Cuatro adolescentes alrededor de un teléfono móvil en Yakarta, Indonesia. Imagen de Flickr (licencia CC BY-NC-ND 2.0).

A principios de marzo, la ministra de Comunicación y Asuntos Digitales de Indonesia, Meutya Hafid, y varios funcionarios de agencias gubernamentales, realizaron una inspección a la oficina de la empresa tecnológica Meta en el sur de Yakarta. La inspección tenía como objetivo obligar a la empresa a cumplir la ley indonesia. Meutya dijo:

Sore ini kita melakukan giat sidak di kantor Meta. Ini adalah tindak lanjut Pasal 40 Undang-Undang ITE yang menyatakan pemerintah bertugas melindungi keselamatan dan kepentingan umum dari berbagai gangguan akibat misinformasi dan disinformasi.

Esta tarde, llevamos a cabo una inspección en la oficina de Meta. Esto es un seguimiento del artículo 40 de la ley de información y transacciones electrónicas, que indica que el Gobierno tiene el deber de proteger la seguridad pública y el interés público de las interrupciones que causan la información errónea y la desinformación.

Explicó que la inspección se hizo porque se consideró que Meta no cumplía plenamente con las normativas de Indonesia, especialmente respecto a la difusión de desinformación. Durante la inspección, la ministra también pidió a Meta ser transparente sobre sus algoritmos y prácticas de moderación de contenido.

La inspección refleja el intento más reciente del Gobierno de Indonesia para ejercer mayor control sobre las plataformas digitales globales. Sin embargo, experiencias en muchos países muestran que la relación entre los Gobiernos y las plataformas digitales nunca es plenamente unidireccional. En el Sudeste Asiático, las iniciativas de los Estados por «dominar» las plataformas a menudo se convierten en negociaciones de poder entre Gobiernos, empresas tecnológicas globales y presiones geopolíticas más amplias.

Ministra de Comunicación y Asuntos Digitales de Indonesia, Meutya Hafid, comenta el plan de Indonesia para aumentar el control sobre las empresas de redes sociales para proteger a los jóvenes del país. Captura de CNA en YouTube. Uso legítimo.

En Indonesia, los debates sobre la desinformación y la moderación de contenido rara vez van más allá de frases ambiguas como «atacar el honor«, «violar la propiedad» o «perturbar al público«. Pero ¿el honor de quién se está atacando? ¿Qué valores sociales se están infringiendo? Y, ¿qué tipo de contenido se considera perturbador para el público?

¿Se considera que el contenido que critica los casos de violación durante los disturbios de mayo de 1998, o las críticas a la minería de níquel en Raja Ampat «perturban al público»? En junio de 2025, varias cuentas públicas en la plataforma X recibieron notificaciones oficiales que indicaban que sus publicaciones «infringían la ley» de acuerdo con el Gobierno de Indonesia. Estas publicaciones contenían críticas al Gobierno. Los observadores argumentan que el Gobierno, a través del Ministerio de Comunicación y Asuntos Digitales (Komdigi), solicitó que X retirara publicaciones críticas de cuentas como @neohistoria_id y @perupadata.

«Regular las plataformas no es un problema, pero las normas deben ser claras. ¿Contenido dañino para quién?», dijo Masgustian del Centro para Sociedad Digital, centro de investigación de la Universidad Gadjah Mada.

Argumentó que las plataformas generalmente están dispuestas a cooperar con los Gobiernos para moderar contenido. Sin embargo, el problema principal es que las definiciones regulatorias no están claras. En una investigación en curso del Centro para Sociedad Digital, conversaciones con representantes del Gobierno muestran que, incluso dentro de las instituciones gubernamentales hay diferentes definiciones de términos como «terrorismo» o «contenido dañino».

Por ejemplo, aún no hay un entendimiento común entre las definiciones que usa el Ministerio de Comunicación y Asuntos Digitales y la Agencia Nacional de Ciberseguridad y Criptografía. Según Masgustian, esta falta de claridad puede crear nuevos problemas al implementar la moderación de contenido.

Esfuerzos del Gobierno para regular las plataformas

Los esfuerzos del Gobierno para regular las plataformas se han intensificado desde que se exigió a las empresas tecnológicas registrarse como operadores de sistemas electrónicos en 2020. Los operadores de sistemas electrónicos que no se registren podrían enfrentar sanciones administrativas que van desde advertencias y multas hasta bloqueos del acceso por parte de los proveedores de servicios de internet. Según el Gobierno, la política pretende evitar la difusión de contenido dañino y asegurar la protección de datos personales.

Dentro de este marco regulatorio, el Gobierno tiene mayor margen para influenciar las políticas del plataformas. Por ejemplo, TikTok suspendió temporalmente su función de «transmisión en vivo» durante una manifestación nacional en septiembre de 2025. TikTok declaró que la suspensión fue voluntaria luego de una citación del Ministerio de Comunicación y Asuntos Digitales, mientras que el Gobierno negó haber emitido una orden directa.

El Ministerio también opera un sistema llamado SAMAN. Este sistema le permite al Ministerio obligar a las plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, X, TikTok y YouTube a eliminar contenido dentro de un plazo de cuatro a 24 horas en base a órdenes gubernamentales. Si las plataformas no obedecen, se les pueden imponer multas de hasta 500 millones de rupias indonesias (más de 29,000 dólares estadounidenses) por pieza de contenido, o quedar bloqueadas por completo.

Según Alia Yofira, investigadora del colectivo Purplecode centrada en tecnología y derechos humanos, las plataformas no solo deben acatar las solicitudes para eliminar contenido, sino que también obedecer los requisitos de registro obligatorios. Si no cumplen, corren el riesgo de ser bloqueadas.

«Wikimedia enfrentó las consecuencias, bloquearon su sistema porque se negaron a registrarse», explicó Alia en entrevista con Global Voices. «Sin embargo, bloquear sitios web también puede considerarse una violación de los derechos humanos porque interrumpe el acceso público a la información y a servicios administrativos».

Miembros de Wikimedia Indonesia se reúnen para un taller. Imagen de Wikimedia Commons (licencia CC BY-SA 4.0).

Además, Alia explicó que la preocupación no es solo sobre el bloqueo de sitios web, sino también sobre el acceso a datos personales. Describió cómo el Komdigi sostuvo reuniones privadas con plataformas digitales luego de las manifestaciones a gran escala en agosto de 2025. Después de esas reuniones, las plataformas deshabilitaron la función de «transmisión en vivo», especialmente en TikTok e Instagram, aunque Instagram limitó la restricción a usuarios con pocos seguidores.

Alia dijo: «Durante las protestas, los manifestantes no solo documentaron la brutalidad policial, sino que también compartieron información sobre rutas de entrada y salida de los lugares de protesta, carreteras cerradas y acceso a primeros auxilios. Pero en ese momento, el Ministerio de Comunicación y Asuntos Digitales pidió a las plataformas que dieran datos de los usuarios que estaban transmitiendo en vivo si esos usuarios ganaban dinero con sus transmisiones en directo». Según Alia, esto sugiere que la intervención del Gobierno no es solo sobre la regulación de contenido perturbador, sino que también podría limitar el acceso público a la información.

De control de los medios a gobernanza de plataformas

Los intentos del Gobierno de regular las plataformas digitales no son nuevos. A medida que las personas acceden cada vez más a la información por medio de plataformas de redes sociales, el Estado parece estar cambiando sus mecanismos de control hacia estas plataformas. Antes, ese control se dirigía principalmente a los medios tradicionales.

Este había sido el caso desde antes del periodo Reformasi (1998), cuando el Estado regulaba y controlaba estrictamente los medios en Indonesia, lo que reflejaba un sistema de medios autoritario en vez de un espacio público libre. Bajo el régimen de Suharto, la libertad de prensa se restringió mediante licencias políticas, supervisión burocrática y presión administrativa que limitaron la autonomía periodística y cobertura crítica. Los académicos señalaron que los sistemas de licencias y permisos de medios restringieron la disidencia y permitieron al Estado sancionar a los medios que desafiaban las narrativas oficiales. Organismos reguladores como el Consejo de Prensa operaron bajo el Departamento de Información, y reforzaron la influencia del Gobierno en vez de proteger la autonomía.

Sin embargo, las dinámicas de control gubernamental sobre los medios cambiaron con el tiempo, especialmente a medida que la propiedad de los medios pasó a estar cada vez más dominada por conglomerados cuyos intereses políticos moldeaban la cobertura de los medios.

El trabajo de la investigadora Merlyna Lim analiza la relación entre los medios y la política después del Reformasi. Su informe, «La liga de los trece», documenta cómo un número relativamente pequeño de conglomerados, trece grupos mediáticos fundamentales, dominan el panorama de medios en televisión, prensa escrita, radio y medios en línea dentro de Indonesia. Su trabajo muestra cómo esta concentración extiende el poder económico y político a las manos de unos pocos grupos de poder.

El poder en los medios se hizo especialmente visible durante las elecciones presidenciales de 2014. Tapsell describe a estos dueños de medios como parte de una «oligarquía mediática» que incorporaron su influencia durante los ciclos electorales. Por ejemplo, Metro TV, propiedad de Surya Paloh, presidente del Partido NasDem, le dio una cobertura extensa y favorable al entonces candidato presidencial Joko Widodo (Jokowi, presidente desde 2014 hasta 2024) durante las elecciones presidenciales de 2014. El canal era ampliamente percibido como partidario de Jokowi. Mientras tanto, TVOne, propiedad de Aburizal Bakrie, expresidente del partido Golkar, era más simpatizante de Prabowo durante la misma contienda.

Relaciones entre Gobiernos y plataformas en el Sudeste Asiático

Tensiones similares entre Gobiernos y plataformas digitales también se pueden observar en el Sudeste Asiático, región que se caracteriza por democracias electorales frágiles, regímenes híbridos y largas historias de represión estatal, violencia e impunidad. En este contexto, la relación entre los Gobiernos y las plataformas digitales no siempre es unidireccional.

Dos casos que ilustran estas dinámicas son Camboya y Myanmar. En Camboya en 2023, el primer ministro Hun Sen tuvo una disputa con Meta. El caso comenzó cuando Hun Sen transmitió en vivo en Facebook por más de una hora. Durante el discurso, amenazó a los opositores políticos y dijo que podían elegir entre «el sistema legal o un bate». También mencionó la posibilidad de mandar «gánsteres» a las casas de los opositores políticos.

Primer ministro de Camboya, Hun Sen, involucrado en numerosas controversias relacionadas con Meta. Imágenes de Pexels (uso libre) y Wikimedia Commons (CC BY 4.0).

Muchos usuarios denunciaron el video porque contenía amenazas de violencia e intimidación previas a las elecciones. Al principio, Meta no eliminó el video porque se consideraba de interés periodístico. Sin embargo, la decisión generó críticas de activistas de derechos humanos e investigadores de la democracia.

Luego, el Consejo asesor de contenido de Meta, organismo independiente que evalúa las decisiones de moderación de la empresa, revisó el caso. En junio de 2023, el Consejo dictaminó que el video infringía las políticas de violencia de Meta y recomendó que Meta eliminara el video y suspendiera la cuenta de Hun Sen por seis meses.

El Gobierno camboyano reaccionó con fuerza. Hun Sen borró su cuenta de Facebook y se mudó a Telegram y TikTok. El Gobierno también prohibió la entrada al país a los miembros del Consejo asesor de contenido y acusó a Meta de interferir en asuntos internos.

Al final, Meta eliminó el video, pero no suspendió la cuenta de Hun Sen como había recomendado el Consejo. Muchos analistas creen que Meta intentó evitar agravar el conflicto con el Gobierno camboyano. Facebook sigue siendo sumamente dominante en el país, mientras que el Gobierno también conserva la capacidad de restringir el acceso a la plataforma. En estas circunstancias, ambos bandos al final dependen uno del otro.

Una dinámica diferente se puede ver en la violencia contra los rohinyás en Myanmar, a menudo considerada uno de los mayores fallos de moderación en la historia de Meta.

De acuerdo con un informe de 2018 de la Misión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre Myanmar, el Ejército de Myanmar y los grupos nacionalistas usaron Facebook para difundir propaganda contra los rohinyás, información errónea sobre los musulmanes y discursos de odio que incitaban a la violencia. El informe concluyó que Facebook desempeñó un «papel importante» en la difusión de odio en Myanmar.

Uno de los principales problemas fue la falta de moderación en birmano, combinado con algoritmos que tienden a promocionar contenido emocionalmente provocativo. Luego de las críticas internacionales, Meta reconoció que había respondido demasiado tarde.

En 2021, comunidades rohinyá demandaron a Meta en Estados Unidos y Reino Unido para reclamar indemnizaciones de hasta 150,000 millones de dólares. Las demandas argumentan que los algoritmos de Facebook amplificaron el discurso de odio que contribuyó a la violencia contra los rohinyás

Sin embargo, estos casos enfrentan mayores barreras legales según la legislación estadounidenses, especialmente la sección 230 de la ley de decencia en las comunicaciones, que da inmunidad legal a las plataformas de internet por el contenido publicado por los usuarios. A día de hoy, ningún tribunal ha ordenado a Meta pagar indemnización alguna por sus fallos de moderación.

No obstante, la presión legal, los riesgos reputacionales y el escrutinio regulatorio impulsaron a Meta a introducir reformas, que incluyen contratar más moderadores de idiomas locales, desmantelar redes de propaganda militar de Myanmar y bloquear las cuentas del Ejército de Myanmar en Facebook e Instagram.

Estos casos muestran que las decisiones de las plataformas suelen ser moldeadas por tres presiones principales: el riesgo legal, regulatorio y reputacional. Para las plataformas, la decisión de obedecer las normativas locales suele estar determinada por el balance entre costos y beneficios.

¿Realmente puede el Gobierno de Indonesia dominar las plataformas digitales?

Responder esta pregunta involucra más que solo examinar las herramientas de política interna, como las que se usaron históricamente para controlar los medios antes del Reformasi. A diferencia de los medios tradicionales, que operan dentro de las jurisdicciones nacionales, las plataformas digitales son infraestructuras globales que operan entre fronteras.

Como resultado, los intentos de los Gobiernos de regular o «dominar» las plataformas rara vez son puramente coercitivos. En cambio, a menudo se vuelven negociaciones entre autoridades estatales, intereses de las empresas tecnológicas globales y dinámicas geopolíticas más amplias dentro de la gobernanza global de internet.

Por lo tanto, la relación entre los Gobiernos y las plataformas digitales nunca es simple. Los Gobiernos pueden introducir normativas, convocar a las plataformas o incluso amenazar con bloquear el acceso. Sin embargo, las plataformas digitales también tienen un enorme poder a través de las tecnologías, los algoritmos y la infraestructura global de información que controlan.