Mujer vende artesanías hechas con abalorios en el exterior de una vivienda masái tradicional. Foto de Cooper Austen. Usada con autorización.

De Sydney Leigh Smith y Cooper Austen

Este artículo es parte de la serie Spotlight de mayo de 2026 de Global Voices, Crisis global, soluciones locales. Esta serie ofrece historias de resistencia y acción climática exitosa, una mirada profunda hacia cómo las comunidades del Sur Global enfrentan la crisis, un análisis de qué podría significar para futuras generaciones y más. Puedes apoyar este reportaje con una donación.

En 2022, la comunidad lekiji de Kenia aseguró los derechos legales de las tierras que había ocupado por más de 60 años. Lo que pasó después ha moldeado cómo funcionan las tierras, el poder y el género dentro de la comunidad.

El 11 de julio de 2022, el entonces secretario del Gabinete de Salud de Kenia, Mutahi Kagwe, otorgó 766 títulos de propiedad de tierras a habitantes de la comunidad lekiji, asentamiento de pastoreo en el condado de Laikipia, en el norte de Kenia. Con una sola firma, cientos de familias dedicadas al pastoreo, que habían vivido durante décadas en esas tierras como ocupantes ilegales, se convirtieron en propietarios legales.

Hasta este acuerdo, la Constitución de Kenia (2010) no reconocía a los lekiji como los ocupantes legítimos de sus tierras. No tenían escrituras legales ni una prueba formal de residencia más allá de las carreteras, escuelas y casas que habían pasado 60 años construyendo. Las cuestiones sobre derechos de tierras poscoloniales siguen siendo profundamente disputadas en Kenia, especialmente en los casos en los que la titularidad formal entra en conflicto con la ocupación histórica.

Una historia de desposesión e impugnación legal

El conflicto por los derechos de las tierras en Laikipia se puede remontar al periodo alrededor de la rebelión de los mau mau. En 1960, un agricultor blanco de la época colonial asignó pequeñas parcelas de tierra a sus antiguos trabajadores, que establecieron un asentamiento de pastoreo de aproximadamente 300 familias. Estos acuerdos nunca se formalizaron con títulos legalmente reconocidos.

En años posteriores, las mismas tierras se transfirieron con lo que los habitantes describen como una serie de «transacciones corruptas», al propietario privado Nigel Trent. A principios de la década de 2000, Trent comenzó a amenazar a los habitantes con desalojarlos.

El reclamo de Trent se basaba en propiedad formal. Sin embargo, esa propiedad derivó de una transferencia de tierras colonial que muchos juristas poscoloniales afirmarían que no tenía un título original legítimo. Por lo tanto, la disputa generó una cuestión legal más profunda sobre la relación entre los derechos de propiedad formales y desposesión histórica.

En 2012, luego de una petición de Trent, el Tribunal Superior de Nakuru emitió una orden de desalojo que afectó a más de 400 familias lekiji. A los habitantes les dieron 90 días para desocupar el lugar, o los enjuiciarían. La sentencia reafirmó el peso legal del título formal y rechazó otorgar una suspensión del desalojo, y enfatizó que el propietario registrado tenía derecho a «disfrutar los frutos de su sentencia».

En las cinco décadas anteriores, la comunidad había construido una vida social y económica en esas tierras. Irse no era una opción viable.

Con el apoyo de organizaciones no gubernamentales como IMPACT Kenia, la comunidad resistió. Los lekiji retrasaron la orden de desalojo y usaron ese tiempo para buscar vías legales para reclamar sus tierras.

El caso se presentó ante el tribunal como un conflicto entre derechos contrapuestos. Los habitantes argumentaron que el desalojo causaría una pérdida sustancial, señalaron casas, escuelas y asentamiento a largo plazo. Sin embargo, el tribunal concluyó que el titular sufriría una pérdida mayor si se le negaba la posesión del terreno.

El conflicto se extendió más allá de los procedimientos legales. Entre 2012 y 2022, los enfrentamientos violentos entre policías y miembros de la comunidad se convirtieron en rutina diaria. Líderes comunitarios establecieron un sistema de defensa perimetral que operaría sin interrupciones. En 2020, un habitante recordó que dos miembros de la comunidad murieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden.

Acuerdo estatal y resolución legal

La disputa finalmente se resolvió con intervención del Estado, en lugar del reconocimiento judicial de derechos consuetudinarios.

Decisiones judiciales anteriores ya habían priorizado la titularidad formal sobre la ocupación histórica, incluso cuando las comunidades demostraron que podrían sufrir una pérdida sustancial si las desalojaban.

En 2022, el Gobierno de Kenia compró las tierras a Trent y transfirió la propiedad a la comunidad lekiji, y subdividió el terreno entre aproximadamente 300 hogares. Cada hogar recibió alrededor de 2.25 acres.

Este resultado refleja un patrón más amplio en la gobernanza de la tierra, en el que el Estado resuelve los reclamos contrapuestos con compra y redistribución de tierras, en lugar de adjudicar por completo la legalidad de la propiedad histórica.

Para habitantes como Eunice Amira, el impacto fue profundamente personal. Eunice nació en 1980 y había vivido toda su vida como ocupante ilegal. Vio a su familia involucrarse en batallas legales constantes en Nakaru y Nairobi, lo que les afectó financieramente y moldeó su sentido de identidad y pertenencia. Cuando se otorgaron los títulos de propiedad, Eunice declaró a la agencia de noticias Kenya News Agency que se sintió como si «hubiera vuelto a nacer». Añadió que «algunos murieron intentando obtener lo mismo».

La decisión del Gobierno concedió seguridad jurídica y reconocimiento a las familias que por mucho tiempo habían existido fuera de los sistemas de propiedad formales.

Mujeres dan la bienvenida a visitantes de su comunidad con una danza tradicional. Foto de Cooper Austen. Usada con autorización.

Mujeres, tierras y transformación económica

Si bien la decisión de 2022 resolvió la cuestión de la propiedad, el uso de esas tierras ha impulsado más cambios dentro de la comunidad.

Lekiji sigue siendo una sociedad patriarcal, donde los hombres tradicionalmente controlan las actividades que generan ingresos, como la agricultura y el pastoreo, mientras las mujeres se encargan de las responsabilidades domésticas. Estas estructuras económicas están bajo una presión cada vez más fuerte. Como explicó Fardosa Hassan, funcionario de alcance comunitario del vecino Centro de Investigación Mpala y habitante lekiji, los medios de vida tradicionales a menudo no logran proveer ingresos suficientes ni seguridad a largo plazo. Como resultado, muchos jóvenes se van en busca de empleo, educación y oportunidades más diversas.

En respuesta, los líderes comunitarios han expandido el papel económico de las mujeres.

Después de la distribución de tierras, se asignaron cinco acres exclusivamente para que las mujeres desarrollaran actividades para generar ingresos. Esto representa menos del 0.5% del total de tierras de los lekiji, pero se ha convertido en un punto central de la diversificación económica.

Las mujeres de la comunidad han desarrollado múltiples proyectos en estas tierras. Venden artesanías hechas con abalorios a los turistas que visitan conservaciones cercanas. Están construyendo una casa de huéspedes donde los visitantes pueden alojarse y vivir como los lugareños. Cultivan frutas y verduras para vender en mercados locales. Instalaron un pozo impulsado con energía solar para que ayude al riego. También gestionan granjas de pollos para producir huevos y carne, para consumir y vender.

Según Hassan: «Estas actividades les dan a las mujeres una fuente de ingresos flexible y que ellas mismas controlan directamente». Esto permite a las mujeres contribuir a necesidades del hogar, como matrículas escolares, alimentación y atención médica. También enfatizó que estas iniciativas crean oportunidades para que las mujeres desarrollen habilidades en diseño, mercadotecnia y gestión de negocios, lo que apoya la participación económica a más largo plazo.

Niños de la comunidad lekiji vuelven a casa desde la escuela. Foto de Cooper Austen, condado de Laikipia, Kenia, marzo de 2026. Usada con autorización.

Cambiando el poder dentro de la comunidad

Los efectos se extienden más allá de los ingresos.

El acceso a recursos financieros independientes ha cambiado la dinámica de los hogares. Las mujeres que antes tenían una autonomía económica limitada ahora tienen mayor control en las decisiones. Algunas han podido enfrentar o terminar relaciones difíciles. Otras han permanecido dentro de la comunidad con más independencia.

El caso de la comunidad lekiji visibiliza una dinámica legal y social más amplia. Los derechos formales de las tierras establecen una base, pero la distribución del acceso y control determina cómo esos derechos vuelven a dar forma al poder dentro de las comunidades.

Estos cambios reflejan un giro más amplio en cómo operan los derechos de tierras a nivel local. La propiedad legal otorga una base. La distribución del acceso y control determina cómo se usa esa base.

Mirando hacia el futuro

Comunidades como los lekiji siguen enfrentando presiones por el cambio climático, políticas de conservación en evolución y condiciones económicas cambiantes. Estas presiones afectan los medios de vida y la estabilidad a largo plazo.

Asegurar los derechos de tierras mostró una dimensión de vulnerabilidad.

El desafío a más largo plazo está en cómo se ejercen esos derechos, especialmente en contextos donde la ley por sí sola no resuelve los legados de la desposesión.

En la comunidad lekiji, expandir la participación de las mujeres en la vida económica se convirtió en parte de ese proceso. Para las comunidades poscoloniales, la propiedad es solo una dimensión de la justicia. En última instancia, quién se beneficia de las tierras podría determinar si las comunidades pueden permanecer en las tierras.