Fortaleza Europa: Nuevo pacto sobre migración y asilo empeorará aún más perspectivas de refugiados LGBTQ+

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No hay estadísticas específicas sobre los refugiados LGBTQ+ de Rusia que solicitan asilo en la Unión Europea. Sin embargo, incluso antes de junio de 2026, cuando entró en vigencia el nuevo conjunto de leyes de la Unión Europea sobre migración y asilo, la tasa de aceptación era muy baja. Según Novaya Gazeta Europe, de las 8000 solicitudes de asilo presentadas por refugiados rusos en 2024, la Oficina Federal de Migración y Refugiados de Alemania (BAMF) concedió solo 414, rechazó 3652 y dejó otras 4000 en suspenso a la espera de información adicional, lo que representa una disminución del 19% con respecto a 2023.

Rusia ha aprobado tres leyes destinadas a restringir los derechos de las personas queer. En 2022, amplió la ley de 2013 que prohíbe la «propaganda LGBT»; hablar públicamente sobre las personas queer pasó a ser ilegal (la primera versión de la ley mencionaba prohibir la propaganda LGBTQ+ dirigida a los niños). Al año siguiente, los legisladores rusos prohibieron la transición de género, y privaron a las personas trans de la atención médica. En ese momento, los expertos advirtieron que la ley provocaría un aumento de suicidios; los grupos de apoyo han informado de un fuerte incremento en las solicitudes de ayuda psicológica, legal y práctica.

Finalmente, a principios de 2024, el inexistente «movimiento LGBT internacional» fue reconocido como organización extremista en Rusia, lo que hizo que ya no fuera seguro para las personas queer vivir abiertamente en el país. Esta medida pone en riesgo de enjuiciamiento penal la labor en defensa de los derechos LGBTQ+. Actualmente se está juzgando en Orenburg el primer caso penal por «extremismo LGBT»: varias personas enfrentan hasta diez años de prisión simplemente por trabajar en un club gay local. Muchos activistas se han visto obligados a abandonar Rusia por temor a cargos que pueden acarrear largas penas de cárcel.

Ahora, el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, conjunto de normas que modifican las reglas para los solicitantes de asilo en toda Europa, tiene como objetivo garantizar que más casos se tramiten directamente en las fronteras externas y los aeropuertos, antes de que las personas sean admitidas en el territorio de la Unión Europea. Permitirá rechazos y devoluciones más rápidas, y endurecerá los controles sobre la circulación dentro de la Unión Europea. Para los defensores de derechos humanos, esto significa que proteger a las personas se volverá significativamente más difícil, ya que los solicitantes quedarán confinados en las zonas fronterizas.

Además, las normas introducen el concepto de los llamados «países terceros seguros», es decir, Estados fuera de la Unión Europea por los que un solicitante de asilo ingresó a la Unión y en los que podría haber solicitado protección internacional. En otras palabras, si un migrante hubiera podido solicitar asilo en uno de esos países, los Estados miembros de la Unión Europea pueden negarse a examinar la solicitud y devolver a la persona a ese país. Esta lista de los llamados «países de origen seguros», que incluye a Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez, ya ha sido aprobada por el Parlamento. Los países candidatos a integrarse a la Unión Europea, como Albania, Bosnia Herzegovina, Georgia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía y Ucrania, suelen estar incluidos, con algunas excepciones (por ejemplo, en caso de conflicto armado).

Sin embargo, también existe una disposición que permite a los países de la Unión Europea crear listas de terceros países seguros que tomen en cuenta otros criterios, como acuerdos bilaterales. Actualmente existen esos acuerdos bilaterales con Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán y Uzbekistán. Un abogado que trabaja con la ONG SK SOS, que ayuda a personas LGBTQ+ a escapar de los países del Cáucaso del Norte, afirma que el principal riesgo de la legislación radica en esta lista, aún no anunciada, de «países terceros seguros». Si los ciudadanos rusos pasan por estos países, podrían ser sometidos a un procedimiento de revisión acelerado e incluso se les podría negar la condición de refugiado.

Por lo tanto, será más difícil para los solicitantes ingresar a los países de la Unión Europea y solicitar allí protección internacional. Los plazos de revisión acelerados también implican denegaciones más rápidas en una etapa temprana, que probablemente se volverán más frecuentes. El mismo abogado recomienda encarecidamente a los solicitantes de asilo que tengan evidencia confiable de persecución en su país de origen y una explicación clara de por qué ese «tercer país» por el que ingresaron no puede considerarse seguro para ellos.

Stephen Phillips, investigador posdoctoral del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Åbo Akademi en Finlandia, explicó a Global Voices en entrevista por correo electrónico que, como Rusia no figura en la lista de países de origen seguros de la Unión Europea, los solicitantes rusos siguen siendo objeto de una evaluación individual. Sin embargo, Rusia ahora está sujeta a la nueva norma que permite procedimientos acelerados para las solicitudes de asilo procedentes de países donde la tasa de reconocimiento de protección a nivel de la Unión Europea es del 20% o menos.

«La agilización de los trámites y los procedimientos en la frontera puede dificultar la preparación de un caso», explica, «pero esto no implica una denegación automática. Un gran riesgo es que a los solicitantes vulnerables les resulte más difícil presentar reclamaciones complejas. Es posible que no haya oportunidad de presentar argumentos y pruebas adicionales, y la calidad de la toma de decisiones podría verse afectada por la aceleración de los procedimientos de asilo». Phillips agrega que una consideración importante es que la legislación de asilo de la Unión Europea ha reconocido, desde hace muchos años, la persecución por motivos de orientación sexual, identidad de género y pertenencia a un grupo social determinado. Rusia tiene amplia documentación sobre legislación y persecución contra la comunidad LGBTQ+, que, según él, «sigue siendo muy relevante al evaluar una solicitud de asilo individual».

Si bien la base jurídica sobre la que los rusos LGBTQ+ pueden tener derecho al asilo no ha cambiado, Phillips señala que «la calidad de las pruebas, la representación legal y la capacidad de presentar una solicitud de manera efectiva pueden volverse aún más importantes en el marco de los procedimientos acelerados».

Aunque algunos países lleguen a formar parte de la lista de los llamados «países terceros seguros», es posible que los refugiados LGBTQ+ no los consideren seguros. Kazajistán, por ejemplo, aprobó leyes contra la «propaganda» LGBTQ+ en 2025; el artículo 120 del Código Penal de Uzbekistán tipifica como delito las relaciones sexuales entre hombres. En Georgia, una ley de 2024 restringe la expresión LGBTQ+, la libertad de reunión, el reconocimiento familiar, la atención de reafirmación de género y las representaciones públicas; y en Armenia hay registros de acoso, amenazas, presión familiar, difusión de videos íntimos y hostilidad institucional.

 

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