Voluntarios y trabajadores retiran escombros del suelo ennegrecido tras devastador incendio en el campamento 11 el 13 de febrero de 2026, aproximadamente a las 03:20 horas. Foto de Maung Thein Myint, defensor de Derechos Humanos, activista por los tefugiados, e investigador documentario. Usada con autorización.

Mohammad Ali ya había perdido todo una vez. El 22 de marzo de 2021, este voluntario de la Unidad de Manejo de Desastres corrió hacia las llamas que envolvían el campamento 9 en Ukhia, Cox’s Bazar, el mayor campo de refugiados de Bangladesh, con su extintor en alto como si fuera un arma contra lo inevitable. “Mientras intentábamos apagarlo, el fuego envolvía el otro lado”, recordaría después. “Cuando nuestros extinguidores se acabaron, nos fuimos a casa. No pudimos llevarnos nuestras pertenencias. Tomamos a nuestros niños y corrimos”.

Para cuando el infierno se extinguió esa noche, quince personas habían muerto, 45,000 refugiados habían sido desplazados, y más de 10,000 refugios se habían desvanecido en cenizas y recuerdos. Lo que destaca en el registro humanitario no es solo esta catástrofe, sino su abrumadora recurrencia: entre mayo de 2018 y diciembre de 2025, 2425 incendios documentados han golpeado el mayor campo de refugiados del mundo, ubicado en el sudeste de Bangladesh, que afectó a más de 100,000 personas y destruyó más de 20,000 albergues.

Esta no es una historia de accidentes. Más bien, narra cómo una crisis de refugiados hizo metástasis en algo más profundo, una infraestructura de crisis permanente.

La matemática de la vulnerabilidad

Un ejemplo es la configuración espacial del campamento 5 en Ukhia, donde el 7 de enero de 2024, las llamas consumieron 900 albergues en cuestión de horas y desplazaron a alrededor de 5000 refugiados, incluidos 3500 niños. El fuego retó a los equipos de respuesta por su intensidad, y también por el propio diseño del asentamiento: fuertes vientos canalizaban las llamas a través de estrechos pasillos, los hidrantes de agua se agotaban en minutos, los caminos de acceso eran demasiado estrechos para los camiones de bomberos, y muchas familias se resistían a demoler sus refugios para crear cortafuegos pese a que las llamas se aproximaban.

“Todos estábamos dormidos cuando se desató el incendio”, dijo Rasheda, 42 años y madre de cinco niños, a Save the Children después de perder su hogar en ese mismo incendio de enero: “Desperté rápidamente a mi esposo, a mi suegra y a los niños. Salimos de la carpa, y eso nos salvó la vida. No pudimos salvar nuestras pertenencias. No nos queda ropa para usar este invierno”.

Dentro de Cox's Bazar, el fuego no es simplemente un riesgo que deba gestionarse. Más bien, se ha convertido en una certeza integrada en el propio ADN del asentamiento. Cada refugio está construido con bambú, lonas y cuerdas de plástico, materiales que no son resistentes al fuego. La densidad poblacional supera a las 95 000 personas por kilómetro cuadrado en algunos bloques del campo, y la mayoría de las familias cocinan con fuego abierto a escasos centímetros de sus vecinos en estructuras que se convierten en extremadamente secas cada invierno.

Lance Bonneau, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, articuló esto con cuidadosa precisión burocrática: “Cuando el fuego golpea entornos de campamentos superpoblados, el impacto se extiende mucho más allá de la infraestructura dañada. Las familias pierden techo, pertenencias esenciales y acceso a servicios básicos”.

Lo que permanece sin discusión es que esos impactos no es mala suerte externa, sino resultados predecibles de decisiones políticas: de concentrar a cerca de un millón de personas en un territorio inadecuado y con recursos extremadamente limitados.

El fuego como arma: La economía del incendio provocado

Sin embargo, no todos los incendios son estructuralmente inevitables. Cada vez con más frecuencia, las llamas se han convertido en instrumentos tácticos dentro de una guerra en la sombra por el control territorial. En marzo de 2023, una investigación del Ministerio de Defensa de Bangladesh concluyó que el incendio que destruyó 2800 albergues y desplazó a 12,000 personas fue un “sabotaje planeado”.

Htway Lwin, líder comunitario rohinyá, describió que un tiroteo entre facciones rivales precedió al incendio: “Hubo un enfrentamiento armado entre dos bandas. En cuanto las chozas comenzaron a arder, miembros de una de las bandas impidieron que los refugiados apagaran el fuego”. El jefe de Policía de Cox’s Bazar, Mahfuzul Islam, confirmó que “numerosas fuentes rohinyás informaron que hombres del grupo insurgente ARSA iniciaron el incendio”, en referencia al Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán, uno de al menos diez grupos armados que operan dentro del campamento.

Las muertes de refugiados a manos de organizaciones militantes aumentaron de 22 en 2021 a 90 en 2023. Mientras tanto, los secuestros se incrementaron casi cuatro veces, con más de 700 secuestros solo en los primeros nueve meses de 2023, en comparación con aproximadamente 200 de 2022 y cien de 2021.

Refugiados de pie sobre un terraplén elevado que domina los restos calcinados de os albergues después de un incendio desatado en el Campamento 11 la madrugada del 13 de febrero de 2026, alrededor de las 03:20 horas. Foto de Maung Thein Myint, defensor de los Derechos Humanos, activista por los refugiados e investigador documental. Usada con autorización.

“Alguien de ARSA amenazó a los residentes del (campamento 11) hace solamente hace diez días”, explicó Nurul, que vive en el bloque C, a The New Humanitarian. “Presentamos una denuncia con la Policía, que nos aconsejó mantenernos vigilantes y realizar patrullas nocturnas”. Diez días después, el fuego consumió su vecindario.

Grupos  como ARSA y la Organización de Solidaridad Rohinyá libran guerras territoriales a base de incendios, lo que transforman los campos en lo que un funcionario humanitario calificó de “ciudad de un millón de personas — hay buenos y malos vecindarios”. No existen divisiones urbanas orgánicas, sino zonas militarizadas donde reclutamiento forzado, la extorsión y las desapariciones se han convertido en rutinarias.

La economía política de las cenizas

Para comprender los incendios en Cox’s Bazar hay que analizar la arquitectura económica que los rodea. Cuando las llamas arrasaron el Campamento 11 el 5 de marzo de 2023, la respuesta humanitaria inmediata incluyó materiales para los refugios de emergencia, equipos de artículos no alimentarios, camones de agua, servicios médicos y distribución de alimentos para los 16,000 refugiados afectados.

Cada incendio desencadena una cascada de costos ocultos: las familias pierden documentos de identidad y se ven obligadas a enfrentar largos procesos burocráticos para reemplazarlos. Los niños también pierden acceso a la educación cuando los centros de aprendizaje se incendian. En enero de 2024, al menos 1500 estudiantes quedaron sin escolarización de la noche a la mañana. Los registros médicos desaparecen, lo que complica el seguimiento y manejo de enfermedades. Además, las redes sociales se fragmentan cuando se reubicada a las familias en diferentes bloques.

Este teatro de seguridad frente a los incendios revela la paradoja central del sistema. Los actores humanitarios han optimizado sus iniciativas para responder a las emergencias —entrenan a sus voluntarios, instalan extinguidores y hacen campañas de educación— medidas que suelen llegar demasiado tarde, mientras las causas profundas de los incendios no se abordan. Los planes para construir 50,000 refugios semipermanentes y resistentes al fuego, anunciados con gran entusiasmo, hoy permanecen sin financiamiento tras  los recortes de la ayuda internacional de comienzos de 2025.

Alambre de púas y salidas bloqueadas

En ningún lugar se muestra de forma más letal la paradoja de la seguridad frente a los incendios que en las cercas de alambre de púas que rodean los campamentos. Las barreras, instaladas notoriamente por motivos de seguridad, se convirtieron en trampas mortales en el incendio de marzo de 2021). Al menos quince personas murieron y hubo cientos de heridos que intentaban trepar o cortar el alambre cuando las llamas se acercaban.

Las cercas siguen allí. Su función es evitar movimientos no autorizados para mantener la seguridad de los campos. Sin embargo, lo que este dispositivo de seguridad realmente garantiza es que una población permanezca en condiciones de máxima vulnerabilidad, lo suficientemente contenida para evitar huidas, pero no lo suficientemente protegida para asegurar que sobreviva cuando ocurre un desastre.

Espejismo de una solución sostenible

¿Cuántas veces más tendrán estos refugiados que presenciar que el fuego consume sus vidas? Esta pregunta acosa toda reunión humanitaria, todo llamado a donantes y todo informe de investigación.

Omar Khan, profesor de 35 años del Campamento 5, responsabilizó directamente a las  autoridades del campamento después del incendio de enero de 2024: “Las autoridades del campamento son responsables de la magnitud de la tragedia”. Otros acusaron a los funcionarios de no garantizar un acceso adecuado a asistencia básica y a los servicios de emergencia, a pesar de que en los campamentos se han registrado de más de 300 incendios en los últimos seis años.

Tras la catástrofe de marzo de 2021, António Vitorino, director general de la Organización Internacional para las Migraciones, declaró: “Este desastre es un terrible revés que agrava las necesidades humanitarias. Tendremos que comenzar a reconstruir de cero”. Sin embargo, comenzar de cero es precisamente lo que la arquitectura humanitaria en Cox’s Bazar parece haber perfeccionado, no como una falla, sino como un sistema operativo.

El jefe de programa de CARE Bangladesh, Kaiser Rejve, describió la respuesta de la organización tras el  incendio de enero de 2026 que desplazó a 2185 personas: “Más allá de la respuesta inmediata, estamos comprometidos con fortalecer los trabajos de prevención. Incorporaremos sesiones dedicadas a la seguridad contra incendios en módulos de mejora y mantenimiento de los refugios para aumentar el conocimiento y promover prácticas más seguras”.

Este teatro de simulación de seguridad del fuego revela la paradoja central del sistema. Los actores humanitarios se centran en responder ante emergencias en gran medida teóricas —entrena voluntarios, instalan extintores y conducen campañas de educación—, mientras las condiciones estructurales que favorecen los incendios permanecen intocables.

Las soluciones sostenibles existen al menos en teoría: reubicar a las familias en configuraciones menos densas, construir carpas resistentes al fuego con concreto y metal, crear cortafuegos adecuados, retirar las cercas de alambres de púas, y establecer servicios profesionales de bomberos dentro de los campamentos.

Cada una de estas intervenciones choca con la principal realidad política. El Gobierno de Bangladesh no pretende que estos asentamientos sean permanentes, a pesar de que llevan más de ocho años albergando a estas poblaciones. Por eso, cualquier inversión  significativa de largo plazo enfrenta obstáculos políticos.