Colombia, primer país latinoamericano que prohíbe mutilación genital femenina
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Faltaban nueve días, solo nueve días para que se cumpliera el plazo, la ley terminara y años de trabajo quedaran en la nada. Pero el 10 de junio de 2026, el Senado colombiano finalmente votó y la aprobó, con lo que Colombia se convirtió en el primer país en Latinoamérica en prohibir la mutilación genital femenina. La ley 440 de 2025, conocida como «Niñas sin ablación«, es una ley que no nació en un despacho legislativo sino en las comunidades que más la necesitaban.
El 22 de marzo de 2007, tres niñas recién nacidas de la comunidad Emberá Chamí murieron por una infección luego de haber sido sometidas a mutilación genital. Fue el primer caso documentado que llegó a registros oficiales, aunque se cree que no es el primero en ocurrir.
Desde entonces, Colombia sigue siendo el único país en Latinoamérica que reconoce oficialmente que la mutilación genital femenina todavía se practica en su territorio. En lugar de que el reconocimiento conllevara vergüenza, permitió al Estado comenzar a tomar acción y ayudar a que la erradicación de la mutilación genital femenina entrara en la agenda global de Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero veinte años después, sin una ley que apoye esos esfuerzos, el reconocimiento por sí solo no basta para proteger a nadie.
La mutilación genital femenina (llamada en algunas comunidades «curación», «corrección» u «operación») involucra la extirpación parcial o total de los genitales femeninos externos sin justificación médica. En Colombia, se realiza en niñas de entre 17 días y 12 años. Según organizaciones internacionales de salud, las consecuencias son permanentes: hemorragias, infecciones crónicas, complicaciones en el parto, trauma, desordenes en el comportamiento, ansiedad, depresión y la muerte en casos extremos.
Una ley que nace de sobrevivientes, inspirada por números
Los números oficiales solo revelan parte del panorama. En general, el Estado solo se entera de estos casos cuando las niñas llegan a los hospitales con complicaciones, pero muchas comunidades afectadas están a horas de cualquier hospital. Lo que se registra siempre es menor a lo que realmente ocurre.
Aún así, los datos disponibles son suficientes para mostrar la magnitud del problema. El Ministerio de Salud de Colombia informó de 91 casos en 2023 y 54 en 2024, aunque no existe un registro nacional consolidado pues la mayoría ocurre en comunidades remotas sin acceso a salud pública. Entre 2020 y 2025, el Instituto Nacional de Salud documentó 204 casos, de los que 177 involucraban a niñas indígenas, principalmente en los departamentos de Risaralda y Chocó.
Solo en la municipalidad de Pueblo Rico se registraron 46 casos entre 2013 y 2014: 32 fueron casos de niñas menores de un año, y otros 11 casos de niñas de entre uno y dos años. Datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia, corroborados por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), indican que dos de cada tres mujeres de Emberá sufrieron mutilación genital femenina. Las autoridades también han identificado casos en mujeres afro-colombianas, en Raizal, Palenquero y comunidades de inmigrantes.
No estamos hablando de adultas. En su enorme mayoría son bebés.
Es precisamente esta realidad la que empujó a las mismas mujeres de Emberá —muchas de las cuales son sobrevivientes— a dejar de esperar y comenzar a construir soluciones desde adentro de sus comunidades. La ley creció a partir de años de diálogo con las comunidades afectadas que pedían herramientas concretas para proteger a sus hijas.
Este planteamiento no es punitivo, es una decisión deliberada. Criminalizar a las abuelas y las parteras solo desalentaría a las familias de llevar a las niñas al hospital si surgieran complicaciones. Más niñas morirían, no menos.
La ley establece un comité interinstitucional compuesto de agencias gubernamentales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), organizaciones de sociedad civil y representantes de las mismas comunidades afectadas. Crea vías de atención, protocolos obligatorios de salud, sistemas más sólidos de recolección de datos y una perspectiva intercultural que reconozca la complejidad del problema sin usarlo como excusa para la inacción.
Alejandrina Guasorna: testimonio de una sobreviente
En una entrevista con El País, Alejandrina Guasorna recuerda que a sus 74 años, ella y su hermana confirmaron algo que los rumores sugerían hace mucho: el día que nació, alguien extirpó su clítoris. Una cuchilla de afeitar, un clavo caliente, una habitación cerrada y luego silencio.
Nunca nadie le había contado. Ni su madre, ni ninguna otra mujer de la comunidad de Emberá en Pueblo Rico, Risaralda. Creció sin saberlo, vivió sin saberlo, e incluso se convirtió en partera sin saberlo, asistió en los nacimientos de otras niñas que pueden haber sufrido el mismo destino.
Lo que más pesa en su historia no es el momento que no puede recordar; es todo lo que sí recuerda: las niñas que murieron, las hemorragias, las infecciones, los pequeños cuerpitos que no sobrevivieron.
Entonces, aparece la declaración más devastadora: «traían niñas muertas todo el tiempo. Pensamos que era normal». No era ignorancia. Era una comunidad entera condicionada durante generaciones para no ver, no hablar; enterrar a sus hijas y seguir adelante.
Guasorna cuestiona uno de los argumentos más comunes para justificar la inacción: esta no es una tradición antigua e inmutable. A diferencia de algunos países de África, no siempre la hacen parteras tradicionales. En cambio, en una práctica que se transmite de generación en generación, en comunidades marginadas con limitado acceso a educación y poca presencia estatal, donde nadie les explicó que lo que les hacen a sus cuerpos no es normal ni necesario.
El camino que casi termina antes de comenzar
La aprobación de la ley no fue para nada fácil. La ley pasó por dos debates en la Cámara de Representantes en 2025 y luego fue aprobada por unanimidad en el primer comité del Senado. De todos modos, durante semanas, con solo el debate final como último paso, la ley fue enterrada como punto 12 o 13 de la agenda legislativa, detrás de problemas como los bonos escolares y los subsidios al transporte.
La fecha límite era el 20 de junio. La elección presidencial estaba programada para el 21 de junio. Pocos políticos querían complicar las cosas.
Que la votación haya ocurrido, dado el clima político de Colombia, no es un detalle menor. Es el resultado de años de presiones de mujeres que no tenían nada para ganar políticamente y sí todo por ganar de manera personal.
La mutilación genital femenina se practica al menos en 94 países y afecta a más de 230 millones de niñas y mujeres a nivel mundial. De esos 94 países donde la práctica está documentada, solo 59 tienen leyes que la tratan de manera específica, y la mayoría de esas leyes están concentradas en África, Europa y Norteamérica.
Hasta la aprobación de esta histórica ley, en Latinoamérica ningún país tenía una ley similar.
Leandra Becerra, asesora de Igualdad Ahora para Latinoamérica, resumió el significado del momento después de la aprobación de la ley: «este logro es la culminación de años de trabajo coordinado entre sobrevivientes, activistas y legisladores. El desafío ahora es asegurarnos de que la ley se implemente de manera efectiva, con voluntad política sostenida y los recursos adecuados, para que ninguna niña en Colombia vuelva a ser sometida a la mutilación genital femenina».
El presidente Gustavo Petro todavía debe firmar formalmente la norma para que se convierta en ley, pero la parte más difícil ya pasó. Colombia decidió que la mutilación genital femenina ya no puede continuar.
