Investigadores, autores y miembros del equipo de Paradigm Initiative de pie sobre el escenario durante la presentación oficial del informe LONDA 2025, en el Foro de Derechos Digitales e Inclusión de 2026 en Abiyán. Foto de Paradigm Initiative (licencia CC BY-NC-ND).

La organización Paradigm Initiative publicó recientemente el informe LONDA 2025, que expone la frágil situación de los derechos digitales en 29 países africanos. Si bien algunos países promulgaron leyes progresistas para proteger los datos de los usuarios, muchos Gobiernos intensificaron los bloqueos de internet, la vigilancia y los arrestos para controlar los espacios en línea. El exhaustivo documento destaca cómo la democracia digital se expande en algunas regiones, mientras que en otras enfrenta un fuerte retroceso autoritario.

El informe anual evalúa el cumplimiento de los países con los parámetros internacionales de derechos humanos con un índice de puntuación. Los investigadores evalúan 12 indicadores principales, incluidos bloqueos de internet, inclusión digital, criminalización de noticas falsas, protección de datos y seguridad de los niños en línea. Asignan puntuaciones sobre 60 para determinar en qué medida los Gobiernos protegen las libertades establecidas en la Declaración de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (ACHPR).

Continente dividido: Cambios en las puntuaciones regionales

El informe LONDA 2025 revela contrastes claros en cómo distintas regiones gestionan las libertades digitales. Al comparar las puntuaciones de 2024 y 2025, los investigadores notaron significativos avances legislativos y preocupantes retrocesos democráticos en todo el continente.

En el sur de África, Botsuana surgió como un caso de éxito destacado. El país subió su puntuación de 28 en 2024 a 35 en 2025. Los legisladores implementaron la ley de protección de datos y la ley de acceso a la información, que fortalecen los derechos de privacidad de los ciudadanos. Además, Botsuana mantuvo un historial perfecto si bloqueos de internet. Namibia también avanzó, presentó su Fondo de Servicio Universal (USF, por sus siglas en inglés), que dio acceso a la tecnología 4G a más de 9000 civiles por primera vez. Sin embargo, el vecino Mozambique apenas mejoró, subió de 23 a 24, ya que las autoridades aprobaron regulaciones que permiten suspender las telecomunicaciones en caso de lo que se percibe como amenazas para la seguridad pública.

Sin embargo, el progreso de una nación no garantiza la seguridad regional, como se vio en Zambia. El país mantuvo un panorama digital relativamente estable durante 2025. Pero, a comienzos de 2026, el Gobierno zambiano forzó inesperadamente aplazar a última hora la RightsCon, el mayor encuentro del mundo de defensores de los derechos humanos en la era digital. En realidad, esta inesperada decisión significó la cancelación total de la conferencia, que sorprendió a organizadores y asistentes cuando faltaba menos de una semana para su inicio. Cancelar un evento global tan masivo es una restricción repentina y grave del espacio cívico. Esta acción contradice directamente cualquier progreso que Zambia afirmó haber logrado. Los defensores de derechos digitales ya cuestionan cuánto caerá la puntuación de Zambia en la próxima evaluación de 2026. Este incidente demuestra que, con una sola decisión política, un Gobierno puede deshacer años de progreso en materia de derechos digitales.

África occidental presentó una mezcla de progreso y retroceso. Senegal vio subir su puntuación de 34 a 38. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental emitió una sentencia histórica que condenó al Estado senegalés por los bloqueos de internet de 2023, con lo que estableció un importante precedente judicial para los derechos digitales. Por consiguiente, el Gobierno senegalés mantuvo internet sin interrupciones durante todo 2025. En cambio, la puntuación de Togo bajó de 29 a 28. Durante las protestas cívicas de junio de 2025, las autoridades togolesas interrumpieron duramente el acceso a plataformas como WhatsApp, Facebook y Telegram.

Nigeria tuvo una pequeña caída, pasó de 36 de 35 puntos. Aunque la Comisión Nigeriana de Protección de Datos hizo cumplir activamente las leyes de privacidad, el costo de los servicios de telecomunicaciones aumentó por primera vez desde 2013, y la eliminación poco transparente de contenido siguió siendo un problema persistente. Gambia logró un cumplimiento moderado, especialmente gracias a la promulgación de una ley de protección de datos en noviembre de 2025. Sin embargo, y pese a quince años de promesas, el país aún carece de un USF funcional.

En el norte de África, Egipto subió su puntuación de 32 a 38. El Gobierno presentó la segunda edición de su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (IA) y aprobó una política de datos abiertos. A pesar de este progreso, las leyes vigentes aún permiten la vigilancia por periodos indefinidos sin salvaguardas claras.

Más al sur, Sudán bajó a una puntuación alarmante de 20, de los 21 puntos que tenía en 2024. El conflicto en curso diezmó la conectividad, ya que las autoridades cortaron internet durante exámenes y los grupos armados incautaron los dispositivos electrónicos de los civiles para inspeccionar comunicaciones privadas. En África oriental, Kenia registró reducciones de la velocidad de internet durante un periodo de disturbios en junio y restringió Telegram durante los exámenes nacionales. Tanzania también sumió a sus ciudadanos en un apagón digital total durante las elecciones de octubre, además de realizar más de 1700 arrestos y restringir el acceso a la red social X.

La continua lucha contra apagones y censura

A nivel continental, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos se opone activamente a la represión digital.

En 2024, la comisión aprobó la Resolución 580, que insta explícitamente a los Estados a mantener el internet abierto y seguro antes, durante y después de las elecciones. Sobre esa base, en 2025 se aprobó la Resolución 630, que orienta a las empresas tecnológicas sobre cómo mantener la integridad de la información y hacer evaluaciones de impacto de derechos humanos transparentemente. A pesar de estas directrices claras, los bloqueos de internet siguen siendo la herramienta preferida de muchos Gobiernos africanos frente a tensiones políticas.

El informe LONDA documentó interrupciones deliberadas de la red en múltiples naciones. En Camerún, entre el 23 de octubre y el 7 de noviembre, el Gobierno cortó los sistemas de comunicación electrónica. Esta interrupción coincidió directamente con el retraso del anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales de 2025 y la fuerte tensión política.

Cuando las autoridades no cortan por completo el internet, a menudo usan legislaciones restrictivas para atacar a las voces disidentes. En el continente, los Gobiernos usan códigos penales y leyes de ciberdelincuencia como armas para silenciar a periodistas y activistas, bajo el pretexto de combatir las noticias falsas. En Benín, la aplicación del Código Digital provocó el arresto arbitrario de varios editores de prensa y activistas digitales que criticaron la administración.

De manera similar, las fuerzas de seguridad de Somalia atacaron con frecuencia a periodistas, confiscaron sus dispositivos electrónicos sin cargos formales. En Ghana, las autoridades siguen haciendo un uso indebido de la ley de comunicaciones electrónicas para arrestar y hostigar a profesionales de los medios, a pesar de que el país derogó sus leyes de difamación penal hace años. Estas acciones violan directamente el derecho internacional de los derechos humanos y provocan un efecto disuasorio que fuerza a los civiles a autocensurarse.

Vigilancia, privacidad y la brecha de género

El panorama digital se vuelve cada vez más peligroso para los grupos vulnerables. La violencia de género facilitada por la tecnología es una epidemia creciente que la mayoría de marcos legales no aborda adecuadamente. El informe destacó graves campañas de desinformación de género en Benín, dirigidas específicamente a mantener a las mujeres fuera de la política. Los atacantes difundieron narrativa falsa sobre misoginia para degradar a mujeres líderes y desincentivar la participación política femenina.

Las tecnologías de vigilancia también representan una amenaza masiva para la privacidad en África. En Zimbabue, Lesoto y Togo, las personas enfrentan la vigilancia selectiva de las comunicaciones. En Togo, el Gobierno implementó un nuevo centro de ciberseguridad, lo que crea un ambiente de miedo y fuerza a periodistas y jóvenes a autocensurar sus comunicaciones en línea. La mayoría de naciones no tiene la supervisión judicial necesaria para evitar que las agencias de inteligencia abusen de estas herramientas de seguimiento.

Para reducir la brecha digital, muchos países establecieron Fondos de Servicio Universal (USF) para financiar la conectividad en zonas rurales y de bajos ingresos. Si bien Botsuana y Malaui usaron activamente estos fondos para conectar escuelas rurales, muchos otros países gestionaron sus fondos sin ninguna transparencia. La falta de una implementación sólida de USF deja a comunidades marginadas, incluidas personas con discapacidad, excluidas de la economía digital.

Existe un rayo de esperanza respecto a la seguridad de los niños en línea. En 2025, Kenia emitió directrices para el sector sobre la protección de menores en línea, Lesoto lanzó directrices similares preparadas en 2024, y Túnez adoptó la Carta Nacional para la Protección de la Infancia en Línea. Sin embargo, en la mayoría de los países aún no hay leyes específicas que protejan a los menores del ciberacoso, de la captación con fines sexuales en línea y la elaboración de perfiles de datos. La gobernanza de la inteligencia artificial también se está consolidando gradualmente; Kenia, Zimbabue y Zambia desarrollaron estrategias nacionales de IA en 2025 para orientar la futura integración tecnológica.

Bailarín tradicional actúa durante el Foro de Derechos Digitales e Inclusión (DRIF26) organizado por Paradigm Initiative en Abiyán, Costa de Marfil, donde se presentó oficialmente el informe LONDA 2025. Foto de Paradigm Initiative (licencia CC BY-NC-ND).

Amplificar el mensaje a través del cine

Los informes y datos son vitales para documentar, pero cambiar corazones y mentalidades requiere narrativas convincentes. Para dar vida a las luchas documentadas en estas páginas, Paradigm Initiative produjo el cortometraje «Signal«. La película se ha extraído directamente de los hallazgos del informe LONDA 2024, y expone los costos ocultos de la exclusión para comunidades vulnerables y rurales, que permanecen al margen del mundo digital. El cortometraje demuestra que, para estas personas, los mensajes más importantes suelen ser los que más dificultades tienen para llegar al público. Cada nudo de la trama de la película refleja las realidades exactas que se vivieron en todo el continente durante los últimos dos años.

Cuando la democracia digital desaparece, también desaparece el poder de las personas. El informe LONDA 2025 funciona como una advertencia crítica y una hoja de ruta. Mientras algunos países africanos construyen economías digitales inclusivas y que respetan los derechos, muchísimos otros construyen estructuras digitales de control.