De Paula Villar para APC. Usado con autorización.

De Mariana Tamari

Traducido al inglés por Gwynneth Kably

Este artículo es parte de la serie Spotlight de abril de 2026 de Global Voices, Perspectivas humanas sobre IA. Esta serie ofrecerá una mirada profunda hacia cómo se está usando IA en países en desarrollo, cómo su uso e implementación afectan a las comunidades individuales, qué podría significar este experimento de IA para futuras generaciones, y más. Puedes apoyar este reportaje donando aquí.

La pregunta «¿Qué se puede hacer para crear y promocionar una perspectiva de derechos humanos para la IA?», por lo general, nos lleva a circular a través de mundos abstractos y universalistas de principios éticos, marcos regulatorios e innovación en sí misma. Sin embargo, cuando esta serie me planteó escribir un artículo en respuesta a esta pregunta desde mi experiencia como investigadora, sentí que debía basarse en realidades concretas, en las que la inteligencia artificial, automatización y digitalización ya se están implementando en territorios, y sus impactos los sienten cuerpos, biomas y comunidades específicas.

Fue esta necesidad de materializar el debate lo que me llevó al camino de la investigación-acción que hice en coautoría con Joana Varon de la organización Coding Rights, para el Proyecto Tramas de la Coalición Feminista Decolonial por la Justicia Digital y Ambiental. Con esta investigación, entendimos que la pregunta sobre una IA sobre derechos humanos deja de ser especulación y se vuelve algo urgente y localizado. ¿Quién controla estas herramientas? ¿A servicio de quién operan? ¿Qué formas de existencia eliminan?

Cuando dirigimos nuestra atención hacia las tendencias y narrativas que actualmente moldean la gran industria del agronegocio, inmediatamente nos transportamos a una realidad que se asemeja a un guion distópico de ciencia fricción. Muy lejos de la imagen tradicional de un agricultor con una azada en la mano trabajando en conjunto con la tierra, los campos que los gigantes de la industria manejan consisten en miles de hectáreas prácticamente sin personas y sin diversidad agrícola.

El agronegocio digitalizado es masculino y patriarcal, en contraste con la imagen de la agricultura tradicional y familiar, en la que la naturaleza cultivaba la reproducción de la vida con cuidado y delicadeza. Está hiperconectado, aséptico y dominado por máquinas pesadas que parecen naves espaciales o tanques de guerra. Esto es el agronegocio orquestado por la simbiosis depredadora entre las mayores empresas tecnológicas del mundo, conglomerados de agronegocio enormes y grandes flujos de capital financiero. Es una alianza poderosa entre las grandes empresas tecnológicas, las grandes empresas agrarias y el dinero grande.

Desenmascarar falsas narrativas

Investigar el brutal impacto de la digitalización del monocultivo en Brasil y la red de poder económico en su interior hace que surjan preguntas fundamentales sobre este modelo. En un contexto en el que las tecnologías digitales, la inteligencia artificial y la conectividad se presentan como fuerzas inevitables de la expulsión de tierras, ¿qué se puede y se debería hacer para crear y promocionar una perspectiva hacia los avances tecnológicos y de IA que se base en la defensa de derechos?

Para abordar esta contradicción, debe retirarse la máscara del discurso del sector. La narrativa hegemónica, promocionada en grandes ferias comerciales y eventos sobre tecnología, celebra las llamadas «agricultura de precisión» o la «digitalización de la agricultura». Enjambres de sensores esparcidos en la tierra, supervisión remota, gestión de flotas automatizada y modelos predictivos complejos con inteligencia artificial se comercializan como soluciones tecnológicas mágicas para todos los desastres que el mismo monocultivo provoca, desde la degradación acelerada del suelo hasta infestaciones de plagas provocadas por la falta de diversidad, hasta falta de mano de obra.

En el universo paralelo que creó el sector corporativo, el colapso climático inminente simplemente no existe. El futuro prometido siempre es uno de control y abundancia, garantizado por la tecnología digital y la precisión que solo la IA puede otorgar. La gran promesa de la alianza entre las grandes empresas agrícolas y las grandes empresas tecnológicas es que se podrá acceder a enormes extensiones de tierra monocultivada con solo tocar la pantalla de un teléfono móvil, con cosechadoras y tractores colosales que se operan de manera remota, lo que convierte la gestión de la vida en un frío videojuego.

Es precisamente en este punto del debate que surge la vulneración de derechos fundamentales más seria. La digitalización sin restricciones consolida un modelo en el que ya no prevalece la presencia humana, una relación íntima, directa y respetuosa con la tierra. El conocimiento empírico del territorio, que se refinó durante siglos y que se pasó de generación en generación por las comunidades tradicionales, rápidamente se descarta por considerarse obsoleto. Estamos presenciando una mutación ontológica abrumadora, en la que nuestras relaciones laborales, lazos comerciales, afectos e interacciones con la naturaleza se transforman estructuralmente y se reducen a una cantidad de datos inmensa y humanamente imposible de manejar.

Toda la complejidad de los biomas y de quienes los habitan se extrae, muele y procesa en algoritmos de IA, y se guardan en una «nube» tecnológica oscura. Esta infraestructura invisible dicta todas las soluciones y los caminos para maximizar el negocio del monocultivo. El efecto de esta digitalización generalizada es la eliminación brutal de formas de existencia que el capital considera indeseables. Dentro de esta narrativa, las comunidades tradicionales y los conflictos territoriales antiguos prácticamente desaparecen bajo imágenes satelitales distantes. Los monitores de operadores remotos no toman en cuenta pueblos, asentamientos ribereños y territorios quilombolas. Ya que son invisibles para los algoritmos entrenados para solo ver materias primas, estas poblaciones son ignoradas por las autoridades públicas, que se deslumbran por la modernidad y delegan la gobernanza al mundo digital.

Impactos en realidades vividas

Esta invisibilidad programada se materializa como violencia y despojo en las zonas rurales del país, como se ve en la región del Cerrado de Matopiba en Brasil (zona que abarca partes de los estados brasileños de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahia), que actualmente representa la frontera de expansión agrícola principal del país. Allí, la llegada de las «innovaciones» tecnológicas y las narrativas del agronegocio digitalizado sientan las bases para el desplazamiento violento, y se suman a los conflictos agrarios antiguos.

El caso de la comunidad tradicional de Gleba Tauá en el norte de Tocantins ejemplifica el peso de esta alianza (los datos de la región Matopiba y Gleba Tauá se obtuvieron mediante una investigación colaborativa con Antônia Laudeci Oliveira Moraes). Las familias que han habitado el territorio por casi un siglo ven cómo las nuevas tecnologías de expulsión manipuladas por los acaparadores de tierras estrangulan sus hogares. El acaparamiento de tierras, del portugués «grilagem de terras», es un término que se usa en Brasil para describir la apropiación ilegal de tierras públicas o privadas mediante falsificación de documentos, como escrituras y registros. Se relaciona al fraude, la corrupción, deforestación ilegal y violencia contra los pueblos tradicionales. El origen del término viene de una antigua práctica que trataba sobre envejecer artificialmente documentos falsos dentro de cajas con grillos («grilos», en portugués) para que parecieran auténticos.

La digitalización de la gestión de tierras, impulsada por mecanismos autodeclarados, como el Registro Ambiental Rural (CAR, por su nombre en portugués), institucionaliza el acaparamiento de tierras digital. En la región Matopiba, la digitalización de registros de tierras mediante el sistema CAR superpone los registros irregulares que generan una disputa territorial digital, lo que invisibiliza las ocupaciones territoriales tradicionales y sienta las bases para la deforestación masiva del Cerrado. Como los satélites y sistemas de validación automatizados no pueden distinguir entre la ocupación histórica de las comunidades tradicionales y las invasiones recientes impulsadas por la deforestación ilegal, los grandes terratenientes usan plataformas digitales para registrar tierras públicas y colectivas como propiedad privada. El resultado es la creación de un «Brasil ficticio», en el que el registro algorítmico genera activos financieros en el mercado, lo que legitima el encierro de comunidades y oculta la deforestación.

Y cuando la eliminación que las bases de datos promueven no es suficiente para disuadir a las comunidades de hacer valer sus derechos, la tecnología revela su cara armada. Se han desplegado drones, comercializados bajo el pretexto de la sostenibilidad y precisión, como instrumentos de terror. Dispositivos no tripulados rodean propiedades agroecológicas de manera intimidante, rocían nubes de agroquímicos sobre las casas, fuentes de agua y los huertos de productores pequeños. Estas herramientas tecnológicas sobrevuelan a los agricultores pequeños que esparcen miedo, los acorralan y expulsan.

¿Cómo se pueden integrar tecnologías sin violar derechos?

Cuando somos testigos de la imposición de este modelo sobre territorios, codificado como un progreso incuestionable, estamos obligados a preguntar cómo la tecnología digital, basada en datos e inteligencia artificial, puede integrarse en la vida rural de manera que respete y garantice los derechos.

El primer paso es abandonar la falacia de la neutralidad tecnológica y algorítmica, y cuestionar la arquitectura de poder subyacente integrada en estos sistemas. En el centro del debate sobre derechos humanos en la era digital debe estar el esfuerzo por revelar para qué sirven estas herramientas y, sobre todo, quién las controla. Una IA que respeta los derechos y ayuda a los avances de la humanidad debe diseñarse con transparencia y gobernanza descentralizada. Encubrir los procesos de acaparamiento de tierras, esparcir miedo, deshumanizar relaciones u optimizar la destrucción socioambiental no pueden ser prácticas admisibles. Las infraestructuras tecnológicas públicas deben rediseñarse para incorporar la participación colectiva, y garantizar que se usen para cartografiar y proteger las territorialidades sociales y la diversidad, en vez de cubrirlas bajo un velo verde estandarizado impuesto mediante satélites.

Además, forjar una perspectiva desde los derechos requiere desmantelar el tecnosolucionismo. Debemos entender que las respuestas a la sostenibilidad de la vida y la defensa de la biodiversidad no vendrán de las grandes empresas tecnológicas ni las grandes empresas agrícolas. Estos actores deben permanecer bajo escrutinio constante de las autoridades públicas y la sociedad civil. Debemos reconocer la validez superior de las tecnologías regenerativas, agroecológicas y ancestrales [9]. El agronegocio altamente tecnologizado marginaliza estas prácticas, pero son los terrenos tradicionales de los minifundistas, las densas redes de intercambio entre comunidades, las semillas de herencia y la lectura ancestral de los patrones climáticos de los agricultores pequeños lo que realmente preserva la justicia socioambiental y garantiza la seguridad alimentaria. Las soluciones como las flotas de drones o predicciones que usan grandes datos son violentas, y en la mayoría de casos, sirven solo para garantizar las ganancias del agronegocio a costa de la diversidad y vida.

El camino hacia una IA hecha para el ser humano exige que la humanidad recupere la esencia de la cooperación. En su «Teoría de la bolsa de transporte de la ficción», la escritora de ciencia ficción feminista Ursula K. Le Guin sugiere que la gran tecnología de sobrevivencia no debería ser el arma que daña, conquista y rocía veneno desde el cielo, sino el recipiente humano, que recolecta semillas, teje redes de cuidado mutuo y preserva el conocimiento. Si no queremos que la IA se convierta en verdugo de nuestro futuro, debemos abandonar la lógica fría y distópica de la dominación patriarcal. El desarrollo de una IA que garantiza los derechos y preserva la vida debe ser subordinado de manera no negociable a la justicia socioambiental, aceptar la premisa ancestral de que, dentro de la gran red tecnológica de la existencia, no somos manipuladores aislados en la cima de una cadena, como expresó el pensador quilombola Nêgo Bispo (Antônio Bispo dos Santos). Siempre debemos tener en cuenta que «la tierra da, la tierra quiere».

Algunas referencias para este artículo no se pudieron incorporar en el sitio de Global Voices. Puedes verlas en el sitio web de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones.

Mariana Tamari es periodista e investigadora que trabaja en la intersección de la política, los feminismos, la tecnología y justicia socioambiental. Socio fundadora de Agência Mira, consultoría de comunicación política estratégica, antes ejerció como codirectora ejecutiva de la organización Coding Rights, en la que lideró investigaciones, proyectos, operaciones institucionales y un equipo multidisciplinario. Antes de eso, ocupó cargos como funcionaria de programa regional en la organización ARTIGO 19 Brasil, la Fundación Rosa Luxemburgo y el programa Cisco Networking Academy. También ejerció como directora de alianzas en Mapeo – IA y Big Data. Tiene formación en periodismo, y trabajó como periodista para el periódico Folha de S.Paulo y la agencia de noticias Reuters y colaboró con numerosos medios en Brasil, incluidos Revista A Rede, Brasil de Fato y Carta Capital, entre otros.

Paula Villar nació en Río de Janeiro, Brasil, en 1992. Se graduó en psicología y completó un posgrado en psicología clínica. A pesar de que dibuja desde una edad muy temprana, fue solamente durante la pandemia del COVID-19 que Paula decidió cambiar de carrera para dedicarse al arte digital y el activismo. Además, también trabaja con otros medios, como pintura al óleo, dibujos realistas a lápiz y tinta china.