Captura de pantalla del video «Parlamento británico debate la ‘ley de migración ilegal'», publicado en YouTube por Al Jazeera en inglés. Uso legítimo.

Un controvertido acuerdo llamado «uno adentro, otro fuera» entre Reino Unido y Francia, que vincula las devoluciones forzadas de personas que llegan en pequeñas embarcaciones con las correspondientes admisiones legales, trajo fuertes críticas de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas. En una carta publicada a principios de febrero de 2026, los expertos señalaron casos documentados en los que se detuvo a personas que habían huido de la guerra, tortura y tráfico (incluidos Sudán y Gaza) y se las sometió a la fuerza antes de enviarlos de regreso a Francia según este acuerdo.

Defensores de derechos humanos aseguran que el acuerdo, que busca reducir la migración irregular a través del Canal de la Mancha, trata a quienes buscan asilo como «paquetes, no personas», y se corre el riesgo de convertir un derecho humano individual en un bien intercambiable entre Estados por conveniencia política.

Un acuerdo fundado en el intercambio, no en la protección

Bajo la estrategia inglés-francesa «uno dentro, otro fuera», quienes llegan al Reino Unido en pequeños botes y son seleccionados para regresar pueden ser enviados de vuelta a Francia. A cambio, el Reino Unido acepta admitir un número equivalente de personas de Francia a través de rutas establecidas y seguras.

Las leyes internacionales de refugiados reconocen el derecho de buscar asilo individualmente, sobre la base de riesgo personal y persecución, no como una cuota negociable o un ejercicio contable. Los críticos argumentan que al vincular una admisión legal a cada deportación, el acuerdo convierte a las personas que buscan protección en mercaderías.

Las inquietudes escritas que han expresado nueve expertos en derechos humanos de Naciones Unidas —incluidos ponentes especiales— describen casos en los que personas que esperaban ser deportadas fueron detenidas antes de la expulsión, y se cuestiona la posibilidad de arbitrariedad en los criterios de selección y elegibilidad. La carta advierte que el proceso «puede llevar a un trato cruel, inhumano y degradante».

Denuncias de uso de fuerza en deportaciones

Organizaciones de derechos humanos también han documentado inquietantes tratos durante detenciones y deportaciones. Un comunicado conjunto de grupos de apoyo para refugiados advierte que personas con antecedentes de tortura, tráfico o violencia severa han estado detenidas en centros que funcionan como prisiones y sometidas a ataduras, segregación y presiones mientras los preparan para su deportación. Para los sobrevivientes de trauma, estas prácticas podrían provocar una retraumatización y empeorar las condiciones de salud mental de los involucrados.

El informe de un grupo activista describió casos que involucran a sobrevivientes de tortura y violencia extrema, que se ven empujados a procedimientos de deportación sin las garantías adecuadas. Esto incluye a personas que provienen de zonas de conflicto, como Sudán y la Franja de Gaza, donde la guerra y los genocidios han desplazado a millones.

Voces de la sociedad civil

Organizaciones de la sociedad civil en Reino Unido y en Francia han instado a las aerolíneas y compañías involucradas en los vuelos de deportación a reconsiderar su papel en el acuerdo. En cartas coordinadas, 28 ONG exhortaron a los operadores a dejar de cooperar con las deportaciones, a las que llaman «crueles y forzadas», enfatizan la participación de los sobrevivientes de tráfico y esclavitud moderna.

Un vocero de una coalición de derechos declaró que el acuerdo «es una forma deshumanizante de tratar a quienes llegan en busca de un refugio de la guerra y la persecución», y argumenta que el sistema efectivamente intercambia personas para alcanzar objetivos políticos en lugar de proteger derechos.

Preguntas legales y éticas

Los Gobiernos que implementan el acuerdo argumentan que cumple con la ley nacional e internacional, y puede ayudar a reducir travesías marítimas peligrosas. Sin embargo, grupos de derechos humanos cuestionan si se sostienen protecciones claves y si se hace una adecuada evaluación de la necesidad de protección antes de realizar una deportación.

Expertos de Naciones Unidas hicieron preguntas detalladas sobre los aspectos no publicados del acuerdo, que incluían cómo se toman las decisiones sobre a quién se deporta, y qué garantías existen para evitar retornos forzados, es decir, la deportación de personas a lugares en los que podrían enfrentar peligros.

¿Qué significa esto para los derechos universales?

Cuando las políticas de asilo se estructuran alrededor de intercambios bilaterales en lugar de las necesidades de protección individuales, los críticos aseguran que el concepto mismo de derechos humanos universales se debilita. Las advertencias de los expertos de Naciones Unidas y las respuestas de la sociedad civil apuntan a un debate amplio sobre si esos acuerdos mantienen el espíritu de la Convención de Refugiados de 1951 y las consecuentes obligaciones sobre los derechos humanos.

Mientras el acuerdo entre Reino Unido y Francia continua, persisten los cuestionamientos sobre qué tan lejos pueden ir los Estados sobre el equilibrio entre control migratorio y obligación de garantizar la dignidad y los derechos de quienes buscan asilo. Si la protección se supedita a un intercambio político, el derecho al asilo puede verse transformado en un asiento contable y no en un derecho individual inviolable.