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Este artículo forma parte de la serie Spotlight de julio de 2026 de Global Voices, «Apatridia«. Esta serie ofrece visión detallada del problema de la apatridia y cómo limita la libertad de movimiento, oportunidades educativas, acceso político, y más. Puedes apoyar este reportaje con una donación.

La Corte Suprema de Estados Unidos ha permitido que el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) llegue a su fin para los haitianos, lo que deja a unos 350.000 haitianos en riesgo de deportación.

En junio de 2024, el gobierno de Biden prorrogó el TPS para los haitianos por 18 meses, y trasladó la fecha de finalización al 3 de agosto de 2025. Cuando el presidente Donald Trump inició su segundo mandato, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, decidió poner fin al programa, argumentó que el país “ya no cumplía los requisitos” para el TPS.

El programa debía finalizar el 3 de febrero de 2026, pero apenas dos días antes, la jueza Ana Reyes, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, emitió una orden para bloquear la cancelación. Varios grupos de defensa de derechos de los inmigrantes presentaron demandas contra el Gobierno para proteger el programa. La orden judicial de Washington D. C. detuvo temporalmente la cancelación, lo que alivió a la comunidad haitiana, pues la fecha límite pasó al 1 de julio de 2026.

Luego, el 25 de junio de 2026, la Corte Suprema votó seis a tres en favor del Gobierno de Estados Unidos, y otorgó la autorización definitiva para poner fin al programa de TPS para Haití como estaba previsto. La decisión también se aplica a los ciudadanos sirios que viven actualmente en Estados Unidos bajo esta protección temporal.

Según Haitian Bridge Alliance, organización de defensa de los derechos de los migrantes con sede en California, Josiane, haitiana que llegó a Estados Unidos en 2021, dijo que tuvo que abandonar su país después de que pandillas armadas la atacaron por la actividad política de su esposo. Aunque su marido huyó a República Dominicana, las pandillas incendiaron su vivienda, lo que la obligó a escapar por su propia seguridad. El programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) de Estados Unidos, al que Josiane accedió en 2022, le permitió trabajar legalmente, mantener a su familia y pagar sus cuentas e impuestos. “La cancelación del TPS equivale al fin de mi vida”, afirmó. “Cada vez que oigo hablar de deportaciones, sufro palpitaciones por la profunda desesperanza que siento”.

Pierre (seudónimo), otro beneficiario haitiano del TPS, lleva más de 20 años viviendo en Estados Unidos. Declaró a Global Voices por WhatsApp que la decisión de la Corte Suprema lo ha devastado:

Depi lè mwen aprann desizyon Kou Siprèm nan, mwen santi yon veritab dezolasyon. Mwen pa gen enèji pou mwen fè anyen ankò. Anplis, mwen gen pitit ki fèt nan peyi a. Mwen poze tèt mwen anpil kesyon: kisa mwen pral fè, epi kijan yo pral viv si mwen pa avèk yo? Tout bagay sa yo ap toumante lespri mwen. Epi sa mwen pral fè lè kat travay mwen koupe? Kijan mwen pral peye bòdwo mwen epi pran swen fanmi mwen? Sa ki pi grav la, mwen gen anpil fanmi ann Ayiti ki sou kont mwen. Se mwen kap ede yo.

Desde que me enteré de la decisión de la Corte Suprema me hizo sentir totalmente devastado. Ya no tengo energía para nada. Además, tengo hijos que nacieron en este país. No dejo de hacerme muchas preguntas: ¿qué haré y cómo vivirán si no estoy con ellos? Todo esto me atormenta. ¿Y qué haré cuando se me acabe el permiso de trabajo? ¿Cómo pagaré las cuentas y cuidaré de mi familia? Lo peor de todo es que tengo muchos familiares en Haití que dependen de mí; soy yo quien los ayuda.

El 25 de junio de 2026, la directora ejecutiva de Haitian Bridge Alliance, Guerline Jozef, señaló: “El fallo de la Corte Suprema de seis votos a favor y tres en contra en el caso Mullin v. Doe […] constituye un respaldo devastador a la crueldad avalada por el Estado. En un momento en que Haití sigue dominado por la violencia armada, la inestabilidad política, el desplazamiento y una profunda crisis humanitaria, la Corte Suprema ha dado luz verde a la administración para tratar a cientos de miles de familias haitianas como si fueran desechables”.

El alcalde de North Miami, doctor Alix Desulme, también expresó su profunda preocupación, y destacó que la decisión pone a cientos de miles de haitianos en una situación de gran incertidumbre sobre su futuro, precisamente cuando su país de origen sigue enfrentando una grave crisis humanitaria y de seguridad. Se comprometió a seguir apoyando a la comunidad durante este difícil periodo y animó a las familias afectadas a ponerse en contacto con abogados y organizaciones de confianza dedicadas a los derechos de los inmigrantes para determinar las opciones legales a su alcance.

La administración Trump ha hecho que la lucha contra la inmigración ilegal sea una prioridad absoluta, y revocado varias medidas implementadas por su predecesor, que incluye el aplicativo móvil CBP One de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, y el Programa de Permiso Humanitario, implementado en enero de 2023, que permitía a haitianos, cubanos, venezolanos y nicaragüenses ingresar legalmente a Estados Unidos por dos años.

A la comunidad migrante haitiana no le ha ido bien bajo la actual administración. Durante la campaña electoral, Trump lanzó una acusación infundada según la cual comían mascotas, afirmación que muchos de sus partidarios, incluido su compañero de fórmula y actual vicepresidente, J.D. Vance, repitieron en diversas plataformas. El multimillonario Elon Musk, propietario de la red social X y que antes actuó como jefe de facto del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), publicó imágenes generadas por inteligencia artificial su cuenta de X, que tiene millones de seguidores, lo que amplió la desinformación y generó un pánico considerable en la comunidad haitiana de Springfield, Ohio, lugar al que se referían los comentarios iniciales. Esa misma comunidad calificó el fallo de la Corte Suprema sobre el TPS como algo “totalmente equivocado”.

Mientras tanto, la expresentadora de Fox News Megyn Kelly se hizo viral tras arremeter “contra los inmigrantes con Estatus de Protección Temporal (TPS), dice que diluyen la ética laboral estadounidense». Por su parte, el periodista, cineasta y activista por los derechos de los inmigrantes José Antonio Vargas señaló en su página de Facebook que «se estima que 830,000 beneficiarios del TPS forman parte de la fuerza laboral de Estados Unidos. Según el American Immigration Council, el 94,6% de los titulares de TPS tiene empleo, y las tasas de participación laboral de quienes tienen este estatus desde hace tiempo son considerablemente más altas que las de la fuerza laboral estadounidense en general. Los beneficiarios del TPS aportan unos 29,000 millones de dólares anuales a la economía estadounidense y pagan 7800 millones de dólares en impuestos. Más allá de la falta de humanidad que implica, deportar a los titulares de TPS a zonas en crisis perturbará innecesariamente sectores esenciales como la atención de salud, la alimentación, la construcción y la manufactura».

También tendrá un impacto significativo en la población haitiana, que vive mayoritariamente de las remesas enviadas por los haitianos en el extranjero. La situación en la isla es muy precaria por la inseguridad y la violencia de las pandillas. Estas controlan gran parte del país y son responsables de un aumento en los casos de secuestro, violación, extorsión, asesinato y otros delitos. Más de 1,5 millones de haitianos viven en campamentos de desplazados en condiciones difíciles, y más de cinco millones enfrentan inseguridad alimentaria. En el contexto de la inestabilidad política y la persistente crisis socioeconómica del país, una posible deportación masiva de haitianos bien podría ser la gota que derrame el vaso.