El artista Rasel Rana Sajan participa en la protesta «জনতায় আস্থা, মবতন্ত্রে অনাস্থা» («Confianza en el pueblo, no en el gobierno de las turbas») en Daca, 23 de diciembre de 2025. Artistas, trabajadores de la cultura y ciudadanos se reunieron para exigir democracia, inclusión y el Estado de derecho. Fotografía: Najmul Sagor. Utilizada con autorización.

Este artículo forma parte de la serie Spotlight de junio de 2026 de Global Voices, «Diversidad de género”. Esta serie ofrece una visión de la diversidad de género y de cómo se ve amenazada, protegida y preservada en todo el mundo. Puedes apoyar este reportaje con una donación.

El 3 de abril de 2026, ocho mujeres y una mujer trans hijra reunidas casualmente en Shahbag, Daca, fueron acosadas por un grupo que afirmaba practicar «periodismo móvil«. Es un ejemplo del trato injusto que las personas con diversidad de género pueden enfrentar en Bangladesh. Las filmaron sin su consentimiento, las sometieron a preguntas ofensivas, las acosaron sexualmente y, cuando protestaron, las retuvieron físicamente para impedirles abandonar el lugar. A las ocho las arrestaron y trasladaron a la comisaría de Shahbag. Se les negó el acceso a abogados durante dos días, permanecieron detenidas en condiciones inhumanas, y finalmente las obligaron a pagar multas y firmar documentos en los que admitían haber cometido faltas para obtener su libertad. No se les había imputado ninguna actividad delictiva. La Policía no fue mera espectadora. Participó de los hechos.

Una semana después, la noche del 10 de abril, el mismo lugar fue escenario de un ataque de mayor magnitud. Bajo la bandera del «Movimiento Azadi», una multitud agredió brutalmente a un grupo de personas a quienes califico de «homosexuales» y «transgénero». Golpearon a profesores universitarios y ciudadanos. La violencia incluyó acoso sexual contra mujeres. Una declaración firmada por 387 ciudadanos —académicos, periodistas, abogados, médicos y activistas— condenó ambos ataques y señaló a los responsables: el «Movimiento Azadi», respaldado por Bangladesh Khilafat Majlis, partido político islámico conservador. El gobierno del Partido Nacionalista de Bangladesh no emitió ninguna respuesta.

Lo ocurrido en Shahbag no es un hecho aislado. Es el resultado de una crisis que se viene gestando desde agosto de 2024, cuando el levantamiento masivo de Bangladesh puso fin a 15 años de gobierno de la Liga Awami e inició un período que, para la comunidad LGBTQI+ del país, ha resultado ser uno de los más peligrosos de la historia reciente.

Un nuevo panorama político

El levantamiento obligó a huir a la entonces primera ministra, Sheikh Hasina, y fue un acontecimiento verdaderamente histórico. Se trató de un movimiento estudiantil que derrocó a un gobierno autoritario con un enorme costo humano.

Para los activistas LGBTQI+, las expectativas respecto al movimiento fueron complejas desde el principio. Muchos temían que grupos extremistas llenaran el vacío de poder; algunos optaron por no participar en absoluto. Quienes sí participaron creían que el discurso antidiscriminación del levantamiento también los incluía. Sin embargo, apenas unos días después de la formación del nuevo gobierno, los líderes estudiantiles que habían impulsado el levantamiento comenzaron a publicar contenido abiertamente anti-LGBTQI+ en las redes sociales.

Los grupos islamistas, envalentonados por la transición política, intensificaron los ataques contra las minorías de género y sexuales. Uno de los primeros incidentes documentados fue una agresión contra la comunidad hijra en Chak-Andharia, Sherpur, en septiembre de 2024. Ese mismo mes, una multitud encabezada por un grupo de hombres agredió físicamente a una persona hijra en Cox's Bazar, Bangladesh.

Como demostró el mencionado incidente de Shahbag, desde entonces los términos «transgénero» y «homosexual» se han convertido en etiquetas que pueden utilizarse contra cualquier enemigo designado, ya sean opositores políticos, periodistas incómodos o cualquiera que una turba decida convertir en objetivo.

La traición de la revolución

Durante el apagón de internet de julio de 2024, mientras los estudiantes enfrentaban munición real en las calles, Muntasir Rahman utilizó sus contactos personales para organizar refugios seguros para los coordinadores estudiantiles que luego se convertirían en la dirección fundadora del Partido Nacional Ciudadano, como Rifat Rashid, Mahin Sarker y el actual diputado Hannan Masud. Muntasir asumió un riesgo personal directo para mantener con vida a las personas que construirían el nuevo Bangladesh.

Meses después, cuando esos mismos líderes formaron el Partido Nacional Ciudadano, Rahman fue nombrado Secretario Adjunto. A las pocas horas del anuncio, su identidad como hombre gay fue expuesta en internet y su nombramiento fue revocado. La dirección del partido aclaró que ninguna persona vinculada a la comunidad LGBTQI+ ocupaba un cargo dentro del Partido Nacional Ciudadano. Para mayo de 2025, el organizador principal del partido para la Región Norte publicó declaraciones en su página verificada de Facebook  en las que describía a las personas LGBTQI+ como «enfermos mentales» y un «cáncer para la sociedad».

Los hombres cuyas vidas ayudó a proteger no salieron en su defensa. Ni uno solo. El nombre de Rahman figura entre los 387 firmantes de la declaración de la sociedad civil que condenó los ataques de Shahbag, el mismo documento que exigía responsabilidades al gobierno que lo había expulsado.

La expulsión de Muntasir desencadenó un fenómeno más amplio: las redes sociales se inundaron de publicaciones dirigidas contra activistas queer que difundían nombres y direcciones de personas y organizaciones. Como respuesta, numerosas organizaciones LGBTQI+ se vieron obligadas a retirar sus sitios web y cerrar grupos comunitarios de Facebook que habían existido durante años. Décadas de infraestructura comunitaria fueron eliminadas.

No se trata simplemente de la historia de la exclusión de un solo hombre. La formación política más estrechamente asociada con las aspiraciones democráticas del levantamiento decidió, bajo la presión de los sectores religiosos conservadores, hacer pública y explícita su postura. El discurso de odio contra las comunidades queer no solo ha persistido en el Bangladesh posterior al levantamiento. Se ha convertido en una posición políticamente dominante.

El costo de la visibilidad

El 10 de junio de 2025, Shakil Ahmed, estudiante de último año de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Daca, se suicidó en su aldea natal de Manikganj tras meses de acoso sistemático. Shakil era gay y mantenía en secreto su orientación sexual, y se le había acusado falsamente de blasfemia a raíz de un comentario que publicó en Facebook y que eliminó poco después. Un compañero de estudios tomó una captura de pantalla y la difundió, lo calificó de apóstata. A principios de junio ya estaba recibiendo amenazas de muerte directas. A pesar de haber emitido una disculpa pública, comenzó a circular una publicación que anunciaba un «juicio fundamentado en la sharía» para la mañana siguiente. No sobrevivió a esa noche.

El Gobierno no emitió ninguna declaración sobre su muerte. No hubo arrestos. Las autoridades clasificaron el caso como una muerte no natural, en lugar de investigarla como un caso de inducción o instigación al suicidio. La diferencia es importante, porque la figura de instigación al suicidio exige una investigación formal. Describir lo ocurrido con Shakil únicamente como un suicidio es ignorar la campaña organizada de incitación que lo precedió.

El silencio del Estado

La exclusión en Bangladesh rara vez se manifiesta con legislación explícita. Se produce a través del silencio institucional: la reunión que nunca se programa, el informe que omite por completo a una comunidad, la comisaría que detiene a las víctimas y las acusa de trata de personas mientras la multitud espera afuera. Según activistas que solicitaron permanecer en el anonimato, las organizaciones LGBTQI+ hicieron repetidos intentos de dialogar con el gobierno interino sobre asuntos que afectan a las comunidades de diversidad de género, incluidas las discusiones sobre el largamente postergado proyecto de ley de derechos y protección de las personas transgénero de 2023. Esas reuniones nunca se concedieron.

La Comisión para la Reforma de los Asuntos de la Mujer, que podría haber constituido un mecanismo natural para incluir las voces de las personas con diversidad de género, publicó un informe que no contenía ninguna referencia a las preocupaciones de la comunidad LGBTQI+. Para una comunidad que ya vive bajo una ley de la era colonial que penaliza las relaciones entre personas del mismo sexo, ese silencio transmitía un mensaje claro: este gobierno no las protegería ni las aceptaría.

Retiro de los actores del desarrollo

Lo que distingue este momento de anteriores períodos de hostilidad es lo que ocurre paralelamente en el ámbito de las organizaciones de desarrollo. Los lectores internacionales suelen asumir que las ONG funcionan como aliadas permanentes de las comunidades LGBTQI+. La realidad es cada vez más compleja.

Varios activistas en Bangladesh, que hablaron con Global Voices bajo condición de anonimato, describen un cambio silencioso pero significativo: organizaciones que antes mantenían programas visibles sobre diversidad de género y sexual están reduciendo esa visibilidad. La defensa pública de los derechos se ha debilitado. El lenguaje institucional se ha vuelto más cauteloso. Diversos activistas afirmaron haber perdido sus empleos cuando organizaciones socias decidieron eliminar el componente LGBTQI+ de proyectos conjuntos, no mediante despidos formales, sino a través del retiro gradual de la financiación de cualquier iniciativa que pudiera atraer atención negativa. Las organizaciones en sí no han desaparecido. Simplemente han dejado de hacerse visibles. Uno de los entrevistados declaró:

We have been left alone. They will say they are with us when they see us. But they will not call us. And if we call them, they will hardly come. They fear to be seen with us publicly.

Nos han dejado solos. Dirán que están con nosotros cuando nos vean. Pero no nos llamarán. Y si nosotros los llamamos, difícilmente vendrán. Tienen miedo de que los vean con nosotros en público.

La lógica detrás de esta decisión no es difícil de comprender. Las organizaciones que dependen del registro gubernamental y de alianzas locales no pueden permitirse que las consideren políticamente incómodas para una administración cuya tolerancia hacia la sociedad civil ya es incierta. El ecosistema se adapta. El espacio se reduce. Y la comunidad que dependía de ese ecosistema queda más expuesta, con menos barreras institucionales con un discurso público cada vez más hostil.

La crisis del financiamiento

El repliegue de las ONG es inseparable de un colapso paralelo del financiamiento internacional.

En 2023, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se asoció con organizaciones de Bangladesh para lanzar el proyecto SHOMOTA, iniciativa de cinco años destinada a apoyar a las comunidades trans e hijra en ocho ciudades del país, con el objetivo de beneficiar directamente a 8700 personas hasta 2028. Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, congeló la ayuda exterior estadounidense en enero de 2025, el proyecto fue cancelado. El costo humano fue inmediato. La Fundación Noboprobhaat, en Rangpur, que daba pruebas de VIH, capacitación laboral y asistencia jurídica a personas LGBTQI+ de zonas rurales, se vio obligada a despedir a la mitad de su personal y cerrar sus oficinas. Para finales de 2025, la fundación preveía suspender aproximadamente el 70% de sus actividades.

La crisis va mucho más allá de la política estadounidense. El Global Philanthropy Project estimó que al menos 105 millones de dólares en ayuda de Gobiernos donantes destinada a los derechos LGBTQI+ estaban en riesgo a nivel mundial, con recortes previstos de Países Bajos y Reino Unido. Patrocinadores corporativos de todo el mundo también retiraron su apoyo como respuesta a la reacción adversa contra los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). La cuestión no es simplemente que el dinero esté desapareciendo. Es que esos recortes afectan con mayor dureza a las comunidades donde el apoyo internacional no complementaba una sólida base nacional, sino que la sustituía.

¿Qué viene después?

En octubre de 2025, la activista trans de 23 años Sahara Chowdhury Rebil permaneció sola bajo la lluvia en el Shahid Minar de Daca en huelga de hambre para exigir el reconocimiento del derecho al matrimonio para las personas LGBTQI+. Pudo haber sido la primera protesta pública de este tipo en la historia de Bangladesh. A la tarde siguiente, cuando la hostilidad aumentó, otros activistas la convencieron de poner fin a su ayuno para evitar un ataque físico. Pero antes de retirarse, publicó un Manifiesto Queer de Bangladesh de 178 páginas (enlazado mediante el código QR del artículo original), el primero de su clase en una nación de 172 millones de habitantes.

Sahara Chowdhury Rebil inició su huelga de hambre en el Shahid Minar Central de Daca. Fotografía de Ahad, tomada el 10 de octubre de 2025. Utilizada con autorización.

Esa imagen de una sola persona muriéndose de hambre bajo la lluvia, expresando su indignación por escrito, no es una historia de derrota. Es la historia de un movimiento que hace lo que hacen los movimientos cuando las instituciones les fallan: volver a lo esencial. Documentar. Nombrar. Insistir en existir. En 2024, de los 70 incidentes documentados de violencia contra personas LGBTQI+ en Bangladesh, solo 13 fueron registrados oficialmente como casos penales. Aun así, la comunidad continúa documentando. Porque documentar, incluso cuando no tiene consecuencias institucionales, constituye en sí mismo una forma de resistencia.

El asesinato en 2016 del activista por los derechos LGBTQI+ Xulhaz Mannan fue una brutal advertencia dirigida a la sociedad civil progresista de Bangladesh. Casi diez años después, la muerte de Shakil Ahmed demuestra que las mismas fuerzas siguen intactas, aunque ahora operan con mayor coordinación, mayor alcance tecnológico y la apatía del Estado. Esta crisis no comenzó en 2024. El levantamiento simplemente la aceleró.

El movimiento queer de Bangladesh no enfrenta un solo enemigo. Enfrenta una convergencia de factores: una clase política que busca demostrar su credibilidad religiosa, una arquitectura internacional de financiamiento en caída libre, un sector de organizaciones no gubernamentales que se reconfigura para priorizar su propia sobrevivencia y una ley heredada de la época colonial que sigue criminalizando su existencia. Cada una de estas fuerzas, por sí sola, es manejable. Juntas, están diseñadas para desgastar. Hasta que Bangladesh afronte la impunidad que subyace a toda esta situación, el movimiento seguirá sobreviviendo a pesar del Estado, en lugar de contar con su protección. La amarga verdad es que sobrevivir no es lo mismo que ser libre, y el levantamiento de julio de 2024 no ocurrió simplemente para sobrevivir.