Reunión de personas transgénero de Benarés el 20 de marzo de 2026 para expresar preocupación por el proyecto de ley de enmienda de los derechos de las personas transgénero de 2026. Imagen por Varanasi Queer Pride (Instagram). Usada con autorización.

En la cámara baja del Parlamento de India se ha presentado un proyecto de ley que atenta contra el núcleo del derecho de las personas transgénero, a la autonomía corporal y a la privacidad que están garantizados por la Corte Suprema de India en una sentencia histórica de 2014 de la Autoridad Nacional de Servicios Legales (NALSA) contra la Unión de India. Los activistas han calificado el proyecto de «inconstitucional» y «peligroso», que se espera que se convierta pronto en ley, y también ha aumentado la preocupación y la incertidumbre sobre su impacto.

Modificaciones propuestas a la legislación vigente

El proyecto de de reforma de la ley de personas transgénero (protección de derechos), 2026 (proyecto de ley de 2026) se presentó en la actual sesión presupuestaria del Parlamento de India, con el fin de modificar la ley de personas transgénero (protección de derechos) de 2019 (ley de 2019),para gran disgusto de la comunidad transgénero de India.

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Según los activistas, las enmiendas propuestas a la ley de 2019 amenazaban la seguridad y privacidad de las personas trans de dos maneras. Primero, restringen la definición de quién se considera «transgénero» al excluir, en la practica, una amplia gama de identidades; esto incluye, entre otros, hombres transgénero, personas no binarias y de género fluido que no encajan en categorías de género rígidas, así como a muchas identidades intersexuales y transfemeninas. Segundo, las enmiendas eliminan la disposición de la ley que garantizaba explícitamente, dentro del texto del estatuto, el derecho a la autoidentificación de género. En lugar de la autoidentificación, ahora una persona tendría que presentar pruebas médicas de un cambio de género mediante cirugía y entregar un certificado, emitido por el superintendente médico o médico en jefe, ante el magistrado del distrito, que, tras quedar satisfecho con la veracidad del certificado, podrá emitir una acreditación que indique el cambio de género.

Control de la identidad de género

Las enmiendas también contemplan crear una «junta médica» para certificar la identidad de género. Estas juntas estarán dirigidas por un médico en jefe o un subjefe médico, y exigen que el magistrado del distrito emita los certificados únicamente tras examinar la recomendación de esa junta. La disposición también permite que el magistrado del distrito solicite la asistencia de otros expertos médicos si fuera necesario.

El canal de cómics Sanitary Panels opina:

#TransRights #RejectTransBill2026 pic.twitter.com/bsQERim8Qj

— Sanitary Panels (@sanitarypanels) March 16, 2026

- Soy trans.
– Bueno, a decir verdad…
– No, no, no estoy preguntando.

Estas disposiciones tratan como una patología la identidad de género al someterla a una certificación médica obligatoria, y plantean serias preocupaciones sobre la privacidad. Cabe señalar que la ley de 2019 y sus normas complementarias no exigían una intervención médica o física. Por el contrario, permitían que las personas transgénero solicitaran directamente el reconocimiento de acuerdo a su identidad de género autopercibida. Si después decidían someterse a una cirugía para cambiar su género, podían solicitar la documentación revisada. Las enmiendas propuestas alteran fundamentalmente este proceso, agregan una junta médica al inicio del procedimiento de reconocimiento, y elimina en los hechos la posibilidad de obtener el reconocimiento según únicamente la autopercepción.

Además, incluir una disposición que permite al magistrado del distrito que solicita la asistencia de otros expertos médicos, plantea preocupaciones adicionales respecto a la privacidad. Al otorgar una discrecionalidad tan amplia, la ley corre el riesgo de permitir que el magistrado del distrito discuta el caso de un solicitante con múltiples profesionales de la salud. No especifica que estas consultas deban llevarse a cabo de manera confidencial, ni que requieran el consentimiento informado del interesado. Sin embargo todas estas preocupaciones son secundarias. Incluso si se implementaran procedimientos confidenciales, sobre consentimiento y afirmativos para las personas trans, el simple requisito de una junta médica para certificar de la identidad de género atenta contra el núcleo de la sentencia de la Corte Suprema en el caso NALSA, y la vulnera.

Tipificación de delitos: ¿protección o fiscalización?

Bajo la ley de 2019, el artículo 18 criminalizaba actos específicos como obligar a personas transgénero a hacer trabajos forzados, denegarles el acceso a lugares públicos, los obliga a abandonar su vivienda o los somete a abuso físico, sexual, verbal, emocional o económico. Las enmiendas propuestas mantienen estos delitos sin intentar racionalizar las penas, desproporcionadamente bajas para ciertas infracciones, como el abuso sexual cometido contra una persona transgénero, en comparación con las penas previstas en el derecho penal general de India. Por otro lado, introduce nuevas disposiciones para criminalizar actos como el trabajo forzado, la mendicidad o prostitución, secuestro y las lesiones graves o daños infligidos al obligar a una persona a «asumir, adoptar o presentar exteriormente una identidad transgénero» o incluso «vestirse, presentarse o comportarse exteriormente como una persona transgénero» mediante seducción, incitación, engaño, coacción o medios similares.

A primera vista, estas disposiciones pueden parecer un remedio contra las formas más graves de coacción. Sin embargo, la conducta que entra dentro de su ámbito de aplicación sigue siendo ambigua. No queda en absoluto claro qué entiende la ley por «presentarse, vestirse o comportarse» como persona transgénero, especialmente en el contexto de la nueva definición medicalizada. Estos términos no están definidos ni catalogados, y siguen estando abiertos a (malas) interpretaciones por parte de la Policía y el Estado.

La línea se vuelve difusa entre situaciones que implican violencia real o secuestro, y las que suponen una integración voluntaria en redes y normas comunitarias como ocurre dentro de las hijra gharanas, las estructuras comunitarias tradicionales sobre parentesco entre personas transgénero en el sur de Asia). Esto genera preocupación por el uso indebido del derecho penal en contextos en los que las personas transgénero reciben refugio y apoyo de su comunidad, especialmente cuando no hay respaldo del Estado, sus familias de origen y la sociedad en general. La invocación adicional del derecho penal parece haberse realizado sin llevar a cabo consultas con las partes interesadas ni evaluación de impacto sobre las consecuencias sociales, fiscales y judiciales de la ley.

No hay evidencia disponible en el dominio público que indique la necesidad de tal criminalización. Por lo tanto, no está claro si el problema que el Estado pretende resolver es un problema que existe en la actualidad.

En la ley de 2019 se propuso de forma controvertida una disposición similar, que finalmente se descartó. En el contexto más amplio del proyecto de ley de 2026, estas propuestas refuerzan la narrativa colonial que mira con recelo las expresiones de identidad de género, especialmente cuando ocurren fuera de las categorías estrechamente definidas y reconocidas por la ley. Esta posibilidad ha contribuido a los temores de que las disposiciones concebidas como medidas de protección puedan utilizarse para vigilar la identidad y las relaciones comunitarias, en lugar de para evitar daños reales.

El camino a seguir

El proyecto de ley aún no ha sido promulgado, lo que significa que existen varias vías para su tramitación. El proyecto de ley podría ser aprobado por la cámara baja del Parlamento, retirado por el Gobierno, o enviado a lo que se conoce como Comité Permanente Parlamentario, grupo de parlamentarios que examinaría la propuesta de ley en detalle y que también podría consultar a expertos y partes interesadas de la comunidad antes de presentar un informe final con recomendaciones.

La activista Prakhy publica en X (antes Twitter):

Today, at the press conference in Delhi regarding the Transgender Amendment Bill 2026. Hope we can collectivise and resist. #Nogoingback #Rejecttransbill2026 #Rejectbill79 pic.twitter.com/wyH1a4JaC5

— prakhy (@prakkhy) March 16, 2026

Hoy, en la conferencia de prensa en Delhi sobre el proyecto de enmienda para personas transgénero 2026. Espero que podamos colectivizarnos y resistir.

Otra vía posible es el litigio ante los tribunales una vez que el proyecto de ley se promulgue. Sin embargo, ya existen peticiones que impugnan diversas disposiciones de la ley de personas transgénero (protección de derechos) de 2019 pendientes ante la Corte Suprema desde ese mismo año, lo que significa que es poco probable que el alivio por esta vía, de llegar a realizarse, sea inmediato.

Mientras tanto, activistas y miembros de la comunidad transgénero mantienen su compromiso de lograr que el proyecto de ley sea retirado, y permitir que la legislación retorne a los principios fundamentales resumidos por la Corte Suprema en la sentencia de NALSA.