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En muchas comunidades de Trinidad y Tobago, la nación insular en el extremo más meridional del archipiélago caribeño, la presencia del Estado es muy notable durante los periodos de seguridad intensificada, sobre todo porque se intensifican las patrullas. En virtud de las normas del estado de emergencia, que muchos territorios de la región han establecido en diversas ocasiones, por motivos que van desde la delincuencia hasta el COVID, se amplían las facultades de registro y se permite la detención sin cargos.

Los líderes caribeños suelen justificar los estados de emergencia como respuestas a sus amenazas graves para la seguridad pública. Su éxito se suele evaluar cada vez más en términos de reducción de la delincuencia y capacidad de aplicación de la ley, y se presta menos atención a cómo esas medidas se entrecruzan con las dinámicas sociales, que a su vez moldean los conceptos de masculinidad, inseguridad y experiencia de vida de los jóvenes. Estas intervenciones, por supuesto, no se producen de manera aislada. Más bien, se desarrollan dentro de comunidades donde las expectativas sobre el sustento, el poder y el respeto ya influyen en la vida cotidiana y dan forma a cómo los hombres jóvenes experimentan tanto la vulnerabilidad como el poder.

¿Por qué se ven afectados los hombres jóvenes?

Por todo el Caribe, los hombres jóvenes se ven desproporcionalmente afectados por delitos violentos. Es más, tienen más probabilidades de ser víctimas y autores, patrón que los estudios sobre desarrollo regional destacan constantemente. Como consecuencia, los hombres jóvenes son también el grupo demográfico más frecuentemente afectado por las medidas de seguridad, incluidas las que se aplican durante los estados de emergencia.

En Trinidad y Tobago, un estudio nacional ha revelado que los jóvenes de comunidades vulnerables están especialmente expuestos a la exclusión social y la violencia. El informe «No es momento de rendirse: Cómo involucrar a los jóvenes en situación de riesgo», elaborado con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo destaca las dificultades estructurales que enfrentan los jóvenes varones y su mayor vulnerabilidad ante la delincuencia y la marginación.

Las desigualdades estructurales desempeñan un papel fundamental; el acceso limitado al empleo estable, a las oportunidades educativas y a la movilidad social sigue marcando el curso de muchos jóvenes en toda la región. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado que el elevado desempleo juvenil y el débil crecimiento económico contribuyen a ciclos de delincuencia y exclusión en el Caribe. En esos contextos, la inseguridad no puede desligarse de los desafíos del desarrollo. Resulta evidente que la vulnerabilidad económica y la marginación social a menudo se solapan con la exposición a la violencia y a la acción de las fuerzas del orden.

Las expectativas sociales sobre la masculinidad son fundamentales para entender esta interacción. Investigaciones respaldadas por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destacan que las normas de género en torno a la identidad masculina influyen en el comportamiento y el curso de vida de los jóvenes que enfrentan desigualdades y oportunidades limitadas. En muchas sociedades caribeñas, se espera que los hombres sustenten a sus familias, ejerzan autoridad y exijan respeto. En ocasiones, cuando las oportunidades legítimas para cumplir estos roles quedan restringidas, pueden surgir vías alternativas que, a veces, implican riesgos o ilegalidad. Estas presiones moldean cómo los jóvenes interpretan la oportunidad, el poder y la pertenencia; y los estados de emergencia se entrelazan con estas realidades de maneras complejas

Por lo general, el refuerzo de la presencia policial, la ampliación de las facultades de registro y las medidas de detención suelen concentrarse en comunidades que ya viven una situación de vulnerabilidad socioeconómica. Como resultado, es más probable que los jóvenes de estas zonas tengan contacto con el Estado a través de la aplicación de la ley, en lugar de recibir servicios o apoyo. Con el tiempo, esas interacciones pueden influir en las percepciones de legitimidad, autoridad y pertenencia. Por lo tanto, algunos jóvenes ven al Estado principalmente como un instrumento de control, mientras que para otros representa protección y estabilidad. El resultado a menudo depende de la experiencia vivida, y muchos sostendrían que también depende de dónde vivan.

Patrones similares ocurren en otros puntos de la región. En Jamaica, por ejemplo, los estados de emergencia han contribuido a la reducción de los delitos violentos, aunque también han despertado inquietudes sobre su impacto desproporcionado en los jóvenes de las comunidades intervenidas. Por su parte, investigaciones en Brasil destacan cómo las prácticas policiales en zonas urbanas marginadas pueden reforzar los ciclos de desconfianza entre los hombres jóvenes y las instituciones del Estado.

Impacto en el desarrollo

Estas dinámicas subrayan un punto crítico: lejos de operar de forma aislada, las políticas de seguridad a menudo se entrelazan con la desigualdad, la identidad y el acceso a las oportunidades, y moldean cómo los hombres jóvenes y sus comunidades interactúan con el Estado. Comprender esta relación es fundamental para diseñar estrategias de seguridad ciudadana eficaces. El PNUD enfatiza que las reducciones sostenibles de la violencia dependen de abordar factores estructurales como pobreza, exclusión y limitadas perspectivas económicas, a la par de las medidas de aplicación de la ley.

En todo el Caribe, las iniciativas de desarrollo han tratado de responder a estos retos. Los programas en países como Guyana y Barbados se han centrado en tutoría, desarrollo de habilidades y participación de los jóvenes, lo que reconoce que la prevención de la violencia a largo plazo depende de ampliar las oportunidades y fortalecer la inclusión social, y no depende únicamente de la actuación policial.

Por lo tanto, el problema no es si los estados de emergencia deben existir. En contextos de violencia grave, puede ser necesario tomar medidas inmediatas. La cuestión es cómo se inscriben estas medidas en marcos más amplios que aborden las causas profundas de la inseguridad. Cuando las medidas de emergencia se aplican junto con políticas sociales y económicas inclusivas, pueden contribuir a la estabilidad; cuando se aplican de forma aislada, su impacto puede limitarse a un alivio a corto plazo. Las experiencias en Medellín, Colombia, demuestran cómo la combinación de intervenciones de seguridad específicas con inversiones en educación, infraestructura y programas sociales puede contribuir a generar oportunidades y mejoras más duraderas respecto a la seguridad.

Una conversación en curso

En Trinidad y Tobago y en otras partes del Caribe, estas cuestiones siguen sin resolverse. Los estados de emergencia pueden alterar los patrones de violencia a corto plazo, pero sus consecuencias más amplias dependen en cómo interactúan con las realidades sociales que moldean la inseguridad, incluida cómo los jóvenes perciben las oportunidades, el sentido de pertenencia y el poder.

En este sentido, la seguridad se expande más allá del mero control del crimen. Refleja cómo se ejerce la autoridad y cómo esas experiencias moldean las condiciones para un desarrollo inclusivo y sostenible a lo largo del tiempo.