Niñas con carteles para reclamar justicia menstrual en una escuela de Nigeria. Imagen de Pexels. Uso libre..

Por Clarisse Sih y Bibbi Abruzzini de Forus – red global de organizaciones de la sociedad

En una escuela secundaria del sur de Nigeria, una adolescente tuvo el período en horario de clases. No tenía toallas sanitarias. La profesora la envió a casa.

Para Udoka Anita Ikebua, entonces joven graduada asignada a esa escuela para el servicio nacional, ese momento se convirtió en un punto de inflexión. Recuerda haber pensado: “en pleno siglo XXI, ¿cómo puede ser que una niña todavía no tenga acceso a algo tan básico?”.

Así fue como la iniciativa de Ikebua se convirtió en uno de los avances más importantes de Nigeria en materia de justicia menstrual: en marzo de 2025, el estado de Bauchi aprobó el primer proyecto de ley del país que establece acceso gratuito a toallas sanitarias en escuelas públicas y centros correccionales, un viraje de la caridad a un planteamiento de políticas fundadas en derechos.

En varias partes del mundo ocurren transformaciones similares. En Pakistán, defensoras feministas replantean la protección social como una infraestructura democrática. En Paraguay, activistas por los derechos digitales cuestionan que se haya normalizado la violencia de género.

Las luchas pueden parecer diferentes —pobreza menstrual, reforma de políticas públicas, abuso digital—, pero están unidas por una verdad más profunda: hoy, para que haya justicia de género es imprescindible que exista seguridad económica, seguridad digital y que las instituciones asuman responsabilidad.

Nigeria: De donación de toallas sanitarias a reforma de políticas públicas

Ikebua fundó Project Pad A Girl después de ver cómo la menstruación interrumpía la educación de las niñas. Al principio, la solución parecía sencilla: distribuir compresas sanitarias. Pero pronto se dio cuenta de los límites de la beneficencia. “Si doy una toalla sanitaria hoy”, explica, “¿qué sucede el mes siguiente?”.

Las niñas que no tienen acceso a productos sanitarios durante su menstruación a menudo recurren a papel higiénico, trapos, hojas o simplemente se quedan en casa. Muchas veces, los profesores enviaban a las estudiantes de regreso a casa si se les manchaban los uniformes.

El avance llegó con la creación de bancos de toallas sanitarias: cajas de suministros de emergencia permanentes instaladas en las escuelas y abastecidas con productos menstruales cada trimestre. Las niñas que comienzan a menstruar durante el horario escolar pueden acceder discretamente a estos productos en la oficina de orientación y permanecer en clase.

«El periodo es constante. Tu apoyo también debe serlo». «Todos los días son el día perfecto para hablar de salud menstrual». Niñas con carteles para reclamar justicia menstrual en una escuela de Nigeria Imagen de Pexels. Uso libre..

El impacto ha sido inmediato: mayor asistencia, reducción del estigma y sensación de seguridad.

“La idea de que, si me viene el período, estoy a salvo, eso lo cambia todo”, dice Ikebua.

Un aspecto clave del proyecto Project Pad a Girl es la inclusión intencional de los varones en las clases de educación menstrual para acabar con la vergüenza. “Así como tú no te avergüenzas del cuerpo que tienes”, dice Ikebua a los estudiantes varones, “no deberías avergonzar a una niña por su cuerpo”.

La legislación de Bauchi amplió aún más este modelo e incluyó centros penitenciarios, donde las mujeres encarceladas a menudo recurren a trapos y enfrentan graves riesgos de higiene. Al introducir toallas sanitarias reutilizables diseñadas para durar varios meses, la iniciativa prioriza la dignidad y la sostenibilidad.

«Se trata de que las vean, incluso detrás de los muros de la prisión», explica Ikebua.

No obstante, todavía existen desafíos. Los productos menstruales están sujetos a un impuesto al valor agregado, cuya eliminación promueven los activistas, pero el progreso es lento en una legislatura dominada por hombres donde, admite Ikebua, «a veces, cuando se lo planteas, realmente no lo entienden».

Pakistán: Protección social como infraestructura feminista

Para Marium Amjad Khan, directora del programa de la Alianza para el Desarrollo de Pakistán, el feminismo no es una teoría abstracta. Todo esto comenzó al ver cómo el futuro de muchas niñas estaba decidido antes de que tuvieran la oportunidad de soñar.

“Una vez que ves la desigualdad”, dice, “no puedes dejar de verla”.

El trabajo es a nivel de base y en el ámbito de las políticas públicas. Khan se centra en el matrimonio infantil, la violencia doméstica, los derechos de salud sexual y reproductiva y la gobernanza educativa. Pero cada vez pone más énfasis en la protección social: los sistemas económicos que determinan si las mujeres pueden resistir las crisis.

Niñas scouts de Baluchistán, Pakistán, sostienen carteles con la consigna: «Las manos fuertes detienen la violencia contra mujeres y niñas». Imagen de cuenta de Flickr de UN Women (CC BY-NC-ND 2.0).

Sin seguridad económica, la participación democrática es frágil. Las mujeres que se encuentran oprimidas por la pobreza, el trabajo de cuidados no remunerado o las crisis climáticas, tienen mucho menos posibilidades de llegar a cargos públicos. «Las leyes son solo el comienzo», explica Amjad. “El cambio real ocurre cuando las comunidades comienzan a creer que las niñas merecen una infancia y que las mujeres merecen vivir con seguridad”.

En los últimos años, Pakistán ha aprobado leyes importantes, pero la implementación sigue siendo inconsistente. Una dificultad central, señala, es la falta de conocimiento: muchas comunidades no conocen sus derechos. Por lo tanto, las coaliciones resultan esenciales. La Alianza para el Desarrollo de Pakistán reúne a más de 115 organizaciones de la sociedad civil y así amplifica las voces colectivas en los espacios de formulación de políticas públicas. «Cuando las comunidades hablan juntas, los responsables de las políticas escuchan», sostiene Khan. “Tienen que escuchar”.

En un contexto de reducción del espacio cívico, la solidaridad feminista global actúa como respaldo.

«Cuando el espacio se reduce en un país, las redes internacionales nos recuerdan que no estamos solas».

Para Khan, el liderazgo feminista no consiste en ser la voz más fuerte sino en crear espacio para otras voces.

Paraguay: La violencia digital es real

Taller sobre justicia transformadora y violencia digital, a cargo de Alex Argüelles y Grecia Macías. Image vía Wikimedia Commons (licencia CC BY-SA 4.0).

Mientras que la dignidad menstrual y la protección social operan en espacios físicos, en Paraguay la lucha se desarrolla en línea.

La organización de derechos digitales TEDIC lidera la campaña, La violencia digital es real, que cuestiona la idea de que el abuso en línea es algo menos grave que el daño fuera de línea.

“Un mensaje en internet puede costarle a alguien el trabajo, la seguridad y la tranquilidad”, explica la jefa de proyecto, Jazmín Ruiz Díaz.

Durante años, internet se consideró un espacio neutral que, de manera natural, favorecería la igualdad.  Pero ha ocurrido lo contrario: las desigualdades se han intensificado.

El caso emblemático de TEDIC es el de Belén Whittingslow, estudiante que acusó a un poderoso profesor universitario de acosarla a través de mensajes explícitos. El caso se desestimó como “cortejo”. Luego. a Belén la penalizaron y se vio forzada a buscar refugio en el extranjero. Para el profesor, no hubo consecuencias legales.

Este caso ilustra la naturaleza compleja de la violencia digital, en la que se entrecruzan el poder, las instituciones y las plataformas tecnológicas. Más allá de los ataques individuales, los activistas enfrentaron campañas coordinadas de acoso en línea con las que se intentó silenciar la lucha y desacreditar el trabajo. Las respuestas institucionales y las limitaciones de los sistemas de moderación de las plataformas agravaron la situación y pusieron en evidencia que los vacíos en materia de responsabilidad y regulación permiten que el abuso en línea persista. De esta manera, la experiencia destaca cómo la violencia digital constituye un ataque personal, y también un problema estructural moldeado por las dinámicas del poder social, las respuestas institucionales y la gobernanza de las plataformas digitales.

Ruiz Díaz también señala que los perpetradores no son únicamente troles anónimos. Estos actores pueden incluir redes coordinadas de acoso, granjas de troles respaldadas por actores estatales e incluso las propias plataformas, cuyos sistemas de moderación opacos y sesgos algorítmicos han sido ampliamente criticados. Los medios han documentado con informes e investigaciones casos en los que los ataques en línea contra mujeres periodistas, políticas y activistas se amplifican mediante redes organizadas, mientras que las respuestas de las plataformas siguen siendo inconsistentes.

A través de su iniciativa Libres y seguras en internet, TEDIC brinda capacitación en seguridad digital a activistas, comunidades LGBTQ+ y grupos de la sociedad civil. El trabajo es lento, gradual —“un trabajo de hormiga”, señala Ruiz Díaz—, pero necesario.

A medida que emergen nuevas tecnologías, también surgen nuevas maneras de dañar. Los deepfakes, la manipulación no consensuada de imágenes, las tecnologías de vigilancia y las herramientas de IA han intensificado los riesgos.

“El ciberespacio no está separado de la realidad”, enfatiza Ruiz Díaz. “La violencia en línea tiene efectos reales en el cuerpo y en la mente”.

Abordarlo requiere una acción coordinada de Gobiernos, empresas tecnológicas y sociedad civil. Pero también requiere cuidado comunitario.

«La salida es colectiva», afirma, «y la alegría también es una forma de resistencia».

Redefinir la justicia de género

¿Qué conecta a una caja de toallas sanitarias en una escuela nigeriana con una reunión de coalición en Pakistán y un taller de seguridad digital en Paraguay? Cada uno aborda una barrera estructural que limita la participación de las mujeres en la educación, en la gobernanza y en la vida pública digital.

La dignidad menstrual influye en la permanencia escolar y las oportunidades económicas a largo plazo. La protección social moldea la capacidad de participación política. La seguridad digital determina quién puede expresarse libremente.

Estas no son preocupaciones periféricas. Son pilares de la democracia.

Desde las aulas hasta los tribunales y el ciberespacio, las feministas de base impulsan una redefinición de la justicia de género, no como un reconocimiento simbólico, sino como una transformación sistémica.

Y con eso, están remodelando las instituciones que rigen la vida cotidiana.