De izquierda a derecha: Mónica Reinoso (Defensoría del Pueblo), Susana Cadena (Datalat), Carlos E. Flores (Openlab), Marco Insuasti (Mintel) y Rafael Bonifaz (Derechos Digitales). Foto de Openlab Ecuador. Usada con permiso.

Una persona abre su celular, escribe una pregunta y recibe una respuesta en segundos. No sabe cómo funciona, ni qué datos está entregando. Tampoco quién está detrás de esa respuesta. Pero la usa.

La inteligencia artificial ya está en tareas escolares, en decisiones de trabajo, en procesos que antes tomaban horas. Funciona. Se integra. Avanza. En Ecuador no hay una política articulada, sino iniciativas que avanzan por separado. Ministerios, Asamblea Nacional (Congreso), superintendencias y academia impulsan propuestas propias, con tiempos y prioridades distintas. El resultado son leyes, estrategias y normas que se superponen o no se conectan, sin una dirección común.

Mientras la tecnología se instala en la vida cotidiana, las decisiones sobre su uso, sus límites y sus consecuencias siguen lejos de quienes ya la están usando.

En ese contexto, más de sesenta personas se reunieron a finales de 2025 en FLACSO Ecuador, en el encuentro Inteligencia Artificial y Derechos Digitales: diferentes perspectivas por el bien común, para intentar abrir una conversación que, hasta ahora, sigue ocurriendo en espacios reducidos.

El encuentro fue impulsado por Openlab, en articulación con Futuroscon.IA y el CTS Lab de FLACSO Ecuador, con el respaldo de un proyecto financiado por Probox. Esa articulación permitió reunir en un mismo espacio a organizaciones sociales, academia, instituciones públicas y actores vinculados al debate sobre inteligencia artificial y derechos digitales. El panel principal contó con la participación de la Defensoría del Pueblo, Derechos Digitales, Datalat y el Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel).

Además del panel, la jornada incluyó conferencias que ampliaron la discusión desde otros ángulos. Jonathan Finlay, de LaLibre, situó la discusión en el presente: la inteligencia artificial ya está incidiendo en decisiones, sin que exista aún una comprensión clara de sus efectos. Martha Tudón, de Artículo 19, llevó la conversación hacia la vigilancia, el uso de datos y los riesgos para derechos en contextos sin controles claros. 

Desde el CTS Lab de FLACSO, la metodología RAM —impulsada por la UNESCO— introdujo otra forma de mirar el problema. No se trataba de qué puede hacer la inteligencia artificial, sino de si el país está preparado para sostenerla.

La herramienta evalúa leyes, capacidades institucionales, protección de derechos y niveles de comprensión pública, para identificar si el uso de estas tecnologías puede expandirse sin que se pierda control sobre sus efectos. 

Durante la desconferencia —una metodología donde las y los participantes definen colectivamente los temas de discusión— esa inquietud tomó forma en casos concretos. En la mesa de privacidad, se mencionó el caso de un trabajador de un hospital público que, ante la falta de herramientas institucionales, introduce datos médicos sensibles en plataformas de inteligencia artificial desde su cuenta personal para poder organizar su trabajo. Actualmente, no existen lineamientos claros sobre ese uso ni controles efectivos sobre cómo se maneja o protege esa información.

En educación, la tensión se expresa de otra forma. Estudiantes que recurren a herramientas de inteligencia artificial para resolver tareas, redactar trabajos o construir opiniones sin apropiación del contenido, lo que debilita el desarrollo de criterio propio. Al mismo tiempo, parte del profesorado oscila entre la prohibición o una mirada centrada en el plagio, sin herramientas claras para integrar estas tecnologías en el proceso de aprendizaje ni fomentar un uso más crítico.

En inclusión y género se discutió cómo los sistemas se entrenan con datos que dejan fuera saberes indígenas, afrodescendientes y comunitarios, lo que no solo reproduce esas ausencias en las decisiones, sino que refuerza una forma dominante de conocimiento —centrada en visiones occidentales y “científicas”— que termina desplazando otras maneras de entender y vivir la realidad.

En materia de gobernanza, la discusión evidenció un problema de base: no está definido qué aspecto de la inteligencia artificial se quiere regular —si su uso, su desarrollo, la inversión o las decisiones automatizadas—. Sobre esa falta de claridad se superpone otra tensión: adoptar modelos externos sin considerar el contexto local o avanzar hacia controles que pueden ser excesivos para un ecosistema que aún está en formación. En ese escenario, la regulación corre el riesgo de volverse extensa, poco operativa y difícil de aplicar en la práctica.

Fuera de las mesas, esa discusión ya venía tomando forma en la Asamblea Nacional. Aunque se han abierto espacios de discusión, estos no necesariamente han logrado convocar a una participación más amplia. A lo largo de 2024, la Asamblea Nacional recibió tres proyectos de ley con enfoques distintos, desde la investigación hasta la comercialización de sistemas de inteligencia artificial, incorporando temas como protección de datos, transparencia y derechos de autor; hasta la protección de niñas, niños y adolescentes frente al uso de estas tecnologías.

Tras la unificación de los proyectos de ley sobre inteligencia artificial, el debate no ha tenido avances visibles en los últimos meses y, en distintos espacios, se ha empezado a mencionar la posibilidad de que la propuesta sea archivada, sin que exista aún una definición clara sobre su futuro.

Mientras la discusión normativa permanece estancada, empiezan a ganar espacio actores con capacidad real de incidir en el desarrollo y uso de estas tecnologías. En el Foro Económico Mundial en Davos, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa se reunió con Alex Karp, CEO de Palantir, una de las compañías más influyentes en el análisis masivo de datos a nivel global. La empresa, que ha trabajado con agencias como la CIA, el FBI o sistemas migratorios en Estados Unidos, ha construido su capacidad sobre la integración de grandes volúmenes de información para fines de seguridad e inteligencia.

Su posible llegada al país —con el anuncio de apertura de una oficina en Ecuador— ocurre en un momento en que las reglas aún no están claras, en un campo donde la misma tecnología que permite optimizar servicios también puede habilitar formas de vigilancia difíciles de controlar.

Por otra parte, El 10 de marzo de 2026, el gobierno ecuatoriano presentó la Estrategia para el fomento del desarrollo y uso ético y responsable de la Inteligencia Artificial en Ecuador (EFIA-EC), impulsada por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información con apoyo del BID y la UNESCO. La propuesta plantea una hoja de ruta a cuatro años, estructurada en tres ejes —gobernanza, capacidad y tecnología, y adopción y desarrollo—, con un objetivo explícito: que la inteligencia artificial no sea un privilegio de pocos, sino una herramienta al servicio del ciudadano, del Estado y del desarrollo productivo.

En ese contexto, los resultados del encuentro de octubre —recogidos en una minuta construida a partir de las mesas temáticas— han empezado a circular entre los participantes y ya fueron entregados al Ministerio de Telecomunicaciones como ente rector, y a la Defensoría del Pueblo, en un momento donde estas tecnologías empiezan a cruzarse cada vez más con debates sobre derechos digitales y protección de derechos humanos.

Entre estrategia, regulación en espera y adopción creciente de estas tecnologías, el país se mueve en un terreno aún inestable, donde el desarrollo avanza más rápido que las definiciones sobre sus límites.