Protestas tras las elecciones en Maputo, Mozambique, 2025. Foto: Wilson Thole/Uso autorizado

Organizaciones de la sociedad civil de Mozambique, como el Centro para Democracia y Derechos Humanos (CDD), presentaron una recurso ante el defensor del pueblo para impugnar la constitucionalidad del Decreto n.º 48/2025 de diciembre de 2025, que establece mecanismos de control y posibles bloqueos para acceder a las redes de telecomunicaciones en el país.

Según el portal Moz24h, la preocupación entre periodistas y especialistas es que la medida pueda poner en riesgo derechos como la libertad de expresión, acceso a la información y la comunicación, sobre todo en contextos de movilización social o tensión política. El cuestionamiento surge en un contexto aún acalorado para el país tras las elecciones de 2024. Según datos de la Plataforma Decide, hasta octubre de 2025, se registraban 411 muertos y cerca de 7200 detenidos.

Activistas y organizaciones cívicas argumentan que el decreto permitiría restricciones para acceder a internet y las plataformas digitales, herramientas cada vez más imprescindibles para la circulación de la información, organización de protestas y participación cívica. El texto aprobado permite al Estado suspender los servicios de telecomunicaciones hasta por 48 horas, sin necesidad de orden judicial, según informa Deutsche Welle.

También según organizaciones de la sociedad civil, el decreto concede amplios poderes a las autoridades para intervenir las redes de telecomunicaciones con el argumento de la seguridad nacional o el orden público.

En su recurso al defensor del pueblo, las organizaciones solicitan un análisis sobre la compatibilidad del decreto con la Constitución de la República de Mozambique y con los compromisos internacionales que fortalecen al país en materia de derechos humanos y libertad de expresión.

Em marzo de 2026, el ministro de Comunicaciones y Transformación Digital, Américo Muchanga, negó que la medida fuera una restricción de derechos. La defiende como una forma de proteger a la sociedad en momentos críticos, de reforzar la capacidad del Estado de gestionar situaciones de crisis y de proteger infraestructuras de telecomunicaciones esenciales.

Especialistas discrepan en la lectura

Global Voices consultó con diversos especialistas, que tienen interpretaciones diferentes sobre el decreto y sus posibles impactos.

Un investigador, que pidió no ser identificado por seguridad, recuerda que varias democracias del mundo tienen mecanismos legales que permiten restricciones temporales a las comunicaciones. Para el investigador, los contextos políticos donde las manifestaciones sociales se interpretan frecuentemente como amenazas a la estabilidad pueden hacer que la aplicación de normas de este tipo sea particularmente sensible, y agrega:

O que foi feito neste decreto é tentativa de legalizar toda e qualquer ação que o governo possa ter em uma situação de protesto social. Na França existe, no Brasil existe, nos Estados Unidos existem. Em qualquer parte em que exista alguma democracia, que chamamos a dita democracia consolidada, existem dispositivos estatais, governamentais, que limitam o acesso às comunicações, quando se entende que eles violam o direito de outras pessoas ou imposições em causa do próprio Estado. Não é o decreto o problema. O problema é como pode ser aplicado. O nosso problema é que não há tolerância. Tudo aquilo que parece ser protesto é visto como tentativa de subversão, tentativa de colocar em causa a ordem. É um problema histórico de governança e questão central na interpretação também do próprio decreto.

Lo que se ha hecho en este decreto es un intento de legalizar todas y cada una de las medidas que el Gobierno pueda tomar en una situación de protesta social. En Francia existe, en Brasil existe, en Estados Unidos existe. En cualquier lugar donde exista alguna democracia, lo que llamamos una democracia consolidada, en Francia y demás, existen dispositivos estatales, gubernamentales, que limitan el acceso a las comunicaciones cuando se considera que violan los derechos de otras personas o las imposiciones del propio Estado. En todos los países normales existen normas. El problema no es el decreto. El problema es cómo se puede aplicar. Nuestro problema es que no hay tolerancia. Todo lo que parece ser una protesta se ve como un intento de subversión, un intento de cuestionar el orden. Es un problema histórico de gobernanza y una cuestión fundamental en la interpretación del propio decreto.

El activista y periodista Nadio Taimo resalta que el decreto surge en un momento en que el espacio cívico digital en Mozambique enfrenta crecientes presiones. Dice que el acceso a internet es ahora fundamental para que la información circule y ejerza la libertad de expresión. Taimo observa que muchos órganos de comunicación social migraron a plataformas digitales de prensa tradicional, lo que vuelve el ambiente en línea un espacio importante para divulgación de noticias, debate público y movilización social. En ese contexto, posibles bloqueos de acceso a internet podrían limitar significativamente el acceso a la información.

Já temos uma expansão, uma onda crescente de jornais eletrônicos. Já não imprimimos jornais, devido aos custos. Migramos para a era digital, logo, há aqui um bloqueio de acesso à informação, e até o próprio espaço de opinião, de promoção da liberdade de expressão, pode ser limitado. Os órgãos de comunicação social são todos, a maior parte deles, do governo, e controlados, e nos é fechado o espaço cívico, o espaço físico, nas ruas, quando nos proíbem de realizar marchas.

Ya tenemos una expansión, una ola creciente de periódicos electrónicos. Ya no imprimimos periódicos, por los costos. Hemos migrado a la nueva era digital, por lo que aquí hay un bloqueo del acceso a la información, e incluso el propio espacio de opinión, de promoción de la libertad de expresión, puede ser un espacio limitado. En su mayoría, los medios son de ellos, del Gobierno, y están controlados. Y se nos cierra el espacio cívico, el espacio físico, en las calles, cuando nos prohíben las marchas. Entonces, aprovechamos el espacio digital para mostrar nuestro descontento, porque se cierra el espacio físico.

El activista agrega que el decreto puede formalizar prácticas que, según las organizaciones de la sociedad civil, ya había habido momentos de tensión política:

Este documento é apenas uma formalização de uma intenção política de bloqueio da internet, que já vinha sendo aplicada, só que não havia uma formalização legal.

Este documento es apenas una formalización de una intención política de bloqueo de internet, que ya se había aplicado, solo que no tenía formalización legal.

Antecedentes, protestas y control

El debate sobre el control de las telecomunicaciones en Mozambique también está ligado a episodios anteriores de movilización social. En febrero de 2008 y septiembre de 2010, se desencadenaron protestas populares en las ciudades de Maputo y Matola por el aumento del costo de vida, especialmente en los precios de transporte y de bienes esenciales. Durante esas manifestaciones, se usaron ampliamente teléfonos móviles y mensajes de texto para movilizar y coordinar las acciones. En respuesta, el gobierno de ese entonces impulsó medidas más rigurosas para regular las comunicaciones, que incluye la obligatoriedad para todos los usuarios de registrar todas las tarjetas SIM.

Hubo nuevas protestas en noviembre de 2012, impulsadas por jóvenes que estaban en contra del aumento de las tarifas del transporte semicolectivo urbano, conocidos como chapa-100. La rápida intervención de las fuerzas policiales en locales de mayor concentración de manifestantes impidió que las protestes se expandieran.

Esos episodios ocurrieron en momentos de marcada reivindicación social de la juventud mozambiqueña en período posindependencia (1975), reflejan frustraciones relacionadas con desigualdades económicas, desempleo y aumento del costo de vida en un contexto de liberalización económica. En ese escenario, la cultura urbana también desempeñó un papel importante en la expresión del descontento social. Artistas como el rapero Azagaia pasaron a ser voces influyentes entre los jóvenes, con canciones de crítica social ampliamente difundidas en manifestaciones y plataformas digitales.

Tendencia regional de bloqueos de internet

El debate en Mozambique no es una situación aislada. Organizaciones internacionales de vigilancia digital documentaron diversos casos de interrupción de internet en países africanos en los últimos años, frecuentemente asociados a procesos electorales, manifestaciones populares o conflictos internos. En Angola y Guinea Bissau, por ejemplo, los gobiernos han usado bloqueos o restricciones del acceso a internet durante períodos de inestabilidad política.

Organizaciones de derechos humanos y grupos de defensa de la libertad digital sostienen que los bloqueos limitan el acceso a la información, dificultan el trabajo de los periodistas y restringen la participación cívica. De otro lado, especialistas en gobernanza digital alertan que estas medidas pueden tener impacto significativo, no solo en el debate público, sino también en los medios de subsistencia de la población civil.

A pesar de la entrada en vigor del decreto referido, en Mozambique aún no se ha aplicado en la práctica, lo que dificulta evaluar sus efectos que podría tener en manos del Gobierno. Paralelamente, el Consejo Constitucional aún no se pronuncia sobre la disposición de las organizaciones de la sociedad civil sobre una posible inconstitucionalidad de la norma, lo que contribuya a escenario de incertidumbre jurídica e institucional.