En un campo de refugiados de Bangladesh, un grupo de niños rohinyá canta canciones en inglés en un centro de UNICEF, financiado por UK Aid. Crédito de la foto: Anna Dubuis/DFID a través de Flickr (CC BY 2.0).

Este artículo forma parte de la serie Spotlight de julio de 2026 de Global Voices, «Apatridia«. Esta serie ofrece visión detallada del problema de la apatridia y cómo limita la libertad de movimiento, oportunidades educativas, acceso político, y más. Puedes apoyar este reportaje con una donación.

A pesar de que viven desde hace generaciones en el estado de Rakáin, en Myanmar, los rohinyás siguen siendo la mayor población apátrida del mundo porque se les ha negado sistemáticamente la ciudadanía. Nueve años después de que 750,000 rohinyás huyeran de la violencia en el estado de Rakáin para buscar refugio en Bangladesh, casi un millón de refugiados siguen atrapados en 33 campamentos sobrepoblados en Cox's Bazar. Esa situación de limbo jurídico les ha privado de derechos básicos como educación, asistencia de salud o protección en virtud de la legislación nacional, lo que los deja totalmente dependientes de cualquier ayuda que llegue.

Cuando una muchacha no tiene un Estado que le garantice sus derechos ni un sistema operativo que los haga valer, el matrimonio se convierte en una de las únicas vías de que dispone la familia para darle una aparente estabilidad.

Maryam, niña rohinyá del campo de refugiados de Kutupalong, en Cox’s Bazar (Bangladesh), tenía 13 años cuando su centro de enseñanza cerró. Su profesora fue la primera en darse cuenta de su ausencia: una silla vacía donde se sentaba una niña callada y atenta. Tres semanas después del cierre de escuelas tras los recortes de financiación de USAID en 2025, la madre de Maryam había aceptado una propuesta de matrimonio.

El novio tenía 34 años. Una figura religiosa local explicó a la familia que, como Maryam había alcanzado la pubertad, retrasar la boda era peligroso desde el punto de vista espiritual. Su madre, viuda, endeudada y con tres hijos pequeños a su cargo, aceptó ese razonamiento. También aceptó el alivio que le suponía. La dote que se pedía era de apenas 2000 taka, unos 16 dólares.

Nadie objetó, a pesar de que en Bangladesh la edad mínima legal para contraer matrimonio es de 18 años para las mujeres y de 21 para los hombres. Majhee, líder comunitario de ese campamento, redactó el contrato.

Maryam tiene ahora 14 años y está embarazada. Sus suegros no le permiten volver al colegio, a pesar de que poco a poco están reabriendo nuevos centros educativos cerca. Su profesora dijo: «Cuando una niña se casa, nunca vuelve al aula con su pequeña ilusión». Para Maryam, eso ya es definitivo.

La difícil elección de una viuda

En los 33 campamentos oficiales de Ukhiya y Teknaf, en el sur de Bangladesh, se desarrollaba otra historia marcada por una violencia más silenciosa en el campamento 20. Suriya, viuda de 40 años que se encargaba sola de su hogar tras perder a su marido durante la travesía marítima de Myanmar, tenía una deuda que no podía saldar. Su hija, Fátima, tenía 14 años. El majhee de su zona, cincuentón con tres esposas, que controlaba la distribución de alimentos y el registro de matrimonios de toda la zona, llevaba meses ofreciéndole ayuda: comida extra, la perdón de la deuda y promesas de protección.

Entonces llegó la propuesta.

Suriya lo vivió como la mejor opción posible en una situación imposible. Tal y como documenta con precisión un informe de políticas publicado por el Centro para la Paz y la Justicia de la Universidad BRAC: «En la mayoría de los casos, esta presión para casarse proviene de quienes brindan y ofrecen otras formas de protección y apoyo». El majhee necesitaba una cuarta esposa; en su comunidad, ese número no es un exceso, sino una prueba de liderazgo. «Si un majhee no tiene al menos cuatro esposas, no se le considera un líder», dijo un trabajador humanitario durante una entrevista. Fátima se convirtió en una transacción. El matrimonio se celebró de manera informal. No se solicitó la autorización de la oficina del responsable del campamento. No se presentó ningún documento que acreditara la edad.

Estas dos historias no son una excepción. Son la norma.

Las cifras que se esconden tras el silencio

Lo que ocurre dentro de los campamentos rara vez queda reflejado en algún registro. Los casos verificados de matrimonios infantiles entre los refugiados aumentaron un 21% en 2025, los secuestros de menores se multiplicaron más de cuatro veces hasta alcanzar los 560 casos denunciados y el reclutamiento de menores por parte de grupos armados se multiplicó por ocho en 2025. Un estudio de 2021 sobre los hábitos de uso de métodos anticonceptivos entre la población rohinyá en los campamentos reveló que la edad promedio del primer matrimonio en los campamentos era de 15,7 años y que más del 62% de las mujeres rohinyá de los campamentos ya se habían casado antes de cumplir los 18 años. Estas cifras se documentaron antes del colapso de la financiación y es probable que solo hayan aumentado desde entonces.

Patrick Halton, responsable de protección infantil de UNICEF, relacionó directamente estas cifras con el cierre de las escuelas: «Debido a los recortes presupuestales, tuvimos que reducir considerablemente la oferta educativa. Esto ha supuesto que los niños no siempre tiene algo que hacer y, por lo tanto, hemos observado un aumento en el número de menores que se casan».

Una profesora que imparte clases en cursos superiores lo confirmó durante la entrevista. «He observado que en mis clases hay un número considerable de alumnas que abandonan los estudios por casarse», dijo. «Cuando una chica se casa, nunca vuelve al aula con su pequeña ilusión. En la mayoría de los casos, sus suegros no le permiten volver al colegio».

La fe, la pubertad y la estructura del consentimiento

¿Por qué familias como la de Maryam no se resisten? ¿Cómo funciona la perspecitvareligiosa? La lógica que impera en muchos entornos es muy concreta: una vez que una niña alcanza la pubertad, está en edad de casarse y retrasar el matrimonio invita al pecado.

El informe de políticas ya mencionado recoge directamente la postura de un líder religioso: siempre que un menor cumple la mayoría de edad y la situación lo permita, los padres deben casarlo para evitar la fornicación. Se trata del marco operativo predominante en muchas familias, especialmente sin jefes de familia hombres con instrucción.

Una responsable de proyectos humanitarios, entrevistada por correo electrónico, describió la realidad sin rodeos: «A las niñas se las dan en matrimonio antes de que tengan conocimiento sobre sexualidad. No saben nada sobre seguridad sexual». Añadió algo aún más inquietante: que muchas de estas niñas no tienen ni idea de lo que significa la tortura o la violación dentro del matrimonio. «Creen que el marido tiene derecho a torturarla», afirmó. La violencia no se les oculta a estas niñas. Se les explica de antemano que es algo normal.

La preferencia de los padres por la educación religiosa en las madrasas frente a la enseñanza general refuerza esta estructura. Esta educación se centra en la recitación básica del Corán y la jurisprudencia islámica más profunda se imparte en paralelo a los centros de aprendizaje oficiales dirigidos por ONG. Los campamentos también albergan alrededor de mil madrasas, que se han convertido en una infraestructura comunitaria que goza de gran confianza en los 33 campamentos.

«La mayoría de los padres no quieren que sus hijas reciban educación formal en la escuela. Prefieren enviarlas a la madrasa para que reciban únicamente educación religiosa», señaló el propio responsable del proyecto.

Esto significa que, incluso cuando los centros de aprendizaje estaban abiertos, tenían que lidiar con la ideología de los padres.

Cuando la dote se acaba

Las investigaciones académicas muestran que, en Myanmar, el matrimonio infantil se vio frenado en parte por el elevado costo que suponía contraer matrimonio, sobornos a los funcionarios militares, dotes que oscilaban entre los 2300 y los 3300 dólares, y tasas administrativas adicionales. Esa estructura financiera ya no existe en los campamentos. El costo de la dote ha disminuido. No se exigen sobornos. No se aplican tasas militares.

Estudios anteriores lo señalan directamente: «En algunos casos, esto significa que el matrimonio tiene lugar antes de los 18 años». El sistema de campamentos, al eliminar las barreras económicas, eliminó, sin querer, uno de los pocos frenos prácticos al matrimonio infantil.

El sistema de raciones de los campamentos introdujo nuevos incentivos. Como todos los refugiados reciben raciones de comida independientemente del tamaño de su unidad familiar, los hombres pueden mantener a varias esposas sin necesidad de tener ingresos. El argumento económico tradicional en contra de la poligamia, según el cual un hombre debe mantener por igual a varias unidades familiares, se desmorona por completo.

Silencio, impunidad y el colapso de la protección

El matrimonio infantil y la violencia de género en estos campamentos ocurren, en su gran mayoría, en silencio. Las oficinas de los responsables de los campamentos, la máxima autoridad dentro de cada uno, tienen procesos de aprobación y requisitos de verificación de la edad sobre el papel. En la práctica, el informe de políticas de la Universidad BRAC documenta una evasión generalizada, fácil de llevar a cabo porque «los responsables de los campamentos no tienen equipo de supervisión alguno que investigue el tema en profundidad». Los matrimonios se celebran de manera informal.

Los majhees no denuncian aquello por lo que se les ha pagado para que no denuncien. Los miembros de la comunidad que son testigos de las violaciones suelen guardar silencio para evitar conflictos con quienes controlan sus raciones, su alojamiento y su sobrevivencia diaria.

El resultado es un ecosistema de protección que existe a nivel estructural, pero que falla a nivel operativo. Las niñas ya se han casado en familias que les prohíben volver al colegio, han sido víctimas de trata, están embarazadas. No es posible recuperarlas dentro de este ciclo de respuesta a la crisis.

El aumento de los matrimonios infantiles en Cox’s Bazar no es una crisis con una única causa. Es el resultado de una serie de fallos que se refuerzan entre sí. El matrimonio polígamo, facilitado por la reducción de los costos de la dote y una seguridad alimentaria dada por raciones, concentra a mujeres y niñas como recursos en manos de hombres poderosos.

La silla de Maryam en el centro de aprendizaje sigue vacía. El silencio de Fátima persiste mientras la trasladan al recinto del majhee. No se trata de tragedias marginales. Son el resultado lógico de un sistema que se ha quedado sin herramientas para proteger a las personas a las que se suponía que debía servir.

La cuestión ya no es si el matrimonio infantil está aumentando en estos campamentos. La cuestión es si la comunidad internacional, tras haber recortado la financiación que protegía a estos menores, reconocerá que contribuyó a crear las condiciones que han dado lugar a lo que está ocurriendo ahora.