Casa en la Gran Buenos Aires donde fueron secuestradas las víctimas en los hechos conocidos como «Operación Masacre». Foto: Rodolfo Walsh/Dominio público

La noche del 9 de junio de 1956, un grupo de hombres se reunía en una casa de Florida, en las afueras de Buenos Aires, escuchando una pelea de boxeo por la radio. Algunos eran simplemente vecinos y amigos del dueño. Otros tenían simpatías peronistas y sabían que la transmisión podía ser interrumpida por una señal de inicio de un levantamiento contra la dictadura que, un año antes, había derrocado a Juan Domingo Perón.

El plan ya había fracasado antes de que alguien pudiera hacer algo. Cerca de las 23 h, hombres armados invadieron la casa en busca de un militar que creían que era uno de los ideólogos del golpe y detuvieron a todos, sin importar quiénes eran. Hasta el amanecer, cinco de esos hombres serían fusilados en un basural y siete sobrevivirían.

A esa historia casi increíble se la creyó el periodista Rodolfo Walsh y la denunció en el clásico Operación Masacre (1957), considerada la primera novela de no ficción en español. Ahora, pasados 70 años, la justicia argentina reconoció los fusilamientos de José León Suárez como delitos de lesa humanidad — el nombre es una referencia a la localidad donde ocurrieron los hechos, en la Gran Buenos Aires.

La sentencia fue dictada por la jueza Alicia Vence el 22 de junio de 2026, quien consideró el caso un delito de lesa humanidad. La magistrada declaró probado que el operativo fue ordenado por las máximas autoridades de la dictadura, el general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Francisco Rojas, y señaló también a los funcionarios policiales Juan Constantino Guaranta, Fernández Suárez y Rodríguez Moreno.

Estableció que la pena que les hubiera correspondido, de haber podido ser juzgados, era la prisión perpetua y ordenó medidas de reparación que las familias esperaban desde hace setenta años: la rehabilitación del nombre y el honor de las doce víctimas, la publicación de la sentencia en los Boletines Oficiales de la Nación y la Provincia, la incorporación de los hechos en los programas educativos, la instalación de placas conmemorativas en los lugares donde ocurrieron los allanamientos y los fusilamientos y la creación de un sitio de memoria en el predio de los basurales de José León Suárez.

En la sala hubo familiares de las víctimas que declararon ante la Justicia por primera vez en sus vidas. Berta Carranza, hija de Nicolás Carranza, uno de los fusilados, dijo durante las audiencias: “Quiero que se haga justicia. Que, a pesar de que no estén los asesinos, esto se conozca.”

La dictadura de 1955

En 1955, el general Aramburu derrocó a Perón mediante un golpe de Estado conocido como “Revolución Libertadora”. La dictadura instaurada prohibió el peronismo por decreto, intervino los sindicatos y encarceló a decenas de miles de militantes. Era un régimen que gobernaba por la fuerza.

En la noche que terminaría con los fusilamientos, dos generales, Juan José Valle y Raúl Tanco, armaron un plan para derrocar el régimen. El levantamiento debía comenzar con una proclama por radio que interrumpiría la transmisión de la pelea de boxeo realizada en el Luna Park, en la capital argentina. El operativo fue desmantelado antes de que pudiera arrancar y la rebelión colapsó en pocas horas. Valle fue capturado y fusilado días después. Mientras que los hombres que esperaban en la casa de Florida nunca supieron lo que pasaba en el país.

La policía llegó al domicilio, irrumpió en la vivienda y gritó: “¿Dónde está Tanco?”. Nadie sabía. Raúl Tanco, que nunca había pasado por el local, estaba lejos y en unos días pediría asilo en la embajada de Haití, donde lo secuestrarían después. Aun así, las fuerzas policiales se llevarían detenidos a los hombres de la casa.

Nadie les explicó de qué se les acusaba, nadie presentó cargos, apenas los subieron a un vehículo, los llevaron a la comisaría de San Martín y de ahí a un descampado en los basurales de José León Suárez.

Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Carlos Alberto Litazo, Mario Brión y Vicente Rodríguez fueron fusilados. Otros siete hombres lograron escapar con vida, heridos, arrastrándose entre los pastizales. Uno de ellos era Juan Carlos Livraga, quien tenía 24 años, una bala en el cuerpo y toda una vida por delante. Él se haría cargo de que se conociera lo que había pasado.

Rodolfo Walsh, el hombre sin olvido

El periodista Rodolfo Walsh. Foto: Dominio público

Seis meses después de lo sucedido, a fines de 1956, el escritor y periodista Rodolfo Walsh se encontraba jugando al ajedrez en un bar de La Plata, cuando Enrique Dillon, un conocido suyo, le dijo algo que lo paró en seco: “Hay un fusilado que vive”.

Dillon le estaba transmitiendo lo que su primo, el teniente de fragata Jorge Rodolfo Dillon, le había contado – el hombre había estado presente esa noche en la regional San Martín y había escuchado al teniente coronel Suárez dar la orden de fusilamiento. Sin embargo, en ese momento, Walsh era antiperonista, por lo que no le creyó; nadie hablaba de eso; no había una sola noticia. Los días pasaron, pero la frase “hay un fusilado que vive” quedó resonando en su cabeza hasta que decidió tirar del hilo.

Walsh pasó meses rastreando a sobrevivientes que vivían escondidos, reconstruyendo por entero la noche del 9 de junio de 1956 con sus testimonios y armando el rompecabezas, hora por hora. Con las transcripciones de la radio de esa noche, confirmó que la operación había sido ilegal: la ley marcial que supuestamente autorizaba los fusilamientos fue decretada y comunicada solo después de la medianoche – las detenciones ocurrieron antes de las 23:30. La investigación de Walsh fue publicada en una serie de artículos y luego en el libro “Operación Masacre”, una obra referencial del periodismo latinoamericano. Pero los responsables permanecieron en sus cargos; el Estado nunca brindó una respuesta a las víctimas o sus familiares.

Walsh tampoco vivió para ver la justicia. Veinte años después, el 25 de marzo de 1977, fue secuestrado y asesinado por otra dictadura militar, un día después de haber distribuido su “Carta Abierta a la Junta Militar”.

Mural en recuerdo a los 70 años de los fusilamientos. Photo: Agustín Cassano/Auhtorized use.

La deuda de la democracia

Juan Carlos Livraga pasó setenta años siendo el fusilado que vive, el hombre sobre quien Walsh escribió, el testimonio que el Estado nunca quiso escuchar oficialmente. A los 94 años, desde algún lugar de los Estados Unidos, declaró en junio por videoconferencia y escuchó por fin lo que esperaba.

Los fundamentos completos de la sentencia se conocerán el 16 de julio, pero el veredicto ya está. Por primera vez, la Argentina reconoció ante la ley que en un basural del conurbano, en la madrugada del 10 de junio de 1956, el Estado fusiló a cinco hombres sin juicio, sin cargos y sin respaldo de la ley y después lo encubrió durante setenta años.

A diferencia de los familiares de los desaparecidos de los años 1970, que se organizaron en Madres, Abuelas y otros organismos, estas familias estuvieron solas durante décadas. En su caso, había un obstáculo jurídico concreto: el tiempo transcurrido desde el crimen. Lo que hizo posible este juicio fue lograr que los hechos fueran calificados como crímenes de lesa humanidad, una figura que los vuelve imprescriptibles, sin límite de tiempo.

Alicia Rodríguez, hija de Vicente Rodríguez, uno de los fusilados, tenía 10 años cuando sucedió todo. Hoy tiene 80 años y, luego de conocerse la sentencia, expresó ante los medios: «Que los asesinatos sean reconocidos como crímenes de lesa humanidad a 70 años de lo ocurrido, para nosotros, para todos los familiares, es un logro muy importante. Porque sirve para que los jóvenes conozcan la verdad sobre lo que pasó. Pienso que así se construye la Memoria, la Verdad y la Justicia, para que otras familias no tengan que vivir tanta crueldad como la que nos tocó vivir a nosotros», señaló.