Vista aérea de la masacre de la harina, en la que murieron al menos 118 palestinos y 760 resultaron heridos luego de que las fuerzas israelíes abrieron fuego mientras las víctimas buscaban comida en camiones de ayuda humanitaria, 29 de febrero de 2024. Foto en Wikimedia Commons (CC BY 3.0).

Por Nadim Nashif

La Unión Europea se presenta como la reguladora de inteligencia artificial (IA) más ambiciosa del mundo. Con la ley de inteligencia artificial, la ley de servicios Digitales, la directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad o el reglamento sobre doble uso, Bruselas ha construido una elaborada arquitectura de normas diseñada para asegurar que la tecnología sirva a los derechos humanos. Lo que esa arquitectura no hace es seguir a la tecnología cuando cruza una frontera.

Nuestra investigación en 7amleh, el Centro Árabe para el Avance de las Redes Sociales, rastrea lo que sucede cuando sí hace el seguimiento.

Un sistema, no errores aislados

Lo que encontramos no es una serie de errores de adquisición aislados ni descuidos de la financiación. Es un patrón. Un sistema estructurado y mayormente opaco por el que el dinero europeo fluye hacia tecnologías de IA de alto riesgo y de vigilancia, que luego llegan a Gobiernos y fuerzas armadas en la región de Asia occidental y norte de África, que incluye a Israel, sin obligación vinculante para evaluar para qué se usarán esas tecnologías, en contra de quién y a qué costo humano.

El mecanismo tiene tres canales principales.

El primero opera a través del control migratorio. Bajo el principal instrumento de la Unión Europea para la cooperación con terceros países, el 10% de la dotación financiera se destina a la gobernanza migratoria. En 2023 y 2024, la Unión Europea firmó acuerdos con Egipto, Marruecos, Túnez y Líbano, y condicionó la ayuda en la cooperación de esos Gobiernos con el control de la migración irregular. Lo que siguió fue la transferencia de sistemas de identificación biométrica, herramientas de filtro de viajeros, pasos fronterizos inteligentes e infraestructura de vigilancia marítima.

La financiación rara vez es directa. Se dirige a través de los Estados miembros y organizaciones ejecutoras, lo que crea capas de distancia institucional que hacen que sea estructuralmente difícil establecer la responsabilidad. Las personas en tránsito enfrentan arresto, violencia y rechazos en frontera antes de poder solicitar asilo. La infraestructura que la Unión Europea ayuda a construir no las protege. En muchos casos documentados, las pone en mayor peligro.

El segundo canal opera a través de la financiación de la investigación e innovación. Horizonte Europa ha otorgado subvenciones a empresas israelíes, y se ha documentado que sus tecnologías tienen uso militar. El Fondo Europeo de Defensa ha destinado recursos significativos a empresas con vínculos de propiedad directa con fabricantes de armas israelíes. El Fondo Europeo de Inversiones ha invertido, a través de estructuras de fondo de fondos, en empresas israelíes de vigilancia y programas espía. Horizonte Europa financió a la empresa Xtend, que luego fue contratada por el Ministerio de Defensa de Israel para suministrar miles de drones de combate. El Fondo Europeo de Defensa destinó más de 15 millones de euros a Intracom Defense, empresa propiedad de Israel Aerospace Industries (IAI) en un 94.5%. El Fondo Europeo de Inversiones asignó 21.2 millones de euros a un fondo que invirtió en Paragon Solutions, empresa israelí de programas espía cuyas herramientas se han usado contra periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos de la región.

Exportaciones directas, salvaguardias mínimas

El tercer canal es el más directo: exportaciones comerciales directas. Las empresas europeas venden sistemas de reconocimiento facial, herramientas biométricas, componentes de drones y tecnologías de ciudad inteligente a Gobiernos de la región del Asia occidental y norte de África sin obligación vinculante de observar la diligencia debida en materia de derechos humanos antes o después de la venta.

Sobre el papel, muchas de estas tecnologías se describen como civiles. En la práctica, la línea entre el uso civil y militar casi siempre es borrosa, especialmente en contextos autoritarios y zonas de conflicto activo. Un sistema de reconocimiento facial que se describe como una solución de gestión urbana funciona como un instrumento de vigilancia masiva en manos de un Gobierno sin supervisión judicial. Un sistema de selección de objetivos descrito como inteligencia asistida por IA se convierte en algo completamente distinto cuando genera listas con inexactitudes documentadas y supervisión humana mínima en el proceso de toma de decisiones.

En Gaza, ese algo distinto tiene un nombre. Se han desplegado sistemas de selección de objetivos de IA de alto riesgo en condiciones que infringen principios fundamentales del derecho internacional humanitario. Aproximadamente, se han reportado oficialmente 67,000 muertes, la mayoría de civiles. Un estudio publicado en la revista médica The Lancet encontró que la esperanza de vida en Gaza se redujo a la mitad dentro del primer año de la guerra. La Corte Internacional de Justicia ha determinado que la conducta de Israel implica actos plausibles de genocidio. Y aún así, en 2020, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) adjudicó cien millones de euros en contratos a dos empresas israelíes, IAI y Elbit Systems, para operar drones de vigilancia sobre el Mediterráneo. El Ejército israelí ha desplegado activamente ambas plataformas en Gaza. Europa representó el 45% de las exportaciones de armas israelíes en 2024, un incremento de casi 20% desde 2023, lo que coincide con el aumento.

Inercia política pese a la creciente evidencia

En septiembre de 2025, la misma Comisión Europea reconoció, en respuesta a una pregunta parlamentaria, que había llegado a la conclusión de que Israel está violando los derechos humanos y el derecho humanitario. En julio de 2025, se presentó una propuesta para suspender parcialmente a las entidades israelíes de Horizonte Europa. Actualmente, el Consejo aún no la ha aprobado. Algunos Gobiernos de los Estados miembros continúan bloqueándola.

Esto no es un problema de conocimiento. La evidencia no está en disputa. Es un problema político, uno de inercia institucional, interés económico y la ausencia de mecanismos vinculantes que forzarían un resultado diferente.

El camino a seguir no es complicado de describir, aunque es políticamente difícil de lograr. La ley de IA debe extenderse para cubrir exportaciones: sistemas que están prohibidos o clasificados como de alto riesgo dentro de la Unión Europea actualmente pueden venderse con libertad a terceros países, una brecha fundamental que la regulación no aborda. La diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos debe aplicarse a todas las exportaciones de tecnologías de IA y de doble uso, independientemente del tamaño de la empresa. En noviembre de 2025, la directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad se debilitó significativamente cuando el Parlamento Europeo elevó el umbral de empleados a 5000, y exime a la gran mayoría de empresas tecnológicas europeas.

Los acuerdos migratorios deben estar sujetos a evaluaciones de impacto en los derechos humanos independientes y públicas antes de firmarse, no después. Además, la Unión Europea debe revaluar urgentemente la participación de Israel en Horizonte Europa, incluyendo la elegibilidad de las entidades de Israel como beneficiarias, considerando sus conductas hacia los derechos humanos y conforme a la propia posición, valores y obligaciones legales de la Unión Europea. El desafío fundamental es la visibilidad. Estos flujos de financiación, decisiones de adquisición y transferencias de tecnología operan en gran medida fuera de la mirada pública. Cuanto más grande es la distancia entre una decisión tomada en Bruselas y sus consecuencias en terreno, más fácil es evitar la responsabilidad. Esa distancia no es accidental. Es una característica de diseño.

Cerrarla, hacer que las conexiones sean legibles, específicas y públicas, es lo que la se requiere para que se asuman responsabilidades. Para las comunidades que viven bajo la infraestructura que Europa ayuda a construir, a veces también es de lo que depende la sobrevivencia.