Shakira Galíndez en la Nueva York (febrero de 2025). Foto de José Miguel Pareja. Usada con autorización.

Este artículo forma parte de la serie Spotlight de junio de 2026 de Global Voices, «Diversidad de género”. Esta serie ofrece una visión de la diversidad de género y de cómo se ve amenazada, protegida y preservada en todo el mundo. Puedes apoyar este reportaje con una donación.

Cuando Shakira Galíndez compareció para sus procedimientos de inmigración en Federal Plaza, en la Ciudad de Nueva York, el 15 de septiembre de 2025, trataba de cumplir con el proceso legal estadounidense.

Sin embargo, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (conocido como ICE) detuvo a Shakira.

Desde entonces, esta venezolana transgénero de 30 años ha pasado meses en el sistema de detención de inmigración estadounidense luchando para evitar la deportación. Su historia va más allá de Shakira: incluye a su familia y amigos afectados por su detención arbitraria, y destaca la creciente disparidad entre las protecciones formales que se garantizan a los refugiados vulnerables y las condiciones que suelen encontrar a su llegada.

Para muchos venezolanos LGBTQ+, la migración suele ser un asunto de sobrevivencia. Enfrentan discriminación, criminalización, violencia, exclusión del empleo, barreras en los servicios de salud y falta de reconocimiento legal a sus identidades, muchos venezolanos transgénero y de género diverso se ven obligados a dejar su casa en busca de seguridad y dignidad.

Galíndez tiene 30 años y es una mujer transgénero de Yaracuy, Venezuela. Llegó a Estados Unidos a buscar asilo tras huir de condiciones que hacían que fuera cada vez más difícil vivir de manera segura en su país de origen. Como muchos solicitantes de asilo, inició un proceso legal diseñado para evaluar su pedido y determinar si su regreso a Venezuela la expondría a daños.

La arrestaron cuando asistía a su audiencia de inmigración, y luego la transfirieron por múltiples centros de detención. Ahora, sigue con detención de inmigración en el centro de detención LaSalle y enfrenta la posibilidad de ser deportada de regreso a Venezuela.

Su caso expone una gran contradicción en el sistema de detención de inmigración de Estados Unidos. Desde 2015, las agencias federales han reconocido que las personas transgénero detenidas enfrentan riesgos únicos. Los parámetros de detención de ICE y las políticas influenciadas por el proyecto de ley de erradicación de violaciones en cárceles (conocido como PREA) reconocen que las decisiones  de vivienda que involucran a personas transgénero debe hacerse caso por caso, con particular atención a la identidad de género, especialmente porque los reclusos transgénero dieron cuenta de niveles más altos de mala conducta sexual del personal en prisiones (17%) y cárceles (23%).

En el papel, estas protecciones existen.

El fotógrafo José Miguel Pareja ha documentado el recorrido migratorio de Sharika y su experiencia como mujer transgénero detenida. Se han enviado docenas de cartas sobre el trato que recibe Shakira en el centro de detención y las irregularidades en torno a su caso. Foto de José Miguel Pareja, 2025. Usada con autorización.

Sin embargo, en la práctica, defensores y organizaciones de derechos humanos han documentado reiteradamente situaciones en las que los migrantes transgénero siguen expuestos al aislamiento, maltratos, atención de salud inadecuada, o condiciones de detención que no reflejan su identidad de género. Las condiciones empeoraron en el segundo gobierno de Donald Trump, en el que se informa de un aumento de este tipo de transgresiones. Una de las primeras acciones presidenciales fue una orden ejecutiva contra lo que llaman «extremismo de ideología de género» que establece reconocimiento federal de solo dos sexos, y dispone que las mujeres transgénero vayan a prisiones de hombres, y recorta la financiación de atención a la afirmación de género para reclusos.

La experiencia de Shakira es solo parte de este patrón más amplio.

La prolongada naturaleza de su detención, transferencias entre instalaciones y su envío a centros para hombres ha generado graves preocupaciones entre familia, amigos y defensores que trabajan en favor de Shakira.

Las denuncias de aislamiento son particularmente alarmantes. Galíndez sostiene que estuvo en confinamiento solitario más de un mes antes de que se pidiera su traslado a la población carcelaria general, pese a los riesgos que esto conllevaba. Casi el 90% de personas transgénero encarceladas han estado en confinamiento solitario en prisión, según un reciente estudio, práctica que los expertos de derechos humanos clasifican como tortura.

Independientemente del resultado legal del pedido de asilo de Galíndez, estas condiciones ilustran cómo la propia detención puede convertirse en una fuente de daño para los migrantes transgénero.

Para Galíndez, la deportación significaría volver a un país en el que las personas transgénero siguen enfrentando significativas barreras estructurales. Actualmente, en Venezuela no hay un marco legal integral que reconozca la identidad de género o proteja a las personas transgénero de la discriminación. Las organizaciones de la sociedad civil han documentado persistentes patrones de violencia, exclusión social y barreras para acceder a servicios de salud, empleo y reconocimiento legal.

En todo el continente americano, la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela ha generado uno de los mayores movimientos de desplazamiento del mundo. Dentro de la población desplazada, las personas LGBTQ+ suelen enfrentar capas adicionales de vulnerabilidad. Pueden pasar por rechazo familiar, quedarse son hogar, tener barreras para el empleo, explotación y violencia antes y durante la migración. Esta realidad es particularmente importante al evaluar los pedidos de asilo.

En un informe de 2020, ReliefWeb destaca que los desplazamientos de venezolanos LGBTQ+ forman una de las capas más complejas de una ya profunda crisis migratoria, y que los muchos riesgos a los que están expuestos no terminan con la migración. Como explica el informe:

Most of the [LGBTQ+ population] face or have faced situations of exploitation, abuse, and inequality, among other forms of violence. In addition, discrimination and xenophobic attitudes have affected them in different ways. For example, trans women have experienced a greater violation of their rights and lack of protection, while LGB people have had to hide their sexual orientation to avoid being discriminated against.

La mayor parte [de la LGBTQ+ población] vive o ha vivido situaciones de explotación, abuso y desigualdad, entre otras formas de violencia. Además, la discriminación y las actitudes xenofóbicas los han afectado de diferentes maneras. Por ejemplo, las mujeres trans han sufrido una mayor violación de sus derechos y falta de protección, mientras las personas LGB han debido ocultar su orientación sexual para evita que las discriminen.

El propósito del derecho de asilo es dar protección a personas que tienen temor fundado de persecución por factores como opinión política, religión, nacionalidad, raza o pertenecer a un grupo social particular. Las personas transgénero que huyen de la discriminación y la violencia sistémicas a menudo buscan protección bajo este marco porque regresar a casa puede exponerlas a graves riesgos.

“Ser queer en Venezuela significa que has crecido bajo constante amenaza de exclusión, violencia correctiva y abandono”, explica Andrés Perez, activista a no binario exiliado en Colombia, a Global Voices por mensaje de texto. «Para muchos en la comunidad LGBTQIA+, migrar no es solo una decisión sobre el futuro, sino una manera de proteger nuestra vida en el presente”.

Retrato de Shakira Galíndez y fragmentos de sus cartas, por José Miguel Pareja (2025). Usado con autorización.

El caso de Shakira no es aislado. Repite las preocupaciones que surgieron con el caso de Andry Hernández Romero, otro migrante venezolano LGBTQ+ cuya experiencia llamó la atención de defensores y organizaciones de derechos humanos por su transferencia al CECOT, la infame prisión de El Salvador, y posterior deportación a Venezuela. Aunque sus circunstancias son diferentes, ambos casos ilustran una realidad complicada: los venezolanos LGBTQ+ que buscan protección en Estados Unidos pueden encontrarse recorriendo sistemas que no logran reconocer adecuadamente sus vulnerabilidades.

Mientras, el caso de Shakira continúa, y los abogados piden su liberación y una evaluación justa de su pedido de asilo. Sus pedidos se fundamentan en un principio simple: quienes buscan protección de la persecución no deben estar sometidos a condiciones que los pongan en mayor riesgo.