Foto aérea de Guanacaste, Costa Rica. Foto de Jean Paul Montanaro vía Pexels. Uso libre.

La escasez de agua no es lo que normalmente viene a la mente cuando piensas en un país costero y tropical como Costa Rica. Sin embargo, Guanacaste, la provincia noroeste del país llamada así por el árbol nacional, es la región más seca. La región es muy valorada por sus playas de arena negra y áridos paisajes tropicales, y podría confundirse fácilmente con parte de las islas Canarias.

El registro ambiental de Costa Rica da motivos significativos para celebrar. Más del 25% de su territorio está protegido mediante parques y reservas nacionales, y estableció metas ambiciosas para lograr un 100% de electricidad renovable, con el apoyo de un antiguo modelo energético público. Sin embargo, una inspección más profunda cuenta una historia diferente.

Guanacaste es una región de bosque seco tropical donde las temperaturas pueden llegar a los 35 grados Celsius durante la estación seca, que generalmente dura desde diciembre hasta abril. Antes, gran parte de la región se convirtió en pastizales para criar ganado, lo que provocó una desforestación generalizada por desmonte y uso de fuego para mantener las tierras de pastoreo. Como resultado, los bosques secos tropicales son ahora uno de los ecosistemas más amenazados en el trópico. La marginación histórica también significó una presencia estatal relativamente limitada e instituciones de planificación más débiles en la región, lo que puede hacer que sea difícil hacer cumplir las regulaciones ambientales y restricciones de zonificación.

Imagen de Guanacaste en Costa Rica, vía Wikimedia Commons (licencia CC BY-SA 3.0).

Si bien la cobertura forestal se ha reparado en las últimas décadas, siempre es posible que haya nuevas presiones. Ahora, inversionistas inmobiliarios y compradores extranjeros buscan tierra costera para especulación y segundas viviendas. Desde la pandemia del COVID-19 (también desde antes, pero en especial desde entonces), la región se hizo popular entre la comunidad nómada digital, y lo que yo ambiguamente llamo «migrantes de estilo de vida». Son personas bastante adineradas de países ricos (principalmente de Norteamérica) que viven siempre en la región o tienen una segunda vivienda y pasan al menos una parte del año bajo el sol.

En la costa de Guanacaste y en pueblos como Tamarindo y Nosara, hasta el 60% de las casas están deshabitadas seis meses del año o más; una tasa de vacantes que surgió de un auge inmobiliario, que ubica a la región como uno de los centros de especulación que más rápido ha crecido. Además de hacer que la vivienda sea menos accesible para los lugareños (lo que los promotores podrían llamar «oportunidad»), es un impacto pernicioso para el ambiente y para la economía local. Al mismo tiempo, la lejanía histórica de la región ahora realza su encanto para promotores y migrantes de estilo de vida.

Foto aérea de Tamarindo de 2007, vía Wikimedia Commons (licencia CC BY-SA 3.0).

Las casas de playa «remotas», villas «aisladas» o los departamentos con vista al océano son atractivos por la exclusividad de retiro que ofrecen, lo que permite a los habitantes vivir lejos de las presiones y rutinas de sus países de origen, incluso mientras participan en los flujos globales de riqueza y consumo.

Los proyectos de turismo de enclave, desconectados económica y socialmente de las comunidades aledañas, toman la forma de vecindarios cerrados, centros turísticos de lujo y viviendas vacacionales que funcionan como espacios autónomos.

En Guanacaste, las villas en las laderas y casas con vista al océano encarnan este modelo. Sus diseños espaciales ofrecen pocas oportunidades de interactuar con la población local, ya que la mayoría de estas casas se construyen en colinas o la costa, lejos de los pueblos donde tradicionalmente han vivido las personas. Si bien estos proyectos crean algunos trabajos en el sector de servicios, como jardineros, personal de limpieza, guardias de seguridad y meseros, gran parte de las ganancias que generan estas propiedades al final van al extranjero.

Villa aislada en la ladera en Costa Rica. Captura de YouTube.

Estas relaciones sociales globales desiguales son más obvias en la disparidad de riqueza entre extranjeros adinerados que viven en Guanacaste y los migrantes nicaragüenses cuyos labores esenciales sustentan los sectores de construcción y de servicios.

Una crisis bajo la superficie

Políticas destinadas a atraer a los más adinerados y a la inversión extranjera han fomentado proyectos residenciales rápidos, y a menudo, desregulado. Aunque la provincia es geográficamente grande, este crecimiento se ha concentrado en la franja costera. En conjunto, estas presiones han hecho que el acceso al agua sea el problema ambiental más urgente de la región.

Los proyectos de viviendas de lujo cambian los paisajes y la economía local, y también ponen bajo presión los sistemas hídricos. Guanacaste siempre ha sido una región tropical seca, caracterizada por sequías largas y variación estacional, pero el cambio climático intensifica estas condiciones, ejerce una presión aún más grande sobre un ecosistema que ya es seco.

La gobernanza efectiva del agua no ha estado a la altura de estas presiones. Por años, las instituciones públicas no han tenido datos confiables sobre cuánta agua pueden proveer de manera sostenible los acuíferos costeros en Guanacaste, incluso mientras miles de pozos extraen cantidades desconocidas bajo la superficie. Investigaciones indican que muchos acuíferos en la costa del Pacífico ya están sobreexplotados o contaminados por agua de mar, especialmente en zonas de turismo intenso y proyectos residenciales.

La especulación inmobiliaria también puso en riesgo el acceso al agua potable de las comunidades costeras. En algunos casos, permite dudosas concesiones de tierras en zonas costeras públicas, como la Zona Marítimo-Terrestre, franja de tierra legalmente protegida destinada al uso público, y contribuyó a la destrucción de ecosistemas manglares para dar paso a desarrollos a gran escala.

Aunque los proyectos de hoteles grandes y viviendas de lujo suelen asegurar un acceso continuo al agua, las comunidades locales enfrentan cada vez más escasez y restricciones. Desde 2020, la constitución de Costa Rica reconoce formalmente el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental; aun así, en lugares como Guanacaste, las comunidades dicen que la rápida expansión del turismo y desarrollo inmobiliario está poniendo a prueba cómo se aplica ese derecho en la práctica. Una investigación sobre la calidad del agua en los acueductos de Guanacaste, publicada en marzo de 2026, destaca cómo la inversión insuficiente en los sistemas hídricos ha contribuido al declive de la calidad del agua en la región. De acuerdo con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), docenas de acueductos muestran signos de contaminación, incluidos coliformes fecales, a menudo relacionados con la infraestructura antigua y la limitada capacidad técnica y financiera de los operadores de agua locales.

En este contexto de una infraestructura sobrecargada e inversión desigual, el agua cada vez más se convierte en un recurso estratégico ligado al turismo y a los intereses inmobiliarios. En algunas comunidades, el control sobre la infraestructura hídrica pasó de los habitantes a los sectores privados, lo que profundiza los temores de despojo. La línea entre el suministro público y el control privado se difuminó aún más debido a la dependencia del Gobierno de la financiación privada para los sistemas hídricos, lo que refuerza la influencia de los promotores sobre los recursos locales y alimenta la desconfianza sobre quién gobierna el acceso al agua, en última instancia.

Resulta que los promotores no son muy buenos vecinos. Desde principios de los años 2000, la expansión del turismo y proyectos residenciales ha provocado conflictos entre comunidades, inversionistas y autoridades estatales en reiteradas ocasiones, relacionados al acceso al agua.

En Guanacaste, conflictos similares han surgido en lugares donde el turismo y los proyectos residenciales se han expandido más rápido. En la comunidad rural de Sardinal, los planes para desviar el agua de un acuífero interior para suministrar hoteles y viviendas costeras provocaron protestas, luego de que los habitantes descubrieron que el proyecto había avanzado sin que supieran. En Potrero, comunidad costera que tradicionalmente ha vivido de la pesca y se convirtió en un destino turístico popular, la presión de los promotores y las autoridades estatales amenazaron la autonomía de un antiguo acueducto gestionado por la comunidad, lo que provocó temores de que el agua local se desviara hacia proyectos de lujo. En el caso del acuífero Nimboyores en Santa Cruz, los planes del Gobierno para explotarlo (retratados como una respuesta a la escasez de agua regional) provocaron años de resistencia comunitaria, ya que los habitantes argumentaban que el verdadero problema no estaba en la escasez local, sino en la creciente demanda del turismo y proyectos inmobiliarios.

Más recientemente, la comunidad costera de Marbella se ha convertido en un punto crítico en las guerras por el agua. Los intereses inmobiliarios tomaron el control del acueducto rural mientras que se perforaron pozos ilegales al interior de complejos residenciales para suministrar segundas viviendas. Las autoridades han identificado grandes cantidades de pozos no autorizados en la zona, lo que intensificó las preocupaciones sobre la disminución y salinización del acuífero. A pesar de las sentencias judiciales e investigaciones periodísticas que destacan el uso de tierras y la extracción de agua irregulares, las construcciones continúan y los miembros de la comunidad que se oponen a los proyectos denuncian actos de intimidación. En respuesta, los lugareños se organizaron para defender su derecho al agua en contra de lo que describen como un modelo de desarrollo extractivo que prioriza la vivienda de lujo por sobre el acceso básico.

Las presiones que Guanacaste enfrenta no son únicas. Un informe publicado antes de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua 2026, titulado «Global Water Bankruptcy: Living Beyond Our Hydrological Means in the Post-Crisis Era«(Bancarrota hídrica global: vivir más allá de nuestros medios hidrológicos en la era posterior a la crisis), advierte que los acuíferos del mundo están alcanzando un punto crítico luego de décadas de extracción intensiva, combinada con la contaminación y la creciente demanda de la agricultura en expansión y de ciudades en crecimiento en un clima cada vez más caluroso.

En una época marcada por intensos traslados entre países, la distribución desigual de derechos y experiencias en comunidades de acogida refleja dinámicas de poder y privilegio subyacentes que requieren un análisis más profundo.