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Por Gina Romero, relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano a la libertad de reunión pacífica y de asociación

Cuando los expertos analizan cómo la vigilancia digital moderna debilita el espacio cívico, los derechos humanos y las libertades, con frecuencia, las conversaciones derivan en planteamientos ambiguos y jerga legal difícil de comprender. Nos dedicamos a discutir sobre privacidad, detalles técnicos como la configuración del cifrado o los límites abstractos del poder de control gubernamental, sin considerar la gran crisis de la salud mental y el trauma psicológico que azota a la sociedad civil actual y a la comunidad activista global. Por tal motivo, presento un nuevo informe y un estudio global que nos invita a examinar un panorama de daños completamente diferente y muy humano.

Durante mucho tiempo, nos hicieron creer que la vigilancia gubernamental es como un bisturí afilado, es decir, una herramienta precisa para combatir a personas peligrosas. La realidad es que ese tipo de control se transformó en un enorme ecosistema de sospecha permanente que se extiende a la sociedad entera y afecta o podría afectar a todos. El rastreo digital actual es remoto, casi invisible y nunca cesa; a diferencia de antes, que era limitado y localizado. En muchos países, persigue hasta sus hogares a activistas, miembros de la sociedad civil, periodistas y defensores de los derechos humanos con una amplia gama de herramientas, que incluye un programa espía para teléfonos inteligentes. Eso permite que los agentes externos rastreen las conexiones familiares y vigilen las comunicaciones privadas, lo que perjudica la función pública, y también las relaciones más íntimas de manera significativa.

El impacto psicológico de desenvolverse dentro de esa trampa imperceptible es devastador. Tras analizar datos de 84 países y regiones, llegué a la conclusión de que el peor daño de la represión digital no se limita a paralizar a las organizaciones o a generar temor por la interacción social (lo que se conoce como el efecto de aislamiento social), también provoca un profundo trauma psicológico. Los activistas sufren depresión clínica, agotamiento emocional, síndrome de desgaste profesional crónico y graves problemas de salud mental, incluido el trastorno de estrés postraumático, causados ​​de manera directa por la vigilancia digital respaldada por el Estado.

Vivir bajo observación constante implica estar en un estado permanente de control absoluto. Los activistas manifiestan que revisan sus teléfonos con mucha ansiedad, analizan en exceso los fallos tecnológicos cotidianos y miran siempre a su alrededor cuando van por la calle. Ese clima de paranoia termina por invadir la rutina diaria, hasta el punto de no notan su nerviosismo, lo que perjudica la vida física, emocional y social. Ese efecto secundario no es accidental, es un mecanismo de disuasión preventiva diseñado de forma meticulosa. Cuando los Gobiernos instrumentalizan la incertidumbre, la mente de una persona se convierte en su propia prisión.

Lo peor de todo es el profundo aislamiento social que genera el control. La confianza, motor fundamental de la acción colectiva y de la solidaridad, se desvanece por completo. Cuando algún programa espía, como Pegasus, infecta a un activista o a una organización, la víctima se convierte en un marginado social y se la trata como si tuviera una enfermedad contagiosa. Sus compañeros dejan de enviarle mensajes por temor a la observación colateral. Los vínculos cercanos y las relaciones de pareja se deterioran. Los activistas enfrentan la desgarradora disyuntiva de continuar con su labor pública o cortar lazos con sus familiares más íntimos para protegerlos de la supervisión y la divulgación de información personal que experimentan en represalia.

Esa ruptura sistemática de lazos deja a los defensores de derechos humanos en una soledad abrumadora. El impacto en los grupos vulnerables, como los jóvenes, es aún mayor. La autocensura impuesta a los manifestantes de la generación Z, por ejemplo, produce un agotamiento mental que, en última instancia, resulta más tóxico y extenuante que el odio en línea o el acoso físico que sufren en público. Ese daño emocional se propagó tanto que ha surgido una nueva industria dedicada a la terapia dentro del mundo activista, que busca específicamente dar apoyo a las personas afectadas por la vigilancia digital y así poder superar las secuelas psicológicas que deja el robo de la vida privada.

Cuando afecciones médicas graves como el estrés postraumático se convierten en un peligro cotidiano y en un riesgo laboral habitual para el activismo, el sistema global y el marco de derechos humanos se desmorona por completo. Si los organismos internacionales siguen evaluando el seguimiento desde una perspectiva estrecha y estrictamente legal, centrada solo en la privacidad, subestiman de forma sostenida el daño acumulativo de esos sistemas.

La vigilancia digital va mucho más allá del robo de datos. Causa profundas heridas humanas, ya que impide que las personas desarrollen y expresen su identidad de forma segura, genera traumas que pueden perdurar durante generaciones y fragmentar la psique humana. Mientras no ponderemos los costos emocionales reales, como la depresión, el agotamiento y el miedo, con el mismo peso que damos a los marcos legales, seguiremos mirando hacia otro lado y el bienestar mental de nuestros más valientes agentes de cambio y defensores de derechos humanos se destruirá silenciosamente en las sombras del mundo digital.