
Perros callejeros en un refugio para animales en Kazajistán. Captura de pantalla del video «Eutanasia de gatos y perros en Kazajistán«, del canal de YouTube de Khabar News. Uso legítimo.
El 19 de mayo, el presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, promulgó modificaciones a las regulaciones sobre bienestar animal, e introdujo un modelo de captura sin liberación posterior. Según este sistema, los animales callejeros son trasladados a centros de retención temporal y pueden ser sacrificados una vez transcurrido el período mínimo de permanencia si nadie los reclama o adopta.
Los animales sin dueño deberán permanecer en estos centros durante al menos cinco días, mientras que aquellos que podrían tener propietario podrán permanecer hasta 60 días antes de que se autorice la eutanasia.
La ley también refuerza las responsabilidades de los propietarios de mascotas. Ahora, deberán tomar todas las precauciones necesarias para evitar que sus animales causen daños a personas o bienes, y deberán indemnizar los perjuicios ocasionados si su mascota lesiona a alguien.
La nueva ley ha generado controversia y un fuerte rechazo público, y también ha renovado el debate sobre la seguridad ciudadana, el bienestar animal y la responsabilidad de las autoridades.
Legisladores frente a activistas de protección animal
Funcionarios y legisladores defendieron las medidas como necesarias para proteger a la población frente al creciente problema de los perros callejeros en el país. Señalan que la población de estos animales en Kazajistán continúa aumentando pese a iniciativas anteriores.
Por ejemplo, los legisladores informaron que el número de animales callejeros capturados pasó de aproximadamente 243,574 en 2022 a 276,282 a comienzos de 2026. Asimismo, las estadísticas oficiales muestran que en 2025 más de 41,000 personas recibieron tratamiento por lesiones causadas por mordeduras de perro, frente a las 38,800 registradas en 2024.
Los críticos de las modificaciones sostienen que el verdadero problema es que la ley de «trato responsable» aprobada en 2021, cuyo objetivo era avanzar hacia un modelo de bienestar animal más ético, nunca se aplicó plenamente.
En este video de YouTube, diversos especialistas analizan la nueva legislación.
Los grupos de protección animal, como la Fundación KARE, sostienen que la ley «no fracasó; sino que nunca se implementó». Citan cifras oficiales que muestran que los programas masivos de esterilización nunca se materializaron y se siguió recurriendo a la eutanasia a gran escala. Por ejemplo, en todo el país solo se esterilizaron 58 perros en 2022, mientras que más de 80,000 fueron sometidos a eutanasia. Para 2025, de los aproximadamente 276,000 perros capturados, solo alrededor del 13% habían sido esterilizados y casi el 85% habían sido sacrificados.
Según los activistas, en la práctica los animales capturados eran sacrificados rápidamente debido al hacinamiento o la falta de financiación de los refugios, en lugar de permanecer a la espera de ser adoptados, como estaba previsto.
En Almaty, antigua capital y la mayor ciudad del país, los datos municipales respaldan estas preocupaciones. El servicio veterinario municipal informó de 6169 casos de mordeduras de animales en 2025, pero solo 652 correspondieron a perros callejeros. En otras palabras, aproximadamente el 10% de las mordeduras fueron causadas por animales callejeros, mientras que la mayoría correspondió a mascotas con propietario que circulaban sin correa o medidas de contención adecuadas.
Los activistas utilizan estos datos para sostener que exigir una mayor responsabilidad a los propietarios de mascotas y ampliar la capacidad de los refugios sería más eficaz que recurrir a la eutanasia.
Como afirma uno de los argumentos centrales de la campaña, matar animales no resolverá un problema sistémico porque «cuando la crueldad se incorpora a la ley, el silencio se convierte en complicidad».
Datos contradictorios
El debate sobre las modificaciones gira precisamente en torno a estas cifras contradictorias. Los partidarios de la ley señalan el elevado número de animales callejeros y los escasos informes de ataques graves. Por ejemplo, un incidente ampliamente difundido ocurrido en junio de 2025 involucró a un niño de diez años que resultó gravemente herido tras ser atacado por dos perros en la localidad de Zhalpaksay, en la región de Almaty. Un transeúnte tuvo que disparar a los animales para salvar al menor.
Los legisladores afirman que casos como este —junto con el considerable número de mordeduras a nivel nacional— demuestran que la política vigente «no ha logrado resolver el problema» de reducir el peligro en las calles.
Los defensores de los derechos de los animales responden que muchos de los ataques citados fueron cometidos por perros con dueño o se produjeron en zonas donde no existían programas de esterilización. Además, destacan los resultados de la auditoría: a nivel nacional, solo se esterilizó a una fracción mínima de los perros. Según su análisis, nunca se alcanzó la cobertura mínima necesaria del 70%, por lo que no hubo ninguna reducción de la población animal.
Por el contrario, la auditoría muestra que la legislación anterior condujo a que más perros murieran, no menos. Desde la perspectiva de los activistas, el problema radica en la irresponsabilidad de los propietarios y la escasa participación municipal. También señalan las cifras de mordeduras en Almaty como prueba de que eliminar animales callejeros no resolverá por sí solo el problema de la seguridad pública.
En cambio, sostienen que las autoridades deben garantizar la financiación necesaria a los refugios y los programas de tránsito y adopción, e implementar un registro nacional de perros que permita un seguimiento efectivo de las mascotas.
¿Qué ocurrirá ahora?
Con las modificaciones ya firmadas, la cuestión es cómo funcionarán en la práctica. La ley asigna expresamente a los maslikhats y akimats (órganos de Gobierno local) la responsabilidad de aplicar las medidas de control de poblaciones animales. También aclara que toda decisión de sacrificar a un perro debe aprobarla un veterinario.
En última instancia, la eficacia de las nuevas medidas dependerá de cómo las implemente cada región. Muchas organizaciones defensoras de animales insisten en la necesidad de garantizar la transparencia. Un observatorio ciudadano señaló que la supervisión pública rigurosa será fundamental, ya que «la aplicación de eutanasia a gran escala» quedará en gran medida en manos de las autoridades locales.
El debate público ha puesto de manifiesto profundas divisiones. Un periodista observó que la sanción de la ley «provocó una reacción pública masiva»: para mayo de 2026, más de 115,000 personas ya habían expresado públicamente su oposición a las modificaciones.
Organizaciones de protección animal advirtieron que las nuevas disposiciones «podrían dar lugar a eutanasias a gran escala», no solo de animales abandonados, sino también de mascotas cuyos propietarios no las reclamen. Para respaldar esta afirmación, citaron datos que muestran que la ley anterior de protección animal fue ignorada en gran parte del país.
Este otro video de YouTube analiza las consecuencias de la nueva normativa.
Los partidarios de la reforma responden que, sin medidas de este tipo, la población de animales callejeros seguirá creciendo.
En cualquier caso, muchos consideran que este episodio refleja una participación cívica cada vez más activa en Kazajistán: las campañas en redes sociales han obligado a los legisladores a explicar la política con un nivel de detalle sin precedentes.
A nivel presidencial, Tokayev ha procurado mantener una postura equilibrada. Su oficina señaló que, aunque la ley pretende mejorar la salud pública, no autoriza actos de crueldad. El presidente ha instado públicamente a la ciudadanía a tratar a los animales de manera ética y ha prometido una política de «tolerancia cero» al maltrato.
Si estos cambios normativos aumentarán realmente la seguridad o solo formalizarán prácticas de sacrificio ya existentes dependerá del rigor con que se apliquen las nuevas disposiciones. Veterinarios, voluntarios y propietarios de mascotas seguirán atentamente la entrada en vigencia de las modificaciones.






