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Em los últimos meses, los archivistas comunitarios de Bangladesh han sido víctimas de una campaña digital coordinada por su labor de registrar y preservar material audiovisual relacionado con el levantamiento popular estudiantil de julio de 2024 y su historia, memoria colectiva y registros de violaciones a los derechos humanos.

Estos ataques aprovechan sistemáticamente las vulnerabilidades que tiene Meta para los mecanismos de defensa de los derechos de autor, con el objetivo principal de eliminar las páginas de Facebook que contienen documentación crucial del movimiento. A pesar de que los archivistas afectados han apelado reiteradamente, las respuestas de Meta son escasas y mayormente ineficaces.

Nos comunicamos con al menos tres jóvenes documentalistas mediante mensajes de texto y llamadas telefónicas. Nos confirmaron que sus páginas de Facebook funcionaban como archivos digitales de este momento histórico de manera informal pero muy significativa. Una gran parte de este contenido ya se está utilizando como material probatorio en los juicios en el Corte Penal Internacional de Bangladesh, que se ocupa de la violencia masiva relacionada con el levantamiento de julio de 2024.

Cuando se presentan advertencias por infracciones de derechos de autor mediante direcciones de correo electrónico falsas y reclamos inventados, Meta elimina videos e imágenes sin la verificación o el proceso adecuado. Para muchas comunidades de archivistas autónomos, Facebook ha servido como su principal plataforma de interacción con el público y para preservar la memoria. Como resultado de la ineficacia de Meta para asegurar las medidas de protección adecuadas, se está perdiendo documentación fundamental, lo que afecta directamente los procesos más amplios de la justicia transicional.

Una plataforma vital con abuso coordinado

Saleh Mahmud Rayhan, estudiante involucrado en el levantamiento de julio de 2024, luego cofundó la Alianza Revolucionaria de Julio (conocido como JRA por sus siglas en inglés) junto con un grupo de contemporáneos. En un entrevista realizada con Global Voices por Zoom, Rayhan declaró que el mandato de la organización incluye recoger, preservar y difundir videos que documentan violaciones a los derechos humanos, con Facebook como su principal plataforma para llegar al público.

Para muchas comunidades jóvenes y autogestionadas de Bangladesh, que por lo general funcionan sin capacitación formal, capacidad técnica ni apoyo institucional, Facebook se ha convertido en su estructura predeterminada para documentar y divulgar. Al ser la plataforma más utilizada entre los usuarios de internet de Bangladesh, sirve como una herramienta publicitaria y también como un espacio para dar voz a las víctimas y difundir pruebas.

En el caso de la JRA, este material ha hecho posible ampliar las investigaciones de fiscalización, incluidos los procedimientos en curso en la Corte Penal Internacional que examina las acusaciones de crímenes de lesa humanidad, como asesinato y desaparición forzada de personas relacionados con las protestas encabezadas por estudiantes en julio de 2024.

El 15 de febrero de 2026, Meta alegó múltiples infracciones de derechos de autor y suspendió la página principal de Facebook de la JRA, que tenía cerca de 547,000 seguidores. Sin embargo, el material publicado en la página había sido generado por los usuarios y distribuido sin fines comerciales, era de interés público. Si bien la JRA no reclama la propiedad de todo el contenido, un análisis más meticuloso deja entrever que quienes presentaron las quejas tampoco eran los propietarios legítimos.

El 22 de marzo, la cuenta de respaldo de la JRA, Alianza Revolucionaria de Julio – región del sur, también fue suspendida por motivos similares. Aunque luego de varias apelaciones la página fue restablecida, sigue en peligro dadas las constantes acusaciones falsas.

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Facebook eliminó contenido por un reclamo de derechos de autor de un tercero con el nombre de «shakhawathossain1986@outlook.com» en nombre de «H M Murad». El reclamo era sobre una fotografía viral de un político, aunque la dirección de correo electrónico no le pertenecía y la foto la había publicado el partido del político.

Una situación similar ocurrió con Julio Sangriento, otra comunidad de archivistas autogestionarios formada por sobrevivientes del levantamiento de julio de 2024 que trabajan para documentar las violaciones a los derechos humanos y dar voz a los afectados. El grupo perdió dos de sus páginas de Facebook en circunstancias similares.

Sajib Hossain, uno de los administradores de Julio Sangriento, declaró telefónicamente y luego aportó documentación probatoria por mensajes de WhatsApp de que las dos páginas principales del grupo —una con aproximadamente 300,000 seguidores, y la otra, llamada Producción de Julio Sangriento, con 125 000— recibieron simultáneamente entre ocho y diez advertencias por infracción a los derechos de autor. Como resultado, las páginas fueron suspendidas casi inmediatamente, lo que dejó a los administradores sin tiempo suficiente para responder ni implementar medidas de protección.

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Meta eliminó una publicación del grupo Julio Sangriento, una fotografía del primer ministro de Bután en Bangladesh por una acusación por infracción de derechos de autor presentada por el usuario Slang a través de una dirección de correo electrónico peyorativa: julycdi7890@gmail.com.

Los resultados de la investigación indican que los reclamos no constituirían disputas legítimas sobre derechos de autor. En cambio, al parecer hay personas que crean correos electrónicos falsos y presentan quejas en nombre de terceros. Meta parece aceptar las acusaciones sin adecuada verificación, lo que provoca que se elimine contenido, incluido material originalmente publicado por las propias comunidades. Por el momento, los mecanismos de reclamos automatizados han ofrecido soluciones ineficaces y limitadas.

La ineficacia de Meta para resguardar las páginas afectadas

Ambas organizaciones informan de un patrón constante de acoso selectivo. Describen haber recibido amenazas explícitas de grupos cibernéticos alineados con actores políticos que tienen conexión con los juicios en curso por crímenes de lesa humanidad. Las amenazas suelen exigir que se eliminen publicaciones relacionadas con figuras políticas, incluida Sheikh Hasina, ex primera ministra de Bangladesh.

Una página de Facebook llamada «Network-71″ declaró públicamente su intención de eliminar contenido de Julio Sangriento. Asimismo, cuentas con nombres como «Mahir Chowdhury» y «Nadim Chowdhury» emitieron amenazas públicas para eliminar publicaciones relacionadas con el levantamiento de julio de 2024.

Poco tiempo después de las advertencias, habría habido una ola de falsas acusaciones por infracciones de derechos de autor desde correos electrónicos anónimos o no verificados, todas dirigidas al mismo contenido. En varios casos, hubo personas que anunciaron públicamente sus intenciones de solicitar que eliminaran contenido, lanzaron amenazas y luego difundieron capturas de pantallas en las que celebraban haber conseguido que eliminen publicaciones. Ver aquí y aquí.

Network 71 admitió públicamente haber hecho denuncias falsas sobre la publicación que hizo que Facebook eliminara las páginas de Facebook de los grupos.

Estas publicaciones, por lo general acompañados de lenguaje de celebración o abusivo, alientan al uso indebido, deliberado y coordinado de los sistemas de denuncia de la plataforma. A pesar de estos claros indicadores, incluidas amenazas previas y denuncias simultáneas, Meta no ha tomado acciones eficaces para identificar ni evitar este patrón de comportamiento abusivo.

Saleh Mahmud Rayhan describió cómo una cuenta enviaba mensajes directos en los que advertía que algunas publicaciones específicas debían eliminarse, o sino toda se eliminaría toda la página. En un lapso de dos días, cerca de siete publicaciones fueron blanco de estas falsas acusaciones. Meta aceptó las acusaciones, eliminó las publicaciones y luego suspendió las páginas.

Representantes de la JRA luego se contactaron con las personas cuyos nombres se habían utilizado en las quejas. Estas personas confirmaron que no habían presentado ninguna acusación por infracción de derechos de autor, lo que indica que sus identidades podrían haberse utilizado indebidamente a través de cuentas de correo electrónico falsas. Rayhan enfatizó que estas eliminaciones habían tenido como resultado la pérdida de evidencia visual crucial que documentaba violaciones a los derechos humanos durante el levantamiento.

Esta imagen, tomada de la JRA, muestra la progresión de las amenazas. Al principio, se exigía por mensaje privado que se eliminara alguna publicación que criticaba a su partido y cuando esto no sucedía, comenzaban a presentar denuncias fraudulentas por los derechos de autor.

Táctica de represión digital recurrente en Bangladesh

Utilizar acusaciones por infracción de derechos de autor para censurar a oponentes políticos no es una novedad en Bangladesh. Más bien, parece haberse convertido en un método recurrente para restringir voces opositoras en línea.

En 2022, el sitio de noticias independiente Netra News informó que grupos relacionados con el entonces gobierno, liderado por la Liga Amawi, estuvieron implicados en el ataque cibernético a cuentas críticas de Facebook. Por esas mismas fechas, otros informes documentaron que un grupo de atacantes cibernéticos lograron retirar Amar Desh Online, medio de noticias crítico del Gobierno que usa falsas acusaciones por infracción de derechos de autor.

Incidentes recientes indican que se están utilizando tácticas similares de manera más amplia: no solo contra oponentes políticos, sino también contra grupos defensores de derechos humanos, periodistas de investigación e iniciativas de verificación de datos.

Un caso implica a The Dissent, plataforma bangladesí que investiga y verifica hechos y que ha recibido falsas acusaciones por infracción derechos de autor. Qadaruddin Shishir, editor del medio, declaró en una entrevista que varios de sus artículos, incluidas verificaciones de imágenes generadas por IA, fueron eliminados de Facebook tras ser señalados como supuestas violaciones a los derechos de autor. A pesar de que el contenido había sido originalmente creado por los periodistas, Shishir notó que las acusaciones provenían de cuentas de correo electrónico sin verificar, pero que habían sido aceptadas por las plataformas de Meta, Inc. sin una investigación rigurosa.

Estas tácticas fraudulentas han afectado a un gran espectro de voces, con activistas y periodistas como principales afectados. El alcance de estas acusaciones se ha extendido hasta las páginas oficiales de asesoramiento del anterior gobierno interino, las cuentas de redes sociales del jefe de Gobierno y los homenajes en memoria del activista asesinado Osman Hadi. La falta de control del sistema quedó aún más en evidencia cuando a material original, incluidas fotografías tomadas por el propio periodista, lo señalaron erróneamente como material infractor que luego fue eliminado de la plataforma.

En varios casos, grupos coordinados han asumido públicamente la responsabilidad por la eliminación del material. Estos grupos que se identifican Crack Platoon, Bangladesh Cyber Force, Dark Cyber Gang y Qawmi Cyber Expert Team han declarado públicamente que usan herramientas de denuncia por infracciones de derechos de autor para eliminar páginas y cuentas, y han difundido evidencia de sus acciones en línea.

Fallos en la plataforma y falta de responsabilidad

Estos incidentes señalan importantes deficiencias en los procedimientos de Meta para hacer cumplir los derechos de autor. La falta de verificación efectiva parece permitir que grupos coordinados usen indebidamente los sistemas de denuncias para poder atacar a activistas, archivistas y periodistas.

El asunto se extiende más allá de las preocupaciones habituales acerca de la moderación de contenido. La eliminación de este tipo de contenido afecta la posibilidad de poder documentar acontecimientos, difundir información y preservar los registros que podrían ser relevantes para procesos de fiscalización.

Sin medidas de protección más sólidas, como una mejor verificación, mayor transparencia en la toma de decisiones y mecanismos de apelación accesibles, es probable que estas prácticas persistan, con consecuencias más profundas para los derechos digitales y documentación de interés público en Bangladesh.