Por Khalid Bencherif y Federica Rossi

Este artículo de Khalid Bencherif y Federica Rossi se publicó originalmente en UntoldMag el 10 de junio de 2026. Global Voices reproduce esta versión editada en virtud de un acuerdo de intercambio de contenidos.

El hijo de ocho años de Fátima pasó otra noche sin dormir a causa de la tos en Mediouna, barrio al sureste de Casablanca (Marruecos) donde el aire arrastra algo más pesado que el polvo. “Lo único que me preocupa es mi hijo», dice mientras muestra unos informes médicos ya gastados por el uso. “El médico me dijo que tenía que mudarme. Pero no tenemos adónde ir».

El Gobierno marroquí ha emitido 416 permisos que autorizan la importación de residuos procedentes de Europa —ropa, neumáticos de caucho y subproductos industriales— para utilizarlos como combustible en hornos cementeros de la región de Casablanca-Settat, incluso en instalaciones ubicadas a menos de 15 kilómetros de su casa. Gracias a eso, las empresas europeas ahorran unos 52 millones de dólares al año al enviar sus residuos a Marruecos en lugar de tratarlos en sus países de origen. Fátima no sabe esto. Lo que sí sabe es que su hijo no puede respirar, y que algunas noches el olor del vertedero se percibe a decenas de kilómetros.

Una investigación hecha sobre datos comerciales exclusivos, registros aduaneros y respuestas a solicitudes de acceso a la información de Basel Action Network reveló que, entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, los países europeos enviaron a Marruecos al menos 36,611 toneladas de residuos. El 93% estaba clasificado como “reutilizable”, pese a que su valor declarado era de apenas 0,10 euros (0,11 dólares) por kilogramo.

En el mercado, la ropa reutilizable previamente clasificada se vende por entre 0,50 y 1,50 euros (0,57 y 1,70 dólares) por kilogramo. A ese precio, un cargamento apenas cubre los costos de clasificación y transporte. La diferencia no solo refleja mercados distintos, sino también mercancías distintas: la ropa realmente reutilizable alcanza precios mucho más altos, mientras que los valores declarados tan bajos indican que ese material está destinado a eliminarse y no a revenderse.

El negocio de deshacerse de los residuos

Las cuentas son sencillas. Tratar correctamente una tonelada de residuos en Europa cuesta, como mínimo, unos cien dólares (88 euros) por tonelada. Enviarla a Marruecos y quemarla en hornos cementeros cuesta entre 36 y 39 dólares (32 a 34 euros). Si se aplica esa diferencia a las 821,500 toneladas que Marruecos declaró haber importado en 2024, el ahorro asciende a 50 millones de dólares (44 millones de euros) al año. Esa cifra ayuda a explicar por qué este comercio sigue acelerándose antes de que entre en vigor, el 21 de noviembre de 2026, la prohibición de la Unión Europea de exportar residuos plásticos.

España sobresale del resto: llegó a enviar hasta 4,5 millones de kilos de residuos a Marruecos en un solo mes, mientras que el volumen combinado del resto de los Estados miembros apenas resulta significativo. Fuente: registros comerciales de Basel Action Network, septiembre de 2024 a septiembre de 2025.

Las 36,611 toneladas contabilizadas por la investigación solo incluyen los envíos que Europa sigue clasificando como residuos: ropa, plásticos, papel y aparatos electrónicos. En cambio, la cifra —mucho mayor— que maneja el Ministerio de Transición Energética y Desarrollo Sostenible de Marruecos también incorpora 517,000 toneladas de metales ferrosos y 200,600 toneladas de residuos orgánicos que los exportadores europeos declaran como chatarra o materias primas secundarias, y no como residuos. La diferencia entre ambas cifras corresponde, en esencia, al volumen de materiales que se reclasifican antes de salir de Europa para dejar de considerarse residuos. “Cuanto más larga es la cadena de intermediarios, más difícil resulta hacer cumplir la norma», explica Paola Ficco, abogada especializada en derecho ambiental y directora de la revista italiana Rifiuti. “Los flujos no oficiales son imposibles de detectar».

España concentra casi el 80% de las exportaciones de ropa usada a Marruecos —unas 73 toneladas diarias— y cerca de dos tercios de sus exportaciones de residuos plásticos.

Las empresas implicadas llevan años afianzando su presencia en el país. La compañía francesa CHIMIREC estableció una filial en Marruecos en 2020 para producir combustible alternativo destinado a la industria cementera. CHIMIREC Maroc aseguró a este medio que solo procesa residuos generados en Marruecos. La filial Ecoval de LafargeHolcim es el principal operador del país en el tratamiento de residuos industriales. Por su parte, Ciments du Maroc, propiedad de Heidelberg Materials de Alemania, gestiona una planta de molienda en Jorf Lasfar, identificada como uno de los principales puntos de entrada de cargamentos procedentes de Europa. Ni LafargeHolcim ni Ciments du Maroc respondieron a las solicitudes de comentarios.

El vacío legal

En teoría, el Convenio de Basilea impide que los países más ricos trasladen residuos peligrosos a países con menos recursos. En la práctica, basta con cambiar una sola palabra en un formulario aduanero: cuando un cargamento deja de figurar como “residuo» y pasa a declararse como “materia prima secundaria» deja de estar sujeto a esa regulación y pasa a considerarse mercancía.

Según la información obtenida mediante una solicitud de acceso a la información pública, el Instituto Superior para la Protección y la Investigación Ambiental de Italia (ISPRA) informó que entre 2020 y 2023 no registró ningún envío de residuos italianos a Marruecos “con fines de eliminación». Sin embargo, en la misma respuesta reconoció que durante 2021, 2022 y 2023 sí se exportaron “pequeñas cantidades con el fin de recuperar material».

Los registros de UN Comtrade correspondientes a 2023 confirman esos envíos: ese año llegaron a Marruecos unas 817 toneladas de residuos de caucho procedentes de Italia, con un valor de 427,000 dólares. En agosto del año siguiente, el Ministerio de Transición Energética de Marruecos autorizó la importación de 20,000 toneladas adicionales solo desde Italia.

El 93% de los residuos que la Unión Europea exporta a Marruecos se declara como “ropa usada», aunque, según fuentes del propio sector, solo entre el 20% y el 30% termina en el mercado de segunda mano. Fuente: Basel Action Network, septiembre de 2024-septiembre de 2025.

Ahí radica el vacío legal. Según la legislación de la Unión Europea, quemar residuos en un horno cementero se considera una forma de valorización energética, no de eliminación. Al reclasificar los residuos como combustible alternativo o mercancía reutilizable, los países europeos pueden borrar legalmente millones de toneladas de sus estadísticas de eliminación de residuos y, al mismo tiempo, mantener intactos sus indicadores nacionales de reciclaje.

El costo humano

Las consecuencias para la salud se acumulan de forma silenciosa. Las comunidades que viven cerca de las plantas cementeras marroquíes enfrentan un mayor riesgo de padecer enfermedades respiratorias, cáncer y una mayor mortalidad. Estudios revisados por pares sobre hornos cementeros que coprocesan residuos peligrosos muestran que las emisiones de dioxinas aumentan más de cuatro veces cuando esos residuos pasan a formar parte de la mezcla de combustibles. En Marruecos, además, la exposición laboral al cemento se ha asociado directamente con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), una de las principales causas de muerte por enfermedades respiratorias.

Solo el vertedero de Mediouna recibe 1,2 millones de toneladas de residuos al año y está cerca de alcanzar su capacidad máxima. En noviembre de 2024, el Banco Mundial aprobó un programa de 250 millones de dólares para modernizar los vertederos de Marruecos, reconocimiento implícito de que la capacidad del país ya resulta insuficiente incluso antes de sumar la carga que representan las importaciones.

Cuando el Gobierno autorizó importar más de dos millones de toneladas adicionales de residuos en agosto de 2024, el activista Mohamed Benata, de la Asamblea Ambiental del Norte de Marruecos, calificó la decisión de “incompatible con el espíritu de ciudadanía» e inconstitucional. En 2016, una ola de indignación similar obligó al Gobierno a suspender las importaciones de residuos procedentes de Italia. Sin embargo, los envíos se reanudaron.

La legislación europea sobre responsabilidad empresarial no se aplica a lo que ocurre una vez que los contenedores abandonan el puerto. La Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial, aprobada en 2024, “más o menos deja de aplicarse una vez que se entregan las mercancías», explica Miriam Saage-Maaß, directora jurídica de la Corte Europea para Derechos Constitucionales y Humanos. Que los exportadores europeos puedan ser considerados responsables de lo que ocurre después, cuando esos residuos se queman en hornos cementeros marroquíes, “depende de cuán directamente estén vinculados a esa quema», añade.

A partir de noviembre de 2026, la Unión Europea prohibirá las exportaciones de residuos plásticos a países no pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, como Marruecos. En mayo de 2027 será igual para el resto de los residuos no peligrosos, salvo que el país de destino figure en una lista de países autorizados. Marruecos presentó su solicitud en febrero de 2025. “La economía circular no puede convertirse en una forma elegante de trasladar el impacto sobre la salud y el ambiente a otras comunidades», dice Cristina Guarda, eurodiputada italiana del grupo Verdes/ALE, “y crear ‘zonas de sacrificio’ fuera de Europa».

Mientras en Mediouna, Fátima sigue atrapada en medio de esta realidad. Europa celebra sus avances en materia de reciclaje; Marruecos contabiliza los empleos que genera esta actividad. Fátima y otras familias como la suya continúan respirando los gases tóxicos de residuos producidos en su propio país y enviados desde un continente que ya no quiere hacerse cargo de los suyos.

Este artículo se preparó con el apoyo de Journalismfund Europe