Tres afiches del Gobierno que anuncian la nueva ley de seguridad del Estado, «Reglamento sobre la protección de secretos de Estado en la región autónoma uigur de Sinkiang». Afiches del comunicado de prensa estatal. Uso legítimo.

El Reglamento sobre la protección de secretos de Estado en la región autónoma uigur de Sinkiang, (新疆维吾尔自治区保守国家秘密条例), que entró en vigencia el 1 de marzo de 2026, es una extensión local de facto del marco nacional de China sobre secretos de Estado. En una región caracterizada por los altos niveles de control de gobernanza y de información, los ajustes legales tienen consecuencias significativas en la normalización y codificación de la represión política en la región.

Los uigures son un pueblo originario de la región uigur en el noroeste de China, o Sinkiang. Tienen un idioma, etnia y cultura diferentes a las del grupo étnico han, que representa más del 91% de la población china. Después de las protestas de julio de 2009 en Urumqi, el Gobierno chino implementó un estricto control en la región en nombre del contraterrorismo, mientras organizaciones internacionales de derechos humanos criticaron a China por su mano dura y sus medidas represivas, incluidas denuncias de detenciones masivas, desapariciones forzadas, amplios sistemas de vigilancia y restricciones a la vida religiosa y cultural.

Muchos países han codificado la protección de secretos de Estado. Sin embargo, especialmente en las democracias occidentales, este tipo de legislación suele buscar evitar la filtración de información sensible sobre instituciones gubernamentales y militares que pueda afectar la seguridad nacional. En cambio, el marco sobre secretos de Estado de China, que se actualizó en 2024, extiende la definición de «secretos de Estado» para incluir información política, económica, tecnológica y social que se considera relevante para la estabilidad nacional. En la región uigur, este planteamiento expansivo de los secretos de Estado se vuelve especialmente significativo, porque las cuestiones conectadas a la vida diaria, incluidas prácticas religiosas, expresión cultural, patrones de comunicación y otras formas de comportamiento social, pasan cada vez más a ser parte del alcance de la gobernanza de seguridad y el control de la información.

Por lo tanto, la extensión uigur de la ley nacional china podría ser perjudicial, ya que ha integrado el control de la información en su sistema de gobernanza social preexistente y, por ende, introdujo la vigilancia en la vida diaria en la región uigur.

La extensión en uigur de la ley nacional china sobre secretos de Estado

Si bien la ley nacional otorga un marco jurídico general para proteger los secretos de Estado, la versión en uigur detalla la aplicación, vigilancia tecnológica y controles geográficos adaptados a las prioridades de seguridad únicas de la región.

En cuanto a los objetivos, la versión local clasifica mantener la estabilidad social en Sinkiang como una cuestión de seguridad nacional y añade un mandato específico para «forjar un fuerte sentido de comunidad para la nación china» (artículo 3). Esto implica que las políticas locales que debilitan la identidad étnica y los derechos culturales y religiosos de los uigures podrían justificarse bajo la ley regional sobre secretos de Estado.

La ley introduce el nuevo concepto legal de «secretos laborales» (artículo 64), que exige al Gobierno y unidades de trabajo formular su propia «lista de secretos laborales» (artículo 43) e introduce sistemas internos para evitar filtraciones. Esto extiende aún más el ámbito de los secretos de Estado.

Respecto al cumplimiento de la ley, el reglamento en la región uigur enfatiza más la movilización de organizaciones de base, unidades de trabajo y actores a nivel comunitario para proteger los secretos de Estado (artículo 8). A los comités de base del partido se les exige designar oficiales de enlace para que se encarguen de asuntos relacionados a los secretos de Estado, incluidas denuncias públicas de actividades sospechosas, como espionaje, robo de secretos de Estado y revelación de secretos mediante libros, publicaciones en redes sociales y otros canales (artículo 39). Esto crea un sistema de control de la información más integrado socialmente, ya que la identificación, supervisión y notificación de información «sensible» se integran a la gestión social del día a día.

También se expande la escala tecnológica del control sobre la información sensible, porque la ley regional promueve explícitamente usar IA y datos masivos para supervisar flujos de información y proteger los secretos de Estado (artículo 10). Además, exige un sistema de «prevención y control» mantenido con la colaboración entre el Gobierno local, el Cuerpo de Producción y Construcción de Sinkiang y el Ejército (artículo 12). Esto fortalece el poder de la estructura de gobernanza militarizada única para controlar el flujo de información en la región.

Politización de la información

Bajo el actual sistema de control de estabilidad, la gobernanza en la región uigur depende mucho de la vigilancia digital y la integración de datos, que incluyen recopilar datos a gran escala, evaluar algorítmicamente riesgos y sistemas de seguimiento en tiempo real, como han destacado diversas investigaciones.

La definición extensa de «secretos de Estado» y «secretos laborales», junto con un mecanismo de denuncia de base y un sistema de seguimiento impulsado por IA, hace que la difusión de información y la comunicación entre personas estén sujetas a evaluaciones de seguridad y, por consiguiente, se consideren peligrosas. Los flujos de información externos, como hablar con medios de otros países o con extranjeros, son aún más inestables.

En lugar de responder a actos ilegales, la gobernanza de seguridad basada en la información se centra cada vez más en identificar y gestionar riesgos futuros percibidos.

Esto fortalece el sistema preventivo de control preexistente en nombre del contraterrorismo que legitima la intervención estatal, como los llamados «campamentos de reeducación» o «cursos de formación profesional«, dirigidos a comportamientos culturales, asociaciones, prácticas religiosas, patrones de comunicación y otras acciones de las comunidades uigur que se consideran potencialmente sensibles.

Dado que la gestión y seguimiento de la información están incorporadas en el núcleo de la gobernanza de seguridad en uigur, las personas sienten más inseguridad sobre qué información puede difundirse de forma segura, lo que genera que la autocensura se convierta en una norma social.

Estas dinámicas contribuyen a lo que algunos investigadores describen como una «estructura de silencio», en la que la información se vuelve progresivamente más difícil de acceder, no solo porque se restringe, sino también porque nunca se expresa públicamente.

El impacto en debates sobre derechos humanos

Los debates internacionales sobre la situación en la región uigur a menudo se centran en políticas de detención, restricciones religiosas, cambios demográficos y sistemas de vigilancia. Algunos Gobiernos e investigadores afirman que la represiva política china dirigida a las comunidades uigures equivalía a «crímenes contra la humanidad» o «genocidio«, mientras que otros rechazan estas descripciones.

Sin embargo, estos debates dependen profundamente de la disponibilidad de la información, y la ley regional sobre secretos de Estado recién promulgada dificulta más acceder o difundir información relacionada. Con la reducción del espacio de investigación, las afirmaciones que presentan las organizaciones de derechos humanos o los medios internacionales serán más difíciles de verificar. Por ende, los debates y desacuerdos sobre los derechos humanos se volverán más políticamente arraigados.

En este sentido, las leyes sobre secretos de Estado no solo regulan la información, sino que también moldean las condiciones en las que se desarrollan los debates internacionales sobre derechos humanos.

La importancia del reglamento sobre «secretos de Estado» en la región uigur no solo está en su redacción jurídica, sino en su funcionamiento dentro de un sistema de gobernanza más amplio, es decir, cómo funcionan los secretos de Estado dentro de un entorno político altamente vigilado. En un contexto como este, los límites entre la gestión de información, la vigilancia y el control social se vuelven cada vez más difusos.

En última instancia, el reglamento plantea preguntas más amplias sobre la relación entre la información, la gobernanza y los derechos humanos. Cuando el acceso a la información se vuelve más restringido, el espacio para la transparencia, la verificación independiente y la responsabilidad pública también se estrecha.