios para persuadir a los votantes cristianos, y se convirtió en un asunto fundamental durante la campaña. Sim embargo, meses antes de la elección, apoyó el aborto como asunto de salud pública. Por su parte, en su canal de YouTube, el líder evangélico Silas Malafaia lo llamó “imbécil e idiota“, en su defensa de que el feto es sujeto de derecho. En un intento de aplacar a los grupos evangélicos semanas antes de su elección, Lula publicó una carta abierta en la que se compromete a no aumentar los derechos al aborto.

Según un informe publicado en 2024 publicado por la organización de medios AzMinas, los proyectos de ley que buscan restringir los derechos al aborto legal en Brasil han estado aumentando a nivel municipal, estatal y federal. En un informe de 2025, señalan que entre 2017 y 2024, en todo el país se presentaron 103 de esos proyectos.

“Estos proyectos de ley suelen crear incertidumbre legal para profesionales de la salud, que interfieren con su trabajo y aumentan el estigma que rodea al aborto legal”, escribió en ese momento Maria Paula Monteiro, periodista feminista de AzMinas. “Es un ataque para debilitar los derechos reproductivos”.

Segú un informe de NetLab de mayo de 2025, un laboratorio de inves5tigación de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Federal de Río de Janeiro, el aborto ha sido un asunto central para que se intensifique la polarización política en Brasil. El informe revela que se usó en “campañas de desinformación como motivo para ataques a opiniones institucionales, legislativas y públicas” en 2024, año en el que hubo elecciones municipales en el país. El informe destaca mensajes de WhatsApp según los cuales el aborto y sus defensores estabas conectados directamente con el diablo. “Se entiende el aborto como un símbolo de una batalla espiritual y política, en la que los valores cristianos están en riesgo”, concluye.

Según la legislación brasileña, legisladores y alcaldes de ciudades no tienen la facultad de legislar sobre derechos al aborto, y aun así, la condena moral ayuda a los candidatos a ganar votos.

El texto presentado por Tonietto sostiene que los protocolos de Conanda obligan a “someterse casi obligatoriamente al procedimiento de aborto”, e invierte actuales conclusiones médicas sobre riesgos de salud de un embarazo precoz, y sostiene que el aborto “puede suponer un riesgo grave para la vida de mujeres embarazadas que, según la legislación actual, no puede tomar sus propias decisiones”.

Aunque Tonietto usa la palabra “mujer” en su propuesta, la resolución de Conanda se refiere a niñas embarazadas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las madres adolescentes de entre 10 y 19 años enfrentar mayores riesgos de eclampsia, endometritis puerperal e infecciones sistémicas que las mujeres de entre 20 y 24 años. Además, la OMS advierte que los bebés de madres adolescentes enfrentan mayores riesgos de bebés con peso bajo, parto prematuro y graves condiciones neonatales.

Para la presidenta de Conanda, esta medida podría llevar a una falta de protección para menores víctimas de violencia sexual, y favorecer a abusadores y pedófilos. “Busca continuar la tradición del silencio e invisibilidad en torno al problema”, dice.

Efectos en el terreno

Manifestantes con cartel que dice: «Evangélicos defienden la vida de niñas y mujeres: un niño no es una madre». Foto de Nicole Froio, usada con autorización.

Los defensores temen que el caos creado por quienes apoyan la suspensión lleve a que menos niñas busquen los servicios que necesitan. “Ya estamos recibiendo mensajes de profesionales de la salud y otros que piensan que el aborto legal para menores ha sido prohibido”, dijo Laura Molinari, directora ejecutiva de Nem Presa Nem Morta, campaña para defender la despenalización del aborto legal y seguro, a Global Voices.

Esta es la clase de barrera de acceso que la resolución de Conanda busca abordar: información equivocada. Molinari señala que difundir información equivocada a través de acción política es una táctica común que usa la extrema derecha. “La confusión los beneficia”.

El acceso al aborto para menores víctimas de violación en Brasil es precario, son pocos los trabajadores de salud que pueden proveer el servicio, y faltan guías unificadas sobre cómo ayudar a estas víctimas. Solo el 4% de las municipalidades brasileñas tienen instalaciones para brindar servicios de aborto legal, según datos del Instituto O'Neill a la Corte Suprema —88 clínicas públicas en 55 ciudades— una significativa barrera geográfica para la mayoría de la población.

En 2024, cuando una propuesta de ley buscaba reformar el Código Penal para equiparar el aborto con asesinato si se hace dentro de las 22 semanas de embarazo, la enfermera especialista Lígia Maria, que brinda servicios de aborto en un hospital público en Brasilia, señaló un número significativo de pacientes que preguntan si tendrán responsabilidad penal por el procedimiento.

El hospital de Maria ya ha sido blanco de ataques y amenazas por proveer estos servicios. “Ahora, nos preocupa que los pacientes no busquen servicios de aborto por esta información equivocada”, dijo Maria. “Nos preocupa que ni siquiera vienen a hacer preguntas”.

En 2025, la decisión de bloquear la resolución generó protestas en diferentes regiones del país. Los manifestantes dijeron que los políticos a favor eran “pedófilos” y “enemigos de los niños”, y reformularon los efectos del bloqueo como contrarios a los derechos de los niños.

Sin embargo, Lígia Maria cree que la reacción puede encubrir la verdadera ineficiencia del intento de bloqueo. También enfatiza que se le debe ver como un llamado a reconocer el rol de Conanda en defender los derechos de los niños, y no una victoria para los conservadores. “Sentimos como si estuviéramos dando munición a la extrema derecha cuando confirmamos su afirmación de victoria”, dijo.

Beca Justicia Feminista

Este artículo se ha producido con la Beca Justicia Feminista, y es parte de una serie que destaca el trabajo de nuestros becarios, en colaboración con Global Voices y Noor.