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Esta historia forma parte de Undertones, boletín de noticias del Observatorio de Medios Cívicos de Global Voices. Suscríbete a Undertones. También es parte de la serie Spotlight de mayo de 2026 de Global Voices, “Crisis global, soluciones locales”, que ofrece historias de logros en acción climática y resistencia, comprensión de cómo las comunidades de los países en desarrollo están luchando contra la crisis, análisis de qué podría significar para las próximas generaciones, y más. Puedes apoyar esta cobertura con una donación.

En medio de amenazas ambientales de proliferación y contaminación nuclear en la década de 1970, el origen del término “ecofeminismo” se le atribuye a Françoise d’Eaubonne, feminista y ecologista francesa, que se dice que lo usó por primera vez en 1974 en su obra “Le Feminisme ou la Mort” (Feminismo o muerte), reimpresa en octubre de 2020 por Le Passager Clandestin. D’Eaubonne argumentaba que la opresión de la mujer y la explotación de la naturaleza tenían se originaba en un sistema profundamente arraigado en valores patriarcales

La teoría de D’Eaubonne está expuesta en su obra de 1978 “Écologie et féminisme. Révolution ou mutation?” (Ecología y feminismo; ¿revolución o mutación?), en la que explica que durante siglos, los hombres han controlado la fertilidad de las mujeres y la tierra, pero el capitalismo global ha empujado esta dominación a otro nuevo extremo: ahora la vida misma está en riesgo. Ya que los hombres en el poder no logran lidiar con la crisis ecológica y política, D’Eaubonne argumenta que las mujeres deben reclamar el control de su fertilidad y construir una sociedad ecológica, igualitaria y autogobernada

El ecofeminismo, como práctica, también se expandió fuera de Europa en la década de 1970. En 1973, en India, mujeres lideraron el movimiento Chipko, organizado para proteger a los árboles y los bosques de la deforestación. En 1977, la activista keniana Wangarĩ Maathai, que en 2004 se convirtió en la primera mujer de África Oriental y Central en ganar el Premio Nobel de la Paz, fundó el Movimiento Cinturón Verde, organización comunitaria que trabaja en la intersección de la restauración ecológica y la justicia social para empoderar a las mujeres de zonas rurales y restaurar ecosistemas y bosques con iniciativas naturales

El ecofeminismo, que también fue explorado en las décadas de 1980  y 1990, se muestra cada vez más relevante y urgente en todo el mundo, escribe Katie Surma en un artículo de Inside Climate News Según Surma, las mujeres, motivadas por los datos y la experiencia, van más allá de las demandas por una mayor representación femenina en espacios como las negociaciones climáticas de Naciones Unidas. En cambio, las mujeres están exigiendo desmantelar los sistemas que señalan como el origen de la crisis, como el patriarcado, el capitalismo y el extractivismo (extracción global de recursos naturales para exportar).

Narrativa: Las mujeres son esenciales para la acción climática de Uganda

Los movimientos comunitarios en Uganda argumentan que las mujeres son de las más afectadas por los desastres climáticos. Sin embargo, sus experiencias y conocimientos no se toman en cuenta cuando se tratan. Para estas organizaciones, las mujeres entienden mejor las posibles soluciones, que es la razón por la exigen participar en la toma de decisiones.

Rights 4 Her (Derechos para Ella), organización liderada por mujeres que ampara a las mujeres ugandesas con financiación, investigación y educación, defiende esta narrativa al asegurar que “las mujeres lideran comunidades resilientes”. En una publicación en X de mayo de 2026, la organización expuso que las mujeres que viven en asentamientos informales son las más afectadas por las inundaciones, los drenajes en mal estado y la contaminación por basura, lo que convierte las fuertes lluvias en una amenaza directa para su seguridad. Adjuntas a la publicación hay dos pancartas que suplican “decisiones climáticas inclusivas”. Uno de los mensajes dice “el ecofeminismo es justicia climática. Incluyan a las mujeres. Escuchen a las mujeres. Inviertan en las mujeres. Construyan ciudades resilientes para todos”. El simbolismo de las imágenes en las pancartas enraíza a las mujeres en la tierra, lo que destaca la conexión entre ambas y, a la vez, enfatiza la exclusión que enfrentan las mujeres

Carteo de una publicación de Rights 4 en X. Uso legítimo. La política de Global Voices sobre IA no permite usar imágenes con IA, pero en este caso reproducimos imágenes usadas para fundamentar la narrativa analizada.

También reivindica esta narrativa organización juvenil Girls for Climate Action (Niñas por la Acción Climática), que aborda los problemas ambientales a través de experiencias de muchachas y niñas y defiende que comunidades justas y resilientes vivan en equilibrio con la naturaleza. En una publicación en X de octubre de 2025, en el contexto del Plan de Adaptación Nacional de Uganda (NAP, sus siglas en inglés), la organización demanda que “el 30% de los fondos climáticos debe ser para mujeres, niñas y comunidades vulnerables, que sienten profundamente el impacto del cambio climático”, a la vez que destaca que “debería financiar soluciones reales, apoyar el liderazgo de las mujeres y reforzar la resiliencia de quienes están en la primera línea de la crisis climática”

El conocimiento de las mujeres, según esta narrativa, también está relacionado con conocimiento aborigen. En su iniciativa Focos de Resiliencia Climática, Niñas por la Acción Climática declara que “el conocimiento local y aborigen del ambiente que tienen mujeres y niñas se centra y encuentra valor en el desarrollo de soluciones comunitarias para la adaptación climática y la mitigación de sus efectos”. Asimismo, el ecofeminismo se presenta como una herramienta para cuestionar el poder, el idioma y la herencia colonial, tal como expone Winfred Mugambwa, directora ejecutiva de Derechos para Ella, en una entrevista en el podcast Boletín de Leyes Podcast del Centro de Análisis Legislativo.

Otras organizaciones ugandesas, como la Asociación Nacional de Profesionales Ambientales y la Red de Mujeres Unidas Osukuru, también promueven la perspectiva ecofeminista. La narrativa también la reivindican académicos como Christine Nakkazi, analista investigativa en el Departamento sectorial del Centro de Análisis Legislativo

El contexto en torno a la narrativa

El feminismo en Uganda, tal como explicó Amon Ashaba Mwiine en un artículo publicado en “Plan: Empoderar a las mujeres por la equidad de género”, no ha seguido un camino directo, sino que ha evolucionado a través de interacciones dentro de la teoría feminista, las condiciones políticas y la práctica activista que ha sido fuertemente influenciada por la promoción postcolonial

La herencia colonial ha sido el centro de las críticas y las autocríticas del movimiento feminista en Uganda y en la región. La destacada feminista ugandesa Sylvia Tamale señala en una entrevista que la liberación africana solo es posible a través de la perspectiva feminista panafricano decolonial y con el ubuntu en su núcleo. Esta filosofía se basa en el principio de que la interrelación e interdependencia humanas hacen a las personas quienes son. Al referirse al movimiento feminista en la región, dice:

“Al estar bajo el control de la colonialidad, continuamos volviendo a su lógica, a sus procesos para solucionar nuestros problemas. Nos engañamos al pensar que es la manera de llegar a la modernidad y al desarrollo. Por lo tanto, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser y de hacer han sido capturadas por la perspectiva eurocéntrica de cómo ver el mundo que, en realidad, denigra las perspectivas tradicionales africanas. La perspectiva ubuntu del mundo refleja la comprensión de los africanos sobre la esencia de la humanidad. Entiende muy bien que no se puede vivir bien si otros no lo viven bien”.

La Constitución de la República de Uganda de 1995 (modificada en 2018) y la ley de Gobiernos locales de 1997 (modificada en 2020) establecieron la estrategia legal para la participación femenina en la toma de decisiones legales del país, fija un tercio obligatorio para mujeres en puestos gubernamentales y parlamentarios locales. Según ONU Mujeres, el 22% de los miembros de las entidades deliberativas locales, el 34% de los parlamentarios y el 30% de los ministros son mujeres en Uganda, lo que no representa la demografía del país, ya que el resultado preliminar del censo de 2024 revela que el 51% de la población de Uganda son mujeres.

Además de la brecha en la representación dentro de las instituciones políticas, las mujeres en Uganda enfrentan altos niveles de violencia de género, incluida la violencia con medios tecnológicos que recientemente se ha ejercido contra las mujeres en la política. El matrimonio infantil es otro desafío ya que el 43% de las niñas ugandesas se casan antes de cumplir los 18 años y una de cada cuatro niñas de entre 15 y 18 años está embarazada o tiene un hijo, según un informe de 2020.

En su Reporte Nacional del Estado del Ambiente de 2024, el Gobierno de Uganda registró el rápido crecimiento de la población, la urbanización, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la disminución de los recursos como problemas a abordar para un desarrollo sostenible. El informe expone que, por el impacto del cambio climático, “las altas temperaturas, las inundaciones y las sequías alteran aún más la salud y la agricultura de los ecosistemas”, y que “la contaminación atmosférica y del agua, la degradación de la tierra y la pérdida de biodiversidad son de las principales preocupaciones que deben tratarse”. Para enfrentar esto, el Gobierno de Uganda ha trabajado y actualmente sigue trabajando con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Los críticos argumentan que las leyes climáticas del Gobierno ugandés son esencialmente inconsistentes, y según el proyecto Oleoducto de Crudo de África Oriental, se expone una importante brecha entre el compromiso ambiental del Gobierno y sus acciones El proyecto de infraestructura a gran escala de combustible fósil está en marcha, y su objetivo es mover el crudo desde el campo petrolífero lago Alberto en Uganda hasta el puerto de Tanga en Tanzania para su distribución al mercado internacional.

Un informe de Derechos Climáticos Internacional documenta que bajo el proyecto de desarrollo petrolero de Kingfisher gestionado por la Empresa Nacional China de Petróleo en Alta Mar de Uganda S.L. (CNOOC, sus siglas en inglés), parte del oleoducto de crudo de África oriental, quienes viven cerca del proyecto “han sido desalojados de manera forzada sin compensación”, los han “obligado a vender sus terrenos a precios inadecuados”, y muchos han informado “amenazas, intimidación y violencia, incluso la violencia sexual”

Igualmente, los activistas ambientales han dicho al Observatorio de Derechos Humanos que “trabajar con el petróleo está prohibido”; explicaron que han recibido amenazas, han cerrado sus oficinas e incluso los han detenido por investigar los efectos del oleoducto. El Observatorio de Derechos Humanos asegura que las duras medidas contra activistas climáticos “han creado un ambiente tenso que reprime la libertad de expresión en torno a la preocupación por uno de los proyectos de combustible fósil más controvertidos del mundo”

Según el informe Libertad en el Mundo 2025 de Freedom House, en Uganda, “las organizaciones no gubernamentales (ONG) son cada vez más vulnerables a las restricciones legales, los molestos requerimientos de registro y la intimidación”, basado en un amplio marco legal que incluye el proyecto (2024) de ONG (enmienda), el proyecto de gestión del orden público (2013), el proyecto contra el lavado de dinero (2013), el proyecto contra el terrorismo (2023), el proyecto (2022) de mal uso de computadoras (enmienda) y el proyecto contra la homosexualidad (2023). Freedom House califico los derechos individuales en 24/60, por lo que clasifica al país como “No libre”

En las elecciones presidenciales de Uganda de enero de 2026, la comisión electoral ugandesa declaró como ganador presidencial a Yoweri Museveni, lo que aseguró su séptimo mandato. El Observatorio de Derechos Humanos informó de varias irregularidades en el proceso electoral, que incluye autoridades que dificultan el derecho a la libertad de expresión y de asamblea